(Expansión, 11-03-2026) | Fiscal

La iniciativa pretende afrontar el elevado coste energético que soportan de forma habitual tanto los hogares como las empresas. La propuesta se planteó antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, aunque el conflicto ha incrementado aún más la presión sobre los precios de la energía.

Ante el encarecimiento de la electricidad, una de las soluciones planteadas es la reducción de impuestos. Este es uno de los pilares del conjunto de recomendaciones presentado por la Comisión Europea en Estrasburgo dentro del denominado Paquete de Energía para la Ciudadanía, cuyo objetivo es abaratar la factura eléctrica para familias y empresas y, de esta forma, mejorar su capacidad económica y la competitividad empresarial.

Con esta propuesta, el Ejecutivo comunitario intenta responder a un problema que se ha consolidado como estructural en Europa y que lastra su economía. Además, la iniciativa llega en un contexto especialmente delicado debido a la guerra en Oriente Medio, que ha provocado nuevas tensiones en los mercados energéticos internacionales.

De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, los impuestos y otros cargos aplicados a la electricidad representan aproximadamente un 25% del precio final que pagan los hogares y cerca de un 15% en el caso de las empresas. Por este motivo, Bruselas considera que una reducción de la presión fiscal podría reflejarse con rapidez en una bajada de las facturas.

Fuentes comunitarias estiman que, si se aplicaran estas rebajas fiscales, la factura eléctrica de los ciudadanos podría disminuir de media alrededor de un 14%, lo que supondría un ahorro aproximado de unos 200 euros al año, una cifra similar a la que se calcula para el caso de España.

La Comisión recuerda en su propuesta que la fijación de los impuestos energéticos corresponde a cada Estado miembro y a sus autoridades reguladoras. Por tanto, cada país dispone de margen para aplicar este tipo de medidas, especialmente tras la última reforma de la Directiva del IVA, que amplió la flexibilidad para decidir qué productos pueden beneficiarse de tipos impositivos reducidos.

Esa normativa establece un tipo mínimo del 5% para la electricidad. En España, donde actualmente el impuesto aplicado es del 21%, existe margen para reducir la carga fiscal y aliviar así el coste de la energía para hogares y empresas, tal como recomienda Bruselas. Además, la Comisión también sugiere que los países revisen otros recargos o impuestos adicionales incluidos en la factura que no estén directamente vinculados al consumo energético.

Según explicó el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, si los gobiernos tienen capacidad para reducir los impuestos aplicados a la energía, especialmente a la electricidad, el impacto potencial para abaratar las facturas de los ciudadanos sería considerable.

No obstante, esta recomendación no es absoluta. Así lo matizó el comisario europeo de Economía y Productividad, Aplicación y Simplificación, Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ecofin. El responsable europeo subrayó que los Estados que decidan aplicar rebajas fiscales deberán hacerlo sin poner en riesgo la estabilidad de sus cuentas públicas, por lo que las medidas deberían ser selectivas y tener carácter temporal.

Dombrovskis recordó que la situación de los distintos países de la Unión Europea es desigual, tanto por la estructura fiscal de sus tarifas eléctricas como por su posición respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, los gobiernos que opten por reducir impuestos deberán contar con suficiente margen fiscal, teniendo en cuenta que, por ahora, no se ha activado ninguna cláusula general de escape vinculada a los efectos económicos de la guerra de Irán.

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