(El Periódico, 09-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea considera que la legislación española limita la libertad de las aerolíneas para fijar los precios relacionados con el equipaje de mano. Por este motivo, ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España que podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión supone un importante revés para el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien el mes pasado se reunió con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, para intentar convencerlo de que desestimara los argumentos de las aerolíneas -especialmente de Ryanair-, algo que finalmente no logró.
Según explica la Comisión en un comunicado, la Ley de Navegación Aérea española impide que las compañías cobren un recargo por el equipaje de mano, lo que "restringe la libertad de las aerolíneas para establecer precios y diferenciar entre servicios que incluyan una franquicia más amplia de equipaje y aquellos que ofrezcan solo la mínima, necesaria para el transporte".
A raíz de esta interpretación, el Ministerio de Consumo impuso en noviembre de 2024 sanciones por valor de 179 millones de euros a cinco aerolíneas, de las cuales 107,7 millones correspondieron a Ryanair. Sin embargo, Bruselas sostiene que estas sanciones también podrían vulnerar el reglamento comunitario, ya que se basan en una lectura incorrecta de una sentencia del TJUE, que establece que el equipaje de mano debe ser gratuito únicamente cuando cumpla los límites razonables de peso y tamaño. Si se superan esos límites, las aerolíneas son libres de fijar precios adicionales.
La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha criticado duramente la decisión de la Comisión, asegurando que "ponerse del lado de las aerolíneas es decepcionante para los consumidores, que esperan que el equipaje de mano esté incluido en el precio del billete". A juicio de la organización, con este procedimiento Bruselas "da a entender que llevar una maleta de mano es un lujo que hay que pagar".
Ryanair, la compañía más afectada por las sanciones, ha sido también la más combativa. Su consejero delegado, Michael O'Leary, llegó a reunirse en septiembre con Tzitzikostas, lo que provocó el malestar de Bustinduy, quien reprochó al comisario haber recibido antes al directivo que al propio ministro. Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión telemática, tras la cual Bustinduy expresó su "sorpresa por las similitudes" entre los argumentos del comisario y los de Ryanair. Desde Bruselas, en cambio, se limitaron a señalar que estaban "analizando la información enviada por España antes de decidir los próximos pasos".
Finalmente, el paso dado por la Comisión este miércoles demuestra que los argumentos del Gobierno español no han convencido. Ahora, España dispone de dos meses para responder al requerimiento de Bruselas. Si la Comisión no queda satisfecha con las explicaciones, solicitará un informe razonado y, en última instancia, podría llevar el caso ante el TJUE.
Desde el Ministerio de Consumo, han defendido que tanto la ley española como las sanciones impuestas se ajustan al derecho europeo, y recalcan que el expediente de la Comisión no anula las multas a las aerolíneas, ya que se encuentran judicializadas y la interpretación final corresponde al Tribunal de Justicia de la UE, no a la Comisión.
España, además, es uno de los países de la Unión Europea con más procedimientos de infracción abiertos, más de 90 en total, y figura entre los que más tardan en resolverlos, especialmente en cuestiones relacionadas con el mercado único, según los propios datos de la Comisión Europea.