(El Economista, 30-04-2026) | Laboral
La Comisión Europea ha dado un paso más en el procedimiento abierto contra España por la situación de los trabajadores interinos en el sector público. Bruselas ha enviado al Gobierno un dictamen motivado, que constituye la segunda fase del proceso de infracción, al considerar que la legislación española no se ajusta a la normativa comunitaria que prohíbe la discriminación de empleados con contratos temporales. Si no recibe una respuesta adecuada, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Ejecutivo europeo sostiene que en España los trabajadores con contratos de duración determinada en el ámbito público tienen condiciones menos favorables que los empleados fijos, lo que vulnera el derecho comunitario. Este asunto formaba parte de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación, que Bruselas considera incumplidos.
De hecho, ya en julio del año pasado la Comisión concluyó que España no había alcanzado uno de los objetivos vinculados al primer tramo de fondos europeos, relacionado con la reducción de la temporalidad. Como consecuencia, se decidió recortar 627 millones de euros de esas ayudas.
La apertura de este expediente se basa en que la situación de los interinos supone una discriminación contraria a la normativa europea. Este problema ya motivó un procedimiento similar en 2014. Aunque España ha atendido parte de las exigencias planteadas en la fase inicial, la Comisión considera que las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes.
Por ello, Bruselas ha elevado el proceso al siguiente nivel y ha concedido al Gobierno un plazo de dos meses para responder y adoptar soluciones. En caso contrario, podría llevar el asunto ante la justicia europea e incluso imponer sanciones económicas.
Además, la Comisión reprocha a España no haber evitado el uso abusivo de contratos temporales en el sector público ni haber corregido situaciones de desigualdad laboral. También critica la falta de medidas eficaces para impedir la concatenación de contratos de corta duración, algo que la normativa europea obliga a prevenir y sancionar.
Aunque España ha introducido cambios legales desde que se inició el procedimiento en 2015 y tras el último aviso enviado en 2024, Bruselas considera que las explicaciones dadas no resuelven el problema.
Por su parte, el Gobierno defiende que ha cumplido con el objetivo de transformar en puestos fijos unas 300.000 plazas ocupadas anteriormente por temporales, cifra que, según datos actuales, ya supera las 419.000. También señala que el principal foco de temporalidad se encuentra en las comunidades autónomas, donde ronda el 40%, frente a un 4,7% en la Administración General del Estado.
El Ejecutivo atribuye estos avances a las ofertas públicas de empleo impulsadas en los últimos años, con una media de más de 32.000 plazas anuales entre 2018 y 2025, y contrapone esta política a los recortes de etapas anteriores, que contribuyeron al envejecimiento de la plantilla pública y a un elevado número de jubilaciones.