(Expansión, 03-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea ha aprobado el desembolso del sexto pago de los fondos europeos asignados a España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque lo ha hecho de forma parcial al dejar en suspenso parte de la cuantía prevista por el incumplimiento técnico de varios hitos comprometidos.

El importe autorizado asciende a 7.021 millones de euros brutos, de los cuales 5.970 millones corresponden a transferencias directas y 1.051 millones a préstamos. Con este nuevo desembolso, España habrá recibido ya más de 77.000 millones de euros procedentes del programa Next Generation EU, lo que representa aproximadamente el 76% del total de fondos asignados al país tras la pandemia de la COVID-19 pandemic.

Entre los compromisos que Bruselas ha considerado cumplidos figuran la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, la puesta en marcha de diversos proyectos de descarbonización, la creación de Casa47 -destinado a canalizar la oferta de vivienda pública y asequible- y la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado, entre otras medidas.

No obstante, el sexto pago será inferior a lo inicialmente previsto. La Comisión ha decidido retener 537 millones de euros al no poder validar tres hitos incluidos en la solicitud: medidas relacionadas con la formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.

Parte de esta retención se compensa con el desbloqueo de 302 millones de euros correspondientes al quinto desembolso, después de que España haya logrado completar dos compromisos que anteriormente no superaron la evaluación comunitaria. Estos avances afectan a la digitalización de administraciones regionales y locales y, de forma parcial, a la reforma fiscal.

Según el Ministerio de Economía, los tres hitos pendientes no han sido rechazados por incumplimiento material, sino porque no han podido evaluarse correctamente debido a cuestiones técnicas. Para resolver esta situación, el departamento dirigido por Carlos Cuerpo presentará próximamente una nueva adenda destinada a clarificar los criterios de evaluación exigidos por Bruselas.

El Gobierno sostiene que esta reorganización técnica de los hitos refleja la madurez del proceso de ejecución del plan y subraya que se ha trabajado de forma coordinada con la Comisión Europea para facilitar la validación de los objetivos pendientes. España deberá remitir esta adenda antes del 31 de agosto, fecha límite para ejecutar los fondos todavía pendientes y completar los 146 hitos comprometidos en esta fase del plan.

Posteriormente, el Ejecutivo dispondrá hasta el 30 de septiembre para solicitar el séptimo y último desembolso de los fondos europeos, cuyo importe potencial asciende a 24.400 millones de euros. Sin embargo, la cifra final podría ser inferior si España renuncia nuevamente a parte de los créditos blandos asociados, que en esta ocasión suman 5.750 millones.

El reto para acceder a este último tramo no será menor. Diversos analistas advierten de la necesidad de acelerar de forma significativa la ejecución de los fondos, dado que persiste una brecha considerable entre los recursos ya convocados y aquellos que realmente han sido adjudicados o ejecutados. En este contexto, los próximos meses serán decisivos para determinar si España logra completar con éxito la absorción de los fondos europeos dentro de los plazos establecidos por Bruselas.

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