(Expansión, 30-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
A partir del 1 de julio, los apartamentos turísticos y los alquileres de temporada deberán disponer de un número de registro obligatorio si desean ser anunciados en plataformas como Airbnb o Booking. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar multas que alcanzan varios miles de euros. Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, cientos de miles de propietarios podrían quedar fuera de estas plataformas si no cumplen con esta exigencia, lo que tendría consecuencias económicas notables.
Esta nueva regulación, que también afecta a los arrendamientos de corta duración, busca reforzar el control sobre este tipo de alquileres, en línea con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar el problema del acceso a la vivienda. El Ejecutivo argumenta que restringir la oferta de pisos turísticos puede aliviar la presión sobre el mercado residencial, aunque algunos expertos discrepan. Estos señalan que muchas de estas viviendas no se encuentran en zonas con alta demanda de alquiler de larga duración, por lo que difícilmente pasarán al mercado tradicional.
El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, asegura que esta medida busca hacer frente al complicado panorama del mercado inmobiliario, combatiendo el fraude y fomentando un entorno más transparente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2024 existían en España unas 368.295 viviendas turísticas, concentradas especialmente en zonas costeras como Alicante, Málaga, Las Palmas o Baleares. Tras la entrada en vigor del registro obligatorio, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) estima que un 70% de estas propiedades podrían desaparecer de las plataformas, lo que supondría una pérdida económica de más de 13.700 millones de euros entre julio y diciembre.
Esto implicaría que unas 257.000 viviendas no lograrían obtener el número de registro exigido, lo que les impediría anunciarse en portales como Airbnb o Booking, aunque no necesariamente dejarían de operar por completo. No obstante, al ser estas plataformas clave tanto para propietarios como para turistas, la actividad en el sector se vería seriamente reducida.
Por otro lado, unos 110.000 propietarios sí habrían obtenido ya el número de registro y podrían seguir anunciando sus viviendas en estas plataformas, siempre y cuando cumplan con las normativas locales de su comunidad autónoma o ayuntamiento.
Datos recientes del Colegio de Registradores de España respaldan estas cifras. Hasta el pasado miércoles, se habían recibido 178.856 solicitudes del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), de las cuales 81.281 habían sido aprobadas (45,44%), mientras que 16.133 fueron rechazadas (9%). El resto, 81.446 solicitudes, estaban aún en proceso de revisión. En estos casos, se asigna automáticamente un número provisional que permite operar mientras se completa la verificación.
El NRUA puede solicitarse en línea a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, con un coste de 27 euros más IVA. La solicitud seguirá disponible tras la entrada en vigor de la obligatoriedad. Una vez obtenido, los propietarios deben incluir el número de registro en sus anuncios en las plataformas de alquiler turístico. Además, anualmente deberán presentar un informe con información sobre los arrendamientos de corta duración, especificando detalles por categoría y tipo de alquiler.
Cabe señalar que si se incumplen los requisitos establecidos, la Dirección General de Planificación y Evaluación podrá revocar el número de registro en cualquier momento. Asimismo, plataformas como Airbnb o Booking estarán obligadas a reportar mensualmente las operaciones realizadas por sus usuarios, incluyendo información como el número de registro, dirección del inmueble y enlaces a los anuncios publicados.