(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Tras asumir la dirección del Ministerio de Hacienda, Arcadi España tendrá que enfrentarse a múltiples asuntos pendientes que dejó sin resolver su antecesora, entre ellos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica. La marcha de María Jesús Montero hacia la política andaluza deja sobre la mesa varios desafíos de gran relevancia económica y política. El nuevo titular de Hacienda deberá abordar cuestiones complejas que han generado un intenso debate en los últimos meses y cuya resolución no será sencilla.

Entre ellas destacan la elaboración de los Presupuestos, la propuesta del modelo de financiación autonómica -criticada por algunos sectores por favorecer a Cataluña-, la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el plan de condonación de deuda a las comunidades autónomas, que supera los 83.000 millones de euros y que ya ha sido remitido al Parlamento.

A estos retos se suman otras medidas controvertidas, como los cambios en la fiscalidad del diésel, la creación de un régimen de IVA simplificado para autónomos con bajos ingresos o las exigencias de consolidación fiscal señaladas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, especialmente en lo relativo a la reducción de transferencias a la Seguridad Social ante el aumento del gasto en pensiones.

El primer gran desafío inmediato será presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno no ha renovado desde 2023. Aunque Montero aseguró que el documento está preparado, corresponderá a España llevarlo al Parlamento. Sin embargo, su aprobación se prevé complicada debido a las tensiones recientes entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, especialmente Junts.

En el ámbito autonómico, el nuevo ministro deberá gestionar la reforma del sistema de financiación, rechazada de forma generalizada por las comunidades -incluidas las gobernadas por el PSOE-, salvo Cataluña. Para avanzar en este asunto, tendrá que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, posiblemente planteando un modelo de adhesión voluntaria.

La condonación de deuda autonómica será otro punto conflictivo, ya que el plan impulsado por el Gobierno no ha logrado un respaldo amplio entre los territorios. Asimismo, España deberá continuar las conversaciones con la Comisión Europea sobre la fiscalidad del diésel, tras el compromiso de equiparar su tratamiento al de la gasolina, una medida que aún no ha conseguido apoyos suficientes en el Congreso.

En materia de autónomos, quedan pendientes dos cuestiones urgentes: la implantación de un sistema que exima del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, y la prórroga de los límites del régimen de módulos, tras el fracaso del decreto que contemplaba su extensión. Además, deberá afrontar posibles sanciones europeas por no haber aplicado aún el régimen de franquicia del IVA en determinados casos.

Por último, sigue sin resolverse la propuesta de armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que implicaría eliminar ciertas bonificaciones autonómicas para aumentar la recaudación. La iniciativa contemplaba la creación de un nuevo tributo estatal que igualara la carga fiscal entre territorios.

En conjunto, Arcadi España inicia su etapa al frente de Hacienda con una agenda cargada de decisiones delicadas y de gran impacto, que exigirán amplias negociaciones políticas y capacidad de gestión en un contexto especialmente complejo.

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