(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal
La propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de financiación autonómica preserva el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña -que ocuparía el tercer puesto tanto en aportación como en recursos recibidos-, pero no en el de Madrid, que sería la comunidad que más contribuye y la segunda en volumen de fondos obtenidos.
Según el nuevo esquema planteado, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana serían, en ese orden, las autonomías que experimentarían un mayor incremento de recursos con la implantación del modelo presentado este viernes por el Gobierno.
La iniciativa, dada a conocer por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llega después de que el presidente del Gobierno cerrara un acuerdo previo con el líder de ERC, Oriol Junqueras. El objetivo declarado es mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas mediante un aumento generalizado de los recursos asignados. En cifras concretas, el plan incorpora 21.000 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente -en vigor desde 2014- con la finalidad de reducir la brecha de financiación por habitante ajustado, que pasaría de los actuales 1.500 euros a 477 euros.
Para alcanzar este ajuste, se propone ampliar la participación autonómica en varios tributos: el porcentaje del IRPF cedido a las comunidades aumentaría del 50 % al 55 %; el del IVA, del 50 % al 56,5 %; y se mantendría en el 58 % la cesión de los Impuestos Especiales. Además, se integraría en la cesta de financiación el 100 % de los ingresos procedentes de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los tributos sobre el juego, así como tasas e impuesto sobre la electricidad.
Si el modelo llegara a aprobarse, el volumen total de recursos a repartir entre las comunidades pasaría de los 152.484 millones correspondientes a 2023 -último ejercicio completamente liquidado- a 224.507 millones en 2027. No obstante, el impacto del cambio sería desigual según el territorio.
Andalucía sería la principal beneficiaria, con 4.846 millones de euros adicionales, seguida muy de cerca por Cataluña, con 4.686 millones, y por la Comunidad Valenciana, con un incremento de 3.669 millones. A continuación se situarían Madrid, con 2.555 millones más; Castilla-La Mancha, con 1.248 millones; y Murcia, con 1.188 millones.
En un segundo nivel, Galicia recibiría 587 millones adicionales; Asturias, 248 millones; Cantabria, 46 millones; La Rioja, 25 millones; Aragón, 629 millones; Canarias, 611 millones; Extremadura, 216 millones; Baleares, 412 millones; y Castilla y León, 271 millones.
Según explicó la ministra de Hacienda, el diseño del sistema "tiende a respetar la ordinalidad", es decir, que cada comunidad reciba fondos en una posición coherente con su nivel de aportación. Este criterio se cumpliría en el caso de Cataluña, pero no en el de Madrid, que, pese a ser la mayor contribuyente, quedaría en segundo lugar en la recepción de recursos. La razón, según Montero, es el ajuste destinado a preservar el statu quo de Cantabria, que continuaría recibiendo el mismo volumen de financiación del que ya dispone al ser actualmente la comunidad mejor financiada.