(Expansión, 12-06-2026) | Laboral
El Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la creación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas alternativos. La iniciativa salió adelante sin votos en contra y con la abstención de PP y Vox, abriendo la puerta a que más de 100.000 profesionales puedan integrarse en el sistema público de Seguridad Social y beneficiarse de unas prestaciones potencialmente más favorables, especialmente de cara a la jubilación.
La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá a abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas trasladar al sistema público los derechos económicos acumulados durante años en sus respectivas entidades de previsión social. De este modo, podrán abandonar el régimen de alternatividad, por el que las mutualidades cubren las contingencias sociales en sustitución de las cotizaciones al RETA.
La aprobación culmina un proceso de negociación que se ha prolongado durante casi dos años. El objetivo ha sido ofrecer una solución a miles de profesionales que, tras décadas realizando aportaciones a sus mutualidades, se enfrentan a pensiones de jubilación notablemente inferiores a las que ofrece el sistema público.
Actualmente, cerca de 100.000 autónomos forman parte de este modelo alternativo de previsión social. Desde 1995, estos profesionales han podido elegir entre cotizar al RETA o hacerlo a través de una mutualidad de su colegio profesional. Sin embargo, al tratarse de un sistema basado en la capitalización individual, la cuantía de las futuras prestaciones depende directamente del volumen de aportaciones realizadas a lo largo de la vida laboral.
La nueva normativa permitirá acogerse a la pasarela a todos los mutualistas alternativos en activo. Entre ellos destacan especialmente los abogados, que representan aproximadamente la mitad del colectivo, junto con arquitectos, procuradores, ingenieros y médicos. Una vez se apruebe el reglamento que desarrollará la ley, los interesados dispondrán de un plazo de un año para solicitar su incorporación al RETA.
Uno de los cambios más relevantes introducidos durante la tramitación parlamentaria ha sido la eliminación de las restricciones iniciales previstas para acceder a la pasarela. El texto original limitaba el acceso a quienes no hubieran generado aún el periodo mínimo necesario para obtener una pensión contributiva en la Seguridad Social y excluía a quienes ya percibieran determinadas prestaciones. Finalmente, una enmienda aprobada a propuesta del Partido Popular ha eliminado estas limitaciones, ampliando el acceso a todos los mutualistas, incluidos aquellos que ya se encuentran jubilados, aunque en su caso será necesario concretar mediante desarrollo reglamentario las condiciones de incorporación.
También queda pendiente de definición uno de los aspectos más sensibles de la reforma: el mecanismo para convertir los derechos económicos acumulados en las mutualidades en años cotizados dentro del RETA. El proyecto inicial contemplaba un coeficiente corrector del 0,77 para calcular las equivalencias, pero las modificaciones introducidas durante la tramitación podrían suavizar significativamente ese criterio.
Asimismo, se ha aprobado que los periodos cotizados de manera obligatoria en las antiguas mutualidades sustitutivas sean reconocidos como tiempo de afiliación al RETA a efectos del cálculo de la jubilación. Esta medida podría traducirse en que cada año aportado a la mutualidad computase como un año completo en la Seguridad Social, independientemente del importe de las aportaciones realizadas.
Para los mutualistas mayores de 55 años se establece además un tratamiento específico. Aquellos que hubieran cumplido esa edad antes del 31 de diciembre de 2025 verán reconocido cada mes completo de cotización en la mutualidad como un mes equivalente de alta en el RETA, reforzando así sus posibilidades de acceso a una pensión pública.
La integración en la Seguridad Social tendrá carácter obligatorio e irreversible para quienes decidan acogerse a la pasarela. No obstante, los mutualistas que prefieran permanecer en sus entidades podrán hacerlo. En ese caso, deberán aumentar progresivamente sus aportaciones mínimas hasta equipararlas a las exigidas en el RETA. La contribución mínima se elevará al 86% de la base correspondiente en 2026, al 93% en 2027 y alcanzará el 100% en 2028.
La reforma también modifica parcialmente los planes iniciales del Gobierno para poner fin al sistema de alternatividad. Aunque el Ejecutivo había previsto que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos profesionales autónomos estuvieran obligados a incorporarse al RETA, una enmienda aprobada durante el trámite parlamentario introduce una mayor flexibilidad y aplaza hasta finales de 2030 la evaluación definitiva sobre el futuro de este modelo.
Otro aspecto que deberá concretarse mediante reglamento será el procedimiento para la transferencia de los fondos acumulados. Según fuentes próximas a la negociación, la intención del Gobierno es que el traspaso efectivo del capital desde las mutualidades a la Seguridad Social no se produzca de forma inmediata, sino en el momento de la jubilación o cuando se genere la prestación correspondiente. Con ello se pretende evitar una salida masiva de recursos que pueda comprometer la estabilidad financiera de las mutualidades profesionales.
La aprobación de esta ley supone un cambio histórico para el colectivo de mutualistas alternativos, que dispondrá por primera vez de una vía para integrarse en el sistema público de protección social y mejorar las expectativas de sus futuras prestaciones.