(Expansión, 16-10-2025) | Fiscal

El FMI prevé que la presión fiscal suba en 6.500 millones en España en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la proporción de los ingresos públicos sobre el PIB en España aumente del 42,2% al 42,6% en 2026, alcanzando así su nivel más alto desde el repunte recaudatorio que siguió a la pandemia en 2021. Según su último informe sobre las finanzas públicas, el Monitor Fiscal, publicado ayer, el FMI anticipa un nuevo incremento de la presión fiscal en el país, con un aumento estimado de unos 6.500 millones de euros en los ingresos del próximo año. De acuerdo con estas proyecciones, el conjunto de los ingresos públicos se elevaría desde el equivalente al 42,2% del PIB este año hasta el 42,6% en el siguiente ejercicio. Esta cifra supone la mayor registrada desde el 42,8% de 2021, cuando la economía española experimentó una fuerte recuperación tras el desplome provocado por la crisis del Covid-19. El aumento implica que la recaudación crecerá a un ritmo superior al de la economía, incluso después de que el FMI haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB español para 2025, del 2,5% al 2,9%. Cabe recordar que los ingresos tributarios han marcado récords consecutivos desde la pandemia. Tras caer un 8,81% en 2020, la recaudación ha ido en ascenso, con aumentos interanuales de hasta el 15%. En 2024 cerró con 294.734 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior, y en los primeros ocho meses de 2025 ya se habían recaudado 20.000 millones adicionales, lo que apunta a un nuevo máximo histórico por encima de los 300.000 millones. Aunque el crecimiento económico y del empleo son los principales impulsores de la recaudación, también ha influido la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, es decir, a ajustar el impuesto a la inflación y a la evolución de los salarios. Esto provoca el llamado efecto de "progresividad en frío", por el que los contribuyentes pagan más impuestos aunque su poder adquisitivo no mejore. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también prevé un aumento de la presión fiscal en 2026, aunque algo menor: tres décimas, del 41,7% al 42% del PIB. Este incremento se explicaría por el mayor rendimiento del IRPF y de las cotizaciones sociales, además del impacto de las subidas fiscales introducidas en la última reforma, que han generado ya 3.500 millones de euros adicionales en los primeros meses del año. A medio plazo, tanto el FMI como la Airef prevén que la presión fiscal disminuya a partir de 2027, una vez desaparezcan medidas temporales como el impuesto a la banca y la limitación de la compensación de pérdidas en el Impuesto de Sociedades. Según las proyecciones del FMI, los ingresos públicos caerían cerca de un punto porcentual ese año, hasta el 41,7% del PIB. Conviene destacar que estas previsiones se basan en políticas constantes, es decir, no incluyen posibles cambios fiscales que el Gobierno pudiera aprobar para 2026. Por ejemplo, no contemplan el aumento de las cuotas de autónomos ni la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, medidas que el Ejecutivo mantiene sobre la mesa pese a la oposición de sus socios. Todo dependerá de las nuevas iniciativas tributarias que se incluyan en el plan presupuestario para 2026, aún pendiente de presentación. En paralelo, la cuestión fiscal centró ayer un nuevo enfrentamiento en el Congreso entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo. Este último acusó al Gobierno de "exprimir" a los ciudadanos con más impuestos y calificó a Montero como "la ministra del infierno fiscal". Ella, por su parte, rechazó las críticas asegurando que ha impulsado "la mayor rebaja fiscal de la historia" y que solo se han incrementado los tipos del IRPF sobre las rentas superiores a 300.000 euros.

LEER MÁS

(Expansión, 16-10-2025) | Fiscal

Hacienda aclara la tributación en IRPF de las ayudas a los afectados por la DANA de 2024

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que las ayudas no deben declararse en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) siempre que no superen el importe total de las reparaciones realizadas. Según una consulta vinculante emitida el pasado 7 de julio, la DGT establece que las subvenciones municipales concedidas por los daños provocados por la DANA del 29 de octubre de 2024 estarán exentas de tributación, salvo en los casos en que el importe recibido exceda el coste real de las reparaciones. La aclaración responde a una consulta relacionada con las ayudas otorgadas a los afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo. En concreto, el organismo precisa que mientras la ayuda no sobrepase el coste total de los trabajos de reparación, el beneficiario no debe incluirla en la base imponible del IRPF. En cambio, si la cantidad percibida es superior a lo presupuestado, únicamente deberá declararse la diferencia. Por ejemplo, si una reparación tiene un coste de 10.000 euros y la ayuda municipal asciende a 7.000, esta no deberá incluirse en la declaración de la renta. Sin embargo, si la subvención otorgada fuera de 12.000 euros, el contribuyente tendría que tributar únicamente por los 2.000 euros que exceden el gasto real. A la vista de este criterio, los expertos fiscales aconsejan a los damnificados por la DANA conservar toda la documentación relacionada con las ayudas: la resolución municipal que las aprueba, los presupuestos, facturas y recibos de las reparaciones, así como la acreditación de que la vivienda estaba registrada como habitual en el momento del siniestro. En caso de haber tenido que abandonar el inmueble, también recomiendan guardar las pruebas del desalojo, como órdenes o informes técnicos.

LEER MÁS

(El Economista, 16-10-2025) | Fiscal

El alza fiscal y el fin de la "Golden Visa" echan a 500 ricos de España

Más de 500 millonarios abandonarán España este año, llevándose consigo unos 2.700 millones de euros, debido al aumento de la presión fiscal y a la ausencia de incentivos atractivos para atraer inversión extranjera. El endurecimiento de la tributación a los grandes patrimonios -tras la aprobación del impuesto a las grandes fortunas en 2022, la reactivación del impuesto de Patrimonio en comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia, la eliminación del programa Golden Visa y el mayor control de Hacienda sobre los beneficiarios de la Ley Beckham- ha provocado un efecto desalentador para quienes poseen un alto nivel de riqueza o buscan establecerse en el país. Así lo señala un informe elaborado por la consultora británica Henley & Partners, especializada en movilidad de inversiones, junto con la firma de análisis patrimonial New World Wealth. El estudio advierte que España, junto con Alemania y Francia, será una de las grandes economías europeas que registrará por primera vez en 2025 una salida neta de individuos con elevado poder adquisitivo. La fuga prevista de 500 grandes patrimonios representa el 0,25% de los 192.300 contribuyentes que actualmente pagan el impuesto de Patrimonio (aplicable a fortunas superiores a dos millones de euros) y equivale al 0,28% de la riqueza declarada por estos, que alcanzó los 934.000 millones de euros en 2023. Se espera que el impacto de esta salida se refleje en las declaraciones del impuesto correspondientes al ejercicio 2025, que se presentarán en 2026. "El éxodo de estos millonarios no es solo una cuestión estadística: implica la pérdida de talento emprendedor, capital de inversión y conexiones internacionales de alto valor", advierte el informe. En relación con España, subraya que el fin del programa de visa dorada en abril de 2025 llega en un momento especialmente inoportuno, "eliminando un instrumento de atracción de inversión extranjera justo cuando la riqueza existente comienza a marcharse del país". La llamada Golden Visa, vigente desde 2013 hasta abril de 2025, permitía a ciudadanos de fuera de la Unión Europea obtener la residencia española a cambio de invertir al menos 500.000 euros en vivienda, un millón en activos financieros o depósitos bancarios, dos millones en deuda pública o capital en proyectos innovadores o generadores de empleo. Durante su existencia, España concedió más de 10.000 visados bajo este sistema. Además, en diciembre de 2022 el Gobierno implantó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) con el fin de gravar a los contribuyentes más ricos residentes en comunidades donde el impuesto de Patrimonio estaba bonificado. Este tributo estatal aplica tipos progresivos a partir de los tres millones de euros: 1,7% entre tres y 5,3 millones; 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones; y 3,5% por encima de ese umbral. La creación de este impuesto llevó a comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia -que antes aplicaban bonificaciones del 100%, 100% y 50%, respectivamente- a reactivar el tributo propio en 2023 para recaudar ellas mismas lo que de otro modo ingresaría el Estado. Como resultado, el número de contribuyentes sujetos al impuesto aumentó en 7.190 personas. Por otro lado, la Ley Beckham también ha generado polémica en los últimos meses. Mientras asesores y expertos denuncian un aumento de la vigilancia de la Agencia Tributaria sobre los extranjeros acogidos a este régimen, Hacienda sostiene que solo realiza comprobaciones rutinarias y que los controles afectan a menos del 0,5% de los beneficiarios. Este régimen fiscal especial, que lleva el nombre del futbolista David Beckham, permite a los trabajadores extranjeros tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en lugar del IRPF, con un tipo fijo del 24% sobre los ingresos generados en España hasta 600.000 euros y del 47% sobre el exceso, sin gravar el patrimonio que posean fuera del país.

LEER MÁS

(Expansión, 16-10-2025) | Laboral

El Gobierno estudiará la jubilación anticipada para trabajadores que cuidan grandes dependientes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este miércoles la creación "inminente" de un grupo de trabajo destinado a estudiar la morbilidad y las posibles afecciones que sufren las personas cuidadoras que, además, están laboralmente activas, con el objetivo de evaluar la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en su edad de jubilación. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Saiz respondió a una pregunta de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, sobre los pasos que prevé el Ejecutivo para permitir la jubilación anticipada de trabajadores que también ejercen como cuidadores de personas con gran dependencia. "Vamos a poner en marcha de manera inmediata un grupo de trabajo que analice la morbilidad y las posibles afecciones de las cuidadoras -y digo cuidadoras porque, en su mayoría, son mujeres las que asumen estos cuidados-", explicó la ministra, destacando la necesidad de estudiar las consecuencias físicas y emocionales que conlleva esta doble carga. El análisis, añadió, permitirá a los servicios técnicos de la Seguridad Social determinar qué medidas son necesarias para proteger mejor a este colectivo. Además, adelantó que este jueves comenzará a funcionar, mediante orden ministerial, la Comisión de Evaluación encargada de elaborar informes sobre las circunstancias que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación. Saiz subrayó que el Gobierno está actuando "con total transparencia" y que seguirá informando al Congreso del avance de la normativa sobre jubilaciones anticipadas tantas veces "como sea necesario". También invitó a las administraciones autonómicas y locales a sumarse al esfuerzo, aportando recursos y ayudas complementarias. Sin embargo, la diputada Sagastizabal reprochó la lentitud del proceso: "Han hecho falta dos años para constituir un grupo de trabajo. Valoramos el paso, pero hay que avanzar más rápido porque estas personas lo necesitan", afirmó. Recordó además que el PNV planteó esta cuestión en 2024 y que "la respuesta aún no ha llegado". La parlamentaria vasca insistió en que la carga de los cuidados "limita las oportunidades laborales, el desarrollo profesional y el bienestar personal", afectando principalmente a las mujeres y generando "una clara desigualdad de género" tanto en el ámbito laboral como en el familiar. Aunque reconoció los avances logrados en la mejora de las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, Sagastizabal recalcó que "esto no basta", y defendió que quienes soportan la sobrecarga física y emocional de los cuidados "deben poder jubilarse antes por motivos de salud". En su réplica, Saiz defendió el trabajo realizado por su departamento: "No han sido dos años sin avances; al contrario, seguimos progresando en esta línea", aseguró. Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia y con la colaboración interadministrativa para mejorar las condiciones de las personas cuidadoras.

LEER MÁS

(Expansión, 16-10-2025) | Laboral

El rechazo a la subida de cuotas de los autónomos del Ministerio de Seguridad Social congrega a la mayoría de los grupos políticos

El Ministerio de Seguridad Social ha comprobado ya la falta de respaldo general a su propuesta de incrementar las cuotas de los autónomos durante los próximos tres años. A la oposición inicial de las asociaciones del sector, encabezadas por ATA, se han sumado en las últimas horas la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos socios del propio Gobierno como Sumar, así como formaciones que suelen respaldar al Ejecutivo, entre ellas Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria. También se han posicionado en contra los partidos de la oposición -PP, Vox y UPN-, lo que deja al PSOE y a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, prácticamente solos en la defensa de la medida. Incluso en el caso de que el Gobierno lograra un consenso amplio en la mesa de diálogo social -algo difícil dada la resistencia de parte de los interlocutores sociales-, el Ejecutivo tendría que superar después la votación en el Congreso, donde el rechazo proviene de casi todo el espectro político. Conviene recordar que la aprobación de las nuevas tablas de cotización para el periodo 2026-2028 implicaría modificar el Real Decreto-ley 13/2022, que introdujo el actual sistema de cotización de los trabajadores autónomos basado en sus rendimientos netos. La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dejado clara su oposición: "Si la propuesta que maneja el Ministerio de Inclusión es esta, desde Sumar no la compartimos". En la misma línea, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró que su grupo no aportará "ni un solo voto" para una medida que, según dijo, "asfixia a la clase media catalana". Desde el PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de "cargarse a la clase media" con "el sablazo" fiscal que prepara para los autónomos. Por su parte, la ministra Elma Saiz pidió "tranquilidad" y "sosiego", recordando que la propuesta apenas se ha presentado en el marco del diálogo social y requiere un proceso de reflexión. Además, reprochó al PP su "hipocresía" y le instó a no contribuir a "la desprotección de un colectivo muy importante para el Gobierno". Fuentes del Ministerio explicaron al diario Expansión que el objetivo de la medida es reforzar la protección social de los autónomos, especialmente en lo relativo al cese de actividad y a las pensiones, y que forma parte del desarrollo del acuerdo alcanzado en 2022 con los agentes sociales para implantar el sistema de cotización según ingresos reales. Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, ha propuesto mantener en 2026 las cuotas vigentes en 2025 para dar margen a la negociación de asuntos "más urgentes", como la reforma del cese de actividad o la resolución de los problemas detectados en la regularización de las cuotas, especialmente en los casos de autónomos en pluriactividad o societarios que desean mantener bases superiores a sus ingresos netos. Amor insiste en que cualquier autónomo que haya cotizado lo suficiente y cese su actividad debería tener derecho a la prestación por cese, igual que un asalariado que queda desempleado, y denuncia que la Seguridad Social está denegando solicitudes en situaciones que deberían ser reconocidas. El dirigente de ATA también se mostró dispuesto a aceptar que las futuras subidas de las cuotas se ajusten al IPC: "Para 2027 y 2028 nuestra propuesta es exactamente la misma", afirmó, advirtiendo además de que el sector está atravesando pérdidas significativas que están llevando al cierre de numerosos negocios.

LEER MÁS

(El País, 16-10-2025) | Laboral

Díaz rechaza el aumento de cuotas a los autónomos que propone la Seguridad Social

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado este martes la propuesta que el Ministerio de Seguridad Social presentó el lunes a los agentes sociales para incrementar las cuotas de los autónomos durante los próximos años. Según este planteamiento, las aportaciones subirían entre 11 y 206 euros mensuales en 2026, con aumentos similares cada año hasta 2031. "Si la propuesta que se está manejando desde el Partido Socialista y el Ministerio de Inclusión es esta, desde Sumar no la compartimos", afirmó Díaz en una entrevista en LaSexta. La ministra argumentó que el planteamiento del departamento que dirige Elma Saiz "sitúa la progresividad por abajo, cuando debería empezar por arriba". En sus palabras, "quienes más tienen deben aportar más". Si la propuesta conocida por la prensa es correcta -añadió-, "castiga a las rentas más bajas". Díaz recordó que los autónomos "son personas que luchan cada día para salir adelante" y defendió que cualquier reforma del sistema debe vincular las cuotas a los ingresos reales, garantizando que la progresividad recaiga sobre quienes más ganan. Aunque ese es también el objetivo que el Ministerio de Seguridad Social ha declarado para la nueva reforma -continuación del modelo implantado entre 2023 y 2025-, la vicepresidenta considera que el texto actual no cumple ese principio. Además de la oposición de Sumar, otro grupo clave en el Congreso, Junts, también ha mostrado su rechazo. "Ni un solo voto de Junts servirá para apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es reducir la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras de Cataluña", expresó en X la portavoz del partido, Míriam Nogueras, quien compartió un mensaje del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, crítico con la propuesta. Mientras tanto, las otras dos organizaciones de autónomos vinculadas a los sindicatos mayoritarios, UPTA y UATAE, no han rechazado de plano el documento, aunque sí reclaman modificaciones. En la entrevista, Díaz insistió en que los autónomos "necesitan una prestación por cese de actividad real, mecanismos de protección similares a los de los asalariados y una reforma fiscal justa". Subrayó también que conoció la propuesta "a través de los medios de comunicación". Según el borrador elaborado por Seguridad Social, las cuotas subirían de manera proporcional a los ingresos: Los autónomos con rendimientos mensuales entre 1.166 y 1.300 euros pagarían 11 euros más al mes, hasta 302 euros. Quienes ingresen más de 6.000 euros mensuales asumirían un aumento de 206 euros, alcanzando una cuota de 796 euros. El nuevo esquema revisa tanto la tabla reducida -para quienes ganan menos de 1.167 euros mensuales (14.000 al año)- como los 12 tramos de la tabla general, que cubren diferentes niveles de ingresos y bases de cotización. Por ejemplo, los autónomos con rendimientos netos equiparables a un sueldo medio asalariado (entre 2.030 y 2.330 euros brutos mensuales) verían incrementada su cuota de 390 euros en 2025 a 429 euros en 2026, según la versión inicial del documento.

LEER MÁS

(El Economista, 16-10-2025) | Laboral

España ya no es el país europeo que más potenciales trabajadores mantiene en el limbo del desempleo o la precariedad extrema

Lo más llamativo no es tanto la mala posición de España en términos de oportunidades laborales, sino quiénes están empezando a superarnos por la cola. Si a comienzos de año Finlandia ocupaba el último puesto, ahora es Suecia la que se coloca como el segundo peor país de la Unión Europea para encontrar empleo. Según los datos más recientes de Eurostat, España desaprovecha el 18,2% de su fuerza laboral potencial. Esta cifra incluye a los desempleados, a quienes desean trabajar pero han dejado de buscar empleo y por tanto no figuran oficialmente como parados, y a los trabajadores subempleados que solo consiguen empleos de pocas horas. Todos ellos forman parte de la llamada "holgura laboral", un indicador en el que Finlandia alcanza el 19% y Suecia el 18,3%. Aun así, España se mantiene por encima de Italia (14,9%) y Francia (14,8%). El mayor lastre sigue siendo el paro tradicional, es decir, quienes buscan activamente un empleo y están disponibles para trabajar, que representan 10,5 puntos del total. A esto se suman los desempleados "ocultos", que añaden 3,4 puntos, una cifra inferior a la de Finlandia (5), Suecia (5,8) e Italia (6,4), y similar a la de Francia (3,4). En cuanto al subempleo, España ocupa la cuarta posición en la UE, con un aporte de 4,3 puntos a la holgura laboral, solo por detrás de Países Bajos (5,1), Finlandia (4,8) e Irlanda (4,7). Aun así, se trata de una mejora respecto a 2022, cuando liderábamos este ranking de precariedad. El análisis histórico, desde 2009, muestra que España fue el país donde más creció la holgura laboral durante la crisis financiera, alcanzando un máximo del 36,9% en el segundo trimestre de 2013 -16 puntos más que Suecia y 18 más que Finlandia-. Desde entonces, esta tendencia se redujo de forma constante, hasta situarnos al nivel de Italia en 2019. Sin embargo, la pandemia provocó un repunte más acusado en España que en otras economías europeas, ampliando la brecha con el mercado laboral italiano, que se recuperó más rápido. Lo sorprendente, en cambio, es lo ocurrido con los países nórdicos. A partir de 2022, Finlandia y Suecia experimentan un aumento de su holgura laboral, coincidiendo con la guerra de Ucrania y la llegada de miles de refugiados. Este fenómeno ha acentuado un problema ya existente: la dificultad de integrar a la mano de obra migrante, que según muchos expertos ha puesto a prueba la sostenibilidad del Estado del Bienestar nórdico. El debate generado no solo es económico, sino también político y social. Las dificultades del mercado laboral en Suecia y Finlandia se interpretan como un posible fracaso de un modelo basado en la apertura casi total a trabajadores extranjeros, sin evaluar suficientemente su cualificación o adaptación cultural. Suecia, por ejemplo, ha pasado de una tasa de paro del 5,8% antes de la pandemia a acercarse al 9%, mientras que en Finlandia el desempleo ha subido del 5,4% en 2018 al 9,3%, alcanzando en algunos momentos cifras de dos dígitos. Este deterioro ha afectado a la estabilidad fiscal de ambos países, que en el pasado se apoyaban en una alta presión fiscal y un pleno empleo para sostener generosas políticas públicas. Paradójicamente, el éxito de su modelo ha terminado contribuyendo a su debilitamiento. El Gobierno sueco incluso ha habilitado una web oficial para desmentir rumores sobre la seguridad y el estado de la sociedad, aunque reconoce que la situación es "muy grave", con una ola de violencia sin precedentes. Las autoridades culpan en parte a la delincuencia asociada a inmigrantes de primera y segunda generación, y proponen una inmigración "ordenada" centrada en atraer talento y trabajadores cualificados. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes acaban desempeñando trabajos poco cualificados y con bajos salarios, sobre todo en el sector servicios. Desde el punto de vista económico, el propio Banco Central de Suecia (Riksbank) atribuye los desequilibrios del mercado laboral a la inmigración masiva de refugiados y familias, que ha dificultado el ajuste entre oferta y demanda de empleo tras la crisis financiera y la pandemia. Según el banco, las personas nacidas fuera del país representan una proporción creciente del desempleo y tienen una tasa de búsqueda de trabajo más baja. De hecho, Suecia y Finlandia, tradicionalmente países con bajo desempleo, registran ahora las tasas de paro más altas de toda la UE entre los residentes nacidos fuera del bloque comunitario, lo que ha generado malestar social. El economista Stefan Hedlund, profesor de la Universidad de Uppsala, señala que el número de residentes en Suecia nacidos en el extranjero se ha duplicado desde el año 2000, superando los 2,1 millones de personas (el 20% de la población total). Si se incluyen los hijos de inmigrantes nacidos en el país, la cifra asciende al 26%. La mayoría procede de Asia (40%) y África (10%), lo que ha complicado su integración por las diferencias culturales y lingüísticas. El Gobierno sueco ha encargado un estudio sobre los costes y beneficios de la inmigración por países de origen, para evaluar el impacto real de esta situación. En contraste, España ha experimentado también una fuerte llegada de inmigrantes en los últimos años, pero sin los efectos negativos observados en el norte. Aunque los datos de holgura laboral no distinguen nacionalidades, las cifras de desempleo muestran una diferencia notable: la tasa de paro entre los extranjeros no comunitarios en España es del 14,9%, frente al 9,1% de los nacionales. En Finlandia, los extranjeros duplican la tasa de paro de los autóctonos y en Suecia la triplican, la brecha más amplia de toda la Unión Europea.

LEER MÁS

(Expansión, 16-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE responderá "apropiadamente" si hay represalia a un país tras amenazar Trump a España

La Comisión Europea (CE) afirmó este miércoles que reaccionará "de manera adecuada" ante cualquier medida comercial dirigida contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), en referencia a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Responderemos de forma apropiada, como siempre hacemos, ante cualquier acción adoptada contra uno o varios de nuestros Estados miembros", declaró el portavoz comunitario, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo. No obstante, Gill puntualizó que la Comisión no suele pronunciarse sobre "situaciones hipotéticas" como la planteada por Trump. También recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en representación de todos los países del bloque. Además, destacó que el acuerdo alcanzado el pasado verano entre Estados Unidos y la UE para evitar una guerra comercial sigue siendo el marco de referencia para tratar cualquier asunto relacionado con el comercio. El martes, Trump amenazó a España con sanciones comerciales por no haberse comprometido a destinar el 5% de su PIB a gasto militar, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de mostrar una "falta de respeto increíble" hacia la OTAN. "Considero que es una falta de respeto hacia la Alianza. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) una penalización comercial mediante aranceles por lo que han hecho, y podría hacerlo. Me parece tremendamente irrespetuoso", declaró el mandatario estadounidense durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Trump, que ya ha criticado anteriormente a España por este mismo motivo, reiteró su descontento con el país, al considerar que es el único miembro de la OTAN que se niega a cumplir con el objetivo del 5% del PIB, manteniendo su nivel de gasto actual en torno al 2,1%.

LEER MÁS

(El País, 16-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda creará un teléfono gratuito, el 047, para atender dudas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este miércoles en el Congreso la creación de un número de teléfono corto y gratuito, el 047, destinado a resolver cualquier consulta relacionada con la vivienda. El objetivo es ofrecer asistencia a los ciudadanos, especialmente en lo referente a la normativa vigente en cada comunidad autónoma y a las distintas ayudas disponibles. Para ponerlo en marcha cuanto antes, Rodríguez explicó que llevará la propuesta al próximo Consejo de Ministros para su aprobación y que ya ha solicitado formalmente al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la asignación del número, en el marco del Plan Nacional de Numeración Telefónica. "Será un canal unificado, accesible y gratuito que ofrecerá información sobre programas de ayudas, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra cuestión que pueda preocupar a los ciudadanos", señaló la ministra. "Con esta medida, ponemos la información pública al servicio del interés general", añadió. La elección del número 047 no es casual: hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además, su lanzamiento coincidirá con el 47º aniversario de dicho artículo, que se celebra en 2025. Rodríguez también subrayó su compromiso de ofrecer a través de esta línea una "información rigurosa y actualizada sobre la normativa vigente en cada territorio y sobre los programas de ayuda disponibles". El anuncio se enmarca en el desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con una dotación de 7.000 millones de euros y busca implicar a las comunidades autónomas para impulsar la construcción de vivienda asequible mediante fondos públicos. El ministerio ya ha mantenido varias reuniones con los responsables autonómicos en materia de vivienda y ha abierto el plan a consulta pública, cuyo plazo finalizó el pasado 7 de octubre. En total, se recibieron 362 aportaciones, entre propuestas de las comunidades y de otros agentes del sector. Durante su intervención, la ministra detalló los principales ejes del plan y apeló a la colaboración de las comunidades autónomas. "La vivienda pública debe ser protegida de manera permanente, y así lo contempla este plan", afirmó. Rodríguez destacó que uno de los grandes desafíos del país es el escaso parque de vivienda pública, que solo ha pasado del 2,5% al 3,4% del total. "Es un avance, pero todavía estamos muy lejos de nuestro objetivo. Hay que redoblar esfuerzos y resolver este problema de forma definitiva", concluyó.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 16-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El INE revisa una décima al alza la inflación de septiembre, hasta el 3%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha corregido al alza la cifra de inflación correspondiente a septiembre, situándola finalmente en el 3%, una décima más de lo previsto inicialmente y tres décimas por encima del dato de agosto. Este repunte refleja la dificultad para reconducir los precios hacia niveles normales, amplía la brecha con la zona euro -donde el índice se sitúa en el 2,2%- y devuelve al IPC a su nivel más alto del año, igualado con el de febrero. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantiene en el 2,4%, igual que en agosto, aunque una décima superior a la estimación preliminar publicada a mediados de septiembre. Desde el Ministerio de Economía atribuyen el incremento al llamado efecto base de los carburantes y, en menor medida, de la electricidad, que este año han descendido menos que en el mismo mes de 2023. La comparación con aquel septiembre -el mes con la inflación más baja en los últimos cuatro años y medio, del 1,5%, debido a la fuerte caída de los precios de los combustibles- hacía prever un resultado más elevado este año. No obstante, la variación mensual ofrece un dato positivo: los precios bajaron un 0,3% respecto a agosto, algo habitual tras el verano. Los paquetes turísticos nacionales se abarataron un 28,7%, los internacionales un 4,6% y los vuelos, tanto nacionales como extranjeros, descendieron un 22%. En un contexto de crecimiento económico sólido, con reducción del desempleo y una deuda pública en retroceso respecto al PIB, la inflación se mantiene como el principal desafío macroeconómico, al tener un impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares. Los alimentos y bebidas no alcohólicas ilustran bien esta situación: tras dos meses de descensos interanuales, sus precios volvieron a subir, del 2,3% al 2,4%. Desde el Gobierno se destaca que algunos productos, como el aceite de oliva, han registrado fuertes caídas -un 43% menos en el último año-, lo que beneficia al consumidor. Sin embargo, otros artículos esenciales continúan encareciéndose con fuerza: el café sube un 19,9%, los huevos un 17,5%, la carne de vacuno un 16,5% y el chocolate un 15,6%, entre otros. Otro aumento destacado es el de la tasa de recogida de basuras, que se dispara un 30,3%, coincidiendo con la aplicación de una nueva tarifa obligatoria por mandato europeo. Según Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, "los servicios -impulsados por la presión demográfica y el turismo- y los alimentos frescos siguen siendo los principales motores inflacionistas. Además, la electricidad ha dejado de ser un elemento favorable respecto a la zona euro, especialmente desde el apagón de abril". Aun así, considera que la inflación podría moderar su ritmo en los próximos meses gracias a los efectos base. Si no se producen shocks imprevistos, como una intensificación de la guerra comercial, esa mejora podría notarse a partir de noviembre y diciembre, ya que el final de 2024 registró un repunte fuerte de precios y la comparación interanual será más favorable. "Probablemente este sea el punto máximo del año; a partir de ahora podría bajar gradualmente hasta el 2,6% o 2,7%", estima el economista Javier Santacruz, quien advierte de la persistencia de precios altos en alimentos y energía. Por su parte, Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, considera que no hay motivo de alarma: "Aunque España crece muy por encima de la media de la zona euro, su inflación subyacente está en niveles similares. La diferencia se explica principalmente por la energía, pero esa brecha se reducirá pronto". Por regiones, Ceuta (3,9%), Madrid (3,5%) y Comunidad Valenciana (3,4%) registran las mayores subidas de precios, mientras que Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Cataluña (2,6%) presentan los incrementos más moderados.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos