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(Expansión, 14-09-2026) | Fiscal

Hacienda reserva más de 3.800 millones para las CCAA fuera de la nueva financiación autonómica

El Gobierno prepara la creación de un nuevo fondo destinado a compensar a las comunidades autónomas que, con el nuevo sistema de financiación, queden por debajo de la media. Además, el Ejecutivo plantea revisar el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales con el objetivo de mejorar la posición de los territorios que resulten menos favorecidos por el nuevo modelo. El pasado 4 de septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias, la propuesta de reforma de la financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda tras el acuerdo alcanzado con ERC. El nuevo sistema supondría incrementar en 20.975 millones de euros anuales los recursos disponibles para las comunidades autónomas. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de las administraciones regionales, entre ellas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE. Las comunidades cuestionan tanto la forma en que se ha negociado la reforma, al considerar que se ha pactado al margen del resto de territorios, como determinados criterios utilizados para distribuir los recursos. En particular, critican que el nuevo modelo reduzca el peso de factores como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que condicionan el coste de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Para intentar recabar apoyos parlamentarios a la reforma, el Gobierno estudia incorporar más de 3.600 millones de euros adicionales mediante la creación de un fondo de dinamismo. Este mecanismo, financiado con recursos estatales y separado del nuevo sistema de financiación, tendría una dotación aproximada de 3.300 millones de euros al año y compensaría a las comunidades que quedasen por debajo de la media en recursos por habitante. El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo modelo pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027. Según las estimaciones manejadas, hasta nueve comunidades podrían beneficiarse de este fondo al quedar por debajo de la media de financiación: Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla y León. A ellas podrían sumarse Cantabria y Extremadura, que disponen de mecanismos específicos destinados a garantizar que no pierdan recursos respecto al sistema vigente. La propuesta tampoco ha convencido por ahora a los gobiernos autonómicos. Algunas comunidades consideran que el fondo presenta problemas tanto por quedar fuera del texto principal de la reforma como por dejar en manos del Gobierno la decisión sobre su distribución. Su principal objeción es que un mecanismo de carácter anual y sujeto a decisiones posteriores no ofrece la misma seguridad que la financiación ordinaria destinada a cubrir servicios públicos esenciales. El Ejecutivo contempla aprobar este fondo de forma paralela a la reforma del modelo, ya sea mediante un nuevo real decreto-ley o incorporándolo como enmienda durante la tramitación parlamentaria. Junto a esta medida, el Gobierno también pretende modificar el Fondo de Compensación Interterritorial y el sistema de incentivos regionales. La intención es diseñar un mecanismo que tenga en cuenta variables que hasta ahora no han recibido suficiente peso, como la población flotante vinculada al turismo, la despoblación o la superficie forestal de cada comunidad. Esta reforma podría aportar más de 500 millones de euros adicionales y se articularía también al margen del nuevo modelo de financiación autonómica. En conjunto, el fondo de dinamismo y los recursos derivados de la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales supondrían más de 3.800 millones de euros adicionales sobre los 20.975 millones previstos inicialmente en la reforma. A estas cantidades se añaden otros 4.000 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha permitido liberar a ocho comunidades autónomas procedentes de su superávit para destinarlos a inversiones financieramente sostenibles. Con esta medida, el Gobierno busca también facilitar el respaldo de los territorios a su propuesta. En total, las distintas actuaciones elevarían hasta unos 8.000 millones de euros los recursos adicionales que Hacienda pondría a disposición de las comunidades fuera del nuevo modelo de financiación.

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(Expansión, 14-09-2026) | Fiscal

Las medidas fiscales por la guerra en Irán restan 1.812 millones a la recaudación hasta julio

Hasta el mes de julio, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo habían reducido en 1.812 millones de euros la recaudación de Hacienda. Así se desprende del informe mensual de recaudación tributaria correspondiente a julio, que cuantifica el efecto de las medidas adoptadas para contener el incremento de los precios, especialmente en el ámbito de la energía y los carburantes. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, las distintas decisiones fiscales restaron 1.812 millones de euros al crecimiento de los ingresos públicos durante los siete primeros meses del año. La principal merma procede de las reducciones temporales del IVA, que en conjunto han supuesto un impacto negativo de 893 millones de euros. Dentro de esta partida, la rebaja del IVA aplicada a gasolinas, gasóleos y biocarburantes representa el mayor coste para las arcas públicas, con 489 millones de euros. Le siguen la reducción del IVA sobre la electricidad, con un impacto de 303 millones, y la aplicada al gas natural, las briquetas y pellets de biomasa y la leña, que ha supuesto otros 101 millones. El efecto de estas medidas está vinculado a las disposiciones extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, cuya vigencia se extendió hasta finales de mayo en la mayoría de los casos. A partir del 1 de junio se recuperaron los tipos ordinarios, aunque los carburantes mantuvieron el IVA reducido del 10% durante un mes más, hasta el 30 de junio. También ha tenido un peso considerable la reducción temporal de los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que ha generado una disminución de ingresos de 679 millones de euros. Esta rebaja situó los tipos en el mínimo permitido por la normativa europea y se mantuvo hasta el 30 de junio. Desde julio, la reducción del impuesto sobre los carburantes ha seguido un esquema diferente. La rebaja pasó a ser de 15 céntimos por litro en julio y de 10 céntimos en agosto. Aunque inicialmente estaba previsto reducirla a cinco céntimos en septiembre, la evolución de los precios llevó al Gobierno a ampliar hasta 20 céntimos por litro la reducción aplicada al gasóleo. Para la gasolina, en cambio, se mantuvo el calendario previsto, con una rebaja de cinco céntimos por litro durante septiembre. Por otra parte, la reducción temporal del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasó del 5,11% al 0,5% entre el 22 de marzo y el 31 de mayo, ha supuesto un impacto negativo de 302 millones de euros sobre los ingresos tributarios. El informe de Hacienda recoge asimismo una pérdida de 42 millones de euros derivada de la reducción de la base imponible del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. En sentido contrario, la suspensión de la devolución del gasóleo utilizado por determinados profesionales ha generado 104 millones de euros adicionales de recaudación, compensando parcialmente el efecto de las medidas fiscales destinadas a reducir el coste de la energía y los combustibles.

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(Expansión, 14-09-2026) | Laboral

El Imserso comercializa desde este lunes 879.213 plazas, con 7.447 viajes a 50 euros

La temporada 2026-2027 de los viajes del Imserso inicia este lunes, 14 de septiembre, su comercialización con una oferta de 879.213 plazas destinadas a turismo de costa peninsular, costa insular y distintas modalidades de viajes de escapada. De este total, 7.447 plazas estarán disponibles mediante una tarifa plana de 50 euros dirigida a pensionistas con menores recursos económicos. Durante los primeros días, entre el 14 y el 18 de septiembre, las personas acreditadas únicamente podrán efectuar reservas dentro del cupo de plazas asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre, podrán optar también a las plazas que hayan quedado libres en otras provincias. La comercialización se mantendrá abierta durante el conjunto de la temporada. La distribución de la oferta contempla que el 50,1% de las plazas corresponda a destinos de costa peninsular, mientras que el 25,9% se destine a la costa insular. El 23,9% restante se encuadra en la modalidad de turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, propuestas de turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y diferentes destinos europeos. Los primeros desplazamientos de esta campaña comenzarán el 1 de octubre y Oropesa será el primer destino de la temporada. El programa cuenta actualmente con 4.602.255 personas acreditadas para participar. Entre las opciones que se mantienen figura también la posibilidad de viajar acompañado de animales de compañía en determinados destinos de costa peninsular e insular. Esta alternativa fue utilizada durante la temporada 2025-2026 por un total de 1.066 personas que viajaron con sus mascotas. La tarifa plana de 50 euros, incorporada la pasada temporada para facilitar el acceso al programa a los pensionistas con rentas más bajas, vuelve a estar disponible en esta edición con 7.447 plazas. En su primer año de aplicación fueron 5.221 las personas que utilizaron esta modalidad, frente a las 523 plazas que se habían empleado anteriormente mediante el sistema de descuento del 50% sobre el precio habitual del viaje. Las reservas podrán realizarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, en función del destino elegido, utilizando el DNI y la correspondiente clave de acreditación. También será posible formalizar las reservas presencialmente en las agencias de viajes autorizadas, para lo que será suficiente presentar el DNI.

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(El Economista, 14-09-2026) | Laboral

El 40% de los asalariados amenaza con irse si les quitan el teletrabajo

El teletrabajo ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una fórmula asentada en el mercado laboral español. Actualmente, la mitad de las empresas ofrece alguna posibilidad de trabajar a distancia y uno de cada cuatro ocupados desarrolla su actividad, total o parcialmente, fuera de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, esta consolidación convive con un escenario de escaso crecimiento y con las tensiones que todavía genera la discusión sobre el grado de presencialidad que deben mantener las plantillas. La VI Radiografía del Teletrabajo refleja que el 35% de los asalariados que actualmente teletrabajan se plantearía cambiar de empleo si su empresa exigiera una mayor presencia física. El porcentaje alcanza el 39% cuando se contempla un regreso completo a la oficina. Pese a ello, esta última opción apenas forma parte de los planes empresariales: solo un 1% de las compañías tiene previsto imponer durante el próximo año una vuelta total a la presencialidad. La resistencia a abandonar el trabajo remoto se ha moderado ligeramente respecto a 2025. El porcentaje de trabajadores que se plantearía renunciar ante un retorno completo ha pasado del 43% al 39%, mientras que quienes reclamarían una compensación salarial para aceptar el cambio han descendido del 27% al 25%. En paralelo, aumenta del 13% al 17% la proporción de empleados que estaría dispuesta a aceptar las modificaciones. La evolución puede estar relacionada con una coyuntura económica menos favorable y con las incertidumbres que afectan a determinados sectores, lo que estaría moderando algunas de las demandas asociadas al teletrabajo. El sector tecnológico constituye uno de los principales ejemplos de esta situación, ya que el trabajo remoto alcanza al 60% de sus ocupados. Precisamente en esta actividad se aprecia con mayor claridad el movimiento de algunas empresas hacia una mayor presencialidad, una tendencia que también se observa entre grandes compañías tecnológicas estadounidenses y en casos recientes en España, como el de Ubisoft. El progresivo establecimiento de condiciones específicas sobre el teletrabajo también puede convertirse en un foco de conflictividad laboral. En 2025, el 20,5% de los convenios colectivos firmados incorporó cláusulas relacionadas con esta modalidad, tres puntos más que un año antes. Este incremento reduce el margen de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones existentes y refleja que el teletrabajo está adquiriendo una mayor presencia en la negociación colectiva. Los datos de InfoJobs apuntan, no obstante, a que la mayoría de las empresas no contempla eliminar esta posibilidad. Solo el 1% prevé suprimir el teletrabajo y un 3% plantea reducirlo, aunque el 15% de los trabajadores percibe que ya se están produciendo recortes. El 75% de las compañías mantendrá las condiciones actuales, frente al 79% registrado un año antes, mientras que un 8% tiene previsto ampliar las opciones de trabajo a distancia, frente al 6% de 2025. En términos generales, el 50% de las empresas españolas ofrece actualmente alguna modalidad de teletrabajo, frente al 46% de hace un año, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en 2023. La fórmula completamente remota solo está disponible en el 11% de las compañías, mientras que el 39% restante apuesta por sistemas parciales o híbridos. En las ofertas de empleo, la presencia del teletrabajo se mantiene estable en torno al 11% y no ha variado durante los últimos tres años. Por el lado de los trabajadores tampoco se observa un incremento significativo de la demanda. La encuesta realizada por InfoJobs entre más de 4.000 empleados en activo sitúa en el 25% la proporción de ocupados que teletrabajan en 2026, ya sea de forma total o parcial. Esta cifra coincide con la registrada en 2025 y apenas difiere del 24% de 2024. Dentro de este colectivo, 19 puntos corresponden a quienes combinan trabajo presencial y remoto y seis a quienes desarrollan su actividad completamente a distancia. Para Mónica Pérez, responsable del servicio de estudios de InfoJobs, estos resultados reflejan una fase de estabilización. El teletrabajo no estaría perdiendo peso, sino integrándose en la organización habitual de las empresas, aunque España continúa teniendo un margen para esta modalidad inferior al de otros países. La capacidad de decidir sobre el modelo de trabajo tampoco está repartida por igual entre empleados y empresas. El 42% de los ocupados que no teletrabajan señala que las características de su puesto hacen imposible esta modalidad. Otro 36% afirma que no puede elegir entre trabajar presencialmente o a distancia, mientras que solo el 22% asegura disponer de capacidad para decidir sobre su modelo laboral. Esta situación apunta a que la extensión del teletrabajo depende en buena medida de las decisiones adoptadas por las compañías y no exclusivamente de las posibilidades tecnológicas de cada actividad. Si el desarrollo del trabajo remoto estuviera determinado principalmente por las características de los puestos y por el avance de la digitalización, cabría esperar una evolución más variable entre sectores. Sin embargo, los niveles se mantienen prácticamente estables desde hace tres años, lo que apunta a políticas empresariales relativamente rígidas y, en algunos casos, condicionadas más por la percepción que por una evaluación objetiva del rendimiento. La propia encuesta de InfoJobs permite aproximarse a esta cuestión desde la perspectiva de los trabajadores. Sus resultados apuntan a que no existe un entorno universalmente más productivo, sino que la eficacia de cada espacio depende del tipo de tarea que se desarrolla. El domicilio es el lugar preferido para aquellas actividades que requieren un alto grado de concentración, mientras que la oficina adquiere ventaja cuando entran en juego la coordinación y la interacción con otras personas. Así, un 44% de los trabajadores considera que el hogar ofrece mejores condiciones para la concentración profunda, frente al 26% que se decanta por la oficina. En cambio, el espacio de trabajo presencial se impone claramente en las tareas colaborativas con el equipo, con un 59%, en las reuniones y labores de coordinación, con un 51%, en la resolución de imprevistos, con un 47%, y en la toma de decisiones relevantes, con un 39%. En actividades formativas y creativas, las preferencias aparecen mucho más equilibradas, con porcentajes similares para ambos entornos. El resultado dibuja, por tanto, un modelo en el que teletrabajo y presencialidad pueden desempeñar funciones complementarias. El trabajo desde casa ofrece ventajas especialmente claras para las tareas individuales que requieren concentración y continuidad, mientras que la oficina mantiene su posición cuando la actividad depende de la coordinación, la comunicación directa y la interacción con otros miembros de la organización.

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(El Economista, 14-09-2026) | Laboral

Los hombres que suman el plus por brecha de género a la pensión aumentan un 221%

El complemento por brecha de género, creado para corregir la desventaja que históricamente han sufrido las mujeres en sus carreras de cotización y pensiones, está experimentando un fuerte incremento entre los hombres. En los últimos doce meses, el número de varones que perciben esta prestación se ha disparado un 221,3%, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El crecimiento contrasta con el aumento del 21,8% registrado entre las mujeres en el mismo periodo, entre agosto de 2025 y agosto de 2026. En la actualidad, 494.296 hombres reciben este complemento, lo que supone 340.442 beneficiarios más que hace un año. Pese a este notable aumento, las mujeres continúan siendo mayoría entre los perceptores, con alrededor de 1,17 millones de beneficiarias. En conjunto, la Seguridad Social contabiliza 1,66 millones de personas que reciben esta ayuda, un 49,5% más que en agosto del año anterior. El cambio está directamente relacionado con la sentencia dictada en mayo de 2025 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró discriminatorio el diseño del complemento aprobado en 2021 para sustituir al antiguo complemento por maternidad. La normativa establecía condiciones adicionales para que los hombres pudieran acceder a la prestación, mientras que las mujeres podían percibirla en condiciones equivalentes a las del anterior sistema. Entre otros requisitos, los varones debían demostrar que la paternidad había perjudicado su trayectoria profesional mediante una interrupción o reducción de su actividad laboral o una disminución de sus bases de cotización. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó el criterio europeo y equiparó las condiciones de acceso para hombres y mujeres. Desde entonces, el número de pensionistas varones que reciben el complemento ha crecido a un ritmo muy superior al de las mujeres, llegando a multiplicar por diez aproximadamente su velocidad de crecimiento. Una de las circunstancias que contribuyen a explicar esta evolución es que los hombres suelen alcanzar antes que las mujeres los periodos de cotización exigidos para acceder a la jubilación. Esto les permite solicitar antes el complemento. Cuando posteriormente la mujer también se jubila y reúne los requisitos para percibirlo, la prestación no puede reconocerse simultáneamente a ambos progenitores. En estos casos, se asigna al beneficiario cuya pensión sea de menor cuantía. La diferencia en las edades de jubilación puede provocar que muchas mujeres no lleguen a solicitar el complemento cuando alcanzan la edad de retiro. Como consecuencia, el varón continúa figurando como beneficiario y no se produce el cambio de titularidad de la prestación. Tras la sentencia europea, UGT y CCOO reclamaron al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una solución que permitiera adaptar la regulación. El departamento dirigido por Elma Saiz planteó que el complemento quedara reservado a quienes hubieran sufrido un perjuicio en su trayectoria profesional como consecuencia de tener hijos. Los sindicatos, por su parte, defendieron que la Seguridad Social realizara el reconocimiento de oficio, sin obligar al pensionista a iniciar el procedimiento. Ninguna de estas propuestas se ha incorporado por el momento a la normativa y, según fuentes sindicales, la negociación permanece paralizada. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también se considera que el complemento se ha alejado de su objetivo inicial y se reclama una revisión de la regulación para recuperar su finalidad original. El crecimiento de los hombres también se aprecia entre quienes todavía perciben el antiguo complemento de maternidad. Esta prestación fue sustituida en 2021 por el complemento para la reducción de la brecha de género, aunque siguió generando derechos para determinados pensionistas. En 2019, el TJUE ya había declarado discriminatoria la exclusión de los hombres de esta ayuda, lo que llevó a numerosos pensionistas varones a reclamar su reconocimiento, incluso con efectos retroactivos. En agosto de 2026, 717.656 mujeres seguían cobrando el antiguo complemento, un 3,7% menos que un año antes. Por el contrario, el número de hombres beneficiarios aumentó un 10,1%, hasta alcanzar aproximadamente los 291.278. La reducción de mujeres puede explicarse tanto por fallecimientos como por el paso de algunas beneficiarias al nuevo complemento por brecha de género. En cualquier caso, el antiguo complemento ya no admite nuevas incorporaciones desde hace cinco años.

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(El Economista, 14-09-2026) | Laboral

CCOO pone en marcha su fondo para alimentar las huelgas y presionar a CEOE

CCOO ya ha puesto en marcha el fondo de resistencia anunciado junto a UGT el pasado mes de junio con el objetivo de respaldar posibles movilizaciones durante la última parte del año y aumentar la presión sobre CEOE para que retome la negociación de un pacto marco sobre salarios. La organización que dirige Unai Sordo ya está analizando las primeras solicitudes planteadas por cuatro sectores que han anunciado huelgas o paros, mientras UGT continúa trabajando en la regulación de su propio fondo. La iniciativa pretende replicar el modelo de las cajas de resistencia utilizadas por sindicatos de otros países y proporcionar respaldo económico a los trabajadores que participen en huelgas, permitiéndoles prolongar las movilizaciones sin asumir íntegramente la pérdida de ingresos. La intención es que los afiliados puedan recibir una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional diario durante las jornadas de paro. Cada sindicato ha previsto destinar dos millones de euros anuales a este mecanismo, procedentes de las cuotas de sus afiliados, una cantidad que permitiría cubrir aproximadamente 100.000 jornadas de huelga al año. En el caso de CCOO, las primeras peticiones proceden del sector estatal de educación infantil, del comercio de alimentación en Galicia, del transporte sanitario y de ambulancias en Canarias y de los servicios de limpieza viaria. La organización todavía no ha concretado qué cantidad asignará a cada conflicto. El sindicato señala que cada organización decidirá de manera independiente cómo distribuye los recursos de su fondo y que, por tanto, las decisiones de CCOO y UGT no tienen por qué coincidir ni avanzar al mismo ritmo. La intención inicial era coordinar en la medida de lo posible las actuaciones de ambas centrales para concentrar la presión en aquellos sectores donde considerasen que las movilizaciones podían tener mayor impacto sobre CEOE. Sin embargo, el fondo de UGT todavía se encuentra en una fase previa a su puesta en funcionamiento. Su secretario general, Pepe Álvarez, explicó recientemente que la decisión de destinar parte de las cuotas de los afiliados a esta finalidad ha obligado a introducir modificaciones en los presupuestos de la organización. El dirigente confía en que el nuevo mecanismo pueda comenzar a visualizarse en un plazo relativamente corto. La posible utilización de estos recursos cobra especial importancia ante el riesgo de nuevas movilizaciones relacionadas con los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo. CCOO y UGT están estudiando su estrategia ante la posibilidad de que se siga retrasando la reforma del registro de jornada y el cambio en el tratamiento de los complementos salariales vinculados al SMI. A comienzos de julio, ambas centrales advirtieron de que no volverían a suscribir acuerdos con el Gobierno si no se cumplían los compromisos adquiridos, especialmente en relación con el registro horario. En septiembre han mantenido el mismo tono, aunque todavía no han concretado qué medidas adoptarían si persiste el bloqueo. Pepe Álvarez ha señalado que, si finalmente se acuerdan movilizaciones durante este año, el fondo de resistencia será uno de los instrumentos que permitirá financiarlas. Desde CCOO, Unai Sordo considera que el Ejecutivo ya no dispone de argumentos suficientes para continuar retrasando la reforma del registro de jornada, una medida que fue cuestionada por el Consejo de Estado y que, según los sindicatos, lleva meses siendo revisada por el Gobierno. Más allá de las posibles protestas contra el Ejecutivo, el principal objetivo sindical continúa siendo recuperar la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pacto que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT utilizan para establecer referencias salariales nacionales durante un periodo de tres años. El último acuerdo finalizó su vigencia en 2025 y, pese a las reclamaciones de los sindicatos, la mesa de negociación para su renovación todavía no se ha constituido formalmente. Los agentes sociales confían en retomar el diálogo en 2027, aunque reconocen que el calendario electoral puede dificultar nuevamente el entendimiento. La presión para alcanzar un acuerdo salarial se ha intensificado por la evolución de la inflación. El IPC de agosto superó por primera vez en casi tres años el 4%, dejando por detrás tanto las subidas salariales pactadas en los convenios como el incremento aplicado al SMI a comienzos de año. CCOO y UGT plantearon inicialmente una senda de aumentos salariales del 4% anual y propusieron llegar hasta el 7% para aquellos trabajadores cuyos salarios se encuentran más alejados de los niveles medios. CEOE, sin embargo, todavía no ha ofrecido una respuesta formal a esta propuesta para el periodo 2026-2028. Los sindicatos consideran que el proceso electoral interno de CEOE también ha contribuido a retrasar la apertura de la mesa de negociación. La patronal celebrará sus elecciones el próximo 1 de octubre, con Antonio Garamendi como único candidato después de que el sector crítico no haya conseguido presentar una alternativa. Desde las organizaciones sindicales interpretan que la situación interna de la patronal y las tensiones acumuladas en los últimos años han dificultado la recuperación del diálogo social. La relación entre CEOE y el Ministerio de Trabajo lleva más de dos años marcada por la falta de acuerdos, una situación que desde el entorno de Yolanda Díaz y las organizaciones sindicales vinculan también con los esfuerzos de la patronal por contener las discrepancias internas. En este contexto, los sindicatos esperan que, una vez superado el proceso electoral, pueda abrirse una etapa de mayor entendimiento, aunque no prevén una recuperación inmediata de las negociaciones. El propio Garamendi ha reconocido que alcanzar un acuerdo con los sindicatos en materia salarial resulta complicado en el escenario actual. El presidente de CEOE considera que no existe un marco suficientemente estable mientras el Ministerio de Trabajo mantenga sobre la mesa nuevas reformas laborales, entre ellas la modificación de las reglas del despido. Por parte de las organizaciones sindicales también existe cautela. La incertidumbre sobre la evolución de los precios dificulta que se cierre un pacto salarial a la baja, ya que CCOO y UGT quieren evitar que un eventual acuerdo con las empresas termine sirviendo de referencia para contener los incrementos salariales de los convenios colectivos. La evolución de la inflación será, por tanto, uno de los principales factores que determinarán si patronal y sindicatos consiguen recuperar la negociación y alcanzar un nuevo acuerdo marco.

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(El País, 14-09-2026) | Laboral

Los trabajadores con convenio empiezan a perder más de un punto de poder adquisitivo

El repunte de la inflación, que mantiene los precios creciendo por encima del 3% desde la pasada primavera y que se ha intensificado especialmente durante julio y agosto, empieza a tener un impacto más visible sobre los salarios. Los incrementos pactados en los convenios colectivos todavía no han recogido plenamente esta aceleración de los precios, de modo que los cerca de nueve millones de trabajadores cuyos convenios ya están cerrados para 2026 han visto aumentar la pérdida de poder adquisitivo que venían acumulando desde marzo. En agosto, el IPC alcanzó el 4,3%, mientras que los salarios pactados en convenio aumentaron un 3,04%, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Si se analiza la evolución media de enero a agosto, la diferencia es más reducida, aunque ya desfavorable para los trabajadores: los precios han aumentado de media un 3,1%, frente al 3% de los salarios pactados. Esta situación se produce, además, sin que exista actualmente un marco común que sirva de referencia para las negociaciones salariales. El último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) terminó su vigencia en diciembre de 2025 y las organizaciones empresariales y sindicales todavía no han iniciado conversaciones para renovarlo. La perspectiva tampoco apunta a una moderación rápida de la inflación. Las estimaciones disponibles sitúan el incremento medio de los precios para el conjunto de 2026 entre el 3,2% previsto por el panel de Funcas y el 3,6% calculado por el Banco de España. La ausencia de un nuevo acuerdo estatal no ha frenado, sin embargo, la negociación de los convenios. Hasta agosto, unos dos millones de trabajadores habían firmado durante 2026 sus condiciones laborales, frente a los 1,86 millones que lo habían hecho durante el mismo periodo del año anterior. Si a estos se suman los asalariados cuyos convenios se negociaron en ejercicios anteriores pero mantienen efectos durante 2026, el número total de trabajadores con convenio vigente asciende a 8,8 millones, una cifra prácticamente equivalente a la registrada un año antes. Los convenios firmados durante este año sí muestran, no obstante, una respuesta más intensa al escenario inflacionista. El aumento salarial medio acordado en estos convenios alcanza el 3,76%, frente al 2,91% correspondiente a los trabajadores cuyos convenios fueron pactados en ejercicios anteriores pero tienen efectos económicos durante 2026. Esto refleja que las nuevas negociaciones están incorporando progresivamente el encarecimiento de los precios, aunque todavía no compensan de forma generalizada el repunte registrado en los últimos meses. Las diferencias entre actividades son importantes. Mientras la industria manufacturera, con 1,65 millones de trabajadores, registra un incremento medio del 2,97%, el comercio mayorista y minorista y la reparación de vehículos, que agrupan a casi 1,48 millones de empleados, pactan una subida del 2,72%. En construcción el aumento alcanza el 3,06%; en las actividades sanitarias y de servicios sociales, el 2,95%; en hostelería, el 3,46%; y en actividades administrativas y servicios auxiliares, el 3,28%. Educación registra un 3,08%, transporte y almacenamiento destaca con un 3,92%, las actividades profesionales, científicas y técnicas alcanzan el 2,87% y las telecomunicaciones, programación informática, consultoría e infraestructura informática se sitúan en el 2,79%. El comportamiento, sin embargo, no es homogéneo y algunos colectivos han conseguido incrementos salariales muy superiores a la media. Entre ellos figuran casi 3.000 trabajadores de artes gráficas y reproducción, cuyos convenios contemplan una subida del 14%. También destacan los incrementos próximos al 7% en los convenios de asistencia en centros residenciales de cuidados y el 6% pactado para los empleados de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. En este contexto cobra especial relevancia la propuesta salarial planteada por CC OO y UGT a comienzos de año. Los sindicatos reclamaron incrementos mínimos del 4% para 2026, 2027 y 2028, acompañados de mecanismos de garantía salarial que permitieran corregir una eventual desviación de la inflación. Su propuesta contempla que, si el IPC interanual de diciembre supera el incremento salarial pactado, se añada un 1,5% adicional con efectos desde el 1 de enero del ejercicio siguiente. La preocupación sindical por proteger los salarios frente a una inflación más elevada también se ha traducido en un aumento de los trabajadores cubiertos por cláusulas de revisión o garantía salarial. A agosto, unos 3,5 millones de asalariados contaban con algún mecanismo de este tipo en sus convenios, aproximadamente cuatro de cada diez trabajadores con convenio cerrado y vigente durante 2026. No obstante, la protección no es idéntica en todos los casos. Para unos 2,3 millones, la compensación por una inflación superior a la subida pactada se produciría a partir del año siguiente, mientras que los 1,2 millones restantes contarían con una compensación retroactiva del desfase, con efectos desde el 1 de enero de 2026.

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(Cinco Días, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo hasta el 2,5%, devuelve protagonismo a los productos de ahorro conservador

Los bancos vuelven a intensificar su apuesta por el ahorro conservador. La nueva subida de los tipos de interés aprobada este jueves por el Banco Central Europeo (BCE), hasta situarlos en el 2,5%, ha devuelto protagonismo a los depósitos y a las cuentas remuneradas dentro de la oferta bancaria. En el mercado español ya pueden encontrarse depósitos con rentabilidades de hasta el 3,5% TAE y cuentas que superan el 5%. La diferencia respecto a la remuneración media del mercado es significativa. El último dato disponible del BCE sitúa en el 2,01% la rentabilidad media de los depósitos a plazo en España, correspondiente al mes de julio. Sin embargo, algunas entidades están ofreciendo tipos claramente superiores. Ferratum llega al 3,4% a doce meses, Deutsche Bank alcanza el 3,25%, aunque exige determinados requisitos de vinculación, y Mediolanum ofrece un 3%, condicionado en este caso a aportar el triple del importe depositado a un fondo gestionado por la propia entidad. La mayor parte de las ofertas se sitúa entre el 2,5% y el 3%: Renault Bank ofrece un 2,88%, BFF un 2,78%, mientras que Scalable Capital, Cetelem y SelfBan remuneran al 2,75% los depósitos a un año. El plazo también condiciona la rentabilidad. A seis meses, las remuneraciones son generalmente más reducidas: Ferratum ofrece un 3,1%, Cetelem un 2,75% y Openbank un 2,5%. En los productos a tres meses aparecen algunas excepciones, como el 3,5% de Banco Big, aunque la mayoría de las propuestas se sitúa por debajo del 2,5%. BFF, Cetelem y EBN, por ejemplo, ofrecen un 2,2%. La estrategia de las entidades a la hora de fijar estas remuneraciones responde tanto a sus necesidades de captar ahorro como a sus expectativas sobre la evolución de los tipos. Cuando se prevé que el precio del dinero pueda ser más elevado dentro de unos meses, los bancos tienen más incentivos para pagar tipos superiores por depósitos de mayor duración. Si, por el contrario, anticipan una bajada de tipos, suelen concentrar las mejores condiciones en los plazos más cortos. En el escenario actual, marcado por la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento de la energía y las dudas sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo, las expectativas apuntan a que los tipos permanecerán elevados durante más tiempo. Esta situación plantea la posibilidad de que en los próximos meses se intensifique la competencia por captar el ahorro de los clientes. No obstante, una subida de 25 puntos básicos por parte del BCE no significa necesariamente que las entidades tengan que trasladar ese incremento a sus depósitos. Andre Boar, profesor de la UPF Barcelona School of Management, considera que los bancos siguen teniendo margen para financiarse con depósitos remunerados en torno al 2% o 2,5%, una vía más económica que acudir a los mercados. Además, al estar descontada previamente la subida de tipos, buena parte del ajuste en las ofertas ya se habría producido, por lo que no cabe esperar necesariamente un nuevo repunte generalizado de las remuneraciones. Durante el anterior ciclo alcista, cuando los tipos llegaron a situarse en el 4%, las grandes entidades tampoco protagonizaron una carrera para mejorar la remuneración del ahorro más conservador. Fueron principalmente los bancos medianos y pequeños y los neobancos quienes elevaron sus ofertas, mientras las grandes entidades justificaban su posición por la elevada liquidez de la que disponían. La banca digital y los neobancos mantienen una mayor capacidad de reacción porque utilizan las cuentas remuneradas y los depósitos como instrumentos para captar nuevos clientes. En cambio, las entidades tradicionales tienen menos necesidad de elevar de forma generalizada el precio de sus depósitos cuando cuentan con una posición de liquidez cómoda. Según Pablo Vega, experto en finanzas del comparador Roams, la nueva subida del BCE puede provocar sobre todo movimientos entre aquellas entidades que todavía remuneran el ahorro por debajo de los tipos oficiales, sin que necesariamente aumente el nivel máximo de las ofertas existentes. En las cuentas remuneradas, las rentabilidades pueden ser todavía mayores, aunque las condiciones asociadas al producto obligan a analizar con detalle cada propuesta. La banca está recurriendo cada vez más a fórmulas de vinculación que condicionan la remuneración a la contratación o utilización de otros servicios, como tarjetas, nóminas, recibos o Bizum. Ibercaja encabeza actualmente las ofertas con una remuneración del 5,09% TAE, aunque limitada a un saldo máximo de 12.000 euros y condicionada a domiciliar la nómina, realizar al menos seis compras semestrales con la tarjeta o domiciliar un recibo. Bankinter ofrece un 5% a través de su cuenta nómina, sobre un máximo de 10.000 euros, pero exige una nómina de al menos 800 euros, tres recibos domiciliados cada trimestre y tres pagos trimestrales con tarjeta. Los neobancos ofrecen alternativas algo más moderadas y, en algunos casos, con menos exigencias de vinculación. Trade Republic remunera al 3,04% a los nuevos clientes, hasta un saldo máximo de 50.000 euros. Bunq ofrece un 3,01%, mientras que B100, perteneciente al grupo Abanca, llega al 3%, aunque su propuesta incorpora condiciones específicas. Para obtener la máxima remuneración es necesario realizar al menos ocho compras mensuales y gastar 200 euros con la tarjeta. Además, el dinero remunerado se va trasladando desde la cuenta principal a otra que funciona como una hucha en función del cumplimiento de determinados objetivos relacionados con la actividad física y la desconexión digital. A pesar de la mejora de las remuneraciones, el ahorrador sigue teniendo que hacer frente a un factor que puede reducir considerablemente el rendimiento real: la inflación. Incluso los depósitos con los tipos más elevados pueden no ser suficientes para preservar completamente el poder adquisitivo. Un depósito al 3,4% durante un año con 10.000 euros generaría aproximadamente 340 euros brutos en intereses. Tras aplicar la retención del 19% correspondiente, el rendimiento neto se situaría en unos 275 euros, equivalente a una rentabilidad del 2,75%. Con una inflación interanual del 4,3% en agosto, el rendimiento real sería, por tanto, negativo. Algo similar ocurre con las cuentas remuneradas. Incluso el 5,09% TAE de la mejor oferta, una vez descontada la retención fiscal del 19%, se traduce en una rentabilidad aproximada del 4,12%, todavía ligeramente por debajo del incremento de los precios. El escenario demuestra que, aunque el regreso de los tipos de interés más elevados mejora las opciones para los ahorradores conservadores, obtener una rentabilidad nominal positiva no garantiza necesariamente mantener el poder adquisitivo del dinero.

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(Expansión, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC bloqueará los SMS comerciales con alias no registrados en su base de datos

Las empresas, comercios, administraciones públicas y otras organizaciones que empleen alias como identificadores en el envío de SMS, MMS o RCS deberán haber registrado correctamente estos nombres antes del próximo martes, 15 de septiembre, si quieren continuar utilizándolos. Así lo ha advertido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde esa fecha, las compañías de telefonía móvil estarán obligadas a bloquear aquellos mensajes que utilicen alias, ya sean marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios, que no figuren en la base de datos oficial gestionada por la CNMC. La medida afecta a cualquier entidad que envíe comunicaciones identificadas con su propia denominación, entre ellas bancos, aseguradoras, empresas de transporte y otros proveedores de servicios. El nuevo sistema de registro permitirá comprobar que el identificador utilizado en una comunicación corresponde realmente a la entidad que figura como remitente. Con ello se pretende aumentar la seguridad de estas comunicaciones y recuperar la confianza de los usuarios frente a las estafas basadas en la suplantación de identidad, conocidas como smishing. La iniciativa forma parte del Plan Antiestafas impulsado por el Gobierno y desarrollado mediante una orden ministerial que establece nuevas obligaciones para los operadores con el objetivo de bloquear llamadas y mensajes fraudulentos. Al mismo tiempo, se busca garantizar que puedan seguir funcionando con normalidad las comunicaciones legítimas relacionadas con información comercial, avisos de entrega, recordatorios de citas o promociones. La CNMC, presidida por Juan José Ganuza, ha insistido en la necesidad de completar el procedimiento antes del 15 de septiembre para evitar posibles interrupciones. Las entidades que no hayan registrado sus alias antes de esa fecha dejarán de poder enviar mensajes identificados con su marca o nombre. No obstante, podrán continuar realizando envíos siempre que renuncien al uso de ese identificador. Los alias que no hayan sido registrados inicialmente, así como los que se creen posteriormente, podrán incorporarse al sistema después de la fecha límite. El registro incluirá todos los identificadores alfanuméricos, formados por letras, números o combinaciones de ambos, que se empleen para realizar comunicaciones dirigidas a números españoles. El trámite podrá ser efectuado directamente por los titulares de los identificadores o por los proveedores de servicios de mensajería que actúen en su representación. En este último caso, será necesario acreditar una relación directa con la marca o dominio correspondiente y cumplir los requisitos técnicos establecidos. Además, tanto los titulares como sus representantes podrán solicitar posteriormente modificaciones, suspensiones, reactivaciones o cancelaciones. La normativa establece, sin embargo, determinadas limitaciones. Un alias ya inscrito no podrá modificarse directamente y la activación de los proveedores de origen de mensajería asociados únicamente podrá realizarla el titular o el proveedor correspondiente cuando cuente con autorización previa. Asimismo, ningún alias podrá utilizarse hasta que haya sido efectivamente registrado. La CNMC también ha pedido a ciudadanos, pymes y autónomos que presten atención a las comunicaciones electrónicas remitidas por el organismo, después de detectar que una parte relevante de estos avisos no está siendo abierta por sus destinatarios. En paralelo, ha reclamado a las empresas que adopten una actitud activa para garantizar que puedan seguir utilizando sus nombres comerciales y que completen cuanto antes los trámites pendientes o atiendan los requerimientos que hayan recibido. Los proveedores de mensajería registrados deberán aplicar mecanismos de bloqueo cuando los mensajes incorporen alias que no estén inscritos, procedan de proveedores que carezcan del registro correspondiente o se envíen sin la autorización necesaria del titular. Las operadoras también tendrán que impedir las comunicaciones dirigidas a números españoles desde empresas extranjeras que no estén registradas en España, salvo cuando el receptor se encuentre en situación de itinerancia o roaming. El registro de alias quedó constituido oficialmente el 28 de marzo, después de aprobarse las directrices que regulan su funcionamiento. A finales de abril, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció que la base de datos gestionada por la CNMC estaría operativa desde el 7 de junio. La fecha definitiva para que los operadores comenzaran a aplicar de forma obligatoria el bloqueo se estableció posteriormente en el 15 de septiembre, después de que el calendario inicial fuera modificado a petición del Ministerio. Desde la CNMC se ha señalado que actualmente no está prevista una nueva prórroga y que cualquier eventual ampliación del plazo tendría que ser acordada por el Gobierno. Con la aplicación de este sistema culmina una de las principales actuaciones incluidas en la estrategia del Ejecutivo para combatir las estafas realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS. El procedimiento exige la autorización expresa del titular del identificador y una posterior comprobación por parte de la CNMC. El organismo ha reconocido que se ha producido un número elevado de rechazos de solicitudes, principalmente por problemas técnicos o por la ausencia de una confirmación expresa por parte del solicitante. El regulador ha explicado que el identificador que aparece en la cabecera de los SMS era hasta ahora un elemento que no se encontraba sujeto a una regulación específica y que podía utilizarse con relativa libertad. Por este motivo, la CNMC considera imprescindible que exista una autorización directa del titular y ha establecido que, cuando esta no se produzca, la correspondiente solicitud de inscripción deberá ser rechazada.

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(El País, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España encabeza la lista de países europeos que requieren más esfuerzo económico para comprar una vivienda

Comprar una vivienda en España requiere actualmente un esfuerzo económico mucho mayor que hace cuatro décadas y también superior al que soportan los hogares de la mayoría de los países de la zona euro. Los últimos datos del Banco de España, elaborados a partir de indicadores de la OCDE, muestran que España presenta una de las situaciones más tensionadas del entorno europeo. Desde 1980, la proporción de ingresos que un hogar debe dedicar a la adquisición de una vivienda se ha incrementado un 88,6%, hasta situarse actualmente en torno al 40% de la renta bruta. En el conjunto de los países del euro, el aumento medio ha sido del 10%. Esta evolución responde a una combinación de factores entre los que destacan la insuficiente oferta de vivienda frente al crecimiento de la demanda, las rigideces del mercado del suelo, los cambios demográficos y un escenario financiero que durante años permitió asumir el encarecimiento de los inmuebles, pero que ya no ofrece el mismo margen. La presión residencial se refleja en distintos indicadores. En 2025, el 11% de las nuevas hipotecas concedidas superó el umbral del 35% de ingresos destinado al pago de la vivienda, considerado como nivel de riesgo. En el alquiler, la situación es todavía más exigente: el 32,5% de los inquilinos supera ese límite. Además, para los hogares que todavía no son propietarios, comprar una vivienda representa de media el equivalente a casi siete años de renta neta familiar, una cifra que llega a diez años en ciudades como Madrid y Málaga. La comparación con otras grandes economías europeas permite dimensionar el problema. Mientras en España el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda ha aumentado de forma prácticamente continua desde los años noventa, en países como Alemania e Italia la situación ha evolucionado en sentido contrario. En estos mercados, los ingresos han crecido a mayor velocidad que los precios inmobiliarios, de modo que el porcentaje de renta necesario para adquirir una vivienda es actualmente entre un 20% y un 40% inferior al de 1980. Esto no significa que la vivienda haya dejado de encarecerse en Europa. La presión es generalizada y, solo en 2025, los precios reales de los inmuebles aumentaron un 3% en el conjunto de la Unión Europea, según el Banco de España. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, considera que parte de la diferencia que refleja la serie histórica está relacionada con el proceso de transformación económica experimentado por España. La entrada en la Unión Europea en 1986 coincidió con una etapa de fuerte crecimiento y convergencia con las economías más desarrolladas. En ese proceso, el coste de la vivienda pasó de representar aproximadamente tres años de ingresos familiares a situarse en el entorno de siete u ocho años. El precio de los inmuebles avanzó, por tanto, mucho más rápidamente que los salarios hasta alcanzar niveles similares a los de otros países europeos, donde ese ajuste se había producido con anterioridad. Durante ese periodo, además, las familias españolas contaron con un factor que permitió amortiguar el impacto del encarecimiento inmobiliario: la fuerte reducción de los tipos de interés. Montalvo estima que aproximadamente tres cuartas partes de la diferencia en el esfuerzo de acceso respecto a la zona euro se explican por la caída de los tipos y por el progresivo alargamiento de los plazos hipotecarios, que beneficiaron especialmente a España. Sin embargo, considera que aquel proceso no puede repetirse. La evolución desde tipos cercanos al 18% en 1980 hasta niveles próximos al 2,8% actuales constituye un fenómeno excepcional. El descenso del coste de financiación y la posibilidad de devolver las hipotecas durante más años permitieron que las cuotas mensuales aumentaran menos que los precios de las viviendas, generando un margen que ahora prácticamente ha desaparecido. A las condiciones financieras se añade el problema estructural de la oferta. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, considera que España arrastra una importante descompensación desde la crisis financiera. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la destrucción de alrededor de 1,2 millones de empleos relacionados con la construcción y la promoción y el sector no ha recuperado la capacidad de generación de vivienda que tenía antes de 2008. A esta menor capacidad productiva se suma la transformación demográfica. El tamaño medio de los hogares españoles ha pasado de 3,59 personas en 1981 a 2,5 en 2023, lo que implica que se necesitan más viviendas incluso aunque la población no aumente al mismo ritmo. Marín señala además que la inversión residencial, situada en el 5,7% del PIB, continúa por debajo del nivel que sería necesario para equilibrar el mercado. Las dificultades para poner suelo edificable a disposición del mercado también contribuyen al encarecimiento. Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía y colaborador de Funcas, atribuye una parte importante del problema a la regulación urbanística y a la lentitud de los procedimientos administrativos. Dos parcelas físicamente similares pueden presentar diferencias de precio muy importantes dependiendo de su clasificación urbanística, con variaciones que pueden alcanzar entre el 30% y el 40%. Tras el boom inmobiliario de 2007, además, la propiedad del suelo finalista quedó concentrada en un número reducido de manos, lo que limita la capacidad de respuesta de la oferta y hace que los procesos de transformación urbanística puedan prolongarse durante años. El resultado es un mercado incapaz de incorporar nuevas viviendas con la rapidez que requiere la demanda. Existe además otro obstáculo relacionado con la oposición de parte de los residentes a nuevas promociones en su entorno. Montalvo considera que este fenómeno, habitual en las sociedades desarrolladas, limita la capacidad de aumentar la construcción y sitúa a España entre los países con menor elasticidad de la oferta de vivienda, solo por detrás del Reino Unido. El problema se hace especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde se concentra una parte importante de la creación de empleo y de la llegada de población y empresas, pero donde también existen mayores dificultades para ampliar el parque residencial. La combinación de una demanda creciente y una oferta rígida termina trasladándose a los precios y ampliando las dificultades de acceso. En las principales áreas económicas, el encarecimiento de la vivienda obliga cada vez a más trabajadores a buscar residencia en municipios más alejados de sus centros de empleo. La crisis de acceso a la vivienda se convierte así no solo en un problema inmobiliario, sino también en un factor que condiciona la movilidad laboral, la distribución de la población y la capacidad de las grandes ciudades para seguir absorbiendo actividad económica.

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