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(Expansión, 29-09-2026) | Fiscal

Tercer plan anticrisis del Gobierno con el sector agroalimentario en el foco

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto anticrisis para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos, con especial atención a los sectores más expuestos al encarecimiento de los carburantes. Durante los últimos días, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con organizaciones empresariales y sindicales y con representantes de la industria, el transporte, la logística, la distribución y el sector agroalimentario para concretar las nuevas medidas. El margen presupuestario del Ejecutivo es limitado después de que los dos paquetes anticrisis aprobados en marzo y junio hayan supuesto un coste cercano a 10.000 millones de euros. Por ello, el nuevo decreto previsiblemente tendrá un alcance más selectivo. Entre las medidas que ya se dan prácticamente por confirmadas figura la ampliación hasta final de año de las ayudas al sector agroalimentario, incluidas las compensaciones fiscales por el incremento del coste del gasóleo agrícola. Las organizaciones agrarias, que habían amenazado con movilizaciones, consideran insuficiente mantener únicamente la actual bonificación de 20 céntimos por litro, que finaliza este miércoles. El Ejecutivo también mantiene bajo vigilancia la evolución de los precios de los alimentos ante el riesgo de que el aumento de los costes energéticos termine trasladándose al conjunto de la cadena. Aunque los alimentos se encarecieron un 2,5% en agosto, por debajo del 4,3% de inflación general, el Gobierno pretende actuar especialmente sobre el sector agroalimentario y el transporte para limitar los efectos de segunda ronda. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha planteado además la posibilidad de establecer compensaciones fiscales para las explotaciones agroganaderas. Entre las opciones que cuentan con menos posibilidades se encuentra la recuperación de la denominada excepción ibérica, que permitiría limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad. Esta medida cuenta con el respaldo de Sumar y los sindicatos, pero genera reticencias en Bruselas por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. La presión para adoptar medidas aumenta ante el encarecimiento previsto de la factura regulada del gas, que según la OCU podría superar el 50% desde el 1 de octubre si no se introducen nuevas medidas. El nuevo paquete se sumará a otras actuaciones ya aprobadas para hacer frente a la crisis energética, entre ellas la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y el mantenimiento de la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables.

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(La Vanguardia, 29-09-2026) | Fiscal

El Gobierno planea prohibir la compra de vivienda a fondos y rebajas de IRPF a inquilinos

El Gobierno apura las negociaciones con los grupos parlamentarios para cerrar el nuevo paquete de medidas sobre vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Entre las propuestas que se están estudiando figuran una mayor protección frente a los desahucios, límites a la adquisición especulativa de viviendas por parte de grandes fondos de inversión, mecanismos para estabilizar los contratos de alquiler y ayudas dirigidas a personas que quieren comprar una vivienda pero no disponen de ahorros suficientes. El paquete también podría incluir cambios fiscales para propietarios e inquilinos, medidas para proteger el parque público, una regulación específica del alquiler de temporada, una mayor tributación de los pisos turísticos y una reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. PSOE y Sumar mantienen conversaciones con los partidos que respaldaron la investidura para tratar de cerrar un texto que incorpora novedades respecto a los proyectos que no prosperaron durante la primavera y el pasado mes de julio. El nuevo impulso a la norma coincide con el impacto social generado por el desahucio de Maricarmen, que ha convertido el problema de la vivienda en uno de los principales focos de atención política. Para facilitar el acuerdo, el Ejecutivo ha renunciado a incluir en esta ocasión la reforma de la Ley del Suelo que figuraba en el proyecto anterior y que pretendía agilizar los permisos y concesiones para construir nuevas viviendas. La negociación contempla nuevas ayudas para jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda y medidas destinadas a preservar el parque público. También se estudia cómo limitar las compras de inmuebles residenciales por parte de grandes fondos de inversión sin afectar a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades inmobiliarias. A ello se añaden posibles incentivos fiscales para los inquilinos y para los propietarios que mantengan sus viviendas alquiladas sin incrementar las rentas, así como fórmulas para que los pisos turísticos tributen por IVA y una reducción de este impuesto en la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Sumar considera que todavía quedan aspectos relevantes por cerrar y reclama que el texto garantice una protección efectiva frente a los desahucios, regule el alquiler de temporada y por habitaciones, establezca mecanismos para la prórroga de los contratos y refuerce la lucha contra el fraude relacionado con los pisos turísticos. El partido advierte de que no quiere que estos elementos pierdan peso durante las conversaciones con Junts y PNV, cuyos planteamientos han obligado a modificar algunas de las propuestas defendidas por los sectores más progresistas del Ejecutivo. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el decreto este martes, aunque no ha concretado qué medidas formarán finalmente parte del texto. Ha señalado que todas las opciones continúan sobre la mesa y ha situado entre los objetivos principales la protección de los colectivos vulnerables y la mejora del acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha defendido las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Gobierno, entre ellas los programas del ICO y los proyectos España Crece destinados a aumentar el parque público de vivienda. El texto que se manejaba en julio, y que no consiguió el respaldo parlamentario suficiente, ha sido reformulado con nuevas propuestas en un contexto de creciente movilización social. Las protestas por el acceso a la vivienda se han extendido durante el fin de semana por distintas ciudades y han desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. El desahucio de una mujer de 87 años ha servido como catalizador de estas movilizaciones y el Gobierno pretende aprovechar el actual escenario para sacar adelante un decreto que introduzca cambios en algunos de los aspectos más conflictivos del mercado inmobiliario. Una de las cuestiones más complejas es determinar cómo se limitará la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos. La prohibición general de que las personas jurídicas compren vivienda residencial ya había sido planteada por Sumar y posteriormente descartada por su dificultad de aplicación. Ahora se trabaja en una fórmula más específica que permita actuar sobre las operaciones consideradas especulativas de grandes inversores sin afectar al tejido de pequeñas empresas del sector. También siguen abiertas las negociaciones sobre las ayudas a la compra y los incentivos fiscales. Algunos expertos han advertido de que las políticas destinadas a estimular la demanda pueden terminar contribuyendo al aumento de los precios si no van acompañadas de un incremento suficiente de la oferta. El Gobierno estudia, por ello, medidas dirigidas específicamente a jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda, además de posibles beneficios fiscales para los inquilinos. En paralelo, las ventajas fiscales para los propietarios que mantengan las rentas sin incrementos forman parte de las condiciones planteadas por Junts y aceptadas por Sumar como parte de la negociación. La protección frente a los desahucios es otra de las propuestas que podría adquirir mayor relevancia, con el objetivo de evitar situaciones similares a la que ha provocado la actual movilización social. También se negocian mecanismos para dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler y reducir la incertidumbre de los hogares ante las renovaciones o posibles incrementos de las rentas. El alcance definitivo de estas medidas dependerá de la regulación concreta que finalmente recoja el decreto. El plan también contempla una serie de bonificaciones fiscales pensadas tanto para caseros como para inquilinos, y que elevan la presión del Gobierno para que las autonomías y ayuntamientos, con competencias en vivienda, declaren las zonas tensionadas. Para los arrendatarios, el paquete contempla una nueva deducción estatal en el IRPF del 10% del alquiler de la vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. Estos descuentos quedan acotados a las zonas de mercado caliente. Para los caseros, el esquema es más amplio y no queda restringido a las zonas tensionadas, aunque las mayores ventajas fiscales sí se concentran en ellas. La reducción del rendimiento neto del alquiler puede llegar al 95% cuando se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años con una rebaja de la renta superior al 5%, y al 90% cuando esa rebaja se aplica a cualquier inquilino, siempre en zonas tensionadas. Fuera de ellas también se contemplan reducciones. Entre otras, se propone una del 100% en determinados nuevos contratos con el mismo inquilino o cuando la renta queda por debajo del índice de referencia. Además, se mantienen tramos de reducción inferiores, del 50% al 15%, en función de cómo evolucione el precio respecto al contrato anterior, con el objetivo de penalizar a los caseros que suban la renta. Además, se mandata al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a crear una línea de préstamos para apoyar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda. Los créditos públicos se destinarán a financiar al menos del 20% del valor de la vivienda hipotecada, o hasta 50.000 euros. Se concederán hasta 10 años, a un tipo de interés del 0% y sin comisiones, con un período de carencia igual al del plazo de la hipoteca, y por un máximo de 30 años. Los detalles se dejan para elaboración posterior.

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(El Economista, 29-09-2026) | Fiscal

Cuerpo presenta hoy la cuenta europea de inversión con exenciones fiscales a partir de cinco años

El Ministerio de Economía llevará este martes al Consejo de Ministros su propuesta para crear una cuenta europea de inversión, concebida para incentivar el ahorro a largo plazo y canalizar recursos hacia empresas y sectores estratégicos europeos. La iniciativa contempla, según fuentes conocedoras de su desarrollo, una exención fiscal durante los primeros cinco años para los inversores que mantengan el dinero inmovilizado durante ese periodo. A partir del quinto año, las plusvalías obtenidas tributarían al 20%, con independencia del tipo marginal que correspondiera al contribuyente. La medida supondría una reducción fiscal de hasta tres puntos porcentuales para los contribuyentes con rentas del capital sometidas a los tipos más elevados. El objetivo es hacer más atractivos estos vehículos y favorecer que el ahorro se destine a inversiones productivas a largo plazo. Todavía está por concretar qué activos podrán incorporarse, entre ellos acciones, bonos, fondos o ETF, así como si será obligatorio destinar una parte determinada de la inversión a empresas españolas o europeas. También queda por determinar si se creará un nuevo producto financiero específico o si se adaptarán instrumentos de ahorro ya existentes, como los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp) o las cuentas individuales de ahorro a largo plazo (Cialp). Estos productos ya contemplan horizontes mínimos de inversión de cinco años y podrían adaptarse a los requisitos de las futuras cuentas europeas, facilitando además su distribución a través de bancos y aseguradoras. La propuesta se enmarca en la estrategia europea para movilizar el ahorro hacia la inversión. Bruselas pretende canalizar parte de los más de diez billones de euros que actualmente permanecen en depósitos hacia sectores considerados estratégicos para la competitividad europea, como la digitalización. En este contexto, España impulsó junto a otros países la iniciativa Finance Europe, que plantea que estos productos mantengan un horizonte mínimo de cinco años y destinen al menos el 70% de sus activos a empresas del Espacio Económico Europeo, además de contar con una presencia relevante de renta variable. El tratamiento fiscal planteado por España, no obstante, podría ser menos amplio que el que se está estudiando en otros países europeos, donde se contemplan fórmulas de exención más generosas. La efectividad de la iniciativa dependerá también de la variedad de activos que puedan incluirse, de la flexibilidad para decidir dónde invertir y de la existencia o no de límites máximos de aportación.

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(Expansión, 29-09-2026) | Laboral

La Comunidad Valenciana anuncia cuota cero para autónomos y amplía el aval público a "vivienda joven" hasta los 50 años

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado el debate de política general en las Cortes Valencianas, el último antes de las próximas elecciones autonómicas, para presentar un paquete de 50 medidas en materia de vivienda, sanidad, fiscalidad y apoyo a la actividad económica. Los anuncios, que previsiblemente marcarán las principales líneas de actuación del Ejecutivo autonómico durante los próximos meses, incluyen nuevas ayudas para autónomos, empresas y jóvenes. Entre las principales novedades figura la implantación de una cuota cero durante dos años para los autónomos que inicien una actividad, plazo que se ampliará hasta cuatro años en el caso de los jóvenes. En el ámbito empresarial, la Generalitat prevé duplicar hasta 24 millones de euros los recursos destinados a atraer grandes proyectos estratégicos y presentar a principios de 2027 una ley de apoyo a las empresas emergentes para reducir trámites administrativos. También se plantea crear un fondo de 60 millones para invertir en sectores como el aeroespacial y la biotecnología y otro de 100 millones, mediante colaboración público-privada, para impulsar proyectos de crecimiento industrial y tecnológico. El plan contempla asimismo aumentar la disponibilidad de suelo industrial hasta alcanzar 10 millones de metros cuadrados mediante acuerdos con los ayuntamientos. En materia de vivienda, el aval público del IVF para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes se ampliará hasta los 50 años. Además, el presupuesto destinado a ayudas al alquiler alcanzará los 60 millones de euros y se facilitará un seguro para los propietarios que incorporen al mercado viviendas actualmente vacías. Los menores de 35 años podrán recibir también una ayuda de 1.000 euros para cubrir gastos de notaría, registro y gestoría relacionados con la compra de una vivienda. El paquete incluye otras medidas dirigidas a los jóvenes, como una ayuda de 300 euros para obtener el permiso de conducir para quienes tengan entre 18 y 24 años. En materia fiscal, el Ejecutivo autonómico plantea reducir la cuota autonómica del IRPF, aunque todavía no ha concretado el porcentaje, y elevar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio. También aumentará hasta 60.000 euros en declaraciones individuales y 78.000 euros en conjuntas el límite de renta para acceder a determinadas deducciones por nacimiento, además de incorporar beneficios fiscales por la compra de audífonos, los gastos veterinarios y determinadas actividades de voluntariado. Por último, Pérez Llorca ha anunciado una reducción del 10% en el canon del agua y una rebaja general del 3% en las tasas de la Generalitat. El conjunto de medidas configura las principales propuestas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno valenciano para la próxima etapa.

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(El Economista, 29-09-2026) | Laboral

Los "boomers" quieren trabajar más que nunca, pero España no sabe recolocar a sus mayores de 50

La generación del baby boom gana peso en el mercado laboral español y siete de cada diez personas de entre 50 y 64 años trabajan o buscan empleo. Este grupo ha pasado de 6,5 millones de integrantes en 2002 a 11,2 millones en 2026, un aumento del 72%, y su tasa de actividad ha crecido del 50,9% al 76% en dos décadas. La evolución responde principalmente a la incorporación de las mujeres al mercado laboral y al retraso de la salida del empleo por las mayores dificultades para acceder a la jubilación anticipada. El número de ocupados de esta franja de edad se encuentra en máximos históricos, con 7,76 millones, mientras que la tasa de empleo alcanza el 69,5%. Sin embargo, el desempleo continúa siendo uno de sus principales problemas. La tasa de paro se sitúa actualmente en el 8,6%, con 730.700 personas desempleadas, todavía 1,5 puntos por encima del nivel previo a la crisis financiera. La recuperación del empleo sénior ha sido más lenta que la registrada entre las edades centrales de la población. El aumento de la participación laboral de los mayores no parece haberse producido a costa de los jóvenes. Entre 2008 y 2013, el empleo cayó tanto entre los trabajadores de 50 a 64 años como entre los menores de 25, mientras que posteriormente la tasa de actividad juvenil se redujo del 52,2% al 39,1%, en buena medida por la prolongación de los estudios y el desánimo ante las dificultades para encontrar trabajo. Al mismo tiempo, la actividad de las mujeres de 50 a 64 años se ha incrementado de forma notable: en 2002 solo tres de cada diez trabajaban o buscaban empleo, frente a siete de cada diez en la actualidad. La mayor participación laboral de los baby boomers ha permitido a España aproximarse a los niveles europeos. La tasa de actividad del grupo se sitúa en el 75,8%, prácticamente en línea con el 75,4% de la Unión Europea, aunque la tasa de empleo española, del 68,9%, permanece tres puntos por debajo de la media comunitaria. La diferencia se explica fundamentalmente por el mayor desempleo. España registra además una de las mayores tasas de paro de la UE entre los trabajadores de 50 a 64 años. La media del último año se sitúa en el 9%, frente al 4,4% comunitario, y el desempleo femenino alcanza el 10,9%, casi dos veces y media el promedio europeo. El deterioro respecto a los años anteriores a la crisis financiera contrasta con la evolución del conjunto de la Unión, donde el paro de este grupo de edad se ha reducido, poniendo de relieve las dificultades que persisten en España para mantener y reincorporar al empleo a los trabajadores de mayor edad.

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(El Economista, 29-09-2026) | Laboral

La Justicia avala revelar secretos de empresa para destapar irregularidades

El Tribunal Supremo establece que revelar secretos comerciales puede ser lícito cuando la información se utiliza para denunciar posibles irregularidades y proteger el interés general o colaborar con la Justicia. En una sentencia de 9 de septiembre de 2026, la Sala considera que esta conducta queda amparada por las excepciones previstas en el artículo 2.3 de la Ley de Secretos Empresariales, interpretado de acuerdo con la normativa europea de protección de denunciantes. La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Orellana Cano, señala que el ordenamiento jurídico protege a los trabajadores que, tras acceder a determinada información en el ámbito laboral, la ponen a disposición de las autoridades judiciales o la hacen pública cuando existen motivos razonables para sospechar la existencia de irregularidades. El Supremo considera que esta protección resulta necesaria para evitar que el riesgo de acciones judiciales por parte de las empresas pueda disuadir a los empleados de colaborar con la Justicia. El caso se originó con la demanda presentada por Iberdrola contra un antiguo responsable de control de gestión, al que acusaba de vulnerar la legislación sobre secretos empresariales por conservar y entregar a la Audiencia Nacional, así como facilitar a medios de comunicación, determinadas facturas confidenciales relacionadas con servicios de seguridad y dietas de miembros de un consejo consultivo. Aunque los tribunales de Bilbao habían dado la razón inicialmente a la compañía, el Tribunal Supremo ha revocado esas resoluciones y ha absuelto al antiguo directivo. La Sala concluye que la utilización y difusión de la documentación estaba vinculada a la denuncia de posibles conductas irregulares y, por tanto, quedaba cubierta por las excepciones legales a la protección de los secretos empresariales.

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(El Economista, 29-09-2026) | Laboral

El Supremo impone la transparencia en la productividad de los funcionarios frente a Protección de Datos

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los representantes sindicales a conocer las cantidades concretas que percibe cada funcionario en concepto de productividad. En dos sentencias dictadas el 10 y el 18 de junio de 2026, la Sala confirma que el último párrafo del artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, continúa vigente y establece un régimen específico de acceso a esta información. El Supremo considera que esta norma permite a los representantes sindicales y a los funcionarios del propio departamento u organismo acceder a los importes individualizados de productividad. La Sala sitúa este derecho en el marco de los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y control del gasto público, frente a los criterios más restrictivos que había mantenido la Agencia Española de Protección de Datos. La sentencia señala además que la condición de empleado público implica una limitación de la privacidad respecto de determinados datos profesionales relacionados con el puesto desempeñado y las retribuciones abonadas con fondos públicos. Asimismo, considera que el artículo 40.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a las funciones de las Juntas de Personal, no establece un sistema cerrado que excluya la aplicación de la Ley de Transparencia u otras normas específicas de acceso a la información. Esta doctrina consolida una línea jurisprudencial iniciada en 2020. En la sentencia de 11 de junio de ese año, el Tribunal Supremo ya estableció que la Ley de Transparencia constituye la normativa básica en materia de acceso a la información y que el Estatuto Básico del Empleado Público no impide a los representantes del personal recurrir a este mecanismo. También exigió que cualquier negativa de la Administración estuviera respaldada por un perjuicio real y concreto, y no por invocaciones genéricas a la protección de determinados intereses públicos. Posteriormente, la sentencia de 15 de octubre de 2020 consideró que datos como la identidad, el nivel, el complemento específico y el puesto de los empleados públicos tienen carácter profesional. El Supremo también descartó que fuera necesario consultar previamente a cada funcionario antes de facilitar a los representantes del personal determinadas relaciones de puestos, al entender que la publicidad de los puestos públicos forma parte de las exigencias de control de la Administración. Esta línea se amplió con la sentencia de 11 de diciembre de 2023, que reconoció un interés público relevante en conocer las retribuciones, titulaciones y funciones del personal técnico y reglado, y no únicamente de quienes ocupan puestos de confianza o de libre designación. El objetivo de estas solicitudes de información es facilitar el control sobre el reparto de complementos variables y comprobar que su asignación respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.

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(Cinco Días, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo toca los 108 dólares y lleva al interés del bono español a máximos de diciembre de 2013

Los precios del petróleo vuelven a repuntar ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aumentando al mismo tiempo la presión sobre la deuda soberana. El rechazo de Donald Trump a la última propuesta iraní para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz ha llevado al barril de Brent por encima de los 108 dólares y ha provocado nuevas subidas de las rentabilidades de los bonos, ante el temor a que el encarecimiento de la energía prolongue las tensiones inflacionistas. Mientras el dólar gana posiciones, los metales preciosos sufren fuertes descensos y las Bolsas se mueven en terreno negativo. El petróleo avanza alrededor de un 4% este lunes y acumula una subida próxima al 20% durante septiembre, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales riesgos para la economía mundial. El encarecimiento de la energía puede trasladarse a la inflación y aumentar las expectativas de que los bancos centrales tengan que mantener o intensificar el endurecimiento monetario. La ausencia de avances diplomáticos ha frustrado las expectativas de los inversores de que las conversaciones entre Washington y Teherán permitieran reducir las tensiones en Oriente Próximo y facilitaran la reapertura del estrecho de Ormuz. La subida de la energía también está elevando los costes de financiación de los Estados. Los precios de los bonos caen y, en consecuencia, aumentan sus rentabilidades. En Estados Unidos, el rendimiento de la deuda a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés, aumenta seis puntos básicos, hasta el 4,92%, ante el temor de que una energía más cara obligue a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo para contener la inflación. El bono estadounidense a diez años eleva su rentabilidad en cuatro puntos básicos. La presión se extiende a Europa. En España, la rentabilidad del bono a diez años sube tres puntos básicos, hasta el 4,134%, y vuelve a alcanzar durante la sesión niveles máximos desde diciembre de 2023. En Francia, el rendimiento del bono a diez años se sitúa en máximos desde 2008, mientras que en Alemania alcanza niveles que no se veían desde 2009. Las Bolsas también reflejan el aumento de la incertidumbre. Los futuros de Wall Street anticipan descensos del 0,8% en el Nasdaq 100 y del 0,5% en el S&P 500. En Europa, el Ibex 35 retrocede un 0,2%, mientras el Euro Stoxx 50 se mantiene prácticamente sin cambios. Dentro del selectivo español, Acciona Energía, Acciona y Repsol registran los mayores avances, mientras que ArcelorMittal, Indra y CaixaBank se sitúan entre los valores más castigados. En los mercados asiáticos, las Bolsas de China continental y Corea del Sur han sufrido descensos superiores al 2%, mientras el Nikkei japonés ha terminado la sesión con una caída del 0,7%. A las tensiones geopolíticas y energéticas se suma la preocupación de los inversores por la evolución de la inteligencia artificial, después de que OpenAI haya paralizado temporalmente el entrenamiento, la evaluación y la inferencia mediante herramientas de sus modelos más avanzados mientras refuerza sus sistemas de seguridad. El repunte de las rentabilidades de la deuda también está afectando a los metales preciosos. El oro pierde un 3%, hasta los 4.188 dólares por onza, mientras la plata retrocede cerca de un 5%, hasta aproximadamente 61,7 dólares. Los analistas de SaxoBank relacionan parte del movimiento con la pérdida del nivel de soporte de los 4.230 dólares por onza del oro y apuntan también a la posibilidad de que una parte de las ventas responda a una toma de beneficios de inversores chinos antes del inicio de una semana festiva. El oro y la plata se ven además perjudicados por la expectativa de nuevas subidas de los tipos de interés, ya que estos activos no generan rendimientos financieros. Los mercados descuentan actualmente al menos otro incremento de 25 puntos básicos antes de que termine el año, después de que la Reserva Federal aumentara este mes los costes de financiación por primera vez desde 2023. Mientras continúe el conflicto con Irán, los mercados deberán afrontar un escenario marcado por una mayor inflación potencial, nuevas subidas de tipos y unas condiciones financieras más restrictivas. Al mismo tiempo, algunos analistas señalan que la corrección de las valoraciones bursátiles puede generar oportunidades para los inversores con una perspectiva de largo plazo, especialmente ante el crecimiento de los beneficios empresariales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. La atención se centra ahora en la batería de indicadores económicos que publicará Estados Unidos durante los próximos días, con datos de inflación, PIB, actividad manufacturera y empleo. El informe de nóminas de septiembre, previsto para el viernes, podría reflejar la creación de unos 85.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro se mantendría en el 4,1%, aunque también existe la posibilidad de que descienda al 4%. La publicación de varios indicadores económicos positivos ha llevado al índice del dólar a máximos de dos meses, en 101,39 puntos. El euro, por su parte, baja hasta 1,1380 dólares y acumula una depreciación cercana al 2% durante septiembre.

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(Expansión, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump confirma que estudia vetar la exportación de diésel "seriamente"

Donald Trump estudia medidas para contener el precio de los carburantes en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. Entre las opciones que maneja la Casa Blanca figura restringir la exportación de diésel con el objetivo de aumentar la oferta disponible en el mercado interno y moderar la escalada de precios. El presidente estadounidense ha confirmado que su Administración está valorando seriamente esta posibilidad, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra con Irán. El diésel, fundamental para el transporte, la agricultura y buena parte de la actividad económica, ha registrado máximos en Estados Unidos durante las últimas semanas, llegando a superar los 6,52 dólares por galón, equivalentes a unos 1,72 dólares o 1,51 euros por litro. Según los datos de la Asociación Automovilística Americana (AAA), el precio se ha incrementado un 73% respecto a los niveles previos al conflicto. La situación ha generado presión política dentro del Partido Republicano, con candidatos de estados como Iowa y Michigan reclamando limitar las exportaciones de diésel refinado para reforzar el abastecimiento nacional. Estados Unidos consume actualmente alrededor de 4,1 millones de barriles de diésel diarios y exporta otros 1,5 millones, según S&P Global Energy. Una reducción significativa de estas ventas al exterior podría afectar al suministro internacional y ha provocado la preocupación de la Comisión Europea, que advierte de posibles efectos sobre los precios y los consumidores a ambos lados del Atlántico. El secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que no se plantea necesariamente una prohibición permanente y que una de las alternativas estudiadas sería limitar las exportaciones durante 90 días. La evolución del mercado energético está estrechamente vinculada a las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto con Irán. Teherán ha aprovechado la Asamblea General de Naciones Unidas para plantear la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce su presión militar, mientras Washington reclama garantías relacionadas con el programa nuclear iraní. Trump, por su parte, no contempla que pueda alcanzarse un acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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(El País, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las hipotecas caen un 3,5% en julio, pero el importe medio marca un nuevo máximo por encima de los 180.000 euros

El mercado hipotecario registró una evolución desigual en julio. En total se formalizaron 43.372 hipotecas sobre viviendas, un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone alrededor de 1.500 operaciones menos. El dato confirma cierta moderación después del fuerte crecimiento experimentado durante 2025, aunque, teniendo en cuenta la habitual caída de la actividad durante los meses de verano, julio cerró como el segundo mejor registro para este periodo en los últimos 16 años. La reducción del número de operaciones contrasta con el incremento del importe medio de los préstamos. Las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda alcanzaron una cuantía media de 180.785 euros, un 10,9% más que un año antes y el importe más elevado desde que el INE comenzó a recopilar esta estadística en 2015. La evolución refleja el impacto que está teniendo el encarecimiento de la vivienda sobre quienes necesitan recurrir a la financiación para acceder a una casa. El coste de las nuevas hipotecas también aumentó. El tipo de interés medio se situó en el 3,01%, su nivel más alto desde enero de 2025, cuando alcanzó el 3,08%. La evolución se produce en un contexto de tipos de interés todavía elevados y después de las últimas decisiones del Banco Central Europeo, que mantiene el precio oficial del dinero en el 2,5%. Los datos de julio muestran, por tanto, un mercado en el que se conceden menos préstamos que hace un año, pero por cantidades considerablemente superiores. La combinación de la resistencia de los precios de la vivienda y unas condiciones de financiación todavía exigentes condiciona la capacidad de acceso de los compradores y refleja la adaptación del mercado al actual escenario monetario. La evolución por comunidades autónomas fue desigual. Andalucía concentró el mayor número de operaciones, con 8.136 hipotecas, aunque experimentó un descenso mensual del 12,7% y una caída interanual del 9,3%. Madrid registró 5.624 operaciones, un 19,4% menos que en junio y un 5,2% menos que un año antes. También sufrieron retrocesos relevantes País Vasco, Aragón, Canarias, Cantabria y La Rioja. Cataluña presentó el comportamiento más expansivo entre los grandes mercados. Con 8.858 hipotecas, incrementó las operaciones un 10,1% respecto a junio y un 4,9% en comparación con julio de 2025. También aumentó la actividad en Galicia, Baleares, Castilla y León, Asturias y Murcia, aunque con volúmenes inferiores a los de los principales mercados. En la comparación interanual, Cataluña volvió a situarse entre las comunidades con mayor crecimiento, con más de 400 operaciones adicionales respecto a julio del año anterior. Galicia, Castilla y León y Baleares también registraron avances. En sentido contrario, Andalucía sufrió el mayor descenso en términos absolutos, con alrededor de 835 hipotecas menos que un año antes, mientras Madrid perdió más de 300 operaciones y Canarias presentó uno de los retrocesos porcentuales más acusados. El resultado es un mercado hipotecario territorialmente heterogéneo, en el que algunas comunidades mantienen el crecimiento pese al contexto de tipos de interés y precios elevados, mientras otras experimentan una pérdida significativa de actividad. En conjunto, la estadística de julio apunta a una moderación del número de operaciones, pero también a un aumento considerable del volumen de financiación necesario para adquirir una vivienda.

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