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(Expansión, 14-10-2025) | Fiscal

Los autónomos que trabajan en casa podrán deducir wifi, luz, agua y gas

Los empresarios y profesionales que puedan demostrar que desarrollan su actividad en una parte de su vivienda tienen derecho a deducir el IVA correspondiente a los suministros (como luz, agua, gas o internet) en proporción al espacio utilizado para trabajar. Después de un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo ha reconocido esta posibilidad, siempre que el autónomo acredite que realiza su labor desde casa y delimite el área concreta destinada a la actividad profesional, del mismo modo que ya ocurre con el IRPF. Hasta ahora, tanto Hacienda como varios tribunales inferiores venían rechazando la deducción del IVA de los suministros consumidos en la parte del domicilio dedicada al trabajo, aunque sí la permitían en el Impuesto sobre la Renta. Esta nueva sentencia del Supremo supone, por tanto, un importante cambio que amplía las deducciones disponibles para los autónomos, afectando a cientos de miles de profesionales que trabajan desde casa. El abogado fiscalista Pablo G. Vázquez destacó en declaraciones a Expansión la relevancia de este fallo, calificándolo como una evolución lógica de la jurisprudencia: "No tenía sentido que los suministros fueran deducibles en la Renta pero no en el IVA", señaló. Precisamente, este fue uno de los argumentos clave del Tribunal Supremo, que señaló que "unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado", apelando a los principios básicos de coherencia jurídica. En otras palabras, no se puede reconocer el ejercicio de una actividad profesional en el domicilio a efectos de un impuesto y negarlo en otro. El caso que dio origen a esta sentencia se refiere a una empresa de servicios jurídicos que tenía su despacho en la planta baja de una vivienda de dos pisos propiedad del empresario. Tanto Hacienda como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habían denegado la deducción del IVA de los suministros, pero el recurso presentado ante el Supremo ha sentado jurisprudencia sobre cómo y en qué proporción se pueden aplicar estas deducciones. La defensa del empresario alegó que resultaba injusto -y contrario al principio de neutralidad fiscal- permitir la tributación completa de los ingresos sin admitir la deducción de los gastos necesarios para generar dichos ingresos, especialmente cuando se trata de costes indispensables como los suministros. Además, argumentó que trabajar desde una parte de la vivienda supone un coste mucho menor que alquilar un local, en cuyo caso no habría dudas sobre la deducibilidad del IVA. Finalmente, la magistrada Sandra María González de Lara Mingo, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, dio la razón al empresario, anuló la liquidación previa y ordenó a Hacienda emitir una nueva, incluyendo la deducción del IVA proporcional a la parte del domicilio utilizada para la actividad. En el caso concreto, al tratarse de una planta completa de un inmueble de dos pisos, se permitió deducir el 50% del IVA correspondiente a las facturas de luz, agua y gas. No obstante, el Supremo recuerda que la carga de la prueba recae en el empresario o profesional. Para poder deducir estos gastos, es necesario declarar en el modelo censal de la Agencia Tributaria (036 o 037) la parte del domicilio afectada a la actividad, expresada en metros cuadrados. También se recomienda delimitar físicamente ese espacio, preferiblemente en una habitación o despacho cerrado, y conservar evidencias como fotografías con geolocalización o facturas del mobiliario y equipos de trabajo ubicados allí. Además, estos suministros también pueden deducirse en el IRPF, aunque con ciertas limitaciones, como la aplicación de un máximo de ocho horas diarias. En algunos casos, incluso los gastos de alquiler o las cuotas hipotecarias pueden deducirse parcialmente si el profesional trabaja en el mismo inmueble en el que reside, siempre que el espacio de trabajo sea claramente diferenciable. En resumen, tal como señala Pablo G. Vázquez, "todo gasto debidamente documentado, real y necesario para el ejercicio de la actividad debería ser deducible", lo que supone un importante avance para los autónomos que desarrollan su labor desde casa.

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(Expansión, 14-10-2025) | Fiscal

El Defensor del Contribuyente aboga por que es necesario adaptar las deducciones

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, ha dado un nuevo impulso a las reivindicaciones de los expertos en materia fiscal sobre las deducciones y reducciones del IRPF aplicables tanto a profesionales como a contribuyentes en general. En un informe publicado recientemente, el Consejo solicita que se actualicen estas cuantías conforme al incremento de la inflación, después de varios años sin cambios pese al notable aumento de los precios. El informe centra su atención principalmente en la reducción del IRPF por el cuidado de ascendientes, aunque también insta al departamento dirigido por María Jesús Montero a "ajustar la cuantificación de los tributos", en un contexto marcado por la negativa reiterada del Gobierno a deflactar los tramos del impuesto para adaptarlos al coste de la vida. Al mismo tiempo, y ante la falta de avances en la reforma de las deducciones e incentivos fiscales para los autónomos, el Consejo para la Defensa del Contribuyente ha reconocido las dificultades y los riesgos a los que se enfrentan estos trabajadores a la hora de justificar ante Hacienda los gastos deducibles, incluso teniendo que recurrir a los tribunales, como se ha visto en recientes sentencias. A los gastos de suministros -como luz, agua o internet- se suman otros conceptos habituales de conflicto con la Administración, como el uso del vehículo profesional o del teléfono móvil. En todos estos casos, la responsabilidad de acreditar la vinculación del gasto con la actividad recae sobre el propio profesional, lo que incrementa el riesgo de inspecciones y litigios, generando además un elevado coste económico y administrativo para el colectivo, tal y como refleja el informe del Defensor del Contribuyente.

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(Expansión, 14-10-2025) | Laboral

El Gobierno planea subir la cuota de autónomos entre 625 y 7.500 euros en tres años

La Seguridad Social plantea un incremento sostenido de las cotizaciones de los casi tres millones y medio de trabajadores por cuenta propia para el próximo trienio. En las subidas más acusadas, para las rentas más altas, se prevé que se dupliquen las cuotas mensuales. De salir adelante la propuesta oficial del Gobierno de subida de las cuotas de autónomos, los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia experimentarán un incremento notable de sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social de aquí a 2028. Ninguno de los quince tramos previstos con diferentes niveles de rendimientos y cuotas asociadas a cada uno de ellos ser librará de pagar más cada mes: con incrementos de entre 625 euros al año en un plazo de tres ejercicios -respecto al nivel de 2025- hasta casi 7.500 euros más que deberán de pagar los autónomos con mayores ingresos en comparación con este año. Partiendo de la base de que se trata de una propuesta que el departamento de Elma Saiz ha trasladado a los agentes sociales y principales organizaciones de autónomos y que esta debería de ser convalidada por el Congreso de los Diputados al tener rango de ley -el sistema de cotización por rendimientos netos se incluyó como una de las partes de la reforma de pensiones-, el plan de la Seguridad Social es el de avanzar hacia ese modelo definitivo de cotización para que el tránsito esté concluido en 2032. De hecho, en la propuesta a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN se establece que "para el periodo 2028-2031, las bases mínimas y cuotas asociadas seguirán la misma evolución lineal". Es decir, un incremento proporcional al previsto para los próximos tres ejercicios. De este modo, la hoja de ruta establece por el momento las cuotas de los próximos tres año. Para el próximo ejercicio, el primer tramo hasta 670 euros de ingresos netos mensuales, la cuota pasaría de 200 euros a 217,37 euros, es decir, 17,37 euros más al mes y 208,44 euros más en el conjunto del año -respecto a 2025-. En el segundo tramo, entre 670 y 900 euros de rendimiento mensual, la cuota pasaría a partir del próximo 1 de enero de 220 a 234,85 euros, lo que suponen 14,85 euros más al mes y 178,2 euros más anuales. El tercer tramos sería para ingresos de entre 900 y 1.166,7 euros mensuales, donde se prevé que la cuota ascienda de 250 a 271,24 euros al mes, es decir, 11,24 euros más y 134,88 euros anuales más en 2026. Ente los 1.166,7 y 1.300 euros al mes se prevé que la cuota ascienda de 291 a 302 euros, es decir, 11 euros mensuales más y 132 euros más al año. Entre 1.300 y 1.500 euros de ingresos la cuotas se incrementarían de 294 a 311 euros, 17,3 euros más al mes y 207,6 euros más en el año. Para el tercer tramo de la tabla general -con ingresos por encima del salario mínimo-, entre 1.500 y 1.700 euros de ingresos, la cuota pasaría de 294 a 321,5 euros, lo que supone 27,5 euros más al mes y 330 euros extra en doce meses. En un siguiente escalón se encontrarían los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros al mes para los que la cuota ascendería de 350 a 378,37 euros mensuales, es decir, 28,37 euros más al mes y 340,44 euros más al año. Mientras que para el tramo de entre 1.850 y 2.030 euros la cuotas suben de 370 a 402,68 euros, lo que supone 32,68 euros más al mes y 392,16 euros más en el conjunto del año. Para el sexto tramo, entre 2.030 y 2.330 euros de ingresos, la cuota pasaría de 390 a 426,53 euros al mes, 38,5 euros más y 462,36 euros más al año. Para el tramo de entre 2.330 euros y 2.760 euros al mes, la cuota pasaría de 415 a 464,66 euros al mes, lo que suponen 49,66 euros más y 595,9 euros más en el año. En el siguiente tramo, de entre 2.760 y 3.190 euros mensuales, la cuotas asciende de 440 a 507,43 euros, 67,43 euros mensuales más y 809,16 euros extra en el conjunto de 2026. Mientras que en el tramo entre 3.190 y 3.620 euros de ingresos, la cuota pasaría según la propuesta del Gobierno de 465 a 550,19 euros al mes, es decir, 85,2 euros más mensuales y 1.022,3 euros más al año. En los últimos tres tramos, de mayores rendimientos netos, es en los que se agravaría la subida de cotizaciones de los autónomos. Entre 3.620 y 4.050 euros, la cuota ascendería de 490 a 592,95 euros mensuales, es decir, 102,95 euros más mensuales y 1.235,4 euros más al año. Para el tramo de entre 4.050 y 6.000 euros la cuota se incrementa de 590 a 796,24 euros, lo que suponen 118,22 euros más mensuales y 1.418,6 euros más para todo 2026. Por último, se encontraría el tramo más agravado, de más de 6.000 euros de rendimientos, la cuota sube de 590 a 796,24 euros al mes, lo que supone 206 euros mensuales más y 2.474 euros en el conjunto del año. En un segundo año de despliegue, el Gobierno plantea una nueva subida de cuotas que se automatizaría, de aprobarse, de cara a 2027. Para observar la progresión en comparación con el pago realizado en cada mes de 2025 y en el conjunto del año, el incremento previsto sería: En el primer tramo de la tabla reducida -los primeros niveles en los que el Ministerio de Seguridad Social calcula que se insertan el 40% de los casi 3,5 millones de autónomos- hasta 670 euros de ingresos netos mensuales, la cuota pasaría dentro de dos años a 234,73 euros, es decir, 34,73 euros más al mes que en 2025 y 416,76 euros más en el conjunto de 2027 -respecto a 2025-. En el segundo tramo, entre 670 y 900 euros de rendimiento mensual, la cuota sería en enero de 2027 de 249,7 euros, lo que suponen 29,7 euros más al mes y 356,4 euros más anuales. El tercer tramos para ingresos de entre 900 y 1.166,7 euros mensuales, la cuota se situaría en 282,47 euros al mes, es decir, 22,47 euros más al mes que en la actualidad y 269,64 euros anuales más. Ente los 1.166,7 y 1.300 euros al mes se prevé que la cuota ascienda 313 euros mensuales en 2027, es decir, 22 euros mensuales más que ahora y 264 euros más al año. Entre 1.300 y 1.500 euros de ingresos la cuotas se incrementarían hasta 328,6 euros al mes, 34,6 euros mensuales más y 415,2 euros más en el año. Para el tercer tramo de la tabla general, entre 1.500 y 1.700 euros de ingresos, la cuota pasaría a 349 euros al mes, lo que supone 55 euros más al mes que ahora y 660 euros extra en doce mensualidades. En un siguiente escalón se encontrarían los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros al mes para los que la cuota ascendería de a 406,73 euros mensuales, es decir, 56,73 euros más al mes y 680,76 euros más al año. Mientras que para el tramo de entre 1.850 y 2.030 euros la cuotas suben hasta los 435,37 euros, lo que supone 65,37 euros más al mes y 784,44 euros más en el conjunto del año. Para el sexto tramo, entre 2.030 y 2.330 euros de ingresos, la cuota pasaría a 467,06 al mes, 77,06 euros mensuales más que ahora y 924,72 euros más al año. Para el tramo de entre 2.330 euros y 2.760 euros al mes, la cuota pasaría a 514,33 euros al mes, lo que suponen 99,33 euros más y 1.191,96 euros más en el año. En el siguiente tramo, de entre 2.760 y 3.190 euros mensuales, la cuotas asciende a 574,85 euros al mes, 134,85 euros mensuales más y 1.618,2 euros extra en el conjunto de 2027. Mientras que en el tramo entre 3.190 y 3.620 euros de ingresos, la cuota pasaría según la propuesta del Gobierno a 635,38 euros al mes, es decir, 170,38 euros más mensuales y 2.044,56 euros más al año en comparación con 2025. Entre 3.620 y 4.050 euros, la cuota ascendería a 695,91 euros mensuales, es decir, 205,91 euros más mensuales y 2.470,92 euros más al año. Para el tramo de entre 4.050 y 6.000 euros la cuota se incrementa hasta los 766,43 euros, lo que suponen 236,43 euros más mensuales que ahora y 2.837,16 euros más para todo 2027. Por último, se encontraría el tramo más alto, de más de 6.000 euros de rendimientos, donde la cuota subiría hasta los 1.002,49 euros al mes, lo que supone 412,40 euros mensuales más y casi 5.000 euros más en el conjunto del año.

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(Expansión, 14-10-2025) | Laboral

El Círculo de Empresarios propone crear consorcios tripartitos para impulsar la FP Dual

La propuesta del Círculo de Empresarios para derribar los principales obstáculos que impiden el desarrollo de la Formación Profesional (FP) dual en España se articula en torno a una estrategia que impulse la creación de consorcios público-privados dedicados a la "FP dual del futuro". Estos consorcios tendrían una estructura de gobernanza tripartita, integrada por los gobiernos autonómicos, las empresas y los centros educativos, y participarían activamente en el diseño de los perfiles técnicos, la planificación de la oferta de plazas y la definición de los estándares académicos. Asimismo, el Círculo plantea varias medidas destinadas a incentivar la implicación de las empresas, como la implantación de mecanismos de compensación fiscal para cubrir los costes derivados de las actividades formativas, o la simplificación de la normativa mediante la creación de una ventanilla única que agilice los trámites. También subraya la necesidad de reforzar los recursos de los centros educativos y de apoyar al profesorado, con el fin de paliar problemas actuales como la falta de medios o la sobrecarga laboral. El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha advertido de que "España vive una paradoja inaceptable: contamos con una elevada tasa de desempleo juvenil mientras nuestras empresas tienen dificultades para encontrar técnicos cualificados". En este sentido, ha defendido que la FP Dual representa "una gran palanca de competitividad" y que, para que alcance todo su potencial, resulta esencial "eliminar la excesiva complejidad normativa e instaurar un modelo real de cogobernanza entre empresas y centros educativos". El Círculo recuerda, además, que la tasa de inserción laboral de los alumnos de grado superior que cursan FP dual se sitúa en el 54,7%, es decir, 15 puntos porcentuales más que la de los estudiantes de FP tradicional. Un dato especialmente significativo, destacan, si se tiene en cuenta que la tasa de paro entre los menores de 25 años alcanzó el 24,5% en el segundo trimestre -una de las más altas de la eurozona-, mientras el mercado laboral continúa mostrando una fuerte demanda insatisfecha de técnicos cualificados.

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(El País, 14-10-2025) | Laboral

Los sindicatos de funcionarios no descartan huelga a fin de año si no hay pacto salarial

Se avecinan movilizaciones en el sector público. Las federaciones de función pública de UGT, CCOO y el sindicato CSIF han anunciado que iniciarán acciones de protesta ante lo que califican como un bloqueo del Gobierno en la negociación colectiva de los empleados públicos, lo que impide alcanzar un nuevo acuerdo salarial que beneficiaría a más de tres millones de trabajadores. En un comunicado conjunto emitido este lunes, las organizaciones sindicales advierten que comenzarán movilizaciones y no descartan convocar una huelga general. Este martes, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán el calendario de protestas, que se iniciarán a finales de mes en distintas ciudades del país y se prolongarán hasta final de año. Si para entonces el Ejecutivo no reactiva la negociación para un nuevo acuerdo salarial, los sindicatos podrían convocar una huelga general en todas las administraciones y empresas públicas. Las movilizaciones, que irán en aumento progresivo, buscan denunciar la parálisis de las conversaciones con el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López. Según los representantes sindicales, la falta de avances está bloqueando un nuevo pacto salarial y otras reivindicaciones pendientes. El último acuerdo, denominado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, estuvo vigente entre 2022 y 2024, e implicó una subida salarial acumulada del 9,5% en esos tres años, coincidiendo con la fuerte inflación derivada de la guerra en Ucrania. Solo UGT y CCOO firmaron dicho acuerdo, mientras que CSIF lo rechazó por considerarlo insuficiente, especialmente en lo relativo a la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los recortes de la crisis financiera, que estiman en torno al 20%. No obstante, el pasado mes de mayo, CSIF propuso a los otros dos sindicatos unir fuerzas para exigir un nuevo acuerdo que permita descongelar los salarios en 2025 y recuperar poder de compra. Desde que finalizó el anterior acuerdo el 31 de diciembre de 2024, los sindicatos se han reunido varias veces con el Ministerio, pero la respuesta ha sido siempre la misma: sin Presupuestos Generales del Estado, no habrá subida salarial. Así lo han reiterado tanto el ministro como otras fuentes gubernamentales, que sitúan cualquier incremento dentro de la negociación presupuestaria. En lo que va de año, los empleados públicos solo han recibido un abono del 0,5% correspondiente a atrasos del anterior acuerdo, con efectos retroactivos desde enero de 2024, pagado en agosto. Más allá de eso, no ha habido nuevos aumentos. Los sindicatos denuncian que, mientras tanto, la inflación -que en septiembre alcanzó el 2,9% interanual- continúa reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, mientras que en el sector privado los salarios pactados en convenio suben en promedio un 3,5%. Cualquier mejora salarial debe aprobarse en la Mesa General de las Administraciones Públicas, cuya convocatoria aún no ha sido anunciada por el Ministerio. Pero los sueldos no son el único tema pendiente. CSIF reclama la recuperación total de las pagas extra donde aún persisten los recortes de 2010 y la equiparación salarial entre cuerpos y escalas de distintas administraciones. Por su parte, UGT y CCOO insisten en cuestiones aún sin resolver, como la jubilación parcial del personal funcionario, laboral y estatutario; la aplicación del sistema de cualificaciones profesionales; la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado; y la mejora de las condiciones del personal del Servicio Exterior. Paralelamente, el Ministerio de Óscar López trabaja en una reforma del modelo de acceso al empleo público, que incluye la creación de una escuela de formación obligatoria de dos años para todos los aspirantes. Además, planea implantar nuevos planes de recursos humanos y modificar la estructura de las plantillas para favorecer la movilidad y la estabilidad, con el objetivo de reducir la elevada temporalidad, que ronda el 30%. Este problema ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha provocado un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea debido a la falta de medidas eficaces contra el abuso de los contratos temporales.

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(El Economista, 14-10-2025) | Laboral

Los despidos de indefinidos se incrementan un 138,4% desde la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dará inicio el próximo 20 de octubre a la mesa de negociación sobre la reforma del despido. Se trata de un debate complejo y con un desenlace incierto, motivado por un hecho significativo: desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, los despidos de empleados con contrato indefinido han aumentado un 138,4%. Entre enero y agosto se registraron 632.096 bajas de afiliación por este motivo, frente a las 262.820 del mismo periodo de 2021. Aunque esta cifra representa un leve descenso del 2,9% respecto a las 650.900 bajas del año pasado, sigue siendo el segundo dato más alto desde que existen registros comparables (2013). Actualmente, los trabajadores indefinidos concentran el 93% de las 678.965 bajas por despido contabilizadas en lo que va de 2025, un 87% más que en el mismo periodo de 2021, mientras que los ceses de empleados temporales han descendido un 32%. Casi la mitad de estos despidos (49%) son disciplinarios, es decir, se producen por faltas graves del trabajador y no conllevan indemnización. Sin embargo, en muchos casos esta fórmula acaba convirtiéndose en un despido improcedente tras una reclamación judicial. De hecho, solo el 0,15% de las bajas se clasifican directamente como improcedentes, ya que esta condición se reconoce únicamente tras una denuncia y posterior conciliación o sentencia. La reforma que impulsa Díaz busca limitar este tipo de prácticas y otorgar mayor previsibilidad a las indemnizaciones. Para ello, plantea que la compensación no se calcule únicamente por antigüedad (33 días por año trabajado), sino también considerando las circunstancias personales y profesionales del afectado. Aunque aún no ha detallado el mecanismo, su propuesta toma como referencia los modelos de Francia o Alemania y se enmarca en un debate similar al que también se desarrolla en Italia. El Gobierno, no obstante, descarta volver al sistema anterior a 2012, que fijaba una indemnización máxima de 45 días por año trabajado, así como recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, eliminados con la reforma de ese año. Tampoco se plantea revivir el llamado "despido exprés", que permitía a las empresas reconocer la improcedencia desde el primer momento y pagar la compensación correspondiente, al tiempo que se ampliaban las causas objetivas que justifican las extinciones de contratos. El marco laboral pasó así de un despido más costoso pero flexible a uno más económico con mayor seguridad jurídica para las empresas. Sin embargo, esta fórmula abrió la puerta a que los despidos disciplinarios se convirtieran en una vía rápida para reducir plantilla, como se evidenció en marzo de 2020, cuando la irrupción de la pandemia disparó este tipo de ceses. En este contexto, la reforma laboral de 2021, que no modificó las condiciones de despido pero sí limitó la contratación temporal, ha tenido como consecuencia que muchos empleos antes eventuales, ahora cubiertos con contratos indefinidos, terminen en despido. A ello se suman las bajas por no superar el periodo de prueba, que no se contabilizan como despidos y no generan indemnización. Díaz ha denunciado que esta situación genera "trabajadores de usar y tirar". Cabe destacar que los despidos disciplinarios no son los que más han crecido: aumentaron un 73%, frente al 123% registrado en los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas u organizativas), que implican una indemnización de 20 días y que ni el Gobierno ni los sindicatos prevén modificar. Este incremento resulta especialmente llamativo en un escenario de crecimiento económico y creación de empleo. El Ejecutivo, por su parte, reconoce la existencia de abusos pero relativiza el aumento de los despidos, atribuyéndolo al incremento de la contratación indefinida. Su razonamiento es sencillo: a mayor número de contratos fijos, más despidos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las probabilidades de perder el empleo sean las mismas que antes.

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(El Economista, 14-10-2025) | Laboral

El Constitucional analiza la legalidad de las pruebas para hacer fijos a los interinos

El Tribunal Constitucional (TC) examinará la validez legal de las plazas públicas convocadas por la Administración para estabilizar a empleados interinos o trabajadores que hayan mantenido contratos temporales anteriores a 2016. El alto tribunal ha admitido a trámite, el pasado 7 de octubre, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con este tipo de convocatorias. Según el auto del 17 de julio, la Ley de diciembre de 2021 destinada a reducir la temporalidad en el sector público obliga a ofertar determinados puestos de forma que el tribunal considera "irracional e injustificada". Además, critica que se rebajan los requisitos de mérito y capacidad, ya que en lugar de cubrirse mediante un concurso-oposición (que combina una prueba de conocimientos con la valoración de méritos), estas plazas se adjudican solo por concurso, atendiendo exclusivamente a la trayectoria profesional. El TSJPV señala que la disposición adicional octava de la citada ley establece que deben salir a concurso las plazas que requieran cobertura permanente y que hayan estado ocupadas de forma temporal por un empleado público o interino que acumule contratos con la Administración desde antes del 1 de enero de 2016. Sin embargo, el tribunal advierte que esta norma obliga a incluir en el proceso de estabilización plazas incluso de reciente creación, siempre que el interino que las ocupe haya trabajado para la Administración antes de 2016, aunque solo lleve un día desempeñando ese puesto. En palabras del auto, "el resultado es que una plaza vacante, sin importar cuánto tiempo haya estado desocupada o si acaba de crearse, debe incluirse en la convocatoria excepcional de concurso, siempre que el interino que la ocupa cumpla la condición de haber trabajado para la Administración desde antes de 2016". El tribunal vasco considera que esta situación genera un proceso basado en "circunstancias arbitrarias y fortuitas", vinculadas únicamente al momento concreto en que el interino ocupa la plaza, como la fecha de entrada en vigor de la ley. El auto subraya que esto resulta "especialmente grave", ya que tales plazas quedarían fuera del sistema ordinario de acceso -oposición o concurso-oposición- que es el que garantiza los principios constitucionales de mérito y capacidad, siendo sustituidas por un sistema excepcional y menos garantista. Asimismo, advierte de que incluso podría darse el caso de que el interino no se presente al proceso, no lo supere o no obtenga la plaza, pero esta igualmente habría sido incluida en el sistema excepcional únicamente por su situación personal. El TSJPV concluye que esta disposición podría vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe la actuación arbitraria de los poderes públicos, al aplicar un criterio que rompe con los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, sin justificar adecuadamente por qué estas plazas deben cubrirse por un procedimiento extraordinario. Si el Tribunal Constitucional fallara en contra de la norma, el pronunciamiento podría afectar a las convocatorias ya realizadas bajo este procedimiento de estabilización.

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(El Economista, 14-10-2025) | Laboral

Fedea desempolva su propuesta para reducir el gasto en pensiones hasta un 40%

En las últimas semanas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha difundido varios informes que señalan las carencias del sistema público de pensiones español y advierten de la necesidad de reformas urgentes. Este lunes, el centro de estudios ha presentado una propuesta concreta para garantizar su sostenibilidad: sustituir progresivamente el modelo actual por un sistema de cuentas nocionales. Según sus cálculos, esta transición, completada en un máximo de 20 años, podría generar un ahorro del 40% a largo plazo. El estudio, titulado Transición hacia un Sistema de Pensiones de Cuentas Nocionales en España: Fundamentos, Diseño e Impacto y elaborado por José Enrique Devesa, Rafael Doménech y Robert Meneu, explica que el sistema de pensiones español presenta un desequilibrio financiero y actuarial creciente, con un déficit contributivo cercano al 2% del PIB. A esto se suman los costes de las pensiones no contributivas, los complementos a las mínimas y las clases pasivas, lo que agrava el problema estructural. De acuerdo con las estimaciones de Fedea -y en línea con otros organismos como el Instituto de Actuarios-, los jubilados actuales reciben más en pensiones de lo que aportaron durante su vida laboral. Por ello, la fundación propone un sistema nocional de reparto, donde cada trabajador dispone de una "cuenta virtual" en la que se registran sus cotizaciones, revalorizadas en función del crecimiento económico o de los salarios. Al llegar la jubilación, el saldo acumulado se utiliza para calcular la pensión inicial según la esperanza de vida. Los autores del informe sostienen que, si la economía creciera al ritmo de las últimas décadas, las pensiones iniciales serían un 12% inferiores, pero el sistema ganaría equidad y sostenibilidad, eliminando el desequilibrio actuarial. Estiman que la pensión media rondaría los 1.248 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.421 euros que cobraban los nuevos jubilados en 2023, o los 1.639 euros registrados en agosto de 2025. La principal ventaja de este modelo, según Fedea, es que vincula directamente las aportaciones con las prestaciones: por cada euro cotizado se recibiría un euro de pensión, frente al 1,12-1,25 euros actuales, reduciendo así la brecha entre contribuciones y beneficios. Si se incluyen los complementos no contributivos, la diferencia es aún mayor, ya que en 2025 un jubilado medio percibe un 62% más de lo aportado. Además, el sistema nocional incorpora mecanismos automáticos de ajuste que permiten adaptarse a cambios demográficos o económicos, indexando las pensiones al crecimiento del PIB, los salarios o la esperanza de vida. Fedea recuerda que países como Suecia, Italia, Polonia o Letonia ya aplican este tipo de sistemas, y que, según la Comisión Europea (2024), en estos Estados el gasto en pensiones apenas aumentará un 0,1% del PIB entre 2019 y 2050, mientras que en países sin mecanismos de ajuste, como España, el incremento rondará los 3,3 puntos del PIB. En opinión del centro de estudios, este modelo garantiza una relación estricta entre cotizaciones y prestaciones, mejora la equidad intergeneracional y mantiene la función redistributiva del sistema mediante un pilar no contributivo financiado con impuestos. La propuesta de Fedea contempla una transición gradual en 20 años, aplicable a quienes hayan nacido a partir de 1971. En un primer momento, coexistirían ambos sistemas: por ejemplo, un trabajador nacido en 1971 calcularía su pensión con un 5% bajo el modelo nocional y un 95% con el actual, mientras que los nacidos en 1990 ya se jubilarían completamente bajo el nuevo sistema. Según sus simulaciones, esta transición reduciría de forma significativa el gasto en pensiones: con un crecimiento del PIB del 2,24%, el ahorro alcanzaría un 3,8% en 2050 y un 10,7% a largo plazo; si el crecimiento fuera más modesto (1,23%), el ahorro sería del 11,5% en 2050 y del 40,1% a largo plazo. En términos del PIB, el ahorro se situaría entre el 0,6% y el 1,7% en 2050, dependiendo del escenario económico.

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(Expansión, 14-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE ve "insignificante" el impacto de un alto capital en la competitividad de los bancos

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido plantar cara. Frente a la creciente presión del lobby bancario en Bruselas, que busca una notable reducción de los requisitos de capital, la institución que dirige Christine Lagarde ha respondido con varios estudios que concluyen que "los niveles de capital no tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la eficiencia de las ganancias". Los autores de estos informes explican que su trabajo pretende contrarrestar los argumentos utilizados por el sector financiero y reconocen que "el análisis surge del debate político actual, en el que la industria bancaria suele afirmar que las elevadas exigencias de capital limitan su capacidad competitiva". Sin embargo, el BCE desmiente esa idea: sus datos muestran que la eficiencia de las ganancias crece a medida que aumenta el capital, hasta alcanzar un punto óptimo cercano al 18%. Solo a partir de ese nivel tan alto, las nuevas exigencias de capital empezarían a tener un efecto negativo sobre la rentabilidad. "Los requerimientos de capital actuales de la banca están claramente por debajo del nivel de capital CET1 que maximiza la eficiencia de las ganancias", sostienen los expertos del BCE, situándolo alrededor del 14%. Para calcular dicha eficiencia, el análisis compara el incremento de costes que las entidades deben asumir para generar una unidad adicional de negocio. Mientras tanto, el sector bancario continúa su pulso con los reguladores, reclamando liberar unos 100.000 millones de euros en capital que, según la patronal europea, permitirían aumentar los préstamos hasta en cuatro billones de euros. Las entidades no cuestionan los requisitos básicos de capital establecidos por las normas internacionales de Basilea, pero sí critican las exigencias adicionales -macroprudenciales y microprudenciales- impuestas por las autoridades europeas, que se aplican para prevenir riesgos derivados de burbujas económicas o de modelos de negocio demasiado arriesgados. No obstante, el BCE también aborda este punto en su informe y asegura que "la falta de relación significativa se mantiene incluso cuando se desglosan los requisitos de capital entre los de tipo microprudencial y macroprudencial". Para la autoridad monetaria, la alta solvencia de los bancos europeos es una fortaleza, no una desventaja. Aunque en los últimos años sus valoraciones bursátiles han sido inferiores a las de los grandes bancos estadounidenses, el BCE considera que esta diferencia no se debe a la regulación, sino que, por el contrario, las entidades europeas se han beneficiado de la solidez obtenida tras la crisis financiera global. "Unos coeficientes de capital más elevados reducen tanto los costes de financiación como la volatilidad de las ganancias -indicador clave de la estabilidad financiera-, lo que demuestra que una regulación robusta refuerza la estabilidad y la competitividad a largo plazo del sistema bancario", concluye el informe. El BCE se enfrenta actualmente a críticas por su enfoque supervisor, acusado por las entidades de depender en exceso de los recargos de capital como herramienta para abordar cualquier riesgo o deficiencia. Este debate se produce en el contexto de la iniciativa de la Comisión Europea para simplificar la normativa en todos los sectores económicos y en vísperas de la presentación, el próximo año, de un paquete de medidas de simplificación para la banca.

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(Expansión, 14-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El PP impulsa un plan para agilizar los fondos europeos destinados a la industria

El Partido Popular ha presentado una propuesta para agilizar y flexibilizar la gestión de las ayudas europeas, establecer un calendario vinculante de proyectos y reprogramar los fondos aún sin utilizar. Con la cuenta atrás ya en marcha para aprovechar los fondos Next Generation -que deben ejecutarse antes de septiembre de 2026 y de los cuales España todavía tiene un 30% pendiente de desbloquear-, el PP ha optado por una estrategia propositiva con el fin de "evitar el efecto precipicio" que supondría perder esos recursos una vez vencido el plazo. Para ello, el principal partido de la oposición ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Expansión, que incluye una serie de medidas destinadas a acelerar la ejecución de las ayudas destinadas a la industria española. Entre ellas se encuentran la simplificación de los procedimientos administrativos, la publicación de un calendario de proyectos con carácter vinculante y la reprogramación de los fondos no ejecutados. La iniciativa parte de la idea de que tanto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son herramientas fundamentales para impulsar a la industria nacional en un momento clave de "doble transición tecnológica y energética". No obstante, el PP advierte que la gestión de los últimos años ha generado "cuellos de botella" que podrían hacer perder una oportunidad histórica y frenar inversiones privadas esenciales para la modernización del tejido productivo. Según la formación, en esta "recta final de ejecución" la falta de eficacia del Gobierno "ha encendido las alarmas en el tejido productivo". El PP denuncia que existen resoluciones favorables que no se traducen en pagos a tiempo, lo que bloquea la tesorería de las empresas e impide arrancar proyectos o mantener inversiones en digitalización, descarbonización o nuevas líneas productivas, siendo el sector de la automoción un ejemplo representativo. Asimismo, el partido critica los retrasos en las convocatorias y resoluciones que gestiona la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), lo que acorta los plazos de ejecución y eleva el riesgo de perder ayudas, especialmente en programas de descarbonización industrial, agroalimentación, semiconductores y automoción. El PP cita además datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que muestran que hasta julio solo se habían desembolsado 2.001 millones de euros, es decir, el 10,6% de los 17.774 millones presupuestados para 2025, lo que supone unos 15.400 millones menos que en 2024. Por otro lado, los populares alertan sobre el elevado volumen de fondos no utilizados y los problemas estructurales de burocracia, que alargan los plazos de los procedimientos hasta triplicar los límites legales, llegando incluso a esperas superiores a un año para obtener autorizaciones clave. Esta situación, advierten, genera graves tensiones de liquidez y obliga a establecer con urgencia calendarios de pago vinculantes y mecanismos de anticipo para evitar que las empresas industriales queden sin recursos. Apoyándose en un informe reciente de Funcas, el PP subraya que, a pesar de que España es uno de los países que más fondos europeos ha recibido, menos de un tercio de los créditos se han convertido en pagos efectivos, con una tasa de ejecución cada vez menor. "Esta paradoja -ser líder en Bruselas pero rezagado en la economía real- amenaza con diluir el impacto transformador de los fondos y aumentar el riesgo de no aprovechar a tiempo tanto las subvenciones como los préstamos", advierte la propuesta. Para corregir esta situación, el PP propone varias medidas concretas: publicar en un plazo máximo de dos meses un calendario vinculante con todas las resoluciones y pagos de los PERTE vinculados a Industria y Turismo, con actualización mensual y comparecencias trimestrales ante el Congreso; habilitar ventanillas permanentes para tramitar proyectos pendientes antes de agosto de 2026; e impulsar procedimientos extraordinarios de simplificación administrativa, reduciendo plazos, simplificando convocatorias y fomentando la tramitación digital. El plan incluye también la "reprogramación inmediata" de los créditos no adjudicados o en riesgo de no ejecución, redirigiéndolos hacia proyectos con alta demanda y potencial tractor. Además, plantea transformar los préstamos blandos -de los cuales solo se ha liberado un 20%- en instrumentos de coinversión en sectores estratégicos. Por último, insta a aprovechar al máximo la flexibilidad permitida por Bruselas para garantizar que los fondos se destinen a proyectos viables y se ejecuten en su totalidad antes del plazo límite.

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