El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos suspendió este jueves la aplicación de un arancel general del 10% sobre la mayoría de las importaciones, al concluir que el presidente Donald Trump recurrió de manera inapropiada a una antigua ley comercial para justificar esta medida. La corte consideró que Trump hizo un uso indebido de esa normativa al aprobar los aranceles el pasado mes de febrero, poco después de que el Tribunal Supremo invalidara otro conjunto de medidas similares.
En su resolución, el tribunal con sede en Nueva York señaló que el Gobierno sobrepasó las competencias que le otorga la ley al imponer de forma masiva gravámenes a productos procedentes de casi todos los países. Aun así, el caso sigue abierto, ya que la Administración ya contemplaba que este arancel global fuera una solución provisional mientras buscaba otras vías legales para establecer tarifas más permanentes.
El gravamen del 10% comenzó a aplicarse el 24 de febrero al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tiene una duración máxima de 150 días, por lo que dejará de estar vigente el próximo 23 de julio. Para extenderlo más allá de esa fecha sería necesaria la aprobación del Congreso, según informó la agencia Efe.
De acuerdo con The New York Times, se prevé que el Ejecutivo de Trump recurra la decisión judicial, lo que podría alargar el proceso. En caso de una derrota definitiva, el Gobierno tendría que reembolsar los ingresos obtenidos mediante estos aranceles, calculados en unos 166.000 millones de dólares. Tras el rechazo previo del Tribunal Supremo a otras medidas arancelarias, la Administración optó por apoyarse en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que rara vez se utiliza.
Sin embargo, el Tribunal de Comercio destacó que esta cláusula solo autoriza la aplicación temporal de aranceles limitados y únicamente en situaciones excepcionales relacionadas con desequilibrios graves en la balanza de pagos o problemas en el sistema financiero internacional. La sentencia también recuerda que dicha normativa permite imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo máximo de 150 días, y que cualquier prolongación posterior requiere la autorización expresa del Congreso.
La Agencia Tributaria comunicó este jueves que más de 4,49 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución correspondiente a la declaración de la Renta. En el primer mes de campaña, Hacienda ha abonado un total de 3.147 millones de euros.
El volumen de devoluciones pagadas hasta ahora supera en un 3,5% al registrado en la campaña anterior, en línea con el aumento de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes, que alcanzan los 6,339 millones, un 4,4% más que hace un año. Esto supone que ya se ha efectuado el pago de cerca del 71% de las declaraciones con resultado a devolver presentadas hasta la fecha. No obstante, al tratarse en muchos casos de devoluciones de importe reducido, el dinero ya reintegrado representa aproximadamente el 58% del total pendiente de abono.
Por otro lado, Hacienda también ha señalado que se han presentado 1,179 millones de declaraciones con resultado a ingresar, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio pasado. En conjunto, durante el primer mes de campaña se han registrado 7,978 millones de declaraciones, un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pese a que este año la campaña arrancó seis días más tarde.
De todas las declaraciones presentadas, 1,376 millones se realizaron mediante el servicio Renta Directa. Además, a través de la aplicación móvil -que incorpora opciones de pago como Bizum y tarjeta bancaria- se tramitaron más de 635.000 declaraciones, un 24,5% más que en las mismas fechas del año pasado.
A estos canales se suma ahora el plan telefónico 'Le Llamamos', que vuelve a convertirse en una de las principales fórmulas de asistencia personalizada durante la campaña. El pasado ejercicio permitió confeccionar 1,188 millones de declaraciones. Este sistema ofrece a los contribuyentes una alternativa a la atención presencial en oficinas.
Durante toda la campaña, los usuarios también disponen de más contenidos y materias en el asistente virtual del portal de la Agencia Tributaria. Cuando la herramienta no resuelve completamente las dudas, los contribuyentes pueden recurrir al Informador, que reúne toda la información tributaria organizada por bloques temáticos, o contactar mediante chat con especialistas de la Administración Digital Integral para recibir atención personalizada.
Asimismo, la Agencia Tributaria volverá a poner en marcha el envío de cartas preventivas, una iniciativa que ya aplicó en los dos ejercicios anteriores. Estas comunicaciones, junto con avisos en Renta Web y en la aplicación móvil, estarán dirigidas a contribuyentes que hayan modificado datos facilitados previamente por Hacienda al presentar su declaración.
El objetivo es que revisen si deben presentar una declaración complementaria ajustada a la información que obra en poder de la AEAT. Está previsto que el envío se realice en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio, con cerca de 130.000 cartas remitidas conforme avancen las presentaciones de declaraciones.
El Gobierno confía en obtener un fuerte aumento de la recaudación gracias al endurecimiento de la tributación del ahorro en el IRPF para las rentas más elevadas. Según el Informe de Progreso Anual 2026 remitido por el Ejecutivo a Bruselas a finales del pasado mes, los ingresos adicionales derivados de esta subida fiscal pasarán de 222 millones de euros en 2025 a cerca de 500 millones durante este año.
Las previsiones del Ministerio de Hacienda contemplan que esta recaudación extra se mantenga estable hasta 2029. Sin embargo, expertos fiscalistas consultados por elEconomista.es consideran probable que la cifra final sea incluso superior en los próximos años, ya que el Gobierno suele manejar estimaciones prudentes ante la Comisión Europea. A ello se suma el impacto de la inflación y el hecho de que el Ejecutivo no prevé deflactar los tramos del IRPF durante el resto de la legislatura.
La reforma del impuesto ha elevado hasta el 30% el tipo máximo aplicado a las rentas del capital mobiliario y a las ganancias patrimoniales, situando a España entre los países de la OCDE con una mayor presión fiscal sobre el ahorro.
El incremento se introdujo de manera progresiva. En una primera fase, el tipo aplicable a las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros aumentó un punto, hasta el 27%. Posteriormente, se creó un nuevo tramo para bases superiores a 300.000 euros, gravado inicialmente al 28%.
Más adelante, y tras la presión ejercida por Sumar dentro del Gobierno de coalición formado después de las elecciones de julio de 2023, el PSOE aceptó elevar dos puntos más ese gravamen, situándolo finalmente en el 30% para los contribuyentes con rendimientos del ahorro superiores a 300.000 euros. Este porcentaje supera en doce puntos la media aplicada a las grandes rentas del ahorro en las economías desarrolladas.
Dentro de la Unión Europea, únicamente otros dos países han incrementado recientemente la fiscalidad sobre las ganancias de capital. Países Bajos elevó el pasado año el tipo del 33% al 36%, mientras que Letonia lo aumentó ocho puntos, hasta el 28%.
Con esta subida, España se equipara a Suecia y ambas economías pasan a ocupar la séptima posición entre los países que más gravan el ahorro. Por delante se sitúan Irlanda, con un 33%; Países Bajos, con un 36%; Finlandia y Francia, con un 34%; y Dinamarca, que mantiene el tipo más elevado, del 42%. En el sistema español, la tributación del ahorro arranca con un tipo del 19% para los primeros 6.000 euros. A continuación, el gravamen asciende al 21% hasta los 44.000 euros y posteriormente al 23%. A partir de los 150.000 euros se aplican tipos superiores, llegando al 27% entre 200.000 y 300.000 euros y alcanzando el 30% para cantidades superiores.
La documentación enviada a Bruselas refleja que la tributación del ahorro en el IRPF será una de las medidas fiscales con mejor evolución recaudatoria en los próximos años. En cambio, otros tributos muestran un comportamiento más estable o incluso descendente. Es el caso del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya recaudación se mantendrá en 623 millones de euros anuales entre 2025 y 2029.
También se prevé una reducción de ingresos ligada a la recuperación de los límites a las deducciones por pérdidas en el Impuesto de Sociedades. Tras aportar 6.255 millones adicionales en 2025, esta cifra caerá hasta 2.629 millones ya durante el presente ejercicio.
Uno de los compromisos incluidos en el Informe de Progreso 2026 enviado por el Gobierno a Bruselas pasa por la puesta en marcha de reformas fiscales orientadas a elevar la recaudación y actualizar el sistema tributario. El objetivo fijado es lograr un incremento permanente de los ingresos equivalente, al menos, al 0,1% del PIB. Aunque inicialmente estaba previsto antes, su aplicación se ha aplazado al segundo trimestre de 2026. Sin embargo, dado que ya se ha iniciado mayo, los expertos fiscales consultados consideran muy complicado que pueda materializarse en plazo.
Los especialistas recuerdan que apenas queda margen temporal y que, además, el Ejecutivo carece tanto de Presupuestos Generales aprobados como de una mayoría parlamentaria suficiente para acometer modificaciones tributarias de calado. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, sostiene que, con los actuales niveles de inflación, ese aumento de ingresos del 0,1% del PIB ya se consigue mediante la decisión de no deflactar el IRPF. De hecho, el propio informe remitido a Bruselas reconoce expresamente que ese incremento de la recaudación procede de mantener sin actualizar las bases tributarias del impuesto sobre la renta.
Rubio considera además que el margen para reducir beneficios fiscales en el IRPF es muy limitado, motivo por el que el Gobierno rechaza aplicar una deflactación. A su juicio, la única vía que el Ejecutivo sigue explorando es endurecer la tributación del ahorro, una medida que políticamente resulta más aceptable. No obstante, advierte de que los ingresos obtenidos a través de los tramos más altos del ahorro tienen un peso relativamente reducido en el conjunto de la recaudación.
Ante estas limitaciones, tanto este como otros expertos creen que el foco podría desplazarse hacia los grandes impuestos con mayor capacidad recaudatoria, especialmente el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de Sociedades, consideran que todavía existe margen para seguir recortando deducciones fiscales. Respecto al IVA, la estrategia pasaría por evitar nuevas rebajas de tipos y, si circunstancias excepcionales como el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán obligaran a aplicarlas, procurar que tengan una duración lo más breve posible.
Las primeras estimaciones apuntan a que la reducción de tipos del IVA aplicada a los hidrocarburos supondrá una merma de unos 8.000 millones de euros para las arcas públicas. La intención del Gobierno sería revertir estas rebajas fiscales antes del próximo verano.
La guerra en Oriente Medio se aproxima ya a su tercer mes, pese al alto el fuego acordado en abril y mientras continúa la espera de un posible acuerdo de paz definitivo. Con el objetivo de amortiguar el impacto del encarecimiento energético, el Gobierno aprobó en marzo un paquete de ayudas, aunque la mayoría de las rebajas fiscales sobre la energía y de los apoyos a determinados sectores tienen como fecha límite el próximo mes de junio. Si finalmente no se prorrogan, la inflación podría repuntar de forma significativa durante el verano.
Así lo advierte Funcas en sus previsiones trimestrales publicadas este miércoles. Según sus cálculos, si las medidas fiscales vinculadas a la evolución de los precios energéticos se eliminan a comienzos de junio, la inflación pasaría ese mismo mes del 3,5% al 4,5%, es decir, un punto porcentual más. Además, ese incremento se prolongaría durante julio, agosto y septiembre, meses en los que el IPC se mantendría por encima del 4%.
Estas previsiones parten de la hipótesis de que el estrecho de Ormuz comience a reabrirse progresivamente desde junio y de que el petróleo cierre el año alrededor de los 80 dólares por barril. Bajo este escenario, Funcas estima que mantener las rebajas fiscales hasta octubre permitiría situar la inflación media de 2026 en el 3,3%, mientras que retirarlas en junio elevaría esa cifra al 3,6%.
En un escenario más negativo, marcado por una prolongación del conflicto más allá del verano, la fundación calcula que la inflación anual alcanzaría el 4% incluso aunque las ayudas fiscales se mantuvieran hasta otoño. El Ejecutivo introdujo una cláusula que condiciona la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. De este modo, los descuentos solo seguirán vigentes si la subida interanual de los carburantes y de la electricidad en abril supera el 15%.
El dato definitivo será publicado por el INE el próximo 14 de mayo, aunque los registros de marzo ya mostraban aumentos inferiores a ese umbral: la electricidad se encareció un 4,3% interanual y los carburantes y combustibles un 8,6%. Además, los datos adelantados de abril apuntan a una moderación adicional de la inflación energética, lo que incrementa las posibilidades de que las ayudas desaparezcan automáticamente el próximo mes, especialmente en el caso de la electricidad.
No obstante, el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, explicó que el escenario principal manejado por la fundación da por hecho que el Gobierno acabará prorrogando las medidas, como ya ocurrió en crisis anteriores. En el caso de las ayudas fiscales aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, estas no desaparecieron completamente hasta finales de 2024, precisamente para suavizar el impacto de la retirada progresiva de los descuentos. Aunque el Ejecutivo todavía no ha anunciado oficialmente una ampliación, el presidente Pedro Sánchez ya aseguró en marzo que el Gobierno destinaría más recursos económicos si fuese necesario.
Por su parte, la AIReF calcula que el coste fiscal del plan ascendería a 5.305 millones de euros si las ayudas se mantienen hasta finales de junio. El organismo también ha advertido de que el margen presupuestario es limitado y existe riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2026 si se aprueban nuevas medidas de apoyo.
La retirada de los descuentos fiscales en junio coincidiría además con el periodo del año en el que se registran más desplazamientos en vehículo privado, lo que podría traducirse en un nuevo deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Funcas prevé que la remuneración media por asalariado crezca un 3% este año, una subida insuficiente para compensar completamente el aumento de precios, por lo que considera prácticamente inevitable una pérdida de capacidad de compra, especialmente si desaparecen las ayudas fiscales.
Además, algunos productos básicos podrían experimentar una inflación superior a la media general incluso si las rebajas impositivas continúan. Funcas prevé que los alimentos frescos registren un incremento de precios del 4,5% en 2026, concentrado principalmente en la segunda mitad del año. La razón es que el encarecimiento de los fertilizantes tarda varios meses en trasladarse al consumidor final. Así, los alimentos podrían convertirse en el principal motor de la inflación incluso aunque mejore la crisis energética y se prolonguen las ayudas fiscales.
Más allá del impacto sobre los precios, el conflicto también condiciona el crecimiento económico. Raymond Torres señaló que España partía antes de la guerra de una posición relativamente favorable en términos de crecimiento del PIB respecto a otros países europeos, aunque ya sufría mayores tensiones inflacionistas. Según explicó, la economía española sigue creciendo más que la de sus vecinos, pero también soporta una presión más intensa sobre los precios, una tendencia previa al conflicto que la crisis energética ha terminado por agravar.
La patronal Cepyme alerta de que los pequeños negocios soportan un incremento de los costes laborales del 29% desde 2019 y advierte de que una prolongación del conflicto en Irán podría traducirse en más cierres y despidos en las microempresas.
Entre el primer trimestre de 2021 y el cierre de 2025, el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó un 22,7% en España, al pasar de 965 euros a 1.184 euros mensuales en catorce pagas. Durante ese mismo periodo, los costes laborales de las pymes crecieron un 28,7%, según los datos elaborados por Cepyme. Sin embargo, la organización empresarial subraya que el impacto del SMI sobre los pequeños negocios es aún mayor, ya que acumula una subida del 66% desde 2019 y del 86% en la última década.
Como consecuencia de este incremento de cargas, el tejido empresarial ha perdido en los últimos seis años 13.350 microempresas. A finales de 2025 había registradas 692.231 compañías con entre uno y dos trabajadores. Si se toma como referencia el último dato disponible de la Seguridad Social, correspondiente a marzo de 2026, la cifra de negocios desaparecidos asciende a 16.223. Además, entre 2021 y marzo de este año también cerraron 1.603 empresas con plantillas de entre tres y cinco empleados.
Estas cifras contrastan con la evolución general del tejido empresarial y, según Cepyme, evidencian las dificultades que atraviesan las compañías de menor tamaño, afectadas tanto por el encarecimiento laboral como por el aumento de los costes de producción derivados de la inflación, especialmente intensa en los últimos años. De acuerdo con el Indicador Cepyme correspondiente al segundo semestre del año pasado, los costes operativos de las pymes se han incrementado un 25% desde finales de 2019.
Mientras las pequeñas empresas reducen su presencia, las grandes compañías son las que más han aumentado en número. Desde finales de 2021 hasta marzo de 2026 se contabilizan 451 empresas más con más de 499 trabajadores; 752 adicionales en el tramo de 250 a 499 empleados; 4.235 nuevas compañías de entre 50 y 249 trabajadores; 18.225 más de entre 10 y 49 empleados; y 3.638 adicionales en el segmento de seis a nueve trabajadores.
El ajuste que atraviesan los pequeños negocios también se refleja en el empleo. Aunque la afiliación general sigue creciendo, la creación de puestos de trabajo se concentra especialmente en las grandes empresas, que absorbieron el 67% del empleo generado entre el cuarto trimestre de 2024 y el de 2025, según Cepyme. La patronal interpreta esta evolución como un desplazamiento de trabajadores desde las pequeñas compañías hacia empresas de mayor tamaño, mejor preparadas para asumir el aumento de costes laborales y productivos, así como las nuevas exigencias regulatorias en materia laboral.
Entre finales de 2021 y marzo de 2025, las microempresas de uno a dos trabajadores perdieron 20.631 empleos, mientras que las compañías de tres a cinco empleados destruyeron otros 4.623 puestos de trabajo. Por el contrario, las empresas de seis a nueve trabajadores ganaron 27.220 empleos; las de entre 10 y 49 trabajadores sumaron 435.241 ocupados; las de 50 a 249 empleados incrementaron sus plantillas en 482.801 personas; las de 250 a 499 trabajadores añadieron 266.533 empleados; y las compañías con más de 499 trabajadores incorporaron 1,3 millones de nuevos asalariados.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la nueva oferta de empleo público, que incluye cerca de 37.000 plazas. El desglose completo de estas vacantes ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde pueden consultarse los distintos departamentos y categorías convocadas.
La oferta correspondiente a este año contempla 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE) y otras 9.785 destinadas a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, cuya convocatoria ya había sido adelantada previamente. En conjunto, el total asciende a 37.017 plazas, una cifra muy similar a la del pasado año, cuando se ofertaron 36.588, aunque todavía por debajo del récord alcanzado en 2024, con 40.146 vacantes. Dentro de las plazas de la AGE, 20.541 corresponden al turno libre, mientras que 6.345 estarán reservadas para promoción interna.
El Ministerio de Función Pública destaca que esta convocatoria permitirá generar unos 6.200 empleos netos. Esto significa que, descontando las jubilaciones previstas en una Administración central muy envejecida y con numerosas retiradas cada año, la plantilla aumentará en torno a 6.000 efectivos. El departamento dirigido por Óscar López asegura que las ofertas de empleo público aprobadas desde 2022 han permitido crear empleo neto durante cuatro años consecutivos.
Además, Función Pública subraya que estas convocatorias están contribuyendo a rejuvenecer la plantilla de la Administración. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a enero de 2026, la edad media de los empleados públicos se sitúa en 49,2 años, frente a los 51,63 años registrados en 2020.
Entre las plazas más destacadas incluidas en esta oferta figuran 1.700 puestos para especialistas en tecnologías de la información; 346 plazas vinculadas a la respuesta frente a la emergencia climática, entre ellas meteorólogos, ingenieros forestales y agentes medioambientales; y 601 puestos adscritos al Ministerio de Transportes destinados a reforzar infraestructuras.
También se incluyen 400 plazas relacionadas con una estrategia comercial dependiente del área de Economía y 1.589 puestos de personal civil adscritos a Interior y Defensa, orientados a reforzar la seguridad pública, la protección ciudadana y las capacidades de defensa.
El Ejecutivo también pone el foco en la mejora de la atención al ciudadano mediante el refuerzo de organismos como la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria, el Catastro y la Dirección General de Tráfico. Asimismo, destaca una oferta récord en el ámbito sanitario público estatal, con 1.037 plazas en hospitales y centros de salud, además de un incremento de efectivos en el área educativa dependiente de la Administración General del Estado.
A diferencia de otros anuncios recientes del Ministerio de Función Pública -como la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas en la AGE o las futuras subidas salariales- esta oferta pública de empleo ha sido aprobada sin el respaldo de las organizaciones sindicales.
UGT critica que el Gobierno no haya facilitado previamente el detalle de las plazas ni haya negociado cifras concretas en la mesa de diálogo, una queja compartida también por CSIF. Este último sindicato denuncia que se les ha impedido negociar tanto el reparto de refuerzos necesarios en las plantillas como las plazas destinadas a promoción interna.
Por su parte, CC OO advierte de que cada vez es más frecuente que personas que superan las oposiciones finalmente renuncien a incorporarse a sus plazas. El sindicato incluso no descarta futuras movilizaciones para exigir un mayor compromiso del Gobierno con los servicios públicos. Las organizaciones sindicales también alertan del aumento de carga de trabajo que están soportando las administraciones debido al proceso extraordinario de regularización de extranjeros.
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el sector público estatal cuenta actualmente con 540.830 empleados. De ellos, 246.418 pertenecen a la Administración General del Estado, 280.012 a Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, y 14.400 trabajan en juzgados y tribunales.
Las comunidades autónomas concentran la mayor parte del empleo público, especialmente por las competencias de sanidad y educación, con alrededor de 1,93 millones de trabajadores. Por su parte, la administración local emplea a 632.030 personas, según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de julio.
El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a intensificarse en Europa. El envejecimiento de la población, la jubilación progresiva de la generación del baby boom y el incremento del gasto público están llevando a distintos países europeos a replantear el funcionamiento tradicional de sus sistemas de jubilación.
En este contexto, un reciente informe del Instituto de Actuarios de España analiza diferentes modelos aplicados en países europeos como Francia, Alemania o Suecia, y plantea la posibilidad de explorar fórmulas alternativas al sistema español actual, basado en un modelo de reparto y prestación definida.
Actualmente, el sistema español combina cotizaciones sociales e impuestos generales para financiar las prestaciones. Aunque el déficit oficial de la Seguridad Social ronda los 7.400 millones de euros en 2025, distintos organismos advierten de que, sin las transferencias estatales, el desequilibrio superaría ampliamente los 50.000 millones de euros.
Uno de los sistemas analizados es el denominado "modelo de puntos", implantado de forma destacada en países como Alemania y Francia. En este esquema, cada trabajador acumula puntos durante su vida laboral en función de su salario y de las cotizaciones realizadas. Posteriormente, al llegar la jubilación, esos puntos se transforman en pensión según el valor que tenga el punto en ese momento.
En el caso francés, el sistema combina una pensión pública básica con un sistema complementario obligatorio basado en puntos. Los expertos consideran que este modelo refuerza la relación entre aportaciones y prestaciones, aunque advierten de que su sostenibilidad puede verse afectada si el valor del punto se fija con criterios políticos y no técnicos.
Otra de las fórmulas que gana protagonismo es el sistema de "cuentas nocionales", utilizado en países como Suecia, Italia o Polonia. Este modelo funciona mediante cuentas virtuales individuales en las que se registran las cotizaciones del trabajador. Aunque las aportaciones siguen financiando las pensiones actuales -como ocurre en los sistemas de reparto-, cada persona dispone de una especie de "saldo teórico" que evoluciona en función del crecimiento económico o salarial.
Cuando llega la jubilación, el importe acumulado se divide teniendo en cuenta factores como la esperanza de vida de la generación correspondiente. Según el estudio citado, este sistema mejoraría notablemente la sostenibilidad financiera, aunque podría reducir las pensiones iniciales entre un 10% y un 13% respecto al modelo español actual.
El caso sueco incorpora además un componente mixto: una parte de las cotizaciones se destina a cuentas nocionales públicas y otra se canaliza hacia sistemas de capitalización privada obligatoria. Este enfoque pretende diversificar las fuentes de financiación de las pensiones futuras, aunque también plantea importantes retos, especialmente en relación con el coste de transición y la necesidad de mantener simultáneamente el pago de las pensiones actuales.
El informe de los actuarios españoles considera que las reformas parciales aplicadas hasta ahora podrían resultar insuficientes ante la presión demográfica prevista para las próximas décadas. Por ello, el debate sobre posibles cambios estructurales en el sistema de pensiones continuará previsiblemente ganando peso tanto en España como en el resto de Europa.
La proposición de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso para mejorar la situación de los profesionales que cotizaron a través de mutualidades -como abogados, procuradores, médicos o arquitectos- deja fuera a quienes ya están jubilados y perciben pensiones reducidas.
Tras las últimas modificaciones incorporadas al texto, la reforma sigue sin satisfacer plenamente a los distintos colectivos afectados. La iniciativa contempla la creación de una pasarela extraordinaria y voluntaria que permitirá a estos profesionales integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social trasladando los derechos acumulados en sus mutualidades. Sin embargo, los jubilados no podrán beneficiarse de una mejora de sus prestaciones, una de las principales reclamaciones de las asociaciones que representan a abogados y procuradores mutualistas.
La propuesta tampoco recoge otra de las demandas históricas de los afectados: que cada año cotizado en las mutualidades sea reconocido automáticamente como un año de cotización en el RETA. Por ahora, el sistema previsto permitirá trasladar a la Seguridad Social el capital acumulado y calcular a cuántos años de cotización equivaldría esa cantidad tomando como referencia la base mínima del RETA. Aun así, se aplicará un coeficiente reductor del 0,77%, pensado para facilitar que los mutualistas puedan sumar más años dentro del sistema público. Los colectivos afectados reclaman que ese coeficiente se rebaje, al menos, hasta el 0,67%, con el objetivo de poder reconocer un mayor número de años cotizados en la Seguridad Social.
El informe de la ponencia será debatido el próximo 20 de mayo en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los afectados confían en introducir mejoras antes de que el texto llegue al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
El origen del problema radica en que muchos profesionales realizaron durante años aportaciones muy reducidas a sus mutualidades, incluso inferiores a las cuotas mínimas que pagan los autónomos al sistema público. Como consecuencia, numerosos jubilados perciben actualmente pensiones inferiores a 700 euros mensuales y, en algunos casos, incluso por debajo de 500 euros. Aunque el traslado al RETA supondrá una mejora de las prestaciones para muchos mutualistas, la ley no garantiza expresamente que estas alcancen la pensión mínima fijada por la Seguridad Social.
El nuevo redactado sí introduce algunas novedades relevantes. Entre ellas, elimina el requisito de estar dado de alta en la mutualidad en diciembre de 2022 para poder acogerse a la pasarela al RETA, ampliando así el número de beneficiarios potenciales. También permitirá acceder al sistema público a quienes perciban una pensión de viudedad.
Además, la reforma endurece progresivamente el funcionamiento de las mutualidades. Una vez entre en vigor, los mutualistas deberán aumentar sus aportaciones hasta equipararlas a las cuotas mínimas del RETA. En concreto, abonarán el 86% de esa cuantía en 2026, el 93% en 2027 y el 100% a partir de 2028. La norma también obligará a las mutualidades a garantizar prestaciones que no sean inferiores al 100% de la pensión mínima de la Seguridad Social, así como a revalorizarlas al mismo ritmo que el sistema público. Por último, la ley prevé eliminar este modelo alternativo de cotización para los nuevos profesionales, que deberán incorporarse directamente al RETA desde el 1 de enero de 2028.
Cada jornada en la que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado -impidiendo el tránsito de cerca del 20% del petróleo y derivados que consume el planeta- acerca más a la economía mundial a un escenario de desabastecimiento energético y posible recesión. El acercamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos anunciado este miércoles por Donald Trump provocó una caída cercana al 10% en el precio del petróleo, aunque ese descenso apenas refleja la enorme tensión acumulada en los mercados energéticos.
Con el conflicto entrando ya en su tercer mes, las opciones para evitar una espiral de escasez y nuevas subidas de precios comienzan a agotarse. Mientras el petróleo del golfo Pérsico sigue sin llegar a los mercados internacionales, las reservas estratégicas globales disminuyen y las cadenas logísticas muestran signos crecientes de debilidad. Los analistas advierten de que, si no se alcanza pronto un acuerdo entre Washington y Teherán que permita reabrir Ormuz, el siguiente paso podría ser el racionamiento energético. El estrecho es considerado una infraestructura esencial sin la cual la economía mundial apenas puede sostenerse.
Hasta ahora no ha sido posible compensar los aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados que normalmente atraviesan este corredor marítimo. Arabia Saudí ha logrado mantener cerca del 80% de sus exportaciones gracias al oleoducto Petroline, que conecta el golfo Pérsico con el mar Rojo atravesando la península arábiga. Emiratos Árabes Unidos también ha conseguido redirigir parte de su producción fuera del golfo, pero siguen prácticamente paralizadas las exportaciones de Irak, Kuwait y Qatar, tanto de petróleo como de gasolina, combustible aéreo, fertilizantes o gas natural licuado. La Agencia Internacional de la Energía considera que este episodio constituye el mayor shock petrolero de la historia.
Según Barclays, el mercado mundial continúa registrando un déficit diario de entre 12 y 13 millones de barriles. Para cubrir esa falta de suministro solo existen dos alternativas: reducir drásticamente el consumo mundial de petróleo -con el consiguiente impacto económico- o recurrir a las reservas disponibles. La liberación extraordinaria de 400 millones de barriles coordinada por la Agencia Internacional de la Energía ha ayudado a contener parcialmente la crisis, aunque resulta insuficiente para compensar el volumen perdido.
Manuel Maleki, economista especializado en materias primas de Edmond de Rothschild AM, explica que las reservas estratégicas sirven para amortiguar impactos temporales, estabilizar las expectativas y ganar tiempo, pero no pueden sustituir permanentemente las rutas marítimas ni la infraestructura que sostiene el comercio energético mundial.
Hasta el momento, el mercado ha resistido gracias tanto a las reservas estratégicas liberadas por los gobiernos como a las existencias comerciales acumuladas por operadores privados. Sin embargo, ninguna de estas reservas es ilimitada. Además, están distribuidas de manera desigual entre regiones y tipos de crudo o derivados, y cuentan con niveles mínimos de seguridad que no pueden agotarse completamente.
Barclays calcula que, si el cierre de Ormuz se prolonga, las reservas podrían alcanzar niveles críticos a finales de mayo. El banco británico advierte de que las próximas semanas representan el margen de maniobra restante antes de que la destrucción de demanda -es decir, una reducción forzada del consumo por el deterioro económico- se haga claramente visible. Según sus estimaciones, retrasar la reapertura del estrecho hasta finales de mayo elevaría el precio del barril Brent desde los 110 dólares previstos para el segundo trimestre hasta los 130 dólares, encareciendo además el promedio anual hasta los 111 dólares por barril.
Goldman Sachs también advirtió recientemente de que la pérdida diaria de reservas, estimada entre 11 y 12 millones de barriles, no puede mantenerse durante mucho tiempo sin consecuencias graves. La entidad considera que, si la crisis de suministro persiste, será inevitable reducir aún más la demanda energética.
En una línea similar, Jeff Currie, experto en materias primas de Carlyle señaló en declaraciones a Bloomberg que las reservas petroleras europeas podrían agotarse en algún momento de este mes. En Estados Unidos, el país con mayores reservas del mundo, la situación podría alcanzar un punto crítico alrededor del 4 de julio, coincidiendo simbólicamente con el Día de la Independencia. Mientras tanto, el precio de la gasolina en EE UU ya supera los 4,50 dólares por galón por primera vez desde 2022, un factor con fuerte impacto político para Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre.
En este contexto, numerosos países podrían verse obligados a aplicar medidas de racionamiento energético, una realidad que ya afecta duramente a varias economías asiáticas altamente dependientes del petróleo procedente de Oriente Próximo. UBS advierte de que cuanto más se prolongue el conflicto, menor será el colchón de reservas y mayor tendrá que ser la reducción del consumo para equilibrar el mercado.
Barclays ilustra la situación comparándola con un hogar que pierde sus ingresos y comienza a vivir de sus ahorros: al principio la situación parece manejable, pero con el paso de los meses los recortes se vuelven inevitables. Según el banco, la economía mundial se encontraría actualmente en una fase intermedia de ese proceso: las reservas aún existen y las facturas siguen pagándose, pero el margen se reduce rápidamente sin que aparezca una solución definitiva.
La reapertura del estrecho de Ormuz se considera urgente, aunque incluso un eventual acuerdo de paz no resolvería inmediatamente la crisis. El daño causado sobre el suministro energético y el elevado coste de la energía seguirían presentes durante bastante tiempo. Jeff Currie señala que, aun si el conflicto terminara hoy, harían falta más de tres meses para que el flujo de petróleo comenzara a normalizarse y pudiera evaluarse el alcance real de los daños.
Además, será necesario reorganizar el tráfico marítimo de cerca de mil buques retenidos en la zona, reparar infraestructuras petroleras dañadas y reactivar instalaciones que han detenido su producción. Algunos complejos energéticos, como la planta catarí de gas natural de Ras Laffan -la mayor del mundo-, podrían tardar meses o incluso años en recuperar plenamente su actividad.
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