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(Expansión, 14-05-2026) | Laboral

La patronal carga contra Yolanda Díaz por poner en riesgo a las pymes con las subidas del SMI

Cepyme alerta de que el deterioro del diálogo social impulsado por el Ministerio de Trabajo, junto al aumento de los costes laborales y la creciente carga regulatoria, está poniendo contra las cuerdas a las pequeñas y medianas empresas españolas. La patronal considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años están reduciendo de forma notable los márgenes de las pymes y dificultando su viabilidad. Estas compañías, que representan el 99% del tejido empresarial español, afrontan importantes dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias normativas por carecer, en muchos casos, de estructuras suficientes para asumir rápidamente los cambios regulatorios. A esta situación se suma, según la organización, el incremento de los costes de producción y especialmente de los laborales, impulsados principalmente por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional promovidas por el Ministerio de Trabajo. Cepyme advierte de que esta combinación de factores está generando un escenario especialmente delicado para miles de pequeños negocios. Ante este contexto, la patronal presidida por Ángela de Miguel reclama al Ejecutivo mayor moderación tanto en la aprobación de nuevas obligaciones administrativas como en el incremento de costes laborales. En un comunicado difundido este miércoles, la organización carga especialmente contra el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al que acusa de haber deteriorado el diálogo social y de adoptar decisiones unilaterales sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sobre las empresas. En los últimos meses, tanto Cepyme como CEOE han abandonado distintas mesas de negociación al considerar que el Ministerio de Trabajo ya daba por cerrados determinados acuerdos antes de escuchar las propuestas empresariales. Entre los principales desacuerdos figuran las negociaciones sobre la reducción de jornada, la reforma del despido o los cambios en la normativa de prevención de riesgos laborales. La patronal de las pymes sostiene que la situación de estas empresas se ha agravado por la pérdida de calidad del diálogo social y denuncia que el Gobierno está dejando de lado a las organizaciones empresariales en cuestiones clave. A su juicio, esta dinámica refleja un desconocimiento de la realidad de las pequeñas empresas y supone un riesgo creciente para el tejido productivo español. Cepyme también advierte de que las pymes afrontan problemas estructurales que amenazan tanto su competitividad como su continuidad. Entre ellos destaca el exceso de burocracia y la sobrerregulación, que generan elevados costes administrativos y restan tiempo y recursos, especialmente en el caso de las microempresas, que carecen de departamentos especializados. Asimismo, la organización critica que muchas de las medidas laborales aprobadas no tienen en cuenta las circunstancias reales de las empresas, lo que provoca una creciente desconexión entre la legislación y la actividad económica cotidiana. La patronal señala además que la elevada presión fiscal, el encarecimiento de los costes laborales y operativos, las dificultades para avanzar en digitalización, la incertidumbre regulatoria y la falta de seguridad jurídica están configurando un escenario especialmente complejo para las pequeñas empresas. En su opinión, si esta tendencia continúa podrían multiplicarse los cierres de negocios, agravarse la despoblación y aumentar los desequilibrios territoriales. Por ello, Cepyme reclama un diálogo social "real y transparente" que incorpore las necesidades específicas de las pymes y evite decisiones unilaterales que puedan perjudicar la inversión, la competitividad y la estabilidad económica. La organización también pide medidas adaptadas al tamaño de las empresas, incentivos fiscales y apoyo específico para acelerar los procesos de digitalización.

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(El País, 14-05-2026) | Laboral

Los expertos advierten que la sentencia del Supremo sobre los trabajadores públicos temporales disparará las demandas

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público, conocida este martes, no parece que vaya a poner fin al intenso debate judicial que ya acumula alrededor de 40.000 reclamaciones en distintas instancias. Al contrario, expertos del ámbito jurídico, académico y sindical consideran que el fallo provocará un aumento de la litigiosidad entre los trabajadores de administraciones y organismos públicos, ante la ausencia de una reforma legislativa que aporte una solución definitiva. Aunque los especialistas coinciden en que la resolución del Supremo está sólidamente argumentada, también advierten de que deja numerosas cuestiones abiertas que seguirán resolviéndose en los tribunales. El responsable del área de Empleo Público del despacho Vento Abogados & Asesores, Pablo Guntiñas, explica que el criterio fijado por el Supremo no es completamente nuevo, ya que el tribunal ya se había pronunciado en una línea similar en 2021. Sin embargo, considera que esta nueva resolución supone un cambio relevante que podría traducirse en un incremento significativo de demandas relacionadas con la fijeza laboral. El fallo responde al conocido como "caso Obadal", relativo a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que acumuló contratos temporales durante siete años, entre 2016 y 2023. La empleada había superado parte del proceso selectivo, pero no consiguió plaza debido a que el número de aprobados superaba las vacantes disponibles, lo que provocó que continuara vinculada a la Administración mediante contratos temporales. Según explica Guntiñas, la trabajadora únicamente aprobó la fase eliminatoria de oposición, pero no logró superar la valoración de méritos. Aun así, el Supremo considera suficiente haber superado esa parte del proceso para reconocer la transformación de su relación laboral en fija. A juicio del abogado, esta interpretación puede animar a otros empleados públicos temporales a reclamar la fijeza simplemente por haber superado alguna fase selectiva. La propia sentencia incluye además un voto particular del magistrado Rafael Antonio López Parada que va incluso más lejos y plantea la posibilidad de extender este criterio a procedimientos basados exclusivamente en concursos de méritos, aunque esa posición no representa la opinión mayoritaria de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La resolución también introduce novedades relevantes en materia de indemnizaciones por abuso de temporalidad. Además de reconocer la posible conversión en trabajadores fijos del personal laboral afectado -en este caso, la empleada ya tenía reconocida la condición de indefinida no fija- el tribunal contempla la posibilidad de que estos trabajadores puedan recibir una doble compensación económica. Por un lado, prevé una indemnización vinculada a la extinción de la relación laboral, similar a la que perciben los trabajadores despedidos en el sector privado. Por otro, abre la puerta a reclamar una compensación adicional por daños y perjuicios derivados del abuso de la contratación temporal. Para calcular esta segunda indemnización, el Supremo sugiere utilizar criterios similares a los contemplados en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, fijando como referencia cantidades mínimas que podrían alcanzar los 10.000 euros. Los expertos creen que este nuevo escenario incrementará también las reclamaciones económicas. Según Guntiñas, la sentencia obligará a los abogados a reforzar la argumentación de las demandas para acreditar los perjuicios concretos sufridos por los trabajadores y aspirar así a indemnizaciones superiores. Además, recuerda que incluso quienes ya hayan obtenido plaza fija podrían reclamar compensaciones si anteriormente padecieron situaciones de abuso de temporalidad. También las demandas ya presentadas podrán modificarse para incorporar los nuevos criterios establecidos por el Supremo. El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, considera igualmente que esta sentencia no supone un punto final, sino el inicio de una nueva etapa judicial en la materia. A su juicio, todavía quedan numerosos aspectos pendientes que seguirán resolviéndose caso por caso en los tribunales. No obstante, Cruz Villalón sostiene que la solución definitiva no puede depender únicamente de los jueces, sino de una reforma legal impulsada por el Gobierno. Entre las posibles medidas, menciona la necesidad de establecer responsabilidades personales y patrimoniales para los funcionarios que permitan abusos en la temporalidad, agilizar los procesos selectivos para evitar retrasos de varios años y reservar plazas específicas para atender necesidades temporales o coyunturales dentro de las administraciones públicas.

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(El País, 14-05-2026) | Laboral

Trabajo recurrirá la sentencia del Supremo que limita el acceso de los inspectores a miles de empresas

El Tribunal Supremo emitió el pasado 14 de abril una sentencia con importantes consecuencias para la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El fallo establece que los inspectores necesitarán autorización judicial para acceder a un centro de trabajo cuando este coincida con el domicilio social de una empresa. En la práctica, esta decisión afecta especialmente a numerosas pymes donde la sede social y el lugar de actividad comparten ubicación. El Ministerio de Trabajo considera que esta interpretación limita la capacidad de actuación de la Inspección y, por ello, ha solicitado a la Abogacía del Estado que presente recurso contra la sentencia, según adelantó eldiario.es y han confirmado fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz a EL PAÍS. Mientras espera el resultado del recurso, Trabajo asegura que la Inspección continúa desarrollando su labor con normalidad y garantizando el respeto a los derechos de los trabajadores. El ministerio explica además que, tras conocerse el fallo, se trasladaron nuevas directrices internas destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los inspectores durante sus actuaciones. Desde el departamento subrayan que los inspectores siguen teniendo acceso a cualquier centro de trabajo, salvo en el caso de domicilios de personas físicas y, tras esta sentencia, también en determinados espacios pertenecientes a personas jurídicas considerados constitucionalmente protegidos. Según la interpretación del ministerio, esta limitación no afecta a todas las instalaciones de la empresa, sino únicamente a zonas reservadas donde se realizan tareas de dirección, se toman decisiones estratégicas o se conserva documentación sensible. En aquellos casos en los que la Inspección necesite acceder a esos espacios, Trabajo señala que será necesario obtener el consentimiento del titular o representante de la empresa. Si este se negara, los inspectores tendrían que solicitar autorización judicial para entrar en áreas no abiertas al público vinculadas a funciones directivas o de custodia documental. El ministerio recuerda además que impedir injustificadamente el acceso de la Inspección puede constituir una obstrucción sancionable conforme a la legislación vigente. La resolución del Supremo ha provocado malestar entre los representantes de los inspectores. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) advirtió en un comunicado de que exigir autorización judicial previa dificultará las inspecciones sorpresa en miles de empresas y puede perjudicar la rapidez y eficacia de las actuaciones inspectoras. El sindicato considera además que equiparar el domicilio social de una empresa al domicilio particular altera el equilibrio existente entre la protección de derechos fundamentales y las facultades de control de la Inspección de Trabajo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AIE advierte que las reservas de petróleo se reducen a un ritmo récord y prevé un pico de precios antes del verano

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado este martes su informe mensual sobre el mercado petrolero correspondiente a abril y el diagnóstico vuelve a ser extremadamente preocupante. La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz provocaron entre marzo y abril una pérdida acumulada de suministro superior a los mil millones de barriles procedentes de los productores del Golfo, lo que equivale a unos 14 millones de barriles diarios, en un mercado mundial que ronda los 100 millones diarios de producción. Se trata de una crisis de abastecimiento sin precedentes recientes, aunque el mercado global está tratando de amortiguar el impacto mediante dos mecanismos: un aumento acelerado de la producción en otros países exportadores y una reducción del consumo derivada del fuerte encarecimiento del petróleo y sus derivados. El alza de precios está destruyendo demanda y obligando a consumidores y empresas a reducir su consumo energético, lo que ayuda parcialmente a contener el desequilibrio entre oferta y demanda. La situación refleja una adaptación forzada a un conflicto que se acerca ya a su tercer mes y que ha alterado profundamente las cadenas globales de suministro energético. A pesar del incremento de producción fuera del Golfo y de la moderación del consumo observados en abril, la AIE advierte de que el déficit de suministro persistirá al menos hasta el último trimestre del año, incluso bajo el supuesto de que los flujos energéticos comiencen a normalizarse progresivamente a partir del tercer trimestre. La agencia lanza además una advertencia inmediata sobre la evolución de los precios. Según el organismo, las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord, por lo que es probable que la volatilidad del mercado aumente aún más antes del pico de demanda del verano. En otras palabras, si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado durante las próximas semanas, el petróleo y los combustibles derivados podrían seguir encareciéndose. El informe señala que el suministro mundial de crudo cayó en abril otros 1,8 millones de barriles diarios, situándose en 95,1 millones. Desde febrero, la pérdida acumulada asciende ya a 12,8 millones de barriles diarios, debido principalmente al desplome de la producción y exportación en el Golfo Pérsico, parcialmente compensado por otros productores internacionales. La AIE calcula que, incluso suponiendo una recuperación gradual de los flujos desde junio, la producción media mundial de petróleo durante 2026 será 3,9 millones de barriles diarios inferior a la de 2025, hasta situarse en torno a los 102,2 millones de barriles diarios. Dentro de este escenario de escasez, el momento más delicado podría producirse en la segunda mitad del año si no se alcanza una rápida reapertura del estrecho de Ormuz. La agencia sostiene que el mercado seguirá soportando un fuerte déficit de oferta al menos hasta finales del tercer trimestre de 2026, incluso contemplando como escenario base un final relativamente próximo del conflicto. Otro de los elementos de preocupación es el rápido agotamiento de las reservas estratégicas, cuya liberación ha sido esencial para evitar problemas mayores de abastecimiento y contener la escalada del crudo. La AIE considera insuficiente tanto el esfuerzo de producción adicional realizado por países ajenos al Golfo como la reducción del consumo observada en numerosos mercados para compensar completamente el déficit generado por la guerra. Los datos muestran una caída muy significativa de las reservas globales de petróleo. En marzo descendieron en 129 millones de barriles y en abril en otros 117 millones. El desplome ha sido especialmente intenso en los países de la OCDE, donde las reservas cayeron en abril en 146 millones de barriles, mientras que en los países no pertenecientes a la organización la reducción fue mucho más moderada. En total, incluyendo el petróleo almacenado en buques, las existencias mundiales se redujeron en unos 250 millones de barriles entre marzo y abril. Ante esta situación, la AIE impulsó en marzo la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de su historia, con 400 millones de barriles. Hasta comienzos de mayo ya se habían liberado 164 millones y está previsto que otros 210 millones salgan al mercado antes de finales de julio. El informe también destaca la capacidad de algunos productores para reorganizar las rutas de exportación. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han conseguido redirigir parte de sus ventas hacia terminales situadas fuera del estrecho de Ormuz, mientras que otros países productores han incrementado notablemente su bombeo. Estados Unidos ha sido uno de los principales protagonistas de esta respuesta. La AIE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la oferta procedente de América para 2026 en más de 600.000 barriles diarios desde comienzos de año, hasta alcanzar un incremento medio de 1,5 millones diarios. También han aumentado significativamente sus exportaciones Brasil, Canadá, Kazajistán y Venezuela. El incremento de las exportaciones desde la cuenca atlántica hacia Asia, principalmente a través del canal de Suez, ha crecido en unos 3,5 millones de barriles diarios desde febrero, contribuyendo a reducir parcialmente el desequilibrio del mercado. Además del aumento de la producción, la AIE subraya que el ajuste de la demanda está siendo un factor clave para contener la escalada de precios. La agencia prevé ahora que la demanda mundial de petróleo se reduzca en 2,4 millones de barriles diarios interanuales durante el segundo trimestre de 2026 y cierre el conjunto del año con una caída media de 420.000 barriles diarios, una previsión mucho más débil que la estimada antes del conflicto. El encarecimiento de la energía, el deterioro económico global y las medidas de ahorro energético están afectando de forma creciente al consumo. El mayor retroceso se registrará precisamente durante este segundo trimestre, cuando la demanda podría disminuir en torno a 2,45 millones de barriles diarios. Por el momento, la destrucción de demanda se aprecia especialmente en sectores como el petroquímico, donde la escasez de materias primas empieza a ser muy acusada, y en la aviación. Según la AIE, la actividad aérea continúa muy por debajo de los niveles habituales, lo que ha ayudado a moderar parcialmente la presión sobre el precio del combustible para aviones, que llegó casi a triplicarse tras la interrupción de las exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV refuerza el mensaje contra el uso de información privilegiada

La sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por operar en Bolsa con información privilegiada ha vuelto a situar en el centro del debate la transparencia en los mercados y la importancia de la educación financiera. Pocos días después de hacerse pública la resolución, Finanzas Para Todos -el programa impulsado por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía- ha difundido material divulgativo para explicar qué se entiende por información privilegiada, por qué está prohibida y cuáles son sus consecuencias para el mercado y los inversores. La plataforma recuerda que este tipo de información hace referencia a datos relevantes sobre una empresa o activo financiero que todavía no han sido comunicados públicamente y que, de conocerse, podrían alterar el precio de las acciones. Utilizar esos datos para comprar o vender títulos antes de que el resto de participantes tenga acceso a ellos vulnera el principio básico de igualdad informativa sobre el que se sustentan los mercados financieros. La publicación coincide con la repercusión generada por las multas impuestas por la CNMV a Piqué, sancionado con 200.000 euros, y a José Elías, castigado con 100.000 euros. Según el supervisor bursátil, Elías informó al exjugador de que Atrys Health mantenía conversaciones para lanzar una opa sobre Aspy Global Services. Tras conocer esa información, Piqué adquirió más de 104.000 acciones de Aspy por unos 240.000 euros. Dos días más tarde, la operación se comunicó oficialmente al mercado y los títulos se revalorizaron. Una semana después, el exfutbolista vendió las acciones obteniendo una plusvalía cercana al 22% y unas ganancias de alrededor de 50.000 euros. Desde Finanzas Para Todos recuerdan que la confianza es uno de los pilares esenciales del sistema financiero y que prácticas como el uso de información privilegiada generan ventajas injustas y dañan la igualdad entre inversores. La normativa no limita este tipo de infracciones únicamente a directivos o empleados de empresas cotizadas. También pueden verse implicados asesores, abogados, periodistas, familiares o cualquier persona que tenga acceso a información sensible y la utilice para beneficiarse económicamente, ya sea de forma directa o indirecta. La iniciativa educativa insiste además en la necesidad de diferenciar entre el análisis financiero legítimo y el uso ilegal de información reservada. Analizar balances, estudiar empresas o seguir la actualidad económica forma parte de la actividad habitual de cualquier inversor. Lo ilícito aparece cuando se emplea información relevante aún no pública para operar con ventaja sobre el resto del mercado. En los últimos años, la CNMV ha intensificado el control sobre posibles abusos de mercado, especialmente en operaciones corporativas y movimientos sospechosos previos a anuncios relevantes. Según los datos más recientes del organismo, durante 2025 se recibieron más de 200 alertas relacionadas con posibles operaciones irregulares comunicadas por entidades financieras y otros operadores obligados a informar. La legislación española prevé sanciones especialmente duras para este tipo de conductas. Además de multas elevadas, pueden imponerse inhabilitaciones e incluso penas de prisión en los casos más graves, especialmente cuando el beneficio económico obtenido o el daño causado al mercado alcanza una dimensión relevante.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Senado aprueba el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed

Kevin Warsh ha sido confirmado oficialmente este jueves como nuevo presidente de la Reserva Federal después de lograr el apoyo mayoritario del Senado, último paso necesario para asumir la dirección del banco central de Estados Unidos a partir del próximo 15 de mayo. Un total de 54 senadores respaldaron su nombramiento al frente de la Fed, mientras que 45 votaron en contra de su designación. Warsh relevará en el cargo a Jerome Powell el 15 de mayo. No obstante, Powell continuará como gobernador de la institución durante un periodo todavía indefinido, aunque su mandato no podrá extenderse más allá de enero de 2028, fecha en la que concluye oficialmente su etapa dentro del organismo. El relevo añade más tensión al proceso de transición en la Reserva Federal. Powell ha advertido recientemente de que la presión ejercida por Donald Trump sobre el banco central pone en riesgo la independencia de la institución y ha dejado entrever que no abandonará definitivamente la Fed hasta que se aclaren todas las dudas en torno a la investigación penal promovida por el presidente estadounidense contra él. Aunque la causa judicial ha sido archivada, el procedimiento administrativo sigue abierto. La llegada de Warsh coincide además con un momento especialmente complejo para la economía estadounidense. Trump llevaba meses reclamando fuertes bajadas de tipos de interés para impulsar la actividad y reducir los costes de financiación, pero el conflicto con Irán ha modificado por completo el escenario económico. El encarecimiento de la energía ha reactivado las presiones inflacionistas y ha reducido considerablemente las opciones de que la Fed pueda recortar tipos en el corto plazo. De hecho, los inversores prácticamente descartan ya una bajada de tipos durante 2026 y empiezan incluso a valorar posibles incrementos en 2027 si la inflación vuelve a intensificarse. Aunque ningún dirigente de la Reserva Federal ha defendido públicamente nuevas subidas, varios miembros del organismo sí han reconocido que esa posibilidad ya no puede descartarse. Todo ello sitúa a Warsh en una posición delicada desde el inicio de su mandato. Durante su comparecencia ante el Senado, los demócratas intentaron retratarlo como un candidato alineado con las exigencias de Trump, algo que el exejecutivo de Wall Street negó en repetidas ocasiones. Sin embargo, las propias declaraciones del presidente estadounidense han limitado su margen de actuación, ya que Trump había asegurado públicamente que solo elegiría a un presidente de la Fed partidario de reducir los tipos de interés. Antes de asumir oficialmente el cargo, Warsh se ha comprometido a desprenderse de buena parte de los más de 130 millones de dólares en activos financieros que posee. Una vez completadas esas operaciones, tomará posesión formal de la presidencia de la Reserva Federal. Su candidatura ya había superado hace dos semanas un paso decisivo al recibir el visto bueno del comité bancario del Senado. Los 13 representantes republicanos apoyaron su nombramiento, mientras que los 11 demócratas votaron en contra. Desde entonces, ha ido superando el resto del proceso parlamentario, aunque sin alcanzar el amplio consenso político que tradicionalmente suele acompañar la elección del presidente de la Fed.

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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

La Inspección tributaria pone la lupa sobre los neobancos y las plataformas de activos digitales

La Agencia Tributaria (AEAT) se ha marcado para este año una meta prioritaria: acabar con las barreras digitales que aún permiten esconder patrimonio en el extranjero. Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, el organismo prepara un importante despliegue tecnológico en el que la inteligencia artificial y la supervisión de la nueva banca digital tendrán un papel central. El mensaje de Hacienda es claro: la opacidad en el entorno digital tiene los días contados. El control ya no se limita a las cuentas tradicionales en paraísos fiscales, sino que se amplía a neobancos y plataformas de activos digitales, instrumentos que, según el plan, se utilizan cada vez más para ocultar rentas o blanquear capitales bajo una apariencia de anonimato. Entre las principales novedades del plan de 2026 figura la ofensiva contra las cuentas abiertas en entidades financieras digitales y neobancos. La Agencia Tributaria considera que muchos de estos operadores, que actúan mediante licencias de terceros o bajo regímenes de libre prestación de servicios, están sirviendo para esconder patrimonio y rentas fuera de España. Para hacer frente a esta situación, Hacienda se apoyará en la transposición de la directiva europea DAC8, que permitirá acceder de forma automática y detallada a información sobre dinero electrónico y monedas digitales emitidas por bancos centrales. El control será continuo y sistemático: el Fisco prevé disponer mensualmente de datos sobre titularidad de cuentas bancarias, así como un seguimiento exhaustivo de ingresos procedentes de TPV, tarjetas y pagos vinculados a teléfonos móviles. La intención de la Agencia Tributaria es cerrar cualquier posible vía de escape a través de plataformas digitales. Las entidades de pago y de dinero electrónico deberán facilitar información que hasta ahora quedaba en un espacio regulatorio difuso, lo que permitirá cruzar datos en tiempo real y detectar diferencias entre el nivel de gasto de un contribuyente y los ingresos declarados. La vigilancia sobre grandes patrimonios y fiscalidad internacional seguirá siendo otro de los ejes prioritarios. Hacienda endurecerá el control sobre quienes simulan residir fuera de España o en comunidades autónomas con menor carga fiscal para evitar tributar por IRPF o Patrimonio. Para ello, la AEAT recurrirá a herramientas de trazabilidad blockchain y al análisis masivo de datos mediante big data. El objetivo es desmontar estructuras de planificación fiscal agresiva y detectar sociedades instrumentales o pantalla utilizadas para desviar fondos al exterior o sufragar gastos personales con dinero opaco. También se reforzará el control sobre los activos situados fuera de España. Modelos informativos como el 721, destinado a declarar criptoactivos en el extranjero, serán esenciales para alimentar las bases de datos de Hacienda. La intención es que cualquier activo, desde inmuebles de lujo hasta carteras de criptomonedas depositadas en exchanges internacionales, quede plenamente identificado ante la Administración. El plan de control tributario para 2026 se apoya además en la capacidad de análisis de la inteligencia artificial. La Agencia Tributaria consolidará el uso de sistemas de IA para seleccionar deudores y detectar riesgos fiscales. A través del análisis posterior de la información, estos sistemas podrán identificar entramados societarios bajo un mismo control creados para vaciar patrimonios y esquivar deudas tributarias. En materia de blanqueo de capitales, la cooperación internacional se intensificará. Hacienda estrechará su colaboración con organismos como el Sepblac y Europol para seguir de cerca nuevas fórmulas de lavado de dinero que aprovechan la rapidez y alcance global de los neobancos. El control también se extenderá a sectores en expansión como el comercio electrónico y el mercado inmobiliario, considerados especialmente sensibles a la entrada de capitales de origen dudoso. Con estas medidas, España se alinea con las políticas de transparencia impulsadas por la OCDE y la Unión Europea. El nuevo plan de control tributario refleja cómo la tecnología ha dejado de ser un refugio para la opacidad y se ha convertido en una de las principales herramientas de inspección fiscal. Para los contribuyentes con bienes en el extranjero o usuarios habituales de plataformas financieras digitales, el escenario cambia de forma sustancial: Hacienda no solo dispone ya del respaldo legal para reclamar información, sino también de herramientas tecnológicas capaces de anticiparse y detectar irregularidades antes incluso de iniciar una comprobación formal. El cerco sobre los llamados paraísos digitales es cada vez más estrecho.

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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los nuevos propietarios a pagar deudas fiscales previas de la comunidad

La Dirección General de Tributos (DGT) ha fijado un nuevo criterio con importantes consecuencias para las operaciones inmobiliarias en España. El organismo considera que quien compra un inmueble y pasa a formar parte de una comunidad de propietarios responde solidariamente de las deudas tributarias de esa comunidad, incluso aunque dichas obligaciones fiscales se hubieran generado antes de la adquisición. Hasta ahora, el mercado manejaba una interpretación más protectora para el comprador. Sin embargo, la DGT sostiene que la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.1.b) de la Ley General Tributaria (LGT) afecta a cualquier integrante de la comunidad de propietarios, sin importar cuándo se originaron las deudas tributarias cuya derivación reclama Hacienda. El criterio tiene especial relevancia en ámbitos como el de los centros comerciales, donde las comunidades de propietarios suelen desarrollar actividades económicas, por ejemplo mediante el alquiler de zonas comunes o aparcamientos. Según explican Ricardo García-Borregón y Emma Sevajol, del área de Derecho Financiero y Tributario de Ashurst, la cuestión era clave para determinar si un comprador podía acabar asumiendo "contingencias históricas" detectadas por la Agencia Tributaria tras una inspección o procedimiento de revisión. La DGT apoya su interpretación en principios del Código Civil, al entender que formar parte de una comunidad implica asumir tanto derechos como obligaciones. De este modo, cuando se produce la sustitución de un propietario, el nuevo adquirente se incorpora a la comunidad en función de la cuota adquirida y, con ello, acepta también las cargas asociadas a esa posición. Para los especialistas de Ashurst, este cambio de criterio genera incertidumbre. Consideran discutible que se utilicen argumentos propios del ámbito civil para justificar una responsabilidad tributaria que, a su juicio, debería regirse por criterios autónomos. Además, advierten de que esta interpretación puede acarrear efectos especialmente gravosos para el comprador, situándolo en una posición de mayor vulnerabilidad incluso que quien adquiere una empresa. A diferencia de lo que sucede en las transmisiones de negocios o actividades económicas, donde el adquirente puede solicitar a Hacienda un certificado que limite o excluya su responsabilidad futura, ese mecanismo de protección no existe en el caso de las comunidades de propietarios. Esto deja al inversor expuesto a posibles deudas fiscales desconocidas y generadas por terceros antes de la compra. Con este nuevo escenario, la prudencia pasará a ser un elemento esencial en cualquier operación inmobiliaria. El criterio obligará a llevar a cabo procesos de due diligence fiscal mucho más exhaustivos sobre la comunidad de propietarios y sobre todos los ejercicios no prescritos, en lugar de limitarse únicamente al inmueble concreto objeto de adquisición. Los expertos alertan además de que esta nueva doctrina tendrá un impacto directo en la duración y el coste de las transacciones. Los compradores se verán forzados a reforzar su protección mediante cláusulas contractuales de reembolso o recurriendo a seguros de manifestaciones y garantías (W&I) para cubrir riesgos fiscales que hasta ahora no se contemplaban en este tipo de operaciones.

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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

Los asesores fiscales piden al Supremo la devolución general de la tasa de basura de Madrid

La batalla judicial por la tasa municipal de basuras del Ayuntamiento de Madrid sigue escalando. Después de que el consistorio anunciara su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló el nuevo tributo y abría la puerta a devolverlo a los vecinos que lo habían reclamado, los asesores fiscales también han decidido acudir al Alto Tribunal, aunque con un objetivo distinto: lograr que la devolución alcance a todos los contribuyentes, incluso a quienes no impugnaron el pago. Así lo comunicó este martes la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, que explicó que inicialmente no tenía previsto recurrir la sentencia favorable dictada por el TSJM para evitar que se retrasaran las devoluciones correspondientes a los ciudadanos que sí habían presentado reclamaciones. Sin embargo, tras conocer el recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, la asociación ha optado por presentar también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En este caso, la intención de AEDAF no pasa únicamente por confirmar la nulidad de la ordenanza municipal declarada por el tribunal madrileño, sino por conseguir que esa nulidad tenga efectos generales y obligue al consistorio a reintegrar lo cobrado a todos los vecinos afectados por la tasa, independientemente de si recurrieron o no en su momento. Hasta ahora, los tribunales se han pronunciado a favor de los contribuyentes. El pasado marzo, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula de pleno derecho la nueva tasa por el servicio de gestión de residuos implantada en la capital. La resolución judicial consideró que el procedimiento de aprobación de la ordenanza incurrió en un defecto sustancial al omitir durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que justificaba el cálculo del tributo. En concreto, el tribunal señaló que no se incorporaron ni difundieron los anexos relativos al estudio sobre generación de residuos por actividades económicas, documentación que consideró imprescindible para evaluar y justificar el importe de la tasa. Las tasas de basuras municipales se han convertido en la fórmula escogida en España para cumplir con las exigencias de la Unión Europea en materia de financiación de la gestión de residuos. Desde finales de 2025, numerosos ayuntamientos han implantado sus propios modelos de cobro, en paralelo a tributos ya existentes como el IBI. Solo en Madrid, AEDAF estima que se presentaron alrededor de 50.000 reclamaciones contra esta nueva tasa, cuya nulidad sigue ahora pendiente de la decisión definitiva que adopte el Tribunal Supremo tras los recursos presentados tanto por el ayuntamiento como por los asesores fiscales.

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(El País, 13-05-2026) | Fiscal

Trump propone suspender el impuesto sobre la gasolina para evitar una crisis política por los carburantes

La gasolina se ha convertido en uno de los principales puntos débiles políticos de Donald Trump. En Estados Unidos, el precio de los carburantes es un asunto especialmente sensible, dado que los desplazamientos laborales suelen ser largos y los vehículos tienen, por norma general, un mayor consumo que en otros países. La escalada del conflicto en Irán ha provocado un fuerte repunte del petróleo y ha tensionado los mercados energéticos, trasladando esa presión directamente a los surtidores, donde la gasolina se ha encarecido más de un 50% desde el inicio de la crisis. En este contexto, el presidente estadounidense ha anunciado su intención de proponer la suspensión temporal del impuesto federal sobre los combustibles. La iniciativa ha sido criticada por parte de la oposición demócrata, que la interpreta como una estrategia de impacto mediático para desviar la atención del encarecimiento general del coste de la vida. No obstante, algunos legisladores de ambos partidos han mostrado su disposición a estudiarla como medida de alivio para los consumidores. Trump defendió la propuesta en una entrevista con CBS, donde planteó la posibilidad de eliminar el impuesto federal a la gasolina durante un periodo limitado. Según afirmó, la medida sería temporal y se revertiría progresivamente cuando los precios se estabilizaran. Posteriormente, reiteró esta idea ante los medios en la Casa Blanca, aunque sin mencionar que su aprobación depende del Congreso, lo que complica su viabilidad política. El presidente, vinculado a la corriente conservadora MAGA (Make America Great Again), atraviesa además un momento de desgaste en las encuestas debido al impacto económico y geopolítico del conflicto en Irán. Su nivel de aprobación se sitúa por debajo del 40%, en mínimos de sus dos mandatos, a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. El antecedente legislativo tampoco juega a favor de la iniciativa. Intentos similares, como el del expresidente Joe Biden en 2022 para suspender temporalmente el impuesto federal sobre los carburantes durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, no llegaron a prosperar. De hecho, la única reducción significativa del impuesto federal sobre combustibles en Estados Unidos se remonta a 1934. Incluso si la medida saliera adelante, su impacto sobre el precio final sería limitado. El propio Trump reconoció que se trataría de un alivio parcial, dado que el impuesto representa solo una fracción del precio final de la gasolina. El precio de los carburantes en Estados Unidos está determinado principalmente por el coste del petróleo en los mercados internacionales. Aproximadamente la mitad del precio de la gasolina corresponde al crudo, mientras que el resto se reparte entre refino, distribución, comercialización e impuestos. El impuesto federal se sitúa en torno a 18,3 centavos de dólar por galón en gasolina y 28,3 en diésel, a lo que se suman tasas estatales y locales que elevan la carga fiscal total. El problema añadido es el destino de esos ingresos, ya que financian el mantenimiento de infraestructuras viarias. Según estimaciones de centros de análisis independientes, una suspensión temporal del impuesto federal podría reducir de forma significativa la recaudación y aumentar el déficit público, además de afectar al estado de conservación de las carreteras. A ello se suma la advertencia de algunos economistas, que señalan que una bajada de impuestos no siempre se traduce en precios más bajos para el consumidor final, especialmente en contextos inflacionistas. En estos escenarios, los minoristas pueden no trasladar íntegramente las rebajas fiscales al precio de venta. Además, una reducción de impuestos podría incentivar el consumo de combustible, aumentando la demanda y ejerciendo una presión adicional al alza sobre los precios. El trasfondo de esta situación es la persistencia del conflicto en Oriente Próximo, que se ha convertido en un problema político y económico para la administración estadounidense. La expectativa inicial de una intervención militar breve ha dado paso a un escenario prolongado de inestabilidad, con efectos directos sobre los mercados energéticos. La tensión en la región ha afectado a puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante del comercio mundial de petróleo y gas. Las restricciones y bloqueos en la zona, junto con las medidas de represalia entre actores internacionales, han contribuido a disparar los precios del crudo, que han pasado de niveles inferiores a 70 dólares por barril a situarse en torno a los 110 dólares en los momentos de mayor tensión.

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