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(Expansión, 07-05-2026) | Fiscal

El FMI apuesta por hacer estructural el impuesto a las eléctricas por sus beneficios extra en las crisis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue muy de cerca las medidas que los países europeos están adoptando para amortiguar el impacto del nuevo encarecimiento energético provocado por la guerra de Irán. En un escenario cada vez más complejo, el organismo internacional ha entrado de lleno en uno de los debates más controvertidos entre los socios comunitarios: la posibilidad de recuperar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas gracias al aumento de los precios. Helge Berger y Oya Celasun, subdirectores del departamento europeo del FMI, señalaron recientemente que este tipo de gravamen debería entenderse como una medida estructural y no como una herramienta puntual que se activa cada cierto tiempo para financiar gastos concretos derivados de una crisis. Desde el FMI consideran que los impuestos sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" tendrían que integrarse de manera estable en los sistemas fiscales nacionales, de modo que las empresas conozcan de antemano cómo funcionarían. La idea sería establecer un mecanismo automático que se active cuando determinados sectores registren ganancias extraordinarias, con criterios y porcentajes previamente definidos, evitando así medidas improvisadas ligadas a situaciones excepcionales. Según Berger y Celasun, aplicar estos impuestos de manera recurrente o inesperada puede alterar las decisiones de inversión de las empresas y generar distorsiones económicas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa analizando la conveniencia de este gravamen para las energéticas. Sin embargo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó esta semana que se trata de una cuestión vinculada a la soberanía fiscal de cada país y que, por tanto, los Estados miembros son libres de decidir si lo implantan o no. Bruselas no contempla actualmente impulsar una recomendación conjunta para toda la Unión Europea, como había propuesto España para sufragar parcialmente las ayudas destinadas a paliar el impacto del encarecimiento energético sobre las familias. Aunque el FMI considera legítimo recurrir a impuestos sobre beneficios extraordinarios, también advierte de que existen alternativas fiscalmente más eficientes. En concreto, el organismo apuesta por concentrar las ayudas en los colectivos más vulnerables, lo que permitiría reducir considerablemente el coste de las medidas de apoyo. Precisamente en este ámbito es donde el FMI ha mostrado sus críticas más contundentes hacia las políticas adoptadas por muchos países europeos. El organismo subraya que la mayoría de las ayudas aplicadas son de carácter generalizado y no están dirigidas específicamente a los hogares con mayores dificultades económicas. De acuerdo con sus estimaciones, únicamente el 30% de las medidas puestas en marcha para amortiguar la crisis energética benefician realmente a los sectores más vulnerables. El porcentaje es muy similar al registrado durante la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania hace dos años, lo que, según el FMI, evidencia que los gobiernos están repitiendo errores ya cometidos anteriormente. Además, esta tendencia afecta a prácticamente toda la Unión Europea. Más del 90% de los Estados miembros ha aprobado al menos una medida que altera los precios energéticos, como rebajas en impuestos especiales o subsidios generalizados. Para el FMI, este tipo de políticas reduce los incentivos al ahorro energético en un momento en el que los costes siguen siendo especialmente elevados. En la misma línea, el organismo calcula que los países europeos están destinando alrededor del 0,2% del PIB comunitario a medidas de apoyo que podrían limitarse a apenas un 0,03% si estuvieran exclusivamente enfocadas en los colectivos más necesitados. Dado el reducido margen fiscal existente, el FMI considera prioritario que la Unión Europea mejore la focalización de estas ayudas para poder sostenerlas durante más tiempo en caso de que el conflicto y sus consecuencias económicas se prolonguen más de lo previsto.

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(El País, 07-05-2026) | Fiscal

Funcas espera una crisis transitoria y rebaja en solo dos décimas su previsión de crecimiento para España este año

Aunque el conflicto en Irán ha generado incertidumbre a nivel global, no necesariamente implica un cambio de ciclo económico, al menos en el caso de España. Así lo recoge el último informe de previsiones de Funcas, que calcula que el impacto negativo sobre el crecimiento será limitado, en torno a dos décimas. Esta estimación se apoya en una situación de partida favorable, con una dinámica interna que sigue siendo expansiva gracias, sobre todo, al consumo. No obstante, este escenario parte de la previsión de que el estrecho de Ormuz vuelva a operar con cierta normalidad antes del verano; cualquier retraso empeoraría las perspectivas. La jornada del miércoles arrancó con señales positivas: Estados Unidos anunció avances hacia un acuerdo con Irán que permitiría poner fin al conflicto y reabrir el paso marítimo, lo que impulsó a las Bolsas y provocó una fuerte caída del precio del petróleo. En este contexto, Funcas mantiene unas previsiones alineadas con las del Gobierno español, anticipando un crecimiento del PIB del 2,2% en 2026. Para 2027, al considerar la crisis como temporal, mantiene su previsión en el 1,8%. Sin embargo, los expertos subrayan que la economía española convive con una doble realidad. Por un lado, un entorno internacional adverso, con encarecimientos en materias primas como el petróleo, el gas o los fertilizantes; por otro, una notable fortaleza interna, con un mercado laboral sólido, un turismo que sigue batiendo récords y una demanda que resiste. Esta combinación sostiene el crecimiento pese a la crisis energética. En comparación con la zona euro, España ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos años. Aun así, la debilidad de sus principales socios comerciales supone un riesgo, ya que el crecimiento no puede sostenerse indefinidamente si el entorno exterior se estanca. En este sentido, el turismo jugará un papel clave para amortiguar el impacto en los próximos meses, aunque una caída en la llegada de visitantes o en su gasto empeoraría el escenario. Las previsiones son menos favorables en lo que respecta a la inflación. Funcas advierte de que podría superar el 4% si el Gobierno elimina las rebajas fiscales sobre los combustibles, aunque considera más probable que estas se mantengan hasta el otoño. En ese caso, la inflación media en 2026 se situaría en torno al 3,3%, por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Además, se prevé que la autoridad monetaria suba los tipos de interés en dos ocasiones, hasta el 2,5%, lo que encarecería las hipotecas y podría enfriar el mercado inmobiliario tras el fuerte crecimiento de 2025. Las ayudas a los carburantes están contribuyendo a contener la inflación, pero su retirada tendría efectos retardados sobre los precios. Funcas también cuestiona su diseño actual, proponiendo que se orienten de forma más específica a sectores especialmente afectados, como el transporte, la agricultura o la pesca, en lugar de aplicarse de forma generalizada, dado su elevado coste. Por otro lado, existen efectos que podrían trasladarse a medio plazo. El aumento del precio de los fertilizantes, por ejemplo, tarda varios meses en reflejarse en los alimentos, lo que podría provocar un encarecimiento de los productos frescos. En este contexto, el estrecho de Ormuz se ha convertido en un elemento clave para la evolución económica global. La duración del conflicto condiciona las decisiones de empresas y consumidores. Aunque en España persiste cierto optimismo, un escenario de guerra prolongada cambiaría notablemente las perspectivas. Por ello, Funcas considera que el Gobierno debería reforzar su capacidad de actuación ante posibles escenarios adversos. Aunque la prima de riesgo se mantiene contenida y la deuda pública ha mejorado en relación con el PIB gracias al crecimiento, en términos absolutos sigue aumentando a un ritmo similar al de otros países como Francia, lo que aconseja mantener la prudencia.

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(El País, 07-05-2026) | Fiscal

El sector alimentario pide ayudas directas y suspender el impuesto al plástico para paliar la crisis de Irán

FIAB, la organización que representa a los fabricantes españoles de alimentación y bebidas, ha pedido al Gobierno que refuerce el paquete de medidas aprobado para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Irán. Aunque valora de forma positiva las iniciativas adoptadas hasta ahora, considera que son insuficientes para paliar el impacto que están soportando muchas empresas del sector. En concreto, la patronal reclama la puesta en marcha de ayudas directas que compensen el fuerte aumento de los costes, aun reconociendo que todavía es difícil medir el alcance estructural de la crisis. Según FIAB, el encarecimiento de la energía, los costes logísticos, los fletes y los seguros, junto con las limitaciones en el transporte marítimo y aéreo, están alterando los plazos de entrega y generando importantes dificultades operativas. En un comunicado, su director general, Mauricio García de Quevedo, señala que el sector se está viendo especialmente afectado por el cierre del estrecho de Ormuz. Además de las ayudas económicas, la organización pide adaptar la presión fiscal y administrativa a la situación actual, lo que incluye la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables vigente desde enero de 2023. Entre sus propuestas, FIAB también plantea medidas para facilitar la actividad exportadora y el comercio internacional, como la eliminación de trabas en el transporte, la mejora de la logística y la simplificación de los trámites aduaneros. Asimismo, solicita iniciativas que contribuyan a proteger el empleo en un contexto marcado por la incertidumbre. Cabe recordar que el pasado 20 de marzo el Gobierno aprobó un plan de 80 medidas urgentes, valorado en unos 5.000 millones de euros. Entre ellas destacan la rebaja del IVA en combustibles, electricidad y gas natural del 21% al 10%, la reducción al mínimo del impuesto sobre hidrocarburos y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. También se incluyeron subvenciones para la compra de fertilizantes, dirigidas específicamente al ámbito alimentario. Más allá de estas reivindicaciones, las empresas del sector están tratando de diversificar sus mercados para compensar el impacto de la situación. En este sentido, FIAB está impulsando la presencia de compañías españolas en países como Canadá, Italia, China, México y Países Bajos.

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(El País, 07-05-2026) | Fiscal

Ya se puede presentar por teléfono y videollamada la declaración de la Renta

La campaña de la Renta 2025 permite presentar la declaración por teléfono desde este miércoles 6 de mayo mediante el servicio "Le llamamos", siempre que el contribuyente haya pedido cita previa, de acuerdo con el calendario de la Agencia Tributaria. Esta vía telefónica se añade a las opciones ya disponibles desde el inicio de la campaña el pasado 8 de abril, como la presentación por internet a través de Renta Web o de la aplicación móvil. El programa "Le llamamos" está dirigido a contribuyentes que cumplan determinados requisitos, como no superar los 80.000 euros de ingresos del trabajo o los 20.000 euros de rendimientos del capital mobiliario. Quienes accedan a este servicio pueden solicitar cita y, en la fecha asignada, un técnico de la Agencia Tributaria les llama para elaborar y presentar la declaración. A partir de este mismo día también se pone en marcha la asistencia por videollamada para personas mayores que residen en localidades pequeñas. En cambio, quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial en oficinas deberán esperar hasta el 1 de junio. Desde que comenzó la campaña, ya se han presentado más de 6,6 millones de declaraciones, de las cuales 5,3 millones incluyen solicitud de devolución. Hasta ahora, se han abonado 3,6 millones de devoluciones por un importe superior a 2.400 millones de euros. La Agencia Tributaria prevé gestionar en total 25,25 millones de declaraciones, la mayoría con resultado a devolver -unos 15,7 millones- por un importe global de 13.271 millones de euros. El plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio en todos los canales, salvo en el caso de las declaraciones con resultado a ingresar domiciliado, cuyo límite se adelanta al 25 de junio.

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(El Economista, 07-05-2026) | Fiscal

Hacienda elimina las trabas para embargar el dinero de las cuentas de los deudores

Hacienda ha definido el criterio que permitirá asegurar el embargo del dinero que los contribuyentes morosos mantienen en sus cuentas bancarias, siempre que esas cantidades superen los límites inembargables establecidos por ley para salarios y pensiones. Además, el fisco podrá retener directamente cualquier importe que no esté protegido legalmente, incluidas ayudas económicas de familiares u otros ingresos destinados a cubrir gastos cotidianos. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) estableció este criterio en dos resoluciones emitidas el 30 de abril, con el objetivo de unificar interpretaciones ante las diferencias existentes entre los distintos Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR), algunas de las cuales resultaban más favorables para los deudores. Hasta ahora, ciertos tribunales regionales consideraban que Hacienda no podía embargar el saldo de una cuenta bancaria cuando este era inferior a la cantidad inembargable correspondiente al salario o la pensión. Sin embargo, dichas interpretaciones no analizaban si el titular ya había gastado previamente la parte protegida de sus ingresos y el dinero restante procedía, en realidad, de cantidades embargables o de otras fuentes, como préstamos o ayudas familiares. El TEAC recuerda que ya en una resolución dictada en junio de 2025 estableció que Hacienda no puede apropiarse de los ahorros generados a partir de la parte inembargable del sueldo o de la pensión. No obstante, las nuevas resoluciones aclaran cómo debe tratarse el dinero que permanece en la cuenta cuando proviene de cantidades que sí pueden ser objeto de embargo o de ingresos distintos al salario protegido. En este sentido, el tribunal fija dos criterios principales. El primero señala que, si tras examinar los movimientos bancarios se demuestra que el saldo restante procede únicamente de cantidades embargables -como la parte del salario que excede el límite protegido o ayudas económicas recibidas de terceros-, entonces todo ese importe podrá ser embargado. El segundo criterio se aplica cuando no resulta sencillo determinar el origen exacto del dinero disponible en la cuenta. En esos casos, se presumirá que el contribuyente ha utilizado primero la parte inembargable de su sueldo o pensión, ya que se entiende destinada a cubrir necesidades básicas. Por ello, aunque cuando Hacienda ordene el embargo una parte del salario protegido ya haya sido gastada, el cálculo de la cuantía inembargable deberá hacerse tomando como referencia el último sueldo o pensión ingresado. Una vez fijada la cantidad protegida, la Agencia Tributaria podrá retener el resto del saldo correspondiente a cantidades embargables, independientemente de si proceden del exceso salarial no protegido o de otros ingresos. Con esta interpretación, el TEAC limita las resoluciones más flexibles de algunos tribunales regionales, que anulaban embargos sin analizar previamente si la parte protegida del salario ya había sido consumida. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece qué parte de los salarios y pensiones no puede ser embargada. Actualmente queda protegido todo importe que no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 2026 en 1.221 euros mensuales. A partir de esa cifra, el exceso puede ser retenido de forma progresiva según determinados porcentajes. Así, la cantidad que exceda el primer SMI y alcance hasta un segundo SMI puede embargarse en un 30%. Por ejemplo, si un trabajador percibe 1.500 euros al mes, los primeros 1.221 euros son inembargables. Sobre los 279 euros restantes puede aplicarse un embargo del 30%, es decir, 83,7 euros. En este supuesto, la cuantía realmente protegida ascendería a 1.416 euros. Los porcentajes aumentan progresivamente en función del nivel salarial: el exceso que alcance hasta tres veces el SMI puede embargarse al 50%; hasta cuatro veces el SMI, al 60%; hasta cinco veces, al 70%; y cualquier cantidad que supere cinco salarios mínimos podrá ser retenida hasta en un 90%.

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(El Economista, 07-05-2026) | Fiscal

Hacienda mandará 130.000 cartas a los ciudadanos a partir de mediados de mayo para que corrijan la Renta

La Agencia Tributaria comenzará a enviar comunicaciones a aquellos contribuyentes que ya hayan presentado su declaración de la Renta para informarles de posibles errores o inconsistencias detectadas en los datos declarados. La Administración tiene previsto remitir unas 130.000 cartas durante las dos primeras fases de esta campaña. El primer envío comenzará a mediados de mayo y el segundo se realizará a partir del mes de junio. Hacienda explica que estas notificaciones estarán dirigidas a los ciudadanos que hayan modificado la información fiscal facilitada inicialmente por la propia Agencia Tributaria. El objetivo es que los contribuyentes revisen nuevamente su declaración y valoren si deben presentar una complementaria ajustada a los datos que obran en poder del organismo. Según ha indicado la Administración en un comunicado, esta iniciativa busca que los posibles errores u omisiones puedan corregirse de forma voluntaria antes de que se inicie un procedimiento de regularización posterior. El año pasado, más de 45.000 personas rectificaron su declaración después de recibir un aviso de Hacienda. Por otro lado, la Agencia Tributaria informó de que hasta el 6 de mayo ya se habían presentado 7,9 millones de declaraciones de la Renta. De ellas, 1,17 millones resultaron a ingresar, mientras que 6,3 millones salieron a devolver. Dentro de este último grupo, Hacienda ya ha efectuado devoluciones a 4,49 millones de contribuyentes, por un importe global de 3,14 millones de euros. La Administración recuerda además la importancia de revisar detenidamente el borrador de la declaración, ya que Hacienda no siempre dispone de toda la información personal y económica necesaria. En especial, recomienda comprobar correctamente las deducciones autonómicas, los datos relativos a inmuebles y referencias catastrales, los cambios en la situación familiar, los ingresos por alquileres, las transmisiones patrimoniales, las aportaciones a planes de pensiones, las cuotas sindicales, las ayudas y subvenciones recibidas, las deducciones por maternidad o familiares y la deducción por vivienda habitual. Asimismo, Hacienda ha recordado que desde hoy comienza el servicio "Le Llamamos", mediante el cual los contribuyentes podrán confeccionar y presentar su declaración de la Renta por teléfono.

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(Expansión, 07-05-2026) | Laboral

Sánchez dispara un 333% la oferta de empleo público en ocho años, con casi 300.000 plazas

El Gobierno socialista aprobó a finales de julio de 2018 su primera oferta pública de empleo. Desde entonces, y tras nueve convocatorias, el número total de plazas ofertadas alcanza ya las 299.194. Paralelamente, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026, el empleo público en España ha aumentado en 544.700 trabajadores. Pedro Sánchez cumplirá el próximo 2 de junio ocho años como presidente del Gobierno. Durante este periodo, sus ejecutivos han impulsado nueve ofertas de empleo público que suman cerca de 300.000 plazas destinadas tanto a la Administración General del Estado como a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se trata de una cifra sin precedentes que coincide con niveles históricos de ocupación en el sector público, que superó en el primer trimestre de 2026 los 3,6 millones de empleados entre administraciones y empresas públicas. La creación de puestos de trabajo en el ámbito público ha sido uno de los pilares que han sostenido la fortaleza del mercado laboral en los últimos años. De hecho, el ritmo de convocatorias impulsado por el Gobierno de Sánchez ha sido muy superior al registrado durante la etapa de Mariano Rajoy. Entre 2012 y 2017, los distintos gobiernos del PP aprobaron seis ofertas de empleo público con un total de 63.970 plazas. En cambio, el Ejecutivo socialista, con nueve convocatorias, ha incrementado esa cifra en un 333%, hasta rozar las 300.000 plazas acumuladas. La primera oferta del Gobierno de Sánchez se lanzó apenas dos meses después de llegar a La Moncloa, en julio de 2018, con 23.062 plazas, unas 2.100 más que la convocatoria de 2017, la última aprobada por el Ejecutivo de Rajoy. Desde entonces, las cifras han ido creciendo de forma continuada hasta alcanzar el récord de 40.146 plazas en 2024. En promedio, los gobiernos socialistas han aprobado alrededor de 33.243 plazas anuales. No obstante, durante todos estos años ha seguido vigente la denominada tasa de reposición, un mecanismo que limita el número de nuevos funcionarios que pueden incorporarse en función de las vacantes generadas el año anterior por jubilaciones, fallecimientos u otras bajas. Este porcentaje suele situarse entre el 110% y el 120% y se fija en los Presupuestos Generales del Estado. La tasa de reposición tuvo un impacto especialmente relevante tras la crisis económica de 2008 y hasta 2016, cuando se estableció en el 100% para los servicios esenciales. Antes de eso, el porcentaje era incluso inferior al número de vacantes producidas, con el objetivo de contener el gasto público en un contexto de crisis financiera y fuerte destrucción de empleo. Los sindicatos de empleados públicos, entre ellos CSIF, llevan años denunciando que esta limitación también ha contribuido a elevar la temporalidad en el sector público. Actualmente, la tasa ronda el 30%, muy por encima del 12% aproximado del sector privado tras la última reforma laboral. Según estas organizaciones, la falta de nuevas plazas obliga a recurrir de forma continuada a personal interino y a encadenar contratos temporales para mantener cubiertos determinados servicios. Pese a ello, la oferta pública de empleo para 2026 introduce algunas excepciones a estas limitaciones, especialmente en perfiles vinculados a las nuevas tecnologías. De las 37.017 plazas previstas para la Administración General del Estado y los cuerpos de seguridad, unas 1.700 estarán destinadas a áreas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, lo que supone un incremento del 42% respecto a la convocatoria anterior. Todo este impulso en las ofertas públicas de empleo coincide con un máximo histórico de trabajadores en el sector público español. Según la Encuesta de Población Activa del INE, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026 se han incorporado 544.700 empleados en la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. En total, el empleo público alcanza ya los 3,66 millones de personas, lo que representa cerca del 16% de todos los ocupados del país.

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(Expansión, 07-05-2026) | Laboral

La IA ya no sólo ayuda: aprende a pensar como lo hacen los profesionales

Si enseñamos a la inteligencia artificial la forma en que desempeñamos nuestro trabajo y permitimos que asimile las tareas esenciales que realizamos, quizá estemos formando a quien algún día pueda reemplazarnos laboralmente. Cuando pensamos en el futuro del empleo y en el impacto que tendrá la inteligencia artificial, resulta evidente que la IA ya no se limita a asistir: está aprendiendo a razonar y actuar como los propios profesionales. La cuestión de fondo es si realmente nos estamos preparando para el futuro o si, sin darnos cuenta, estamos enseñando a las máquinas a competir con nosotros. En este contexto cobra relevancia Mercor, una start-up que remunera a expertos para que enseñen a la IA a ejecutar tareas complejas. La empresa transforma el conocimiento especializado en sistemas escalables, representando el paso hacia una inteligencia artificial que no sólo acompaña el trabajo profesional, sino que también es capaz de reproducirlo. Lo que hace Mercor demuestra que entrenar sistemas capaces de replicar tareas profesionales avanzadas no consiste simplemente en proporcionar respuestas prediseñadas. Implica desmenuzar una profesión en múltiples microdecisiones: qué información analizar primero, qué datos tienen más peso, qué errores son tolerables, qué señales indican riesgos o qué recomendaciones serían las más adecuadas. La OIT advierte que el impacto de la IA generativa debe analizarse a nivel de tareas concretas y no únicamente de profesiones completas, ya que cada empleo combina actividades con distintos niveles de automatización. Los profesionales que colaboran en este tipo de entrenamiento pueden estar adaptándose al nuevo escenario laboral, aunque también podrían estar contribuyendo a debilitar partes de su propio mercado. Un abogado que revisa respuestas generadas por IA comprende mejor cómo funcionarán las herramientas jurídicas del futuro, pero al mismo tiempo ayuda a desarrollar sistemas que reducirán horas de revisión documental. Del mismo modo, un consultor que enseña a un modelo a elaborar diagnósticos estratégicos obtiene ingresos y reconocimiento, aunque también puede disminuir la demanda de analistas junior en proyectos similares. Anthropic, en un estudio reciente sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo, analiza la exposición laboral a partir de tareas reales realizadas con IA y no sólo de hipótesis teóricas. Según la compañía, la exposición crece cuando las tareas son técnicamente viables, habituales en el trabajo y susceptibles de automatización dentro de un puesto. Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿estamos entrenando a nuestro propio sustituto? McKinsey sostiene que probablemente no se trate de un reemplazo total, sino parcial. La IA no necesita sustituir por completo a un profesional para alterar la economía de una profesión; basta con asumir las tareas más repetitivas, documentales, textuales o analíticas. Según la consultora, la IA generativa podría aportar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales a la economía global mediante la automatización y aceleración del trabajo basado en conocimiento, lo que implicaría una redistribución de tareas, márgenes y empleo. Sin embargo, quizá la cuestión más importante sea otra: ¿estoy utilizando la IA para construir un activo propio o estoy ayudando a otros a construirlo con mi conocimiento? Harvard Business Review, en una guía sobre crecimiento de ingresos para consultoras y despachos de abogados, señala que la diferencia está en convertir el conocimiento en un activo reutilizable -software, metodologías, bases de datos, marca o comunidad- en lugar de limitarse a vender tiempo. Las firmas profesionales buscan transformar sus servicios en productos porque el modelo basado únicamente en horas trabajadas limita el crecimiento: sólo se generan ingresos mientras el profesional está activo. En cambio, un producto puede comercializarse de forma repetida, generar ingresos recurrentes y ofrecer mayores márgenes sin depender constantemente de la intervención humana. La inteligencia artificial facilita precisamente esa transformación, permitiendo convertir la experiencia profesional en herramientas autónomas. Así, un reclutador, un director financiero o un abogado pueden crear sistemas que continúan funcionando incluso sin su presencia. El cambio esencial no es tecnológico, sino económico: pasar de cobrar por cada encargo a obtener ingresos recurrentes a través de productos escalables. La IA convierte al profesional en una fuente de conocimiento susceptible de ser capturada. Las empresas pueden registrar cómo trabaja un experto, traducir ese criterio en sistemas internos y reducir su dependencia de personas concretas. Aunque esto incrementa la productividad, también puede disminuir el poder de negociación del especialista, y esa pérdida de influencia supone un riesgo laboral. El Índice de IA 2025 de la Universidad de Stanford resume esta transformación con claridad: antes, las empresas necesitaban recurrir al experto cada vez que requerían su criterio; ahora pueden capturar ese conocimiento, empaquetarlo y redistribuirlo mediante software. El profesional recibe una compensación una sola vez, mientras que el sistema puede utilizarse miles de veces. En consecuencia, el verdadero ganador no será únicamente quien posea más conocimientos, sino quien logre convertirlos en un activo escalable.

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(El País, 07-05-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo piden que la responsabilidad social pese más en la contratación pública y ayudas para que las pymes cumplan

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsó en abril del pasado año la creación de un grupo de especialistas con el objetivo de revisar y modernizar la normativa relacionada con la responsabilidad social empresarial. El encargo culminó este miércoles con la presentación de un informe que reúne un centenar de propuestas orientadas a reforzar el compromiso social, laboral y medioambiental de las compañías. Entre las principales recomendaciones destacan otorgar mayor relevancia a los criterios de responsabilidad social en la adjudicación de contratos públicos, facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan adaptarse a estas exigencias, incentivar económicamente a los directivos comprometidos con estas políticas, reforzar la protección de los trabajadores que denuncien irregularidades y establecer mecanismos de compensación para las comunidades afectadas por proyectos de multinacionales en otros países. El Ministerio de Trabajo anunció que este documento servirá como punto de partida para abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales con vistas a una futura reforma legislativa. Sin embargo, la iniciativa afronta importantes obstáculos políticos debido a la mayoría parlamentaria de la derecha y al rechazo mostrado por las organizaciones empresariales hacia las propuestas defendidas por Díaz. Durante la presentación del informe, la vicepresidenta aseguró que el documento llega en un momento especialmente relevante por el contexto internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas y una creciente crisis del multilateralismo. Según afirmó, las empresas deben asumir una mayor corresponsabilidad en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Asimismo, criticó a la Comisión Europea por impulsar medidas de simplificación administrativa que, en su opinión, podrían traducirse en una reducción de las obligaciones sociales y ambientales exigidas a las empresas. La primera de las cien medidas planteadas propone que las compañías adopten formalmente un compromiso de respeto a los derechos humanos. Este compromiso debería reflejarse, especialmente, en los contratos comerciales de aquellas empresas que operan en terceros países. Además, los expertos defienden garantizar la protección de las personas que denuncien prácticas empresariales contrarias a los derechos humanos, evitando cualquier tipo de represalia laboral. Esta medida se alinea con recientes iniciativas legislativas destinadas a proteger a los denunciantes de corrupción política y empresarial. El informe también pone el foco en la igualdad de trato y en las condiciones laborales de colectivos especialmente vulnerables, sobre todo en países donde las garantías sociales son menores. Por ello, insta a las empresas transnacionales vinculadas a España a aplicar criterios de responsabilidad social en toda su cadena de valor, asegurando condiciones de trabajo dignas para las personas pertenecientes a pueblos originarios. En esa misma línea, propone que las comunidades afectadas por proyectos empresariales sean consultadas previamente y que existan mecanismos de reparación y compensación por posibles daños materiales o morales. Con el objetivo de reforzar estas políticas, los autores sugieren vincular parte de la retribución variable de los directivos al cumplimiento de objetivos de responsabilidad social. También plantean realizar una transposición ambiciosa de la directiva europea sobre diligencia debida empresarial, crear comités de participación de las partes interesadas, implantar sistemas internos de alerta y ampliar la participación sindical en estas cuestiones. En relación con los sindicatos, el documento considera necesario dotarlos de más recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Entre otras medidas, propone facilitar tiempo remunerado para tareas sindicales, acceso a asesoramiento especializado financiado y espacios adecuados para reuniones. Además, plantea hacer obligatoria la negociación de protocolos contra el acoso laboral en los convenios colectivos y coordinar la prevención de riesgos laborales con las políticas de sostenibilidad ambiental. El informe reconoce que el cumplimiento de estas obligaciones puede resultar especialmente complejo para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, propone la creación de ayudas públicas específicas, entre ellas un "Kit de Sostenibilidad" inspirado en el actual Kit Digital, destinado a financiar formación y medidas relacionadas con la responsabilidad social y los planes de transición empresarial. También recomienda habilitar líneas de financiación blandas, avales y garantías para aquellas pymes que acrediten buenas prácticas conforme a estándares reconocidos. Otra de las cuestiones centrales del documento es reforzar los criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Los expertos plantean que las administraciones definan objetivos concretos relacionados con el trabajo digno, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el cambio climático o el comercio ético. Asimismo, proponen endurecer la exclusión de concursos públicos para empresas sancionadas de manera firme por infracciones graves que cuestionen su integridad profesional. Para supervisar el cumplimiento de estas políticas, el informe recomienda crear una autoridad independiente. El trabajo ha sido coordinado por Jesús Cruz Villalón y en su elaboración han participado expertos de distintas universidades y centros de investigación nacionales e internacionales especializados en economía, sociología, derecho laboral y responsabilidad social corporativa.

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(El Economista, 07-05-2026) | Laboral

El 22% de los nuevos contratos de trabajo duran menos de una semana

La reforma laboral aprobada en 2022 mediante acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal tenía como objetivo principal reducir al máximo la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. Más de tres años después de su entrada en vigor, el balance se considera positivo, ya que cerca de la mitad de los nuevos contratos son actualmente fijos. No obstante, este cambio también ha venido acompañado de un aumento del peso de los contratos de muy corta duración, especialmente aquellos inferiores a siete días, que ya representan el 22% del total. La normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo eliminó el antiguo contrato por obra y servicio y limitó los contratos temporales a situaciones concretas, como sustituciones de empleados o necesidades puntuales de producción. Además, estableció una penalización económica para las empresas que realicen contrataciones de menos de 30 días, una cuantía que se actualiza con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y que actualmente alcanza los 32,6 euros. La comparación con los datos de 2019 refleja que, aunque la reforma ha reducido el número global de contratos temporales, los acuerdos de menos de una semana continúan siendo los más frecuentes dentro de esta modalidad. En marzo se registraron 285.158 contratos de menos de siete días, frente a los 461.292 firmados en el mismo mes de 2019. Aun así, este tipo de contratos representa el 45% de todos los temporales, superando a los acuerdos con duraciones superiores a un mes o incluso de varios meses. Las cifras difundidas por el SEPE junto a los datos de paro muestran que el peso de estos contratos ultracortos se mantiene estable respecto a 2025. Esto ocurre a pesar de que el volumen total de contrataciones ha aumentado un 10%, mientras que los contratos indefinidos han crecido un 13%. De esta manera, parece haberse frenado el incremento de los contratos más breves sobre el total que se observó tras la aplicación de la reforma laboral. Precisamente este fenómeno fue uno de los aspectos destacados por UGT durante la presentación de un informe sobre la evolución del mercado laboral en 2025. El sindicato, liderado por Pepe Álvarez, advirtió que, tras varios años de moderación, desde 2023 los contratos de corta duración han vuelto a mostrar una tendencia al alza, lo que consideran un elemento que debe vigilarse con atención. Alberto del Pozo, coordinador del área económica del servicio de estudios de UGT, explicó que los contratos más breves comenzaron a ganar protagonismo tras la crisis de 2008, una dinámica que se intensificó con la reforma laboral de 2012 y que alcanzó su punto máximo en 2019. Posteriormente, la reforma de 2022 logró reducir su peso relativo y, desde 2024, este tipo de contrataciones se ha estabilizado alrededor del 21% o 22% del total. Desde el sindicato consideran que esta evolución puede interpretarse también de manera positiva. Según su análisis, muchos de los antiguos contratos temporales de mayor duración -que en numerosos casos no estaban suficientemente justificados- habrían pasado a transformarse en contratos indefinidos. Como consecuencia, al disminuir el número total de contratos temporales, los contratos más cortos han ganado peso relativo dentro de esta categoría, ya que suelen utilizarse principalmente para responder a necesidades imprevistas de producción o aumentos puntuales de demanda.

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