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(Expansión, 23-02-2026) | Fiscal

Magistrados del Constitucional denuncian que el Estado financia su tesorería obligando a las empresas a adelantar impuestos

En un contundente voto particular, varios magistrados críticos reprochan a la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional haber renunciado a su papel de control para avalar lo que consideran un "préstamo obligatorio sin intereses" impuesto a las empresas, que reduce su liquidez. La división interna en el tribunal a propósito del sistema fiscal español se intensifica. Si en noviembre pasado cinco magistrados ya compararon los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades con un "esquema piramidal", ahora un nuevo escrito discrepante eleva aún más la tensión. Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías firman un duro documento, al que tuvo acceso EXPANSIÓN, en el que sostienen que la mayoría del Pleno está legitimando una forma encubierta de financiación estatal a costa de las empresas. El enfrentamiento surge tras la sentencia que rechaza la cuestión de inconstitucionalidad 2840-2024. Aunque el fallo mantiene la doctrina reciente fijada en la sentencia 175/2025, el voto particular refleja el cansancio de algunos magistrados ante lo que ven como una deriva metodológica: justificar situaciones fiscales injustas mediante el análisis de casos concretos. Los firmantes sostienen que el problema no es solo económico, sino jurídico. Acusan a la mayoría de abandonar el examen abstracto de la constitucionalidad de la norma -válido para cualquier contribuyente- para centrarse en si, en el asunto concreto, el perjuicio fue limitado. La sentencia considera válida la norma porque, en ese caso específico, los pagos adelantados no generaron un exceso de recaudación significativo. Para los discrepantes, este razonamiento es inapropiado para un tribunal constitucional y genera arbitrariedad, ya que la ley puede resultar injusta aunque en ocasiones no cause daños graves. A su juicio, el hecho de que algunas empresas sufran menos no elimina el carácter problemático de un sistema que obliga a tributar sobre beneficios aún no obtenidos. El tono del voto es especialmente severo. Los magistrados describen los pagos fraccionados no como una técnica tributaria, sino como un mecanismo de financiación estatal. Señalan que muchas empresas deben adelantar cantidades muy superiores a su cuota final -en algunos casos más de un 1.000%-, lo que les obliga a endeudarse y asumir costes financieros para prestar dinero al Estado sin remuneración. Por ello, califican el sistema como un "empréstito forzoso gratuito": el Estado utiliza esos fondos para cubrir gastos públicos y los devuelve más adelante. Según el escrito, esto genera además un círculo vicioso, ya que la Administración pasa a depender de esos ingresos anticipados para cuadrar sus cuentas y afrontar devoluciones anteriores. El voto particular denuncia también un cambio de enfoque en la jurisprudencia constitucional. Los magistrados consideran que se está ignorando el principio de capacidad económica recogido en la Constitución, al permitir exigir pagos sobre rentas inexistentes con la promesa de devolverlos después. La resolución demuestra que el debate sobre el modelo fiscal dentro del tribunal está lejos de resolverse. Mientras la mayoría defiende la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del Estado, el sector crítico advierte de que el propio tribunal corre el riesgo de dejar de actuar como garante de la Constitución para convertirse en un apoyo de la Hacienda pública, dejando a los contribuyentes con escasa protección frente a la presión fiscal.

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(El Economista, 23-02-2026) | Fiscal

El tipo máximo del IRPF en España es 20 puntos superior a la media europea

En 2026, España se sitúa entre los países europeos y desarrollados que más presión fiscal ejercen sobre las rentas altas a través del IRPF. El tipo máximo alcanza el 54% al sumar los tramos estatal y autonómico, una cifra que supera en unos 20 puntos la media europea, situada en torno al 34%. Solo tres países presentan niveles superiores: Dinamarca (55,9%), Francia (55,4%) y Austria (55%). Especialistas en fiscalidad consideran que tipos cercanos o superiores al 50% pueden calificarse como prácticamente "confiscatorios". Esta valoración coincide con los criterios de la OCDE, que sitúa por encima del 52% el umbral de presión tributaria excesiva. De hecho, esta organización ha recomendado en varias ocasiones reducir este nivel de imposición. Entre los países europeos pertenecientes a la OCDE, el tipo máximo medio del impuesto sobre la renta ronda el 43,4%, unos diez puntos menos que en España. En el extremo opuesto se encuentran sistemas con gravámenes más reducidos, como los de Hungría (15%), Estonia (22%) o República Checa (23%). Fuera del grupo de economías avanzadas, los tipos suelen ser aún más bajos y, en muchos casos, se aplica una tasa única. Es el caso de Bulgaria y Rumanía, ambos con un 10%, seguidos por Moldavia (12%), Ucrania (19,5%) y Georgia (20%). Según Alex Mengden, economista del centro estadounidense Tax Foundation, los gobiernos podrían recaudar de forma más eficiente si se apoyaran en los tramos bajos del impuesto en lugar de cargar sistemáticamente sobre los más altos, como sucede en España. Elevar el tipo marginal superior -señala- reduce los incentivos para aumentar ingresos o invertir precisamente entre quienes tienen mayor capacidad económica, y puede dificultar además la atracción de talento cualificado. El IRPF español, sin embargo, no es uniforme en todo el territorio. Al dividirse entre un tramo estatal y otro autonómico, las comunidades autónomas aplican tipos distintos. El máximo del 54%, que marca la mayor distancia respecto a la media europea, corresponde a la Comunitat Valenciana. No obstante, no es la única región que supera el 50%. Según el Consejo General de Economistas, también se sitúan por encima de ese umbral Navarra (52%), La Rioja (51,5%), así como el Principado de Asturias, Islas Canarias, Cataluña y Aragón, con un 50%. Por debajo de ese nivel se encuentran Cantabria y el País Vasco (49%); Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y la Región de Murcia (47%); Castilla y León (46%); y Comunidad de Madrid, que presenta el tipo máximo más bajo, del 45%.

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(El Economista, 23-02-2026) | Fiscal

Madrid es la región más competitiva en lo fiscal y Cataluña la que menos

Debido a su carácter descentralizado, España no cuenta con un único sistema tributario, sino con distintos regímenes fiscales según la comunidad autónoma en la que se tribute. Por ello, cada año la Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad elaboran el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACT), en el que la Comunidad de Madrid figura como la región más favorable desde el punto de vista tributario, mientras que Cataluña ocupa el último lugar. En la edición de 2025, la economista Cristina Enache analizó la estructura de los 19 sistemas fiscales existentes en el país, incluidos los del régimen común, los forales de País Vasco y Navarra, así como los regímenes especiales de Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Según el informe, Madrid se mantuvo en 2025 en el primer puesto con una puntuación de 7,02 sobre 10. No obstante, la experta señala que su valoración descendió ligeramente -0,21 puntos- debido a que otras comunidades han reducido la distancia que las separaba de la capital. Entre las medidas destacadas de Madrid figura la ampliación de la bonificación del impuesto sobre Sucesiones para los familiares del grupo III, que pasó del 25% al 50%. Además, se prevé que la región mejore su posición en futuras clasificaciones tras anunciar la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF. En el extremo contrario, Cataluña continúa en última posición porque mantiene un número de tributos propios superior al del resto de comunidades, lo que reduce su competitividad fiscal. Aunque en noviembre de 2024 prorrogó la tarifa del impuesto sobre el Patrimonio -con un tipo marginal máximo del 3,48%-, también introdujo algunos ajustes en el IRPF autonómico: rebajó el tipo del primer tramo del 10,5% al 9,5%, actualizó los tramos iniciales para compensar la inflación y simplificó la escala, que pasó de nueve a ocho niveles. Asimismo, en marzo de 2025 reformó el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ampliando su estructura de dos a cuatro tramos y elevando el tipo máximo del 11% al 13%. También estableció un gravamen del 20% para la compra de viviendas por parte de grandes propietarios y para la adquisición de edificios completos. En conjunto, estas diferencias reflejan la diversidad del mapa fiscal español, donde la carga tributaria puede variar notablemente según el territorio en el que se resida o se tribute.

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(El Economista, 23-02-2026) | Fiscal

Hacienda retendrá 43 euros al mes del SMI que solo se recuperarán si presentan la Renta

El Gobierno ha fijado el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros mensuales en 14 pagas y ha asegurado que esa cuantía quedará exenta de pagar IRPF. Sin embargo, el mecanismo diseñado por el Ministerio de Hacienda implica que cada mes se descontará una parte del sueldo a quienes cobren ese salario, dinero que solo podrán recuperar si presentan la declaración de la renta, trámite al que no están obligados por su nivel de ingresos. En concreto, estos trabajadores soportarán retenciones por IRPF de unos 523 euros al año -aproximadamente 43 euros mensuales-, según explica la economista Raquel Jurado, del Consejo General de Economistas. Estas retenciones están limitadas al 43% de la diferencia entre el SMI anual (17.094 euros) y el umbral de ingresos que marca la obligación de tributar, fijado en 15.876 euros. Como ya ocurrió en 2025, Hacienda ha optado por introducir una deducción específica para que estos trabajadores recuperen lo retenido al hacer la declaración, en lugar de elevar el mínimo exento hasta el nuevo SMI, práctica habitual hasta 2024. Esta deducción asciende a unos 590,89 euros -algo más que lo retenido- para compensar tanto el tramo estatal como el autonómico del impuesto. Según los expertos, aunque las retenciones tienen ese límite del 43%, al presentar la declaración se calcula la cuota real aplicando la escala del IRPF al salario anual. La deducción se determina tomando como referencia el doble de la cuota estatal, lo que explica que supere ligeramente la cantidad retenida durante el año. Además, el Ejecutivo ha diseñado este beneficio fiscal de forma progresiva, de modo que también favorecerá a salarios inferiores a unos 20.048 euros anuales. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que se trata de una rebaja fiscal de hasta unos 591 euros para sueldos por debajo de los 20.000 euros brutos, con el objetivo de suavizar el llamado "salto" del impuesto, que provoca tipos marginales elevados justo por encima del salario mínimo. No obstante, la fórmula ha suscitado críticas tanto de técnicos de Hacienda como de agentes sociales. Muchos consideran más adecuado ajustar directamente el mínimo exento al nuevo SMI y reclaman una reforma estructural del IRPF que evite aplicar tipos elevados a rentas bajas y que elimine la necesidad de correcciones anuales. En el diálogo social también existe consenso en que no se puede eximir indefinidamente del impuesto a los trabajadores con menores ingresos, ya que cada vez representan una proporción mayor del empleo. Algunos proponen, en cambio, una escala adaptada a su capacidad económica. La patronal cuestiona que un salario que antes tributaba deje de hacerlo, mientras que los sindicatos critican que la subida del SMI se compense con una deducción que reduce la recaudación pública. El Gobierno ha mostrado la evolución del tratamiento fiscal de un salario equivalente al SMI actual -17.094 euros anuales-: en 2012 soportaba un tipo del 11,9%, en 2019 bajó al 8,1% y en 2024 quedó en el 3,5% tras elevarse el mínimo exento. Para este año, el Ejecutivo sostiene que el tipo será del 0%, aunque en la práctica solo lo será si el trabajador presenta la declaración. Según un estudio del sindicato CCOO, la subida del SMI beneficiará a cerca del 9% de los asalariados, especialmente a mujeres mayores de 35 años con contrato indefinido que trabajan en servicios como comercio u hostelería y residen en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía. Los especialistas confían en que estos trabajadores presenten la declaración para recuperar lo retenido, aunque todavía no se conocen los resultados del primer ejercicio en que se aplicó esta deducción, ya que la campaña correspondiente aún no se ha iniciado.

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(El País, 23-02-2026) | Laboral

Cuerpo se propone reducir el paro por debajo del 8% para paliar la desigualdad

España ha sido históricamente uno de los países de la Unión Europea con mayores niveles de paro. La tasa llegó a rozar el 27% en 2013, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la Gran Recesión, y han sido necesarios 17 años para bajar del doble dígito. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera que aún hay margen para reducirla más: en un acto sobre desigualdad celebrado este viernes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fijó como meta situarla por debajo del 8%, un nivel que no se alcanza desde 2007. A su juicio, ahora sería posible gracias a un crecimiento "más sostenible y equilibrado", sin depender del impulso artificial que en su día supuso el auge desmedido de la construcción. Durante el encuentro, titulado Desigualdad, es hora de actuar, el ministro expuso cómo, según el Ejecutivo, se está reduciendo la brecha social. Defendió que crecimiento económico y menor desigualdad van de la mano y recordó que España generó el 40% del empleo creado en la zona euro en 2024 y 2025, pese a representar solo alrededor del 10% de su economía. Además, señaló que la mitad de los nuevos puestos corresponde a sectores con salarios elevados, que el país ha logrado la tercera mayor reducción de pobreza de la UE y que la desigualdad se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas. También destacó que el porcentaje de familias con dificultades para llegar a fin de mes está en mínimos desde que hay registros (2005). En este contexto, subrayó la importancia de que por primera vez se hayan incorporado indicadores de pobreza y desigualdad al cuadro macroeconómico oficial. No obstante, Cuerpo reconoció que las sucesivas crisis recientes -pandemia e inflación- hacen que estos avances resulten insuficientes. Admitió que España aún está lejos de los objetivos deseados y mencionó dos problemas especialmente graves: el paro juvenil y el acceso a la vivienda asequible, al que calificó como el principal desafío de la legislatura. También apuntó que los indicadores tradicionales no reflejan completamente la situación actual, ya que fenómenos antes excepcionales, como guerras o pandemias, se producen ahora con mayor frecuencia, generando una sensación creciente de inseguridad económica entre los hogares. Por ello, defendió incorporar el concepto de "seguridad económica" a las políticas públicas. Entre los mecanismos que ayudan a amortiguar grandes crisis -los llamados "cisnes negros"-, destacó el papel del Consorcio de Seguros, que según sus datos ha pagado ya 4.200 millones de euros a los afectados por la dana de Valencia, cubriendo daños que no asumen las aseguradoras privadas. También mostró sensibilidad hacia las protestas del sector agrario por el acuerdo con Mercosur, afirmando que la diversificación comercial debe ir acompañada de compensaciones para los sectores perjudicados. Asimismo, consideró necesario impulsar una política industrial que beneficie a todo el territorio, incluida la llamada España vaciada. El acto contó con la participación de numerosos especialistas. Entre ellos, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien en un mensaje grabado advirtió de que desde el año 2000 el 1% más rico ha concentrado el 41% de la riqueza mundial generada, mientras que el 50% más pobre apenas ha captado un 1%. Los sociólogos Olga Salido y Raúl Flores coincidieron en que la forma más eficaz de reducir la desigualdad es invertir en la primera infancia, por ejemplo mediante ayudas universales a la crianza, ya implantadas en varios países europeos. Salido matizó la idea de que el ascensor social esté completamente averiado en España: a su juicio, funciona de manera selectiva, favoreciendo a quienes parten de posiciones económicas más ventajosas y penalizando a las clases medias y trabajadoras, además de estar condicionado por el género. Por su parte, el economista Luis Ayala advirtió de que, pese a los avances, España sigue figurando entre los países desarrollados con mayor desigualdad. Subrayó que el crecimiento por sí solo no basta para corregirla y alertó de que los jóvenes se incorporan al mercado laboral con salarios iniciales más bajos que generaciones anteriores. También señaló que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en el principal factor de estratificación social. El debate sobre si el crecimiento económico es suficiente para reducir la desigualdad estuvo presente durante toda la jornada. Para la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ambas cosas no son incompatibles: crecer y proteger socialmente pueden avanzar de forma conjunta. La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, que inauguró el evento, subrayó que la desigualdad no solo tiene consecuencias económicas, sino que erosiona la cohesión social y el funcionamiento de las democracias.

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(El Confidencial, 23-02-2026) | Laboral

El Círculo de Empresarios, sobre el absentismo: "Es un atentado ético y moral" al resto de empleados

El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha afirmado que los trabajadores que faltan al trabajo sin causa justificada cometen "una falta ética y moral" hacia sus compañeros. Durante un desayuno informativo organizado por Grupo Hotusa este viernes, Nin también subrayó el impacto que este "absentismo profesional" tiene tanto en el sistema sanitario como en la pérdida de productividad. Según el informe más reciente de la entidad, alrededor de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto cada día, lo que supone un coste anual estimado de entre 47.500 y 81.600 millones de euros. Nin lamentó que se haya deteriorado "la cultura del trabajo, el respeto al orden y a la dignidad humana", y criticó que, a su juicio, la Administración contribuya a justificar esta conducta. En la misma línea, el presidente de Hotusa, Amancio López, arremetió contra el absentismo injustificado, al considerar que se ve favorecido por "dogmas de superioridad moral" de quienes -según dijo- han vivido siempre sostenidos y perciben el trabajo como una carga. Asimismo, defendió la necesidad de una fiscalidad "equilibrada", propia de un Estado de Derecho, que permita sostener el modelo de bienestar sin renunciar a una mayor eficiencia. Ambos dirigentes también criticaron la falta de unos presupuestos generales del Estado y la proliferación de normativas y trámites administrativos, que -según señalaron- generan a las empresas un coste incluso superior al de las barreras comerciales para la economía de España. Por último, Nin señaló que, pese al crecimiento económico, el país arrastra déficits en productividad y competitividad, por lo que consideró imprescindible reforzar la inversión en capital.

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(El Economista, 23-02-2026) | Laboral

Los sindicatos quieren acortar a un año el proceso de selección de empleados públicos

Al finalizar 2025, un total de 975.500 empleados públicos se encontraban en una situación laboral precaria debido a los elevados niveles de temporalidad existentes en el sector público español. En el último cuatrimestre del año, la tasa de contratos temporales alcanzaba el 26,8%, más del doble que en el ámbito privado y casi 19 puntos por encima del límite del 8% fijado por la Comisión Europea. Ante el riesgo de sanciones si no se reduce esta situación, se considera urgente impulsar contrataciones indefinidas y acortar los procesos selectivos hasta un máximo de un año. En la actualidad, algunos procedimientos de acceso al empleo público pueden prolongarse hasta tres años desde la convocatoria de plazas hasta su adjudicación definitiva, lo que agrava aún más la temporalidad. Para revertir esta tendencia, los sindicatos colaboran con el Ministerio de Función Pública con el objetivo de agilizar los procesos, tal como recoge el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2026-2028. Una de las claves pasa por diseñar Ofertas de Empleo Público orientadas a estabilizar las plantillas, lo que implicaría eliminar la tasa de reposición -el mecanismo que limita nuevas contrataciones en función de las bajas producidas-. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señala que su eliminación forma parte de los objetivos del acuerdo, aunque advierte de que no puede aplicarse de manera inmediata por las consecuencias jurídicas que tendría. Como alternativa, se plantea un sistema complementario para determinar cada año las plazas a convocar. Araque también subraya que la Administración General del Estado presenta bajos niveles de temporalidad, situando el principal problema en comunidades autónomas y ayuntamientos. El acuerdo también pone el foco en la reorganización de los departamentos de recursos humanos, con medidas de planificación que contemplen las necesidades estructurales y las previsiones de jubilaciones, con el fin de renovar las plantillas y adaptarlas a las demandas actuales de las administraciones y la ciudadanía. Asimismo, incluye compromisos para acelerar los procesos selectivos. Tanto el Gobierno como los sindicatos firmantes -UGT, CSIF y CCOO- se proponen reducir los plazos máximos sin renunciar a la transparencia y la objetividad. Entre las medidas recomendadas figura la publicación de calendarios detallados de cada proceso para aportar mayor seguridad y previsión a los aspirantes. Por el alcance de las iniciativas contempladas, Araque califica el acuerdo como "virtuoso" y considera que su aplicación, si se materializa, tendrá efectos duraderos en las distintas administraciones públicas durante la próxima década.

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(El Economista, 23-02-2026) | Laboral

El 87% de los trabajadores defiende la jornada laboral de cuatro días

La jornada laboral de cuatro días se consolida como la opción con mayor aceptación entre los trabajadores en España. Según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España, elaborado por Edenred junto a Savia, el 87% de los empleados se muestra a favor de este modelo, un dato especialmente relevante tras el reciente rechazo en el Congreso de los Diputados a la propuesta de reducir la jornada a 37,5 horas semanales. El respaldo es amplio, aunque con matices: un 58,3% apoyaría la medida únicamente si no implica una reducción salarial, mientras que un 13,5% lo haría siempre que se ajuste la carga de trabajo para evitar que se intensifiquen las tareas. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores aceptaría incluso un recorte en sus ingresos, y un 15% estaría dispuesto a implementar la jornada de cuatro días aun con impacto salarial, lo que refleja una creciente prioridad del bienestar sobre la retribución. El apoyo supera el 80% en todas las comunidades autónomas, destacando la Comunidad Valenciana con un 91,4%, seguida de Madrid con un 89,8% y Cataluña con un 88%, donde la mayoría condiciona su respaldo a mantener el poder adquisitivo. Por generaciones, la Generación Z muestra un apoyo superior al 86%, mientras que los Millennials lo respaldan en un 87,4%, aunque priorizan conservar sus salarios. Entre los perfiles más sénior, la aceptación también es alta, pero más cauta ante posibles reducciones de ingresos. En cuanto al ámbito empresarial, son las medianas compañías las más favorables, con un 92,6%, seguidas por las multinacionales y las pymes. En las microempresas, el respaldo es algo menor, aunque sigue siendo significativo. Más de la mitad de los trabajadores considera la conciliación laboral como un factor decisivo, y el 64% reconoce que su salud mental se ve fuertemente afectada por el trabajo. La jornada de cuatro días se percibe como una oportunidad para mejorar tanto el bienestar como la productividad, bajo el principio de "trabajar mejor, no menos".

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(Cinco Días, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump sube del 10% al 15% los aranceles globales como represalia tras el varapalo del Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará del 10% al 15% los aranceles globales que había impuesto el día anterior como respuesta al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de su política comercial. Según explicó el mandatario, tras analizar en profundidad la resolución judicial -que calificó de absurda, mal formulada y perjudicial para su país- decidió incrementar de forma inmediata el gravamen mundial hasta el máximo permitido legalmente, situado en el 15%. El tribunal se pronunció el viernes contra los aranceles que Trump había aprobado inicialmente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que supuso su mayor revés judicial desde su regreso a la Casa Blanca. Pocas horas después del fallo, el presidente criticó duramente tanto a la institución como a los magistrados conservadores que apoyaron la decisión, entre ellos Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, designados por él mismo durante su primer mandato. Aunque la sentencia anuló los aranceles originales dictados bajo esa norma, el Gobierno ha recurrido ahora a otro mecanismo legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente imponer tarifas de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días. Transcurrido ese plazo, cualquier prórroga requerirá la aprobación del Congreso. Trump reiteró que estas medidas están dirigidas contra países que, a su juicio, han perjudicado a Estados Unidos durante décadas sin recibir respuesta. Además, dispone de cinco meses para definir y anunciar nuevos aranceles dentro de los límites legales, con el objetivo -según sus palabras- de reforzar la posición económica del país.

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(Cinco Días, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas exige a Estados Unidos que cumpla el acuerdo comercial que Trump firmó con la UE

La Comisión Europea ha dejado claro que no aceptará incrementos sobre los aranceles pactados meses atrás con Estados Unidos. Bruselas exigió este domingo a Washington que respete el acuerdo comercial suscrito en el verano de 2025 por el presidente Donald Trump y la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, en virtud del cual la UE aceptó un gravamen del 15% para sus exportaciones mientras reducía tasas a determinados productos estadounidenses. Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló gran parte de la política arancelaria de Trump -y el anuncio posterior de un nuevo arancel general también del 15%-, la Unión Europea intenta evitar una nueva escalada comercial. "Un acuerdo es un acuerdo", subrayó el Ejecutivo comunitario en un comunicado publicado el domingo, un día después de que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantuviera una conversación con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick. Aunque Washington aseguró que respetará el pacto, en Bruselas crece el escepticismo sobre que esa promesa se cumpla. La UE reclama explicaciones detalladas sobre las medidas que pretende aplicar Estados Unidos tras el fallo judicial que llevó a Trump a anunciar un arancel global del 15% para todos los países. Según Bruselas, ese nuevo impuesto se sumaría al arancel estándar conocido como MFN (Nación Más Favorecida), aplicado por los miembros de la Organización Mundial del Comercio cuando no existe un acuerdo bilateral específico. La combinación de ambos gravámenes superaría el 15% fijado en el pacto con Washington y, además, al aplicarse por igual a todos los países, eliminaría la ventaja competitiva que dicho acuerdo otorgaba a la UE. Ese acuerdo -firmado en Escocia en un campo de golf propiedad de Trump- ha sido objeto de fuertes críticas. La Comisión sostiene que fue la mejor alternativa para evitar un arancel del 30% con el que el presidente estadounidense había amenazado inicialmente a Europa. No obstante, muchos consideran que el pacto favorecía claramente a Estados Unidos, ya que la UE rebajó impuestos a productos estadounidenses y se comprometió a comprar energía -como petróleo y gas- por unos 750.000 millones de dólares. Para Bruselas, el acuerdo incluía compromisos políticos -compras energéticas, defensa e inversiones- y otros de carácter legal. Estos últimos, que implican eliminar aranceles a bienes industriales estadounidenses y favorecer importaciones agrícolas, aún deben ser ratificados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La votación estaba prevista para esta semana, pero la nueva incertidumbre ha llevado a algunos a pedir su paralización. El presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, anunció que solicitará suspender el proceso de ratificación debido al impacto de la sentencia estadounidense y la confusión generada. Según afirmó, la situación actual está llena de incógnitas y aumenta la incertidumbre tanto para la Unión Europea como para otros socios comerciales de Estados Unidos. También considera que la resolución judicial altera las bases legales del acuerdo firmado el pasado julio en Turnberry (Escocia). La Comisión Europea insiste en la necesidad de estabilidad en un contexto especialmente volátil. Teme verse obligada a renegociar con Washington, pero también que algunos Estados miembros reclamen medidas de represalia. A su juicio, el actual escenario dificulta alcanzar un comercio transatlántico equilibrado y beneficioso para ambas partes, tal como se había acordado. El Ejecutivo comunitario recalca además que los productos europeos deben seguir disfrutando de condiciones competitivas sin superar el límite arancelario previamente establecido. Advierte que los aranceles aplicados de forma imprevisible desestabilizan los mercados, erosionan la confianza y generan perturbaciones en las cadenas de suministro globales.

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