El Tribunal Supremo ha establecido que Hacienda no puede imponer sanciones cuando es la propia empresa la que induce al trabajador a declarar erróneamente una renta del trabajo como exenta. En una reciente sentencia, el Alto Tribunal fija doctrina en favor de los contribuyentes respecto a las rentas del trabajo que no tributan en el IRPF, como las indemnizaciones por despido o los ingresos obtenidos en el extranjero recogidos en el artículo 7p de la ley del impuesto.
Los magistrados señalan que, si la compañía facilita al empleado información que le lleva a creer que ciertos ingresos están exentos -ya sea a través del certificado de retenciones o de otras circunstancias-, la Agencia Tributaria no puede sancionarlo. Eso sí, el contribuyente deberá rectificar su declaración y tributar por esas cantidades.
En principio, el perceptor de la renta está obligado a comprobar los criterios que el pagador aplica en el certificado de retenciones. Sin embargo, tal y como explican desde el despacho Garrido, si el trabajador actuó con la diligencia necesaria al presentar su declaración confiando en una interpretación razonable de la norma, quedará exonerado de responsabilidad sancionadora.
Según los expertos, esta resolución abre la puerta a que los contribuyentes que tengan dudas sobre la exención de determinadas rentas laborales en el IRPF cuenten con mayores garantías de éxito en procesos de litigación tributaria.
El precio de la electricidad en España sigue sin estabilizarse. En agosto, la factura de la luz que afrontaron los hogares españoles fue un 14,7% más alta que en el mismo mes del año anterior. En contraste, en otros países europeos los recibos bajaron: Francia (-13,6%), Italia (-4,9%), Portugal (-2,3%) o Alemania (-1,7%), según los datos publicados este miércoles por Eurostat.
En el conjunto de la Eurozona, la electricidad se abarató un 0,5%, mientras que en la Unión Europea aumentó un 2%, muy por debajo del repunte español. Solo países con realidades muy distintas, como Rumanía, Austria, Noruega o Suecia, sufrieron incrementos mayores.
La situación repite el patrón de julio, cuando la luz en España subió un 17,3% frente a los descensos registrados en los países vecinos. Entonces, el INE ya señaló que el aumento de la inflación estuvo impulsado, en parte, por el encarecimiento de la electricidad respecto a la bajada del año anterior.
Sin embargo, esta subida no refleja lo que ocurre en el mercado mayorista, donde los precios sí están cayendo gracias a la mayor aportación de las renovables y al descenso del gas. Este mercado, conocido como pool, se redujo en agosto un 24,8% interanual, pasando de 91,05 a 68,45 euros por MWh. El desplome responde a la expansión de la energía fotovoltaica, la caída del consumo en un 1,5% y un retroceso del 14,5% en el precio internacional del gas. Aun así, este componente apenas supone un tercio de la factura total.
El problema está en los costes añadidos desde el apagón del 28 de abril. Para evitar otro incidente similar, Red Eléctrica ha puesto en marcha una "operación reforzada", que implica recurrir a centrales tradicionales capaces de regular la tensión del sistema, lo que supone un sobrecoste notable. En julio este servicio se encareció un 97% (de 8,19 a 16,15 €/MWh) y en agosto supuso 5 €/MWh adicionales. Este gasto se suma directamente al término de energía de la factura.
Las comercializadoras ya lo están repercutiendo a sus clientes en renovaciones y nuevas ofertas. Algunas, como Repsol, notificaron en junio incrementos de entre el 6% y el 7% a causa del apagón. Desde Red Eléctrica, su presidenta Beatriz Corredor advirtió en el Senado que este sobrecoste se mantendrá hasta que entren en vigor nuevas medidas de control incluidas en el decreto antiapagón. No obstante, la norma fue rechazada en el Congreso en julio y ahora el Gobierno busca aprobarla vía decreto urgente. Aun así, el sector estima que estos costes extraordinarios seguirán hasta al menos 2026 y podrían superar los 2.300 millones de euros anuales.
A ello se suman otros factores que encarecen la factura en comparación con Europa. Desde enero, el IVA sobre la electricidad volvió al 21%, frente al tipo reducido del 10% que se aplicaba en julio y agosto de 2023. Los impuestos representan aproximadamente un tercio del recibo. Además, en 2025 se incrementaron los peajes de la luz, una parte fija destinada a cubrir gastos estructurales del sistema, como la deuda histórica, las primas renovables o la generación en territorios extrapeninsulares.
El encarecimiento no solo afecta a los hogares. También golpea a la industria. Según el barómetro de AEGE, la factura eléctrica de un consumidor electrointensivo en España es 2,6 veces más cara que en Francia y 1,5 veces superior a la de Alemania, es decir, un 165% más respecto al país vecino y un 46% más frente a la economía alemana. Además, las empresas españolas asumen costes adicionales por servicios de ajuste del sistema que no se aplican en esos países, lo que amplía aún más la brecha competitiva en más de 17 €/MWh.
Los tribunales han reiterado que los contribuyentes no pueden deducirse en el IRPF los gastos asociados a una vivienda en alquiler durante los periodos en los que el inmueble permanece vacío. Para poder aplicarse estas deducciones, el arrendador debe demostrar a Hacienda que, aunque la vivienda estuviera desocupada, estaba efectivamente destinada al arrendamiento. Esa prueba puede realizarse mediante anuncios de alquiler, la contratación de una agencia inmobiliaria o facturas de obras y reparaciones realizadas con ese fin.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado el recurso de una contribuyente con varios pisos alquilados, a la que la Agencia Tributaria denegó la deducción de ciertos gastos mientras las viviendas estuvieron sin inquilino. En concreto, la afectada intentaba deducirse partidas por amortización, seguros, comunidad de propietarios, IBI y suministros.
Hacienda desestimó la deducción argumentando que esos gastos no guardaban relación directa con la generación de ingresos por arrendamiento. La sentencia subraya que la Ley del IRPF solo permite deducir los gastos imprescindibles para obtener rendimientos, lo que exige una vinculación directa, objetiva y acreditada con los ingresos inmobiliarios.
En este sentido, el tribunal considera improcedente deducir amortizaciones, seguros, suministros, tributos locales, gastos de comunidad o intereses de financiación en periodos de desocupación, ya que la contribuyente no aportó pruebas suficientes de que el inmueble estuviera realmente en oferta de alquiler.
El fallo recuerda además el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 2006, que ya establecía que los gastos derivados de la mera titularidad del inmueble no son deducibles si no están expresamente vinculados a la puesta en alquiler.
Del mismo modo, el Tribunal Supremo fijó en septiembre de 2021 que para deducir un gasto es necesario acreditar una correlación directa con los ingresos de arrendamiento, excluyendo aquellos generados en periodos en los que la vivienda estaba simplemente disponible para el propietario, sin evidencia clara de su oferta en el mercado.
El TSJC concluye que solo cuando se demuestra una oferta activa -por ejemplo, mediante contratos de gestión, publicidad o intermediación- pueden aceptarse ciertos gastos como deducibles. En cualquier caso, recuerda que la carga de la prueba recae sobre el arrendador, que debe justificar de manera inequívoca su intención real de alquilar el inmueble.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha sentenciado que no basta con alegar de forma genérica "necesidades organizativas" para rechazar la prolongación de la reducción de jornada en familias monoparentales. Con esta decisión, el tribunal da la razón a una trabajadora de Mercadona que solicitó mantener esa reducción más allá de la edad máxima fijada por la ley para el cuidado de hijos menores.
La empleada, con puesto de gerente y madre soltera de dos hijas en edad escolar, pidió por burofax prolongar la reducción del 25% de su jornada hasta que las niñas cumplieran 15 años, acogiéndose al artículo 14 del convenio colectivo.
La empresa respondió que aceptaba la transformación del contrato a tiempo parcial, pero que no podía garantizar la continuidad del mismo horario que la trabajadora venía disfrutando, aludiendo a la organización interna del centro y a que los turnos debían ajustarse a esas necesidades.
En su recurso, la defensa de la empleada insistió en que el convenio amparaba su petición y que, además, la falta de respuesta dentro del plazo suponía la aceptación automática de la solicitud por silencio administrativo. Aportó certificados de convivencia, escolarización y de familia monoparental para acreditar su situación, subrayando que la negativa empresarial vulneraba su derecho a la conciliación.
Mercadona, por su parte, sostuvo que la reducción por cuidado de hijos prevista en el artículo 17 del convenio ya no era aplicable debido a la edad de las hijas, y que resultaba imprescindible reorganizar los turnos, especialmente los previos a la apertura, para garantizar el buen funcionamiento del centro.
Sin embargo, el TSJC rechaza el recurso de la compañía y confirma la sentencia de primera instancia. El tribunal considera que la empresa no aportó pruebas suficientes que justificaran la imposibilidad de mantener el mismo horario. Subraya que referencias genéricas a la formación de la empleada en distintas secciones o a la necesidad de cubrirlas desde la apertura no constituyen motivos válidos para denegar la petición.
La resolución recuerda que la prolongación de la reducción de jornada se enmarca en las políticas de conciliación familiar y laboral, y que afecta a derechos fundamentales como la igualdad de género y la protección social. Por ello, señala que cualquier limitación debe estar sólidamente fundamentada, con especial rigor en el caso de familias monoparentales y trabajadoras mujeres.
Euskadi será la primera comunidad autónoma en asumir la gestión completa de las prestaciones por desempleo, desde la tramitación inicial hasta el pago y la imposición de sanciones. Este traspaso abre además la posibilidad de avanzar hacia la cesión del régimen económico de la Seguridad Social.
La transferencia de estas competencias había quedado pendiente en la reunión que mantuvieron hace dos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales, en la que también se cerró la participación de Sepi en la compra de Talgo. En aquel momento, Pradales criticó las "visiones centralizadoras" que frenaban el traspaso por motivos políticos y administrativos. Ahora, tras superar esos obstáculos, Madrid y Vitoria han llegado a un acuerdo que se formalizará antes de que termine 2025, convirtiendo al País Vasco en la primera autonomía en gestionar una competencia hasta ahora exclusiva del SEPE.
A partir de entonces, Lanbide, que en la actualidad solo se encarga de las políticas activas de empleo, será responsable de todo el ciclo de las prestaciones por desempleo y de los subsidios no contributivos: reconocimiento, tramitación, pago, control, inspección y sanciones. El Gobierno vasco destaca que se tratará de una "ventanilla única".
Para evitar controversias, el documento firmado este miércoles por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, y la consejera vasca de Autogobierno, María Ubarretxena, especifica que el traspaso se ajusta al modelo unitario y a la caja única de la Seguridad Social, sin entrar en la reclamación vasca de gestionar directamente el régimen económico. El acuerdo contempla un modelo de financiación "transitorio", por el cual la Tesorería de la Seguridad Social transferirá a Euskadi el importe exacto de las prestaciones que la comunidad abone.
La medida beneficiará a unas 51.000 personas en el País Vasco: 31.000 con prestación contributiva y 20.000 con diferentes subsidios (mayores de 52 años, víctimas de violencia, trabajadores agrarios o desempleados con cotizaciones insuficientes, entre otros). El coste anual de estas ayudas asciende a unos 822 millones de euros. Actualmente, en la región existen 30 oficinas del SEPE con 534 empleados. Tras el acuerdo, la consejera Ubarretxena lo calificó como "un hito".
Para el Ejecutivo vasco, este traspaso representa un primer paso en la aspiración de gestionar plenamente las competencias de la Seguridad Social, tal y como recoge el Estatuto de Gernika de 1979.
El reglamento que regula el fondo de compensación para las víctimas del amianto entra en vigor este jueves, con un retraso de casi tres años respecto al plazo fijado por la ley que lo creó. Sin embargo, para los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, esta medida llega "tarde y es claramente insuficiente". Los líderes sindicales critican que los procesos de reclamación, que podrán iniciarse a partir de ahora, dejarán fuera a la mayoría de los damnificados y que las cuantías previstas son muy inferiores a las reconocidas habitualmente por los tribunales, que suelen triplicar -como mínimo- las cifras que contempla el Estado.
El reglamento, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y elaborado sin consensuarlo con los sindicatos ni con los colectivos de afectados, limita el acceso al fondo únicamente a trabajadores vivos a los que se les haya reconocido una incapacidad permanente provocada por la exposición al amianto. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, este grupo no alcanzaría las 700 personas. Así lo ha recordado Jon García, portavoz de las asociaciones de afectados, que junto a Sordo y Álvarez ha denunciado públicamente las carencias del nuevo marco legal y ha exigido su modificación.
El fondo cuenta con una partida inicial de 25 millones de euros, pero excluye a los herederos de las miles de víctimas ya fallecidas a lo largo de las últimas décadas, pese a que -como recordó Sordo- las autoridades conocen desde los años setenta los efectos letales del amianto. También quedan fuera los familiares que contrajeron enfermedades por contacto indirecto en su entorno cotidiano, los llamados afectados medioambientales. Los sindicatos insisten en que en España "todavía se convive con el amianto".
En cuanto a las compensaciones, García detalló que se establecen 96.626 euros para casos de mesotelioma, 64.414 para cáncer de pulmón, 44.310 para cáncer de laringe y 32.207 para asbestosis. Unas cifras muy alejadas de las que suelen fijar los tribunales, donde las indemnizaciones rondan el triple. Ejemplos de ello son los 347.587 euros concedidos a la familia de un extrabajador de BSH en Estella (Navarra), fallecido por cáncer de pulmón, o los casi 315.000 euros para la familia de un exempleado de Babcock Wilcox en Bilbao, víctima de mesotelioma pleural.
Las diferencias son aún más notorias si se comparan con Francia, donde las indemnizaciones no solo triplican las españolas, sino que además cubren más diagnósticos, como la asbestosis leve o las placas pleurales. Allí, las compensaciones han alcanzado más de 7.000 millones de euros en los últimos años, frente a los 25 millones previstos en España, que además no se acumulan de un ejercicio a otro si no se reparten.
Las asociaciones de víctimas también cuestionan la falta de claridad del Gobierno sobre la fiscalidad de las ayudas: si no quedan exentas, las cantidades se reducirán a la mitad. Solo Navarra y el País Vasco han confirmado que no gravarán estas indemnizaciones, lo que podría generar una desigualdad con el resto del país. García también denunció un trato discriminatorio frente a otros colectivos, como las víctimas del terrorismo (500.000 euros de indemnización), los afectados por sida tras transfusiones (126.000 euros) o los perjudicados por la talidomida (396.000 euros).
A estas críticas se suma la complejidad administrativa impuesta por la Seguridad Social. Según UGT, el Gobierno actúa con un "temor infundado" a una avalancha de reclamaciones. Entre otras trabas, se exige a las comunidades autónomas la creación de comisiones de evaluación para certificar las enfermedades profesionales, requisito indispensable para solicitar la ayuda ante la Seguridad Social. Pero, hasta la fecha, ninguna de estas comisiones se ha constituido, lo que puede provocar que los 25 millones asignados para este año queden sin ejecutar.
Ante esta situación, CC OO y UGT han colocado la reforma del reglamento entre sus prioridades en las negociaciones con el Ejecutivo y, en particular, con el Ministerio de Seguridad Social. Sordo ha insistido en que urge modificar el texto "para evitar desigualdades entre los solicitantes" y ha vinculado esta batalla con otra de mayor calado: la revisión del sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales. "En España, solo el 0,1% de las enfermedades laborales reconocidas son cánceres, frente al 32% en Alemania. No se explica solo por la industrialización", recalcó el dirigente sindical.
En el segundo trimestre del año, las empresas españolas registraron 149.739 vacantes, lo que supone un descenso del 1,6% respecto al mismo periodo de 2024. Aun así, la cifra se mantiene en niveles históricamente elevados desde la pandemia. De hecho, el volumen de puestos sin cubrir es un 39,25% mayor que en 2019 (27,75% en el sector privado). Sin embargo, los informes del SEPE advierten de que la mitad de estas vacantes llevan más de tres meses sin cubrirse, un fenómeno en aumento que el organismo considera "un problema real" que requiere atención.
Ahora bien, ¿existe en España un problema de vacantes o el diagnóstico es más complejo? Los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales -referencia para medir las dificultades de contratación- parecen contradictorios en un país que formaliza 1,5 millones de contratos al mes, de los que el 40% son indefinidos, y que cuenta con 2,5 millones de personas desempleadas en búsqueda activa.
Además, la tasa de vacantes apenas alcanza el 0,8% del total de empleos, la más baja de la eurozona y la segunda más reducida de la UE (solo por detrás de Rumanía), muy lejos de la media europea (2,1%) y de países como Alemania o Francia (2,5%) o Bélgica y Países Bajos (4%). Otro factor diferencial es que un 33% de las vacantes corresponden al sector público, proporción muy superior a la del resto de Europa.
Esta combinación explica por qué, a diferencia de lo que ocurre en otras economías del euro, el aumento de vacantes en España no ha presionado al alza los salarios. Entre 2022 y 2024 sí hubo un repunte en las remuneraciones ofrecidas en nuevas ofertas -por encima de los convenios colectivos-, pero esa brecha se ha reducido en los últimos meses.
La situación cuestiona los avisos tanto de empresas y patronales como de organismos públicos. El SEPE, en su Informe sobre el Ajuste de la Oferta y la Demanda de Empleo, advierte desde 2023 del problema de las vacantes de difícil cobertura, es decir, aquellas que permanecen más de tres meses sin candidato a pesar de las medidas adoptadas por las empresas.
En su último análisis, el SEPE excluye las vacantes del sector público, dado que se cubren mediante procesos específicos que no son comparables con el sector privado. Así, entre el primer trimestre de 2023 y finales de 2024, las vacantes crecieron un 2,2% en el conjunto de la economía, pero un 6,6% si se tiene en cuenta solo el sector privado. Mientras tanto, las administraciones han ralentizado su ritmo de creación de plazas.
Lo más preocupante es el aumento de los puestos de difícil cobertura: en este bienio han crecido un 14,96% y ya representan la mitad del total, con variaciones estacionales significativas (del 53,4% en el primer trimestre de 2024 al 42,3% al cierre del año).
El sector servicios concentra el 85,2% de estas vacantes, aunque parte corresponde a empresas de trabajo temporal. Le siguen la industria (9,49%) y la construcción (5,33%). Por proporción relativa, las tres ramas se mueven en cifras similares: en torno al 40-44%. Sin embargo, por tamaño de empresa las diferencias son claras: en la construcción son sobre todo las pequeñas empresas las que sufren más dificultades (78,4%); en la industria, las medianas (42,42%); y en los servicios, las grandes compañías (47,2%). En cuanto a la evolución, el sector con mayor incremento de vacantes difíciles de cubrir entre 2023 y 2024 es la construcción (+42,2%), seguido de la industria (+39,3%) y, a mayor distancia, los servicios (+11,5%).
La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido modificar el precio del dinero tras constatar la pérdida de dinamismo en el mercado laboral y confirmar que la guerra comercial no ha generado un repunte significativo de la inflación. Después de más de 270 días sin cambios, el banco central estadounidense ha anunciado una reducción de 25 puntos básicos en los tipos de interés, situándolos en el 4,25%.
Se trata del primer recorte de tasas desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Jerome Powell, presidente de la Fed, había reconocido en varias ocasiones que la medida se habría tomado antes de no ser por las tensiones arancelarias, que apuntaban a un riesgo inflacionario y llevaron a mantener la política monetaria sin cambios durante meses. Finalmente, esas presiones sobre los precios no se materializaron y la combinación de estabilidad inflacionaria y enfriamiento laboral ha obligado a actuar al organismo.
En su comunicado, la Fed explica que, "ante el cambio en el balance de riesgos", el Comité optó por reducir en un cuarto de punto el rango objetivo para la tasa de fondos federales. A diferencia del BCE, la Fed cuenta con un doble mandato: mantener la inflación en torno al 2% a medio plazo y velar por el pleno empleo. Sin embargo, los últimos datos laborales muestran una desaceleración: el desempleo subió en agosto al 4,3%, el nivel más alto desde finales de 2021, mientras la creación de puestos de trabajo se redujo a mínimos desde la pandemia, lo que abre espacio para una política monetaria menos restrictiva.
Powell advirtió que la situación es atípica, ya que lo habitual es que cuando el empleo se debilita, la inflación tienda a bajar, pero en este caso ambos indicadores avanzan en direcciones diferentes. Según explicó, no existe un escenario libre de riesgos: reducir demasiado rápido los tipos podría reactivar las tensiones inflacionarias, mientras mantenerlos altos podría agravar la pérdida de dinamismo en el mercado laboral.
El cambio de rumbo coincide con un aumento de la presión de Trump, que exige a la Fed una bajada más intensa del precio del dinero. En la reunión ya se reflejó esta influencia: Stephen I. Miran, nuevo miembro del organismo y cercano al expresidente, se apartó del consenso al mostrarse partidario de un recorte de 50 puntos básicos, que habría dejado el tipo en el 4%.
Como es habitual, la cita de septiembre sirvió para actualizar el conocido dot plot, que recoge las previsiones individuales de cada miembro con voto en la institución. El gráfico revela un ajuste del consenso, que ahora proyecta dos recortes adicionales en 2025, lo que podría anticipar nuevas bajadas en octubre o diciembre. Sin embargo, también muestra una marcada división: seis miembros consideran que los tipos deberían permanecer en el nivel actual y solo un representante, presumiblemente Miran, apuesta por llevarlos al 3% ya este mismo año.
A largo plazo, la Fed no contempla una senda agresiva de reducción de tasas y sitúa el horizonte en torno al 3% dentro de tres años. En paralelo, las proyecciones macroeconómicas actualizadas señalan un crecimiento del PIB superior al previsto en junio: 1,6% este año (frente al 1,4% anterior), con estimaciones de 1,8% en 2026 y 1,9% en 2027.
Respecto a las dos variables más determinantes para la política monetaria -inflación y desempleo-, las previsiones no cambian: la tasa de paro se mantendría en 4,5% este año y la inflación en el 3%, un nivel aún por encima del objetivo del 2%. Esta brecha explica por qué la Fed descarta un ciclo agresivo de recortes y anticipa que la meta de estabilidad de precios no se alcanzará hasta 2027.
Los mercados aguardaban con expectación la decisión de la Reserva Federal. Mientras tanto, las Bolsas y el euro registraban movimientos contenidos, y el oro interrumpía su fuerte escalada para tomar un respiro. Tras alcanzar los 3.700 dólares el día anterior, el metal retrocedía un 0,3%.
A pesar de este leve ajuste, el optimismo de los analistas continúa, impulsado por las previsiones de una bajada de tipos en Estados Unidos. Deutsche Bank se ha sumado a otras entidades como Bank of America al situar su estimación para el oro en los 4.000 dólares por onza. Aunque en lo que va de año acumula una subida cercana al 40%, el consenso del mercado considera que todavía podría avanzar alrededor de un 9% adicional.
"El oro ha mostrado ser un activo especialmente atractivo en horizontes medios y largos. En cinco años se ha revalorizado un 110%, lo que equivale a una rentabilidad anualizada del 15%. A pesar de este sólido comportamiento, el escenario macroeconómico apunta a que aún tiene recorrido", explican desde Mirabaud Wealth Management.
El recorte de tipos de interés por parte de la Fed y las compras de bancos centrales se presentan como los principales motores de esta tendencia. Según Bank of America, desde 2001 el oro nunca ha retrocedido en fases de política monetaria más flexible acompañadas de una inflación superior al 2%, como la actual. Desde Deutsche Bank añaden que la demanda oficial del metal crece por encima de la media del periodo 2011-2021, con China como actor central. "Aunque su precio pueda parecer elevado, gran parte responde a la fortaleza de la demanda, que prevemos seguirá firme", señalan.
En un contexto en el que las críticas a la independencia de la Fed se intensifican, el dólar y la deuda estadounidense pierden atractivo como refugios. En cambio, cada vez más inversores se inclinan por el oro como activo seguro. Mirabaud destaca que, por primera vez desde 1996, el metal representa un mayor porcentaje en las reservas de los bancos centrales que los bonos del Tesoro de EE. UU., un cambio vinculado a la presión ejercida por Donald Trump sobre los responsables de la Fed. "Los bancos centrales están aumentando progresivamente sus reservas en oro al tiempo que reducen su exposición a deuda estadounidense", subrayan.
Además de los recortes de tipos y la acumulación de oro por parte de las autoridades monetarias, los analistas apuntan a la inflación y a la debilidad del dólar como factores adicionales de apoyo. "Cuando la divisa estadounidense se deprecia, el oro tiende a apreciarse", indican desde Mirabaud, recordando que una inflación elevada refuerza su papel como valor refugio.
La deuda de las Administraciones Públicas alcanzó en julio los 1,68 billones de euros, lo que supone una ligera reducción de su peso sobre el PIB, hasta el 102,3%, casi dos puntos menos que un año antes. Según los datos difundidos este miércoles por el Banco de España, en términos absolutos la deuda creció un 3,9% interanual, sumando 73.620 millones más que en julio de 2024. No obstante, descendió un 0,6% respecto a junio, cuando se marcó un máximo histórico de 1,69 billones, lo que equivale a 10.524 millones menos que el mes previo.
Con este avance, la ratio de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se situó en julio en el 102,3% del PIB, frente al 104,2% registrado un año antes, lo que refleja un ajuste de 1,9 puntos porcentuales. El Gobierno, que actualizó esta semana su cuadro macroeconómico, prevé cerrar 2025 con una deuda del 101,7% del PIB. A medio y largo plazo, estima que la ratio continuará bajando: al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Sin embargo, estas cifras aún quedarían lejos del 60% que la Comisión Europea establece como referencia de sostenibilidad.
Por administraciones, la mayor parte corresponde al Estado, cuya deuda asciende a 1,52 billones de euros (un 4,1% más que hace un año), lo que equivale al 92,9% del PIB. En paralelo, la deuda de la Seguridad Social se situó en 126.174 millones (7,7% del PIB), con un incremento del 8,6% interanual. Las comunidades autónomas acumularon 340.027 millones de deuda, un 20,7% del PIB, tras aumentar un 1,6% en un año, mientras que las corporaciones locales redujeron ligeramente su endeudamiento hasta 23.498 millones (1,4% del PIB), un 1,6% menos interanual.
En cuanto al desglose por instrumentos, la mayor parte de la deuda pública española está concentrada en valores a largo plazo (1,43 billones de euros). El resto se distribuye en préstamos (170.455 millones), valores a corto plazo (69.831 millones) y efectivo y depósitos (5.463 millones).
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