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(Cinco Días, 15-10-2026) | Fiscal

El ministro de Hacienda reivindica la fiscalidad y la protección pública frente a los discursos anti impuestos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este miércoles la importancia de los impuestos y de los servicios públicos frente a las posiciones que cuestionan la fiscalidad y proponen reducir la carga tributaria. Durante su participación en el Foro CREO, organizado por Cinco Días y Prisa Media, ha subrayado que el Estado debe funcionar como una red de protección para ciudadanos y empresas ante un escenario internacional cada vez más incierto. En este sentido, ha afirmado que, cuando se producen situaciones adversas, tanto la población como el tejido empresarial esperan que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y no permanezcan al margen. El titular de Hacienda ha combinado la defensa del Estado del bienestar con una advertencia sobre las consecuencias de aprobar rebajas fiscales sin explicar cómo se compensará la pérdida de ingresos. Sus críticas se han dirigido especialmente a Vox, cuya propuesta de reforma del IRPF supondría, según las estimaciones del Ministerio, una reducción de la recaudación de unos 85.000 millones de euros. También ha aludido a los planteamientos del Partido Popular favorables a reducir impuestos y ha reclamado que se detallen sus efectos sobre las cuentas públicas. El IRPF ocupa un lugar central en esta discusión, ya que proporciona alrededor de 140.000 millones de euros anuales y constituye uno de los principales instrumentos de progresividad del sistema tributario. La propuesta de Vox contempla establecer un mínimo exento de 22.000 euros al año, aplicar un tipo del 15% a los ingresos de hasta 70.000 euros y fijar un gravamen del 25% para las rentas superiores. Según los cálculos del Ejecutivo, estos cambios reducirían en más de la mitad los ingresos actuales procedentes del impuesto. España ya había cuestionado el martes esta iniciativa y había pedido a sus promotores que explicasen qué partidas del presupuesto recortarían para compensar la merma de recaudación. Los 85.000 millones de euros que Hacienda estima que dejaría de ingresar el Estado superarían el gasto público anual en educación y representarían cerca del 80% de los recursos destinados a sanidad. El ministro ha insistido en que la discusión fiscal debe ir más allá de cuánto pagan los contribuyentes y abordar también qué servicios pueden financiarse con los ingresos públicos. A su juicio, es necesario explicar mejor el destino de los impuestos y su repercusión en la vida cotidiana, así como el papel que desempeñan en el mantenimiento de las prestaciones y servicios esenciales. Como ejemplo, ha recordado el coste de la atención sanitaria durante la pandemia, cuando una noche en una unidad de cuidados intensivos podía alcanzar los 3.000 euros, sin que el paciente tuviera que abonar directamente esa cantidad. También ha mencionado las intervenciones quirúrgicas, los partos, las becas universitarias y el transporte público para ilustrar cómo la financiación colectiva permite acceder a determinados servicios sin que su coste recaiga íntegramente sobre cada hogar. En este contexto, ha defendido que una enfermedad grave no debería llevar a una familia a la ruina económica. España también ha reivindicado la evolución de la economía española en los últimos años y ha señalado que el crecimiento es imprescindible para sostener las políticas sociales. Según ha resumido, la expansión económica permite disponer de recursos para proteger a la población, mientras que unas cuentas públicas saneadas resultan necesarias para afrontar futuras crisis. Por último, el ministro ha ampliado su análisis a la situación internacional y al papel de la Unión Europea. Ha advertido de que el debilitamiento del orden multilateral y de las reglas que rigen las relaciones internacionales puede perjudicar especialmente a los países y colectivos más vulnerables. Ante este escenario, ha defendido una Unión Europea con mayor capacidad de respuesta y un presupuesto comunitario adecuado a los desafíos actuales, frente a las propuestas que buscan limitar su alcance. En su opinión, un mundo sin reglas genera consecuencias desiguales, por lo que ha reclamado proteger el proyecto europeo frente a quienes pretenden debilitarlo o acabar con él.

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(Expansión, 15-10-2026) | Fiscal

El PP plantea un "plan de choque" con rebajas en IVA e IRPF para contener el alza de precios

El Partido Popular considera que el Gobierno no ha aprovechado el incremento de los ingresos tributarios ni los recursos procedentes de los fondos europeos para impulsar la productividad de la economía española. Ante el encarecimiento del coste de la vida, la formación plantea distintas medidas fiscales, entre ellas adaptar los tramos del IRPF a la inflación para reducir la presión tributaria sobre las familias. Tras conocerse los datos de inflación de septiembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado la gestión económica del Ejecutivo y ha responsabilizado al Gobierno de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Según ha señalado Bravo, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, los precios han aumentado más de un 28%, mientras que la carga fiscal también se ha incrementado. El dirigente popular sostiene que cada ciudadano paga actualmente 3.600 euros más en impuestos que en 2018 y que la recaudación del Estado superará este año en 200.000 millones de euros la registrada entonces. Ante esta situación, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo propone poner en marcha un conjunto de medidas de aplicación automática para limitar los efectos de la subida de precios, especialmente los relacionados con la energía y los combustibles. La formación considera necesario evitar que estos incrementos, vinculados en los últimos meses al conflicto en Oriente Próximo, terminen repercutiendo en el precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad. Entre las principales propuestas figura la supresión total del IVA para los alimentos básicos, incluyendo productos como la carne, el pescado y las verduras. Asimismo, el PP defiende reducir al 10% el IVA aplicado a la energía. A estas iniciativas se suma su propuesta de deflactar las tarifas del IRPF, una medida que la formación viene reclamando desde hace tiempo y que permitiría ajustar los tramos del impuesto a la evolución de los precios. Con ello, pretende evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación provoquen un aumento de la tributación sin que exista una mejora real de la capacidad adquisitiva. Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha advertido de que el incremento del precio de los alimentos afecta especialmente a los hogares con hijos y a las familias con menores ingresos, debido al mayor peso que representa la cesta de la compra en sus presupuestos. Nadal también ha cuestionado los resultados de la política económica del Ejecutivo. A su juicio, el aumento de la presión fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la llegada de importantes recursos europeos no se han traducido en un avance suficiente de la inversión y la productividad. El responsable económico del PP considera que la mejora del nivel de vida y de los salarios debe apoyarse en una economía más productiva, para lo que defiende impulsar las inversiones públicas y privadas que permitan fortalecer la actividad económica y favorecer un crecimiento sostenible. Según los datos definitivos del INE, la inflación interanual se situó en septiembre en el 4,9%, seis décimas por encima de agosto, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,1%. Estas cifras constituyen el contexto de las propuestas fiscales planteadas por el Partido Popular.

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(El País, 15-10-2026) | Fiscal

El dato de inflación del 4,9% en septiembre confirma las rebajas fiscales a los carburantes

El dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que las ayudas extraordinarias a la gasolina y el diésel continuarán vigentes. El encarecimiento de los carburantes ha superado el umbral del 15% establecido para mantener las rebajas fiscales máximas contempladas en el tercer paquete de medidas anticrisis, aprobado el pasado 29 de septiembre y cuya convalidación está prevista para este viernes en el Congreso. El INE también ha ratificado que la inflación interanual alcanzó el 4,9% el mes pasado, mientras que la tasa subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la energía, subió hasta el 3,1%. Según los economistas, estos datos apuntan a que la economía española podría haber alcanzado el punto máximo de la actual escalada inflacionista, impulsada por el conflicto en Oriente Próximo, las tensiones en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. El último real decreto del escudo anticrisis incorpora un mecanismo que condiciona el nivel de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. Para conservar las ayudas en su cuantía máxima, los productos energéticos debían registrar un encarecimiento superior al 15% respecto a septiembre de 2025. Las previsiones anticipaban que los carburantes rebasarían ese límite, como finalmente ha sucedido. De acuerdo con el INE, los combustibles y lubricantes para vehículos se han encarecido más de un 30% en un año, con aumentos del 34% en el gasóleo y del 27% en la gasolina. En consecuencia, durante noviembre se mantendrá la rebaja máxima de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos para ambos combustibles. En diciembre, el descuento será de al menos 13 céntimos por litro, lo que evitará una reducción de las ayudas respecto al calendario inicialmente previsto. La convalidación del decreto corresponde esta semana a la Diputación Permanente del Congreso, al encontrarse las Cortes disueltas tras el adelanto electoral. El paquete fiscal también contempla ayudas directas para los transportistas profesionales que pueden acogerse a la devolución parcial del impuesto sobre el gasóleo. Estos recibirán cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. Los profesionales que no tienen acceso a este mecanismo, como determinados transportistas de mercancías con vehículos de menor tonelaje y los dedicados al transporte de viajeros, disponen de compensaciones directas cuya cuantía depende del tipo de vehículo. Además, las medidas prolongan hasta el 31 de diciembre las ayudas extraordinarias al combustible para los sectores agrícola y pesquero, con el propósito de aliviar el incremento de sus costes de explotación. La evolución de la electricidad, en cambio, no ha alcanzado el nivel necesario para activar las rebajas fiscales previstas. El INE ha confirmado que el precio de la luz aumentó un 11,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, una cifra que coincide con las estimaciones de Funcas, BBVA Research y el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE). Aunque la subida supera el 10%, se mantiene más de tres puntos por debajo del umbral del 15% exigido para aplicar las medidas. Por este motivo, el IVA de la electricidad no volverá al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad no se reducirá al 0,5%, por lo que ambos seguirán sujetos a sus tipos generales. Las previsiones sobre la electricidad eran menos claras que las relativas a los carburantes. Por una parte, existía presión al alza derivada de la revisión de los precios de comercialización. El ICAE había señalado que las ofertas de las compañías en el mercado libre podían ser un factor determinante en la evolución de la tasa. Por otra, la estructura del mercado eléctrico contribuye a moderar el traslado de las variaciones de los precios mayoristas a los consumidores. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, ha explicado que para superar el límite interanual del 15% habría sido necesario un incremento mensual del 5,6%. Una subida de esa magnitud resultaba poco probable, ya que los contratos a plazo amortiguan las oscilaciones del mercado mayorista y retrasan su repercusión en las facturas domésticas. Aunque no se activarán nuevas rebajas fiscales en la factura eléctrica, el Gobierno mantiene otras medidas para contener los gastos de calefacción y proteger a los hogares más vulnerables al inicio del invierno. Entre ellas figura el límite aplicado a la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, que restringe al 35% el incremento del coste de la materia prima en la revisión de octubre, frente a una subida cercana al 50% que habría resultado de aplicar directamente la evolución de las cotizaciones internacionales. También continúa el tope al precio de la bombona de butano y se mantiene la protección del bono social eléctrico, que ofrece descuentos de entre el 25% y el 40% a los hogares beneficiarios e impide interrumpir el suministro por impago a las familias en riesgo de exclusión social. En los supermercados, los precios presentan una evolución más moderada. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 2,7% interanual, aunque los productos frescos continúan registrando aumentos superiores a la media. Las frutas, las hortalizas y otros productos de la huerta concentran buena parte de las subidas. Entre los mayores incrementos figuran los de las bayas, cuyos precios se aproximan a un 50% más que hace un año; los tomates, los pimientos y los pepinos, con aumentos cercanos al 17%; y los huevos, que han subido más de un 12%. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sostiene que las medidas anticrisis han amortiguado el efecto de la guerra en Irán sobre el coste de la vida. Según sus cálculos, las ayudas han contenido aproximadamente la mitad del impacto que el conflicto habría tenido sobre los precios y han reducido el IPC hasta un punto en algunos meses. Sin embargo, el Banco de España ha estimado recientemente que los tres paquetes de medidas tendrán un coste para las cuentas públicas equivalente a medio punto del PIB, alrededor de 12.000 millones de euros.

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(La Vanguardia, 15-10-2026) | Fiscal

FMI: “China debe gastar más, Estados Unidos ahorrar más y Europa invertir más”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha señalado las medidas que deberían adoptar las principales economías mundiales para corregir los desequilibrios comerciales: China tendría que aumentar el gasto interno, Estados Unidos debería elevar el ahorro y Europa necesita impulsar la inversión. Según la responsable del organismo, estos desequilibrios continuaron ampliándose en 2025 y alcanzaron un volumen equivalente al 0,7% del producto interior bruto mundial, pese a las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump y las advertencias de la Unión Europea, que la semana pasada volvió a reclamar cambios a Pekín a través del comisario de Comercio, Maros Sefcovic. Georgieva considera que las medidas correctoras son especialmente necesarias en China, Estados Unidos y algunos países europeos. En el caso chino, aboga por reorientar el modelo económico, reduciendo su dependencia de las exportaciones y dando mayor protagonismo al consumo interno. Para Estados Unidos, que presenta un déficit comercial, recomienda aumentar el ahorro y reducir los desequilibrios presupuestarios. Europa, por su parte, debería reforzar su competitividad y elevar el volumen de inversión. La directora gerente del FMI ha expuesto estas recomendaciones este miércoles ante los medios, durante la reunión anual del Fondo y del Banco Mundial, inaugurada el lunes en Bangkok. Georgieva ha destacado la capacidad de resistencia de la economía mundial frente a una sucesión de perturbaciones e incertidumbres, aunque ha advertido de que esa fortaleza empieza a mostrar sus límites. En particular, ha alertado de que los colchones energético y fiscal se están agotando, lo que reduce el margen de maniobra de los gobiernos ante nuevas crisis. La inflación continúa en niveles elevados en numerosos países y está favoreciendo subidas de los tipos de interés, que encarecen a su vez el servicio de la deuda. En este contexto, Georgieva ha señalado que el impacto negativo de la crisis energética se está viendo parcialmente compensado por el impulso de la demanda asociado al desarrollo de la inteligencia artificial. La reducción del suministro energético provocada por la guerra en Oriente Próximo presiona a la baja la actividad económica, mientras que las inversiones y necesidades vinculadas a la IA aportan un efecto positivo. No obstante, la responsable del FMI ha advertido de que las consecuencias de estas perturbaciones son muy desiguales entre países. Las economías más perjudicadas son aquellas que ya presentaban debilidades estructurales, tienen una participación limitada en el desarrollo de la inteligencia artificial y dependen en gran medida de las importaciones de hidrocarburos. Georgieva también ha criticado a los gobiernos que no aprovecharon la recuperación posterior a la pandemia para reforzar sus cuentas públicas y prepararse ante futuras contingencias. Ha señalado que las economías avanzadas se encuentran entre las más expuestas y ha reclamado mejoras en la recaudación, una gestión más eficiente del gasto y ajustes presupuestarios que permitan corregir las vulnerabilidades antes de que se agraven. Para la directora gerente, esta es una de las principales prioridades que deben asumir los responsables políticos. Junto a la consolidación fiscal, Georgieva ha defendido que los gobiernos concentren las ayudas en las personas más vulnerables, en lugar de priorizar medidas generales destinadas a contener los precios. El objetivo, según ha indicado, debe ser proteger a quienes tienen menos capacidad para afrontar el encarecimiento de la energía y otros bienes esenciales. Por último, la directora gerente ha vuelto a advertir sobre los riesgos financieros asociados a las expectativas generadas por la inteligencia artificial. Ha señalado que una rentabilidad inferior a la prevista a corto plazo podría desencadenar una corrección desordenada en los mercados. La advertencia se produce después de que, la semana pasada, en Singapur, Georgieva afirmara que se aproximaba «el invierno», una expresión que, según ha reconocido, no utilizó como pronóstico meteorológico, sino como aviso sobre el escenario económico que podría avecinarse.

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(El Economista, 15-10-2026) | Fiscal

El mapa fiscal de España: Madrid se afianza en el liderato, Canarias sube y Cataluña no levanta cabeza

La Comunidad de Madrid vuelve a encabezar la clasificación de competitividad fiscal en España por séptimo año consecutivo, mientras que Cataluña permanece en la última posición. Entre las principales novedades del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2026 destaca el avance de Canarias, que recupera el quinto puesto y desplaza a La Rioja a la sexta posición. El estudio, elaborado por la economista Cristina Enache y publicado por Tax Foundation en colaboración con la Fundación para el Avance de la Libertad, analiza los sistemas tributarios de las comunidades autónomas y de los tres territorios históricos del País Vasco. La clasificación tiene en cuenta aspectos como los tipos impositivos, las deducciones, las bonificaciones y la estructura de los principales impuestos. Canarias mejora su posición respecto al ejercicio anterior gracias, principalmente, a la actualización de la tarifa autonómica del IRPF para compensar los efectos de la inflación. En diciembre de 2025, el archipiélago aprobó una deflactación del 2,1%, una decisión que ha contribuido a elevar su puntuación en el índice. No obstante, la autora del informe considera que todavía existen posibilidades de mejorar el sistema fiscal canario. Entre sus recomendaciones figura introducir una bonificación en el Impuesto sobre el Patrimonio que tenga en cuenta la diferencia entre la cuota autonómica y la correspondiente al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En materia de IRPF, Enache plantea una reducción de tres puntos porcentuales en los tipos autonómicos para aproximar el tipo marginal máximo conjunto al 47,5%, un nivel comparable al de Alemania. También propone actualizar automáticamente cada año los tramos del impuesto y los mínimos personales y familiares según la evolución de los precios. Madrid mantiene su liderazgo en la clasificación y eleva su puntuación hasta los 7,12 puntos, frente a los 7,02 obtenidos en 2025. El informe atribuye esta posición a una estructura tributaria caracterizada por tipos relativamente reducidos en determinados impuestos, amplias bonificaciones y la ausencia de tributos propios. En el ámbito del IRPF, la comunidad presenta uno de los tipos marginales máximos conjuntos más bajos de España, situado en el 45%. La región también ha aplicado sucesivas actualizaciones de la tarifa autonómica y de los mínimos personales y familiares para limitar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes. A estas características se añaden las bonificaciones fiscales en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como un tratamiento favorable en determinadas operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. De acuerdo con el análisis de Tax Foundation, esta combinación convierte a Madrid en uno de los territorios con una carga tributaria relativamente reducida para los contribuyentes con ingresos medios y elevados, dentro de los impuestos considerados en el estudio. Por otra parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado nuevas medidas fiscales para 2027, centradas especialmente en facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre las propuestas figura reducir del 6% al 4% el tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales aplicable a la adquisición de viviendas habituales de segunda mano por menores de 40 años, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros. También se contempla rebajar del 0,75% al 0,4% el tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para determinadas adquisiciones de viviendas de nueva construcción. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, estas medidas permitirían generar un ahorro fiscal conjunto próximo a los 116 millones de euros anuales. La reducción del impuesto sobre transmisiones podría beneficiar a cerca de 40.000 jóvenes, mientras que la rebaja de Actos Jurídicos Documentados alcanzaría aproximadamente a otros 4.200 compradores. A estas iniciativas se suma el anuncio de una nueva reducción de medio punto en la escala autonómica del IRPF, con tipos comprendidos entre el 8% y el 20%. Se trata de propuestas anunciadas para 2027, por lo que su aplicación dependerá de la correspondiente aprobación normativa. En el extremo opuesto de la clasificación, Cataluña vuelve a ocupar el último puesto, con una puntuación de 4,45 sobre 10. El informe señala que la comunidad ha perdido competitividad fiscal durante los últimos años debido, entre otros factores, a la estructura de su IRPF, la tributación patrimonial y la existencia de numerosos impuestos propios. Según el estudio, Cataluña cuenta con un elevado número de figuras tributarias autonómicas y no ha introducido durante 2026 reformas suficientemente relevantes como para modificar su posición en el índice. La autora destaca que algunas de las principales diferencias respecto a otras comunidades se encuentran en los impuestos que gravan la renta personal, el patrimonio y las herencias. En el caso del IRPF, el informe considera que determinados niveles de renta soportan tipos marginales elevados. También recuerda que las modificaciones introducidas en años anteriores, como el aumento de algunos tipos y la ampliación del número de tramos, han influido en su valoración. Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, Cataluña mantiene un mínimo exento general de 500.000 euros y una escala progresiva que alcanza el 3,48% para los patrimonios más elevados. Esta configuración contribuye, según Tax Foundation, a que la comunidad presente una tributación patrimonial comparativamente alta. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el estudio también sitúa a Cataluña entre los territorios con menor competitividad. La reducción de determinadas bonificaciones y la recuperación de coeficientes multiplicadores en 2020 son algunos de los elementos que influyen en su posición. La peor valoración catalana se registra en el apartado correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El informe señala especialmente la reforma de la tarifa de transmisiones patrimoniales aprobada en marzo de 2025, que elevó el tipo máximo general del 11% al 13%. También destaca la introducción de un gravamen del 20% para determinadas adquisiciones de viviendas realizadas por grandes tenedores y operaciones de compra de edificios completos. Junto a Cataluña, las posiciones inferiores de la clasificación están ocupadas por Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, territorios que presentan distintas características fiscales que, de acuerdo con la metodología del índice, reducen su puntuación relativa. El informe de 2026 muestra así diferencias importantes entre los sistemas tributarios autonómicos. Mientras Madrid conserva el liderazgo y Canarias mejora su posición, Cataluña continúa cerrando la clasificación, en un contexto en el que las decisiones sobre el IRPF, los impuestos patrimoniales y la fiscalidad inmobiliaria siguen siendo determinantes para los resultados del índice. No obstante, la competitividad fiscal que mide este estudio se refiere fundamentalmente al diseño y la estructura de los impuestos. Por tanto, sus resultados no constituyen por sí solos una valoración global de la situación económica de cada comunidad, de la calidad de sus servicios públicos o de la suficiencia de sus ingresos.

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(El País, 15-10-2026) | Laboral

Las pensiones vuelven al corazón de la precampaña de las elecciones

Las pensiones se han situado de nuevo en el centro de la precampaña electoral tras las declaraciones de Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del Partido Popular, que ha apuntado a la posibilidad de una reforma de calado del sistema, aunque sin detallar sus medidas. En una entrevista publicada el martes, Muñoz advirtió de que el modelo actual acabará colapsando y defendió la necesidad de adoptar decisiones valientes para modificarlo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de matizar sus palabras y aseguró que mantendrá la revalorización de las prestaciones conforme al IPC, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años. No obstante, también defendió la necesidad de garantizar un sistema viable para las generaciones más jóvenes, dejando abierta la puerta a cambios futuros. La última gran reforma impulsada por el PP se aprobó en 2013 y limitó la subida anual de las pensiones al 0,25%, un mecanismo que el Ejecutivo de Sánchez derogó posteriormente para recuperar la actualización vinculada al IPC. Las declaraciones de Muñoz han dado al PSOE y al Gobierno la oportunidad de convertir esta cuestión en uno de los ejes de la precampaña. A ello se suman las propuestas de Vox, que ha planteado un modelo mixto, público y privado, y también ha cuestionado la sostenibilidad del sistema. La controversia ha provocado una respuesta coordinada de varios ministros y la difusión de vídeos en redes sociales, en un debate especialmente sensible por afectar a cerca de nueve millones de pensionistas, un colectivo con una elevada participación electoral. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha preguntado directamente al PP si pretende recortar las prestaciones. Por su parte, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha criticado las contradicciones que, a su juicio, existen entre las declaraciones de Feijóo sobre el mantenimiento del sistema y los mensajes que alertan de su posible quiebra. También ha reclamado explicaciones a quienes defienden un modelo mixto. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que un futuro Gobierno formado por el PP y Vox acometa una reforma de las pensiones. El PSOE, además, ha difundido varios vídeos con mensajes como «Con tu pensión no se juega, se defiende» y advertencias sobre un posible recorte de las prestaciones. En la entrevista concedida al pódcast del canal de YouTube Quorvm, Muñoz consideró justo que los trabajadores próximos a la jubilación, a los que identificó con la generación del baby boom y entre los que se encuentran sus propios padres, mantengan las pensiones que les corresponden. Sin embargo, cuestionó la sostenibilidad del modelo actual y defendió su modificación. Como ejemplo de lo que considera un uso inadecuado de los recursos públicos, puso en duda que el Estado subvencione entradas de cine a dos euros a personas que cobran la pensión máxima. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha respondido también a los argumentos de Muñoz sobre la relación entre cotizantes y pensionistas. Frente a la afirmación de la portavoz popular de que los trabajadores actuales no cubren las prestaciones de quienes ya están jubilados, Saiz señaló este miércoles que hay 2,51 cotizantes por cada pensionista, la proporción más elevada desde 2011. La sostenibilidad del sistema ocupa un lugar destacado en el debate económico por la presión que ejercerá la jubilación de la numerosa generación del baby boom, el aumento de las prestaciones asociado a las mayores bases de cotización de quienes acceden ahora a la jubilación y la actualización de las pensiones conforme al IPC. El Gobierno calcula que el gasto alcanzará su máximo en 2050, cuando representará el 15,3% del producto interior bruto. Según los datos de la Seguridad Social, el desembolso en pensiones contributivas ascendió a 189.598 millones de euros en 2025, un 6,2% más que en 2024, cuando se destinaron 178.500 millones, y un 13,1% por encima de los 168.000 millones de 2023. No es la primera vez que el PP afronta una polémica por sus declaraciones sobre las pensiones. Durante la campaña electoral de 2023, Feijóo aseguró en una entrevista en Televisión Española que su partido siempre había revalorizado las prestaciones conforme al IPC. La periodista Silvia Intxaurrondo cuestionó esa afirmación al recordar que durante varios ejercicios del Gobierno de Mariano Rajoy no se aplicó esa actualización. El líder popular terminó rectificando sus declaraciones días después.

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(El País, 15-10-2026) | Laboral

Los sindicatos corporativos dan la espalda a la huelga general por la vivienda

CC OO y UGT mantienen su posición como las dos principales organizaciones sindicales de España, con una representación ampliamente extendida entre los distintos sectores de actividad. Entre ambas reúnen alrededor de 228.000 delegados sindicales, lo que representa más de dos tercios del total. El resto se distribuye entre numerosas organizaciones, algunas con vocación de representar al conjunto de los trabajadores y otras especializadas en determinadas profesiones o actividades económicas. Esta diferencia en los modelos de representación sindical se ha puesto de manifiesto ante la convocatoria de huelga general por el acceso a la vivienda, prevista para el próximo 11 de noviembre bajo el lema «Salarios, vivienda, precios». Mientras CC OO y UGT han expresado su apoyo a la movilización promovida por el Sindicato de Inquilinas, buena parte de las organizaciones profesionales y sectoriales han optado por mantenerse al margen. Entre los sindicatos que rechazan participar figura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que cuenta con aproximadamente 13.000 delegados y una importante presencia en las administraciones públicas. La organización reconoce la gravedad de las dificultades para acceder a una vivienda y advierte de sus consecuencias entre los empleados públicos. Según CSIF, el elevado coste residencial en territorios como Madrid, Barcelona o Baleares está provocando que algunos funcionarios renuncien a destinos recién obtenidos o soliciten excedencias ante la imposibilidad de establecerse en esas zonas. Pese a compartir la preocupación por este problema, el sindicato ha decidido no secundar el paro por considerar que su celebración, pocas semanas antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, introduce un componente político que no encaja con su carácter independiente y profesional. Una postura similar mantiene la Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (Fetico), que dispone de unos 9.400 delegados y cuenta con una presencia destacada en grandes superficies comerciales, aunque también está ampliando su representación a otras actividades. Fetico defiende que sus decisiones deben responder exclusivamente a los intereses laborales de las personas a las que representa, sin quedar condicionadas por los calendarios electorales ni por las estrategias de los partidos políticos. Las discrepancias entre los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones independientes también se reflejan en sus relaciones habituales. CC OO ha criticado duramente a Fetico por su actuación en determinadas empresas subcontratistas vinculadas al reparto a domicilio para plataformas como Uber Eats y Glovo. En este contexto, Comisiones Obreras ha acusado a Fetico de actuar como un sindicato favorable a los intereses empresariales. También ha denunciado presuntas irregularidades en procesos de elecciones sindicales en los que participa el Sindicato Libre de Transporte (SLT), organización que cuenta con aproximadamente 1.000 delegados y que rechaza las acusaciones. Más allá de estos enfrentamientos, las diferencias responden a dos maneras de entender la actividad sindical. Los sindicatos de clase, como CC OO y UGT, plantean su actuación desde una perspectiva general de los derechos laborales y consideran que cuestiones como la vivienda, las pensiones, la fiscalidad o las políticas económicas afectan directamente a las condiciones de vida de los trabajadores. Desde este planteamiento, ambas organizaciones intervienen habitualmente en debates políticos y sociales y expresan su oposición a aquellas iniciativas que consideran perjudiciales para los intereses de la población trabajadora. Así, han cuestionado propuestas del Partido Popular relacionadas con una mayor intervención de las mutuas en la gestión de las bajas laborales, han criticado determinadas posiciones de Vox sobre el sistema público de pensiones y se han enfrentado a Junts por su rechazo a la reducción de la jornada laboral. Aunque mantienen una proximidad ideológica con algunas propuestas de la izquierda, ambas centrales sindicales están formalmente desvinculadas de los partidos políticos con los que compartieron vínculos históricos, como el Partido Comunista de España en el caso de CC OO y el PSOE en el de UGT. Frente a esta orientación, los sindicatos profesionales o corporativos suelen concentrar sus esfuerzos en las reivindicaciones específicas de los colectivos a los que representan y procuran mantener una mayor distancia respecto a los posicionamientos políticos generales. Uno de los ámbitos donde estas diferencias se hacen especialmente visibles es el sanitario. Los sindicatos médicos llevan meses reclamando una regulación profesional propia, al considerar insuficiente el nuevo Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones representativas del personal sanitario. El texto cuenta con el respaldo de CC OO, UGT, CSIF y el sindicato de enfermería Satse, pero no ha conseguido el apoyo de las principales organizaciones médicas, que continúan reivindicando unas condiciones laborales específicas para los facultativos. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha optado por no pronunciarse sobre la huelga general relacionada con la vivienda. En cambio, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que dispone de unos 150 delegados y no está integrada en CESM, ha manifestado su rechazo a esta convocatoria. Su secretaria general, Ángela Hernández, considera que la huelga debe utilizarse como un instrumento para conseguir objetivos concretos y que resulta necesario disponer de un interlocutor con capacidad para negociar las reivindicaciones planteadas. No obstante, Amyts sí ha anunciado movilizaciones y paros durante noviembre y diciembre para reclamar mejoras laborales a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esta posición refleja la distinción que establece la organización entre los conflictos propios del sector sanitario y las convocatorias de carácter general. En el caso de Satse, el sindicato de enfermería todavía no ha fijado una postura definitiva sobre la movilización del 11 de noviembre, mientras que la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios ha comunicado que no tomará partido. También ha descartado sumarse a la huelga el sindicato educativo Anpe, que cuenta con unos 600 delegados. Aunque reconoce que las dificultades de acceso a la vivienda constituyen un problema social importante, considera que esta reivindicación excede su ámbito específico de representación profesional. Una posición semejante mantiene el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), que reivindica su independencia política y limita su actividad a las cuestiones relacionadas con el ferrocarril y las condiciones laborales de los maquinistas. A estas organizaciones se añaden el sindicato del sector financiero FINE, con cerca de 950 delegados, y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), con 83, que tampoco tienen previsto participar en la convocatoria. De esta manera, la huelga general por la vivienda ha vuelto a poner de relieve las distintas sensibilidades existentes dentro del sindicalismo español. Mientras las centrales mayoritarias defienden la necesidad de abordar conjuntamente las condiciones laborales y los problemas sociales que afectan a los trabajadores, buena parte de los sindicatos profesionales prefieren centrar su actuación en las reivindicaciones directamente vinculadas a sus respectivos sectores. El debate refleja dos modelos de representación que conviven en el panorama sindical: uno que entiende la defensa de los trabajadores desde una perspectiva económica y social amplia y otro que prioriza las necesidades específicas de cada profesión o colectivo.

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(El Economista, 15-10-2026) | Laboral

El Supremo prohíbe que las empresas pongan un límite anual al permiso de cinco días por familiar enfermo

El Tribunal Supremo ha establecido que el permiso retribuido de cinco días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares no puede quedar sujeto a un límite máximo anual fijado por las empresas. En una sentencia de 25 de septiembre de 2026, la Sala de lo Social aclara que este derecho debe reconocerse cada vez que se produzca una nueva circunstancia que reúna los requisitos establecidos en la legislación laboral. La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado López Parada, se fundamenta en la normativa vigente y en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo sobre la protección de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. El pronunciamiento analiza el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a ausentarse del trabajo durante cinco días retribuidos ante determinadas situaciones médicas graves que afecten al cónyuge, pareja de hecho, familiares incluidos en la norma o personas convivientes que precisen cuidados. El Alto Tribunal considera que cada situación que origine el derecho al permiso debe examinarse de manera independiente. Por tanto, las empresas no pueden establecer una bolsa única de cinco días para todo el año ni denegar nuevas solicitudes por el hecho de que la persona trabajadora haya disfrutado anteriormente de esta licencia. La sentencia recuerda que la modificación del Estatuto de los Trabajadores introducida por el Real Decreto-ley 5/2023 amplió la duración del permiso de dos a cinco días, pero no estableció ninguna limitación respecto al número de ocasiones en las que puede solicitarse durante un mismo ejercicio. Los magistrados también destacan que la Directiva europea 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional, establece unas garantías mínimas de protección. En consecuencia, su aplicación no puede justificar una reducción de los derechos laborales más favorables que ya reconoce la legislación española. Otro de los aspectos relevantes de la resolución se refiere a la duración del permiso cuando la persona hospitalizada recibe el alta antes de que hayan transcurrido los cinco días. El Supremo recuerda que el alta hospitalaria no supone necesariamente la desaparición de la causa que justifica la ausencia laboral. Cuando el paciente necesita continuar su recuperación en el domicilio y persiste la necesidad de cuidados, el trabajador puede mantener el disfrute del permiso dentro del periodo legalmente reconocido. El litigio tiene su origen en una demanda de conflicto colectivo presentada por varias organizaciones sindicales frente a las prácticas aplicadas por empresas del Grupo RACE. La dirección empresarial había establecido un máximo de cinco días de permiso retribuido por año, independientemente del número de situaciones familiares que pudieran producirse. El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y confirma que el permiso está vinculado a cada hecho causante, no a un cómputo anual acumulado. De esta manera, una persona trabajadora podrá solicitar nuevamente los cinco días cuando se produzca otro accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que cumpla las condiciones legales, siempre que se respeten los requisitos de preaviso y justificación. La sentencia refuerza así la protección de las personas trabajadoras ante situaciones familiares que requieren atención y cuidados, al tiempo que delimita la capacidad de las empresas para introducir restricciones no contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.

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(Expansión, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU amenaza con imponer un arancel de 200.000 dólares a cada buque español y restringir las exportaciones de aceite

Estados Unidos amenaza con imponer nuevas represalias comerciales contra España por la decisión del Gobierno español de impedir que los barcos que transporten armas a Israel hagan escala en sus puertos. La Administración de Donald Trump contempla aplicar una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de un buque con bandera española, así como limitar la entrada en el mercado estadounidense de determinados productos españoles, entre ellos el aceite. La propuesta ha sido planteada este miércoles por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), que ha concluido una investigación iniciada en diciembre de 2024. Según este organismo, España ha generado condiciones desfavorables para los buques estadounidenses al restringir el acceso a sus puertos. Como respuesta, plantea adoptar medidas correctivas que incluyen tanto el cobro de tasas a los barcos españoles como la imposición de restricciones a las importaciones procedentes de España. La investigación tenía como objetivo determinar si las decisiones del Ejecutivo español perjudicaban al transporte marítimo vinculado al comercio exterior estadounidense. Entre las medidas examinadas figura la prohibición de entrada en los puertos españoles a determinados buques, incluidos aquellos que transportan mercancías en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD). El veto español se produjo en el contexto de la oposición del Gobierno a los bombardeos sobre Gaza y buscaba impedir que los barcos que transportaran armamento destinado a Israel pudieran utilizar los puertos nacionales para realizar escalas. Tras casi dos años de pesquisas, la FMC sostiene que ha encontrado pruebas de que España denegó el acceso a sus instalaciones portuarias a buques con bandera estadounidense, lo que, a su juicio, ha perjudicado las condiciones del transporte marítimo internacional. El organismo considera que estas restricciones afectan a la eficiencia y fiabilidad de las cadenas de suministro, dificultan las exportaciones estadounidenses y pueden comprometer tanto las necesidades de seguridad nacional como el desarrollo de la marina mercante del país. Para responder a esta situación, la Comisión propone dos tipos de represalias. La primera consiste en establecer una tasa de 200.000 dólares por cada viaje de los buques con bandera española. La segunda contempla limitar las importaciones de determinados bienes procedentes de España. Entre las categorías señaladas figuran los productos de perfumería y cosmética, los aceites y las grasas, la cerámica, los artículos de piedra, el azúcar y los productos de confitería. La presentación formal de estas propuestas sitúa a Washington un paso más cerca de aplicar las sanciones comerciales, aunque todavía no supone su entrada en vigor. Antes de tomar una decisión definitiva, las autoridades estadounidenses permitirán que España presente sus argumentos y estudiarán posibles alternativas para resolver el conflicto. La amenaza llega en plena precampaña de las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para finales de noviembre y podría intensificar el debate político sobre la actuación del Ejecutivo en el ámbito internacional. Las discrepancias entre Sánchez y Trump se han sucedido desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca. La negativa española a elevar el gasto en Defensa y a permitir el uso de sus bases militares para las operaciones estadounidenses contra Irán ha provocado nuevas advertencias de Washington, que ha llegado a plantear la posibilidad de imponer sanciones comerciales severas e incluso interrumpir las relaciones comerciales con España. Hasta ahora, la pertenencia de España a la Unión Europea y la política comercial común han constituido una protección frente a posibles medidas unilaterales dirigidas específicamente contra el país. Sin embargo, la investigación de la FMC podría proporcionar a la Administración Trump un argumento para justificar la adopción de represalias comerciales selectivas contra España. Ante la contundencia de las represalias comerciales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, el Gobierno español se limitó a anticipar ayer que continúa "analizando las conclusiones del informe publicado por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, así como las posibles implicaciones de las medidas planteadas". "España defenderá sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos", aseveran fuentes gubernamentales, en alusión al marco comercial bilateral que rige entre ambas potencias.

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(Expansión, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE abre la puerta a no acordar este año el presupuesto común

El principal objetivo del Consejo Europeo pierde fuerza. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea comienzan a asumir que será complicado cerrar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 antes de que finalice el año. Las diferencias entre los países son demasiado profundas para resolverlas en los pocos meses que quedan, pese a los esfuerzos de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, por organizar hasta cuatro cumbres con el propósito de acercar posiciones. El grupo de los países frugales, integrado por Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, reclama reducir los dos billones de euros planteados por la Comisión Europea. En el extremo opuesto, los Amigos de la Cohesión, entre los que se encuentran España y otros 16 Estados miembros, defienden un presupuesto ambicioso que permita afrontar los principales desafíos de la UE, como recuperar la competitividad y reforzar las capacidades de defensa del bloque. La posibilidad de introducir nuevos impuestos europeos para reducir las aportaciones nacionales al presupuesto común tampoco ha servido para acercar posturas. Según fuentes diplomáticas, las conversaciones sobre estos nuevos recursos propios están todavía en una fase muy inicial y las propuestas necesitan una revisión más profunda, por lo que apenas ocuparán espacio en la próxima reunión. Las dificultades para cumplir el calendario previsto se reflejan en el borrador de las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará mañana y pasado en Bruselas, con la participación de los líderes de los Veintisiete. Según el documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, ahora se considera conveniente alcanzar un pacto antes de que termine el año, con el fin de disponer del tiempo necesario para desarrollar los aspectos técnicos que permitirán ponerlo en práctica. En versiones anteriores del texto, diciembre figuraba expresamente como el plazo objetivo para cerrar las negociaciones. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, expresó ayer una posición compartida por otros dirigentes europeos al advertir de que su país no respaldará un acuerdo que no resulte favorable. A su juicio, el calendario no debe anteponerse al contenido del pacto. La necesidad de aprobar los presupuestos por unanimidad añade complejidad a las negociaciones y obliga a los Estados miembros a buscar un delicado equilibrio entre sus intereses. Aunque los líderes no parecen dispuestos a sacrificar sus posiciones por cumplir una fecha concreta, existe preocupación por las consecuencias de un posible retraso. Las próximas elecciones en Francia figuran entre los principales motivos de inquietud, especialmente ante la posibilidad de una victoria de Marine Le Pen. La dirigente francesa ha defendido, a diferencia de Emmanuel Macron, una reducción significativa de las contribuciones de su país al presupuesto comunitario, con prioridad para los intereses nacionales frente a los objetivos de modernización de la Unión Europea. Un cambio de Gobierno en París podría complicar aún más unas negociaciones que ya avanzan con grandes dificultades.

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