Los datos del IRPF recopilados por la Agencia Tributaria revelan que en España existen nueve barrios donde la renta bruta media supera los 100.000 euros, mientras que en el más humilde apenas alcanza los 11.000 euros.
Según este informe, tres urbanizaciones de lujo de Madrid lideran la clasificación de las zonas con mayores ingresos medios por habitante del país. En primer lugar, vuelve a situarse La Moraleja (Alcobendas) como el área con la renta más alta de España, con 196.439 euros de renta bruta media por habitante, una cifra 17 veces superior a los 11.354 euros registrados en Torreblanca (Sevilla), el barrio con menores ingresos.
La estadística de Hacienda incluye únicamente los municipios más grandes del país, es decir, aquellos con más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones de IRPF presentadas o una renta bruta total superior a 2.200 millones de euros.
Tras La Moraleja, figuran Ciudadelcampo (con 121.838 euros de renta media) y Fuente del Fresno (108.354 euros), ambas situadas en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Hay que llegar al cuarto puesto para salir de la Comunidad de Madrid y encontrar Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes, en Barcelona, con 107.513 euros de renta media.
A continuación, también en la capital catalana, aparecen los barrios de Muntaner (106.734 euros) y Pedralbes (104.963 euros), en las posiciones quinta y sexta respectivamente. El séptimo lugar lo ocupa Somosaguas-Húmera, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 104.013 euros, seguido por Aravaca (103.933 euros) y el distrito Salamanca-Goya, en el centro de la capital, con 103.712 euros.
En total, menos de diez barrios en todo el territorio español superan la barrera de los 100.000 euros de renta media por habitante, evidenciando la marcada brecha económica entre las zonas más prósperas y las de menores ingresos del país.
La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha abierto la posibilidad de que los padres con custodia compartida puedan presentar la declaración conjunta del IRPF de forma alterna cada año. No obstante, el organismo aclara que si ambos progenitores optan por la declaración conjunta con los hijos en el mismo ejercicio, la Agencia Tributaria revisará y regularizará la situación.
En una consulta vinculante emitida el 25 de junio, Tributos especifica que en los casos de custodia compartida, solo uno de los padres puede presentar la declaración conjunta con los hijos, mientras que el otro deberá hacerlo de manera individual. Sin embargo, el organismo no impide que los progenitores se alternen esta modalidad de un año a otro, lo que ofrece cierta flexibilidad en la aplicación de este beneficio fiscal.
La declaración conjunta con los hijos otorga a los contribuyentes una reducción en la base imponible de 3.400 euros si los padres están casados, o de 2.150 euros en el caso de familias monoparentales. Además, la DGT precisa que el mínimo por descendiente -una deducción adicional- puede aplicarse al 50% por cada progenitor. Este mínimo es de 2.400 euros por el primer hijo, 2.700 euros por el segundo, 4.000 euros por el tercero y 4.500 euros a partir del cuarto, siempre que los hijos tengan menos de 25 años y no superen los 8.000 euros anuales de ingresos.
Cuando el hijo es menor de tres años, la deducción asciende a 2.800 euros, y si tiene una discapacidad igual o superior al 33%, no existe límite de edad para aplicarla. No obstante, si el hijo presenta la declaración del IRPF de manera conjunta con alguno de los padres y supera los 1.800 euros de ingresos anuales, solo el progenitor que haya hecho la declaración conjunta podrá aplicar el beneficio fiscal por descendiente.
El pasado 7 de enero, en Vitoria, murió un trabajador de la construcción tras ser atropellado por una máquina en movimiento. "Fue el primer fallecimiento del año, pero después ha habido otros casos similares", lamenta Inko Iriarte, secretario de Salud Laboral del sindicato LAB, quien denuncia que "la situación empeora, con un control cada vez menor por parte de las empresas".
Entre enero y julio, 103 trabajadores del sector de la construcción han perdido la vida en España, según los últimos datos disponibles. La cifra, ya de por sí preocupante, representa un aumento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior. En este recuento aún no se incluyen los accidentes ocurridos a partir de agosto, como el sucedido el martes en el centro de Madrid, donde cuatro personas fallecieron.
El Ministerio de Trabajo publica mensualmente un balance provisional de accidentes laborales, y los datos generales muestran una tendencia distinta. De enero a julio, 351 personas murieron en su jornada laboral en todo el país, dos menos que en 2024, lo que supone una leve mejora pese al aumento del empleo. Sin embargo, en la construcción, la situación es claramente peor: 82 muertes en 2024 frente a 70 en 2023, lo que supone un incremento del 26%, muy por encima del crecimiento del número de trabajadores en el sector (3,1%).
Los sindicatos advierten que aún es pronto para determinar las causas concretas de este repunte, pero apuntan a un factor común: el aumento del ritmo de trabajo. "Normalmente existe una relación entre la productividad y la siniestralidad: cuanto más se presiona a los empleados, más aumentan los accidentes", explica Pilar Ituero, secretaria de Salud Laboral de UGT FICA. En la misma línea, Daniel Barragán, responsable de CC OO del Hábitat, señala que "acelerar los plazos de ejecución provoca muertes, porque siempre va en contra de la seguridad. Si quieren reducir tiempos, que lo hagan en la parte administrativa, no en la obra".
Estas percepciones se reflejan en casos concretos. El pasado 16 de julio, dos trabajadores murieron en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuando se desplomó el techo de un edificio municipal en obras. "Eran empleados de una empresa de Granada que viajaban tres horas de ida y otras tres de vuelta cada día. Imagina el nivel de agotamiento con el que llegaban", comenta Carlos Aristu, secretario general de CC OO en Sevilla, quien añade que "según un compañero, no había condiciones de seguridad adecuadas, a pesar de tratarse de una obra pública. Es inaceptable".
Aunque no existen estadísticas oficiales que midan la velocidad de construcción o si los ritmos se han acelerado, sí hay datos que reflejan un aumento de la actividad. Los visados de dirección de obra para vivienda nueva alcanzaron 56.792 unidades hasta mayo, un 7,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Este medio ha solicitado en varias ocasiones a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que valore estos datos, pero la patronal ha rechazado pronunciarse. También se ha preguntado a la Inspección de Trabajo si ha detectado más incumplimientos en las empresas del sector, aunque el organismo aún está recopilando información para analizar la situación.
La construcción sigue siendo uno de los sectores más peligrosos de la economía española. Las 103 muertes registradas este año la colocan a la cabeza de la siniestralidad laboral, muy por encima de transporte y almacenamiento (65 fallecidos), industria manufacturera (48) y agricultura (29). Así, el sector representa el 31% de todas las muertes laborales, pese a emplear solo al 7% de los afiliados a la Seguridad Social.
Solo la minería presenta una tasa de siniestralidad más alta. Además, la gran mayoría de las víctimas son hombres: 333 de los 351 fallecidos entre enero y julio, reflejo de que estas actividades siguen siendo predominantemente masculinas.
En las últimas horas, numerosos medios han difundido informaciones sobre un supuesto recorte de unos 95 euros en las nóminas de los trabajadores españoles. Estas noticias hacen referencia al impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 y afectará principalmente a quienes perciben los salarios más altos. No se trata de una medida nueva -su evolución ya se conoce desde 2023- ni de una modificación reciente, aunque el tema ha despertado un gran interés público.
De acuerdo con los cálculos de este medio, en 2026 el MEI supondrá una reducción aproximada de 91,6 euros anuales (unos 15 euros más que en la actualidad) para los trabajadores que superen la base máxima de cotización, estimada en torno a 61.094 euros anuales (unos 5.091 euros brutos al mes, si la inflación no cambia significativamente). En 2023, según el INE, alrededor del 8% de los asalariados percibían ingresos superiores a esa base. En cambio, el salario mediano fue de 23.350 euros brutos anuales, por lo que un empleado con esa retribución solo habría aportado unos 30 euros al año al MEI.
El MEI, en su formato actual, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en 2023 dentro de la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Ministerio de Seguridad Social junto a UGT y CC OO, aunque rechazada por la CEOE y Cepyme. El objetivo de dicha reforma fue reforzar los ingresos del sistema, presionado por la jubilación masiva de la generación del baby boom y por el incremento del gasto derivado de la revalorización de las pensiones según el IPC y de las prestaciones más elevadas de los nuevos jubilados. En 2024, el gasto en pensiones alcanzó los 200.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior.
Para lograr ese refuerzo financiero, la reforma introdujo aumentos en las cotizaciones sociales, asumidos principalmente por las empresas, aunque también por los trabajadores. Una de las herramientas clave es el MEI, que comenzó en 2023 con una cotización adicional de 0,6 puntos porcentuales (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 del trabajador). Ese año, con una base máxima de 53.946 euros, la aportación máxima del trabajador al MEI fue de 53,94 euros anuales.
El mecanismo seguirá incrementándose de forma gradual hasta llegar en 2029 a 1,2 puntos porcentuales (1 punto para la empresa y 0,2 para el trabajador). Actualmente, el MEI se sitúa en 0,8 puntos (0,67 empresa y 0,13 trabajador). Así, con una base máxima de 58.914 euros en 2024, el descuento máximo para un trabajador con ese nivel salarial es de 76,59 euros al año.
En 2026, el MEI aumentará a 0,9 puntos porcentuales (0,75 empresa y 0,15 trabajador). Aún se desconoce la base máxima de cotización que regirá entonces, ya que esta se actualiza anualmente según la inflación media de noviembre y de los once meses previos, sumando 1,2 puntos adicionales para fortalecer los recursos de la Seguridad Social. Dado que la inflación media fue del 2,8% en el último ejercicio, la base de 2025 creció un 4%.
Si la inflación se mantiene alrededor del 2,5%, la base máxima de 2026 podría situarse en unos 61.094 euros anuales, lo que implicaría una aportación máxima del trabajador al MEI de 91,6 euros al año. No obstante, estas son estimaciones no oficiales, sin confirmación por parte del Gobierno.
Desde el Ministerio de Seguridad Social defienden el mecanismo como una medida necesaria: "El Mecanismo de Equidad Intergeneracional permite afrontar los efectos del cambio demográfico, garantizando la sostenibilidad del sistema de pensiones y la equidad entre generaciones". Además, destacan que "contribuye a reforzar el Fondo de Reserva con aportaciones de todos los trabajadores, preparándonos mejor para el momento en que se jubile la generación del baby boom".
El Gobierno insiste en que no se ha producido ningún cambio normativo desde su aprobación en 2023, y recuerda que el descuento depende de la base de cotización individual. También subraya que el MEI sustituyó al antiguo factor de sostenibilidad, un sistema que habría reducido considerablemente las pensiones futuras, especialmente las de los trabajadores más jóvenes.
Los estereotipos de género continúan arraigados en el ámbito laboral, afectando a todos los niveles de las organizaciones, incluso a los puestos de mayor responsabilidad. Lo mismo ocurre con la brecha salarial, que sigue siendo una realidad. Según el informe "Género y liderazgo: Abordando sesgos, oportunidades y cambios", elaborado por el Instituto de Investigación de Capgemini, el 62% de las mujeres directivas españolas afirma haber sufrido discriminación salarial por motivos de género, una cifra superior a la media internacional (53%). Además, cuatro de cada diez hombres en cargos directivos reconocen haber recibido ventajas salariales por el hecho de ser hombres.
Solo el 53% de los ejecutivos y el 46% de las ejecutivas españolas considera que existe equidad retributiva en puestos equivalentes dentro de sus compañías. El estudio también revela que tres de cada cuatro profesionales creen que sus empresas no aprovechan todo el talento disponible para los ascensos. Asimismo, cuatro de cada diez directivas aseguran haber enfrentado prejuicios de género en los procesos de promoción, siete puntos más que la media global. En contraste, casi seis de cada diez hombres admiten haber disfrutado de ventajas al ascender en sus carreras.
El informe, basado en 2.750 encuestas a líderes empresariales de once países (entre ellos España, Alemania, EE. UU., Francia, India y Reino Unido), advierte que los sesgos de género continúan limitando el desarrollo profesional, las oportunidades y la retención del talento. Esto contrasta con la percepción de eficacia: el 83% de los hombres y el 71% de las mujeres considera que ambos géneros son igualmente competentes en liderazgo, lo que muestra una mejora en la autoconfianza de las directivas.
Sin embargo, en lo que respecta a las habilidades tecnológicas, los estereotipos vuelven a aparecer. Aunque el 70% de los líderes considera que la inteligencia artificial (IA) es clave para ocupar puestos de responsabilidad, muchos ejecutivos siguen asociando la tecnología, la innovación y la agilidad con rasgos masculinos, lo que podría ampliar la brecha de género y frenar el progreso profesional. Solo el 46% de los directivos globales incluye la IA entre sus fortalezas.
En España, el Instituto de Investigación de Capgemini señala que predomina el liderazgo transformacional (42%), orientado al cambio organizativo, seguido del participativo (15%) y el transaccional (11%). En cambio, el estilo autoritario apenas representa el 2% de los casos.
Aunque el 68% de los directivos cree que contar con mujeres en puestos de liderazgo mejora el rendimiento empresarial -el estudio apunta que las compañías con directoras financieras aumentaron un 6% su valor en bolsa en los seis meses posteriores a su nombramiento-, persisten los sesgos. "Si no se corrigen, la brecha de género seguirá creciendo", advierte Sarika Naik, directora de Responsabilidad Corporativa de Capgemini, quien insta a las empresas a impulsar formaciones y estrategias estructurales que promuevan una cultura de liderazgo inclusiva.
Por su parte, el Gender Monitor 2025 de Esade alerta de una "fatiga" ante las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Según el estudio, un 70% de las 1.500 ejecutivas encuestadas percibe un cansancio generalizado hacia estos temas, atribuido a la politización del discurso, las acciones simbólicas sin impacto real y la brecha entre los mensajes corporativos y las prácticas efectivas.
Las mujeres continúan enfrentando barreras estructurales y culturales que dificultan su acceso a los puestos más altos. Más de cuatro de cada diez directivas afirman no haber notado cambios reales tras la aplicación de los planes de igualdad. Los principales obstáculos señalados son los sesgos inconscientes, los problemas de conciliación y la falta de reconocimiento profesional.
En su día a día, las desigualdades más visibles son la brecha salarial, la escasa visibilidad en el trabajo y las microdesigualdades cotidianas. El 82% de las mujeres considera que los puestos de alta dirección siguen favoreciendo a los hombres. Entre las principales barreras para el ascenso destacan los sesgos inconscientes (27%), las dificultades de conciliación (17%) y la falta de reconocimiento (12%).
Esta iniciativa surge a raíz de una reivindicación de CCOO y UGT, que motivó la creación del Observatorio de Márgenes Empresariales. Sin embargo, este organismo no ofrece información suficiente para orientar las negociaciones salariales en los convenios colectivos. Por ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca reforzar el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a datos económicos empresariales mediante un real decreto vinculado al salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, según ha informado elEconomista.es.
Aunque este asunto no formaba parte de las conversaciones sobre la transposición de la directiva europea de salarios mínimos ni sobre la protección de los complementos salariales ante las subidas del SMI, el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales un borrador de real decreto que obligaría a las empresas a entregar a los comités de empresa, con 15 días de antelación al inicio de una negociación colectiva, un informe actualizado con el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la compañía. Además, las empresas deberían informar sobre los tipos de contrato utilizados y sobre los que se extingan por despido, renuncia o jubilación.
Esta obligación se aplicaría a los convenios de empresa, los de centros de trabajo o los de grupos empresariales vinculados organizativa o productivamente, desarrollando así el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los derechos de información de los representantes laborales. Actualmente, la ley solo establece que los comités tienen derecho a "conocer" dichos documentos, pero no obliga a las empresas a entregarlos directamente ni fija un plazo para hacerlo.
El borrador tampoco menciona de forma directa la negociación sectorial, aunque el Ministerio pretende que los sindicatos puedan acceder a información económica agregada por sectores, como la facturación, los márgenes de beneficio o los gastos de personal. En este caso, no se impone una obligación, pero sí se habilita la posibilidad de que empresas y representantes soliciten estos datos a las autoridades competentes.
Esta medida se relaciona con el acuerdo firmado entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para evitar que los trabajadores que perciben el SMI tuvieran que empezar a pagar IRPF en 2025. En dicho pacto, Díaz aceptó mantener el mismo mínimo exento de tributación, a cambio de que se garantizara a los sindicatos el acceso a información sobre los beneficios reales de las empresas en las negociaciones colectivas. Aunque el compromiso establecía que los datos debían publicarse en un plazo de tres meses, fuentes de Sumar acusan a Hacienda de no haber cumplido ese plazo, lo que -según afirman- está dificultando la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y un reparto más justo de la productividad.
En la actualidad, el Observatorio de Márgenes Empresariales ofrece datos agregados por sectores según la clasificación CNAE, pero desde Sumar se reclama que la información se detalle por convenios concretos, como el del comercio de Madrid, la hostelería de Málaga o los panaderos de Cuenca.
Ante las reticencias de la vicepresidenta primera y del Ministerio de Hacienda, Trabajo parece haber optado por introducir estas medidas en el real decreto del SMI, aunque no afecten directamente a su cuantía. Este decreto, que el Gobierno aprueba cada año tras consultar con patronal y sindicatos, incluiría también limitaciones para que las empresas no compensen complementos salariales al aplicar las subidas del SMI y consolidaría la comisión asesora del SMI, que incorporará dos vocales de CEOE y Cepyme, pese a que ambas organizaciones han rechazado participar hasta ahora.
En las últimas semanas, CCOO y UGT han insistido en que su prioridad para el SMI de 2026 es garantizar que el aumento se refleje íntegramente en las nóminas, sin que las empresas puedan absorber o compensar complementos que impidan a los trabajadores beneficiarse de la subida. El porcentaje exacto de incremento es secundario para ellos.
El borrador del decreto elaborado por Trabajo recoge esa demanda sindical: establece que complementos vinculados a las condiciones del puesto (como nocturnidad, toxicidad o disponibilidad), a las características del trabajador (antigüedad, idiomas) o a la productividad no se computen para determinar si un salario alcanza el SMI. De esta forma, el Ministerio limita al mínimo la posibilidad de compensar complementos, sin modificar el Estatuto de los Trabajadores.
Por su parte, CEOE ya ha manifestado su intención de impugnar el decreto ante los tribunales, argumentando que un real decreto no puede anular una práctica reconocida tanto por el Estatuto como por el Tribunal Supremo. Diversos despachos laborales consultados coinciden con la patronal, señalando que sería necesaria una ley para prohibir expresamente esta compensación, salvo que se impida de forma clara en cada convenio colectivo.
En pleno auge de los criptoactivos, cuando durante 2023 y 2024 su valor se disparó, se extendió la idea de que el bitcoin podría convertirse en el nuevo "oro digital", el activo refugio por excelencia que todo inversor debería tener en su cartera. Sin embargo, en el contexto actual de inestabilidad geopolítica y pérdida de fortaleza del dólar como moneda de referencia, el oro físico ha recuperado su protagonismo absoluto. Aunque el bitcoin también ha alcanzado máximos históricos este año, con un avance cercano al 20%, el oro brilla con más intensidad: se ha revalorizado más de un 50% en lo que va de 2025, su mayor subida desde la crisis del petróleo de 1979. Su impulso parece imparable, sostenido por factores estructurales estables y por el creciente interés tanto de inversores institucionales como particulares. En cierto modo, el oro se ha "criptoficado", atrayendo flujos especulativos y de refugio por igual.
El metal dorado encadena tres años consecutivos de subidas, y entre 2024 y 2025 prácticamente ha duplicado su precio, superando esta semana la barrera de los 4.000 dólares por onza. La euforia se refleja en los ETF de oro (fondos cotizados respaldados por lingotes reales), que han registrado entradas récord de 26.000 millones de dólares (22.200 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, según el Consejo Mundial del Oro.
El principal motor de esta escalada ha sido la fuerte demanda de los bancos centrales, que están acumulando reservas de oro para diversificar sus activos y reducir su dependencia del dólar, además de protegerse frente a posibles sanciones. A ello se suma la expectativa de recortes de tipos de interés en EE. UU., que reduce la rentabilidad de los bonos y hace más atractivo mantener oro, especialmente en un contexto de inflación persistente y debilitamiento del dólar bajo las políticas económicas del expresidente Donald Trump. Como explica UBS, "el coste de oportunidad de tener oro disminuye con la caída de los tipos reales en EE. UU., mientras que la debilidad del dólar refuerza su atractivo como refugio".
La inestabilidad geopolítica sigue siendo otro factor clave. La reciente escalada del oro por encima de los 4.000 dólares coincide con la amenaza de un cierre parcial del Gobierno estadounidense y la crisis política en Francia tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu. Además, la entrada masiva de inversores institucionales y especulativos en el mercado ha actuado como un nuevo catalizador.
UBS ha revisado al alza su previsión del precio del oro, pasando de 3.800 a 4.200 dólares por onza en los próximos meses, con un escenario optimista que lo situaría en 4.700 dólares. El banco suizo atribuye esta revisión al auge de los ETF de oro y a la pérdida de confianza en otros activos tradicionales. Goldman Sachs, por su parte, apunta a un "posicionamiento especulativo más agresivo" y a un aumento de las compras de oro por bancos centrales tras la pausa estacional del verano.
Según Kerstin Hottner, jefe de materias primas de Vontobel, el precio del oro seguirá respaldado por factores cíclicos como los futuros recortes de tipos de la Reserva Federal, impulsados por el enfriamiento del mercado laboral estadounidense y el temor a nuevos aranceles. Añade que la tensión geopolítica, las dudas sobre la independencia de la Fed y el creciente endeudamiento de EE. UU. también sostendrán la demanda de oro. "Incluso pequeños reajustes en las carteras hacia el oro podrían liberar un importante potencial alcista", afirma.
El multimillonario Kenneth Griffin, fundador de Citadel, declaró a Bloomberg que cada vez más inversores ven el oro como un refugio más seguro que el dólar: "Los inversores buscan formas de desdolarizarse o reducir su exposición al riesgo soberano estadounidense". Según Goldman Sachs, cada 100 toneladas adicionales de compras netas de oro por parte de grandes actores del mercado (ETF, bancos centrales, especuladores) eleva su precio entre un 1,5% y un 2%.
El entusiasmo también ha alcanzado a la plata, que acumula una revalorización superior al 60% en 2025, impulsada por su uso industrial y el efecto contagio del oro, alcanzando niveles no vistos desde 1980 y acercándose a los 50 dólares por onza.
Para Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, "el oro vive un auténtico boom y ha recuperado su papel histórico como principal activo refugio". Sin embargo, advierte que su elevado precio también refleja un síntoma de precaución en los mercados: "El oro tan alto indica que los activos de mayor riesgo podrían estar desconectándose de la percepción real de incertidumbre. En otras palabras, los metales preciosos están absorbiendo la tensión que el resto del mercado prefiere ocultar".
La banca española ha puesto en marcha nuevas alertas contra fraudes en las transferencias realizadas desde las aplicaciones móviles. Desde este jueves, todas las entidades financieras deberán integrar en sus plataformas digitales una función que compruebe si el nombre del beneficiario introducido coincide con el titular real de la cuenta receptora. Esta medida forma parte de un nuevo reglamento europeo que busca reforzar la seguridad en los pagos digitales, en respuesta al creciente número de estafas online.
El funcionamiento es sencillo: al efectuar una transferencia, el usuario deberá indicar, como siempre, el nombre del destinatario y el IBAN. Si los datos no coinciden con el titular de la cuenta, el sistema mostrará un aviso de advertencia antes de confirmar la operación. De esta forma, el cliente podrá verificar la información y corregir o cancelar el envío antes de autorizarlo definitivamente. El objetivo es prevenir fraudes y errores, como transferencias a cuentas equivocadas o mal escritas. Este tipo de verificación ya se utiliza en países como Países Bajos y Reino Unido.
Cada entidad aplicará el sistema con ligeras variaciones, pero en general se contemplan tres niveles de coincidencia: Coincidencia total, en cuyo caso la transferencia se realiza sin aviso; Coincidencia parcial, cuando hay pequeñas diferencias en el nombre (mayúsculas, tildes, abreviaturas, etc.) y Sin coincidencia, cuando los datos no concuerdan en absoluto, lo que genera una advertencia más visible al cliente.
Es importante subrayar que el banco no bloqueará la transferencia, sino que solo avisará de que el destinatario podría no ser quien el usuario cree. La decisión final siempre quedará en manos del cliente. Esta comprobación se aplicará tanto a transferencias ordinarias como instantáneas, sin coste adicional. Hasta ahora, las operaciones se procesaban únicamente con el IBAN, sin tener en cuenta el nombre del destinatario.
Esta nueva medida responde al aumento de las estafas bancarias en los últimos años, muchas de ellas basadas en suplantaciones de identidad. Los delincuentes suelen hacerse pasar por familiares, amigos o empleados del banco para solicitar transferencias urgentes. En el ámbito empresarial son frecuentes las llamadas "estafas del CEO", en las que un supuesto alto directivo ordena a un empleado realizar un pago inmediato.
En todos estos casos, los estafadores juegan con la presión y la urgencia, evitando que las víctimas comprueben la veracidad de la solicitud. Una vez enviado el dinero, recuperarlo resulta prácticamente imposible. La nueva verificación introduce un momento de reflexión para que el cliente pueda detectar irregularidades: si el nombre no coincide con la cuenta de destino, aparecerá un aviso que invita a revisar la operación antes de finalizarla.
El sistema no solo busca aumentar la seguridad y confianza de los usuarios, sino también reducir el volumen de reclamaciones y fraudes que afrontan las entidades financieras. Según el Banco de España, en 2024 se registraron más de 8.000 reclamaciones relacionadas con transferencias, cuentas y adeudos, lo que representa el 15% del total de quejas presentadas por los clientes.
Esta iniciativa forma parte del reglamento europeo que obliga a los bancos a ofrecer transferencias instantáneas gratuitas o al mismo precio que las ordinarias, norma vigente desde el 9 de enero. La verificación del nombre del destinatario constituye la segunda fase del reglamento, que entra en vigor este 9 de octubre para las entidades de la Zona Euro. Los bancos situados en países de la UE cuya moneda no sea el euro tendrán plazo hasta julio de 2027 para implementarla. En consecuencia, la medida se aplicará a toda la banca europea, incluidos neobancos y fintechs.
La Comisión Europea ha desembolsado 367.000 millones de euros en ayudas y préstamos, aunque recordó a los beneficiarios que tienen plazo hasta el 31 de agosto para cumplir con sus compromisos y poder acceder al 45% restante de los fondos. Bruselas instó ayer a los países de la Unión Europea, especialmente a España, a acelerar la ejecución de los fondos del programa Next Generation en su fase final. "A menos de un año del límite de agosto de 2026, la aplicación efectiva de las reformas e inversiones por parte de los Estados miembros resulta cada vez más urgente", advirtió la Comisión en su cuarto informe de evaluación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En él, alertó de que España y otros quince países aún tienen más de la mitad de sus compromisos pendientes y menos de un año para cumplirlos.
El informe de Bruselas detalla que hasta ahora se han desembolsado 362.000 millones de los 650.000 millones de euros previstos en el programa de reactivación económica tras la pandemia, lo que equivale al 55% del total. La Comisión constata que las subvenciones se han tramitado con mayor rapidez que los préstamos, con 221.000 millones de euros ya concedidos en ayudas directas (62% del total), frente a 141.000 millones en créditos (49% del importe asignado).
En el último año, los países beneficiarios han recibido 97.000 millones de euros -50.000 millones en subvenciones y 47.000 en préstamos-. "La ejecución y los desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han avanzado a buen ritmo, aunque de manera desigual entre los Estados miembros", señaló la Comisión, que subraya que aún queda mucho trabajo por hacer en poco tiempo.
Hasta la fecha, los fondos liberados corresponden al cumplimiento de 2.586 de los 6.985 hitos y objetivos establecidos en los Planes de Recuperación nacionales, lo que supone un 37% de ejecución desde 2021 hasta agosto de 2025. El principal obstáculo, según Bruselas, es que aunque la UE dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar los pagos, los Estados miembros deben haber cumplido todos sus compromisos a más tardar el 31 de agosto de ese mismo año.
La Comisión reconoce que se han logrado avances notables y que existen numerosos casos de éxito, pero recalca la necesidad de acelerar la ejecución en la mayoría de los países, dado lo ajustado del calendario. Por ello, ha remitido a cada Estado recomendaciones adaptadas a su situación y urgencia. España, junto con otros once países -como Italia, Grecia, Polonia y Portugal-, ha recibido una advertencia instándola a "acelerar el ritmo" de ejecución, ya que aún debe completar entre el 50% y el 85% de los hitos comprometidos.
En el caso español, se ha cumplido el 50% de los objetivos vinculados a subvenciones y solo el 14% de los relativos a préstamos, lo que supone un avance total del 45%, con más de 300 metas por alcanzar en menos de un año. Bruselas fue más contundente con Bulgaria, Hungría y Rumanía, a las que pidió "acelerar urgentemente" sus esfuerzos, pues mantienen más del 85% de sus compromisos sin cumplir y arriesgan inversiones equivalentes a más del 3% de su PIB.
Además, la Comisión ha instado a todos los Estados miembros a revisar en profundidad sus Planes de Recuperación y Resiliencia lo antes posible, con el fin de asegurar que todos los hitos se alcancen antes del 31 de agosto de 2026. Bruselas propone eliminar las medidas que no puedan completarse, reducir la carga de compromisos pendientes y simplificar los procesos para optimizar resultados.
España, tal como adelantó Expansión, ha aprovechado esta revisión para presentar una nueva adenda a su plan original, con el objetivo de flexibilizar los compromisos restantes y facilitar el acceso a los fondos pendientes. Hasta ahora, el país ha recibido 55.000 millones de los 80.000 millones en subvenciones a los que tiene derecho (un 70% del total), por lo que dispone de menos de un año para obtener el 30% restante. En cuanto a los préstamos, de los 82.000 millones disponibles, España solo ha accedido al 20%. La solicitud española para ajustar su plan está actualmente siendo evaluada por Bruselas.
El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, gracias a la abstención de Podemos, que el Gobierno logró asegurar tras alcanzar un acuerdo de última hora sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat.
La norma salió adelante con 174 votos favorables, emitidos por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, así como por José Luis Ábalos (exministro socialista del Grupo Mixto) y Águeda Micó (diputada de Compromís, también en el Grupo Mixto).
En contra votaron PP, Vox y UPN. En circunstancias normales estas formaciones habrían sumado 171 escaños, pero la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, que se encuentra de luna de miel en México, redujo el número a 170.
Podemos había advertido que votaría en contra del proyecto si el Gobierno no detenía las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat. "Para que Podemos no tumbe hoy una ley que consideramos insuficiente, exigimos aquí y ahora un compromiso firme, y ese compromiso debe ser por escrito, de que no habrá ampliación del aeropuerto de El Prat", declaró en el debate el portavoz del grupo, Javier Sánchez Serna.
Horas más tarde, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, emitió un comunicado comprometiéndose a someter el proyecto a un proceso "especialmente intenso" de información pública y consultas con organismos y administraciones territoriales, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana.
Fuentes de Podemos señalaron que el acuerdo alcanzado implica la paralización de las obras de ampliación al menos hasta 2031. Además, el pacto establece que la ampliación de El Prat no formará parte del DORA III, el documento que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.
El texto también incluye que el Ministerio deberá elaborar un informe vinculante que garantice que cualquier futuro proyecto para El Prat cumpla los objetivos de reducción de emisiones establecidos en la Directiva europea "Fit for 55", la cual fija una reducción del 55% de emisiones para 2030 y la neutralidad climática para 2050.
No obstante, el ministro Óscar Puente aclaró que este acuerdo "no altera los plazos previstos en el DORA III" y que su finalidad es "reforzar los requisitos medioambientales y asegurar que el plan director del aeropuerto se ajuste plenamente a los estándares y exigencias del paquete europeo Fit for 55".
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