Noticias

(El País, 05-11-2026) | Fiscal

La Airef empeora su previsión de déficit y lo sitúa en el 2,8% del PIB este año

La economía española continúa mostrando una notable fortaleza, aunque el deterioro del escenario internacional y el aumento de los compromisos de gasto están complicando las cuentas públicas. En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elevado en dos décimas su previsión de déficit para este año, hasta el 2,8% del PIB, respecto a la estimación publicada en julio. El organismo advierte, además, de que España incumplirá ya en 2026 los objetivos presupuestarios acordados con Bruselas. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha señalado que la política fiscal está siendo expansiva y procíclica, en contra de las recomendaciones de las autoridades europeas. La Airef ha revisado sus previsiones económicas y presupuestarias hasta 2031 y ha evaluado tanto el plan fiscal plurianual como el cumplimiento de las reglas de gasto nacionales y comunitarias. Sus cálculos apuntan a que el gasto primario neto, uno de los principales indicadores del nuevo marco fiscal europeo, aumentará un 7,3% este ejercicio. Esta cifra supera ampliamente el 3,5% comprometido en el plan fiscal estructural y también el 4,7% contemplado en el informe de seguimiento de primavera. Según Olóndriz, el incremento responde tanto a medidas temporales como al aumento del gasto estructural. El organismo considera que tampoco se alcanzarán los objetivos previstos para los siguientes ejercicios, ni en el cómputo anual ni en el acumulado. La desviación se producirá incluso teniendo en cuenta la flexibilidad concedida por las autoridades europeas para excluir del cálculo determinados gastos en defensa y medidas de seguridad energética, con un margen de tres décimas del PIB al año y seis décimas en el conjunto del periodo. Frente a su estimación anterior, en la que situaba el incumplimiento en el límite permitido, la Airef prevé ahora que se rebasará el máximo autorizado ya en 2026. No obstante, la institución no ha podido cuantificar el alcance exacto de la desviación. Entre las incógnitas pendientes figuran si el Gobierno solicitará activar la cláusula de escape para las medidas energéticas y si el Ejecutivo que resulte de las elecciones del 29 de noviembre optará por presentar un nuevo plan fiscal estructural a medio plazo. La Airef advierte de que un incumplimiento mayor del previsto podría marcar un cambio en la trayectoria de reducción de la deuda pública, que al término del horizonte analizado calcula que se situará en el 95,4% del PIB. Olóndriz ha vuelto a poner el acento en las dificultades que genera la ausencia de planificación presupuestaria. Desde 2023, el Gobierno mantiene prorrogados los Presupuestos y tampoco ha presentado un plan presupuestario, documentos que la presidenta considera fundamentales para organizar la política fiscal y facilitar el debate parlamentario. A esta situación se añade la falta de una senda de estabilidad y las sucesivas modificaciones presupuestarias, que dificultan el análisis de las cuentas públicas. El aumento previsto del déficit se produce a pesar de la mejora de los ingresos y responde, principalmente, a las medidas temporales aprobadas en los últimos meses para hacer frente a la crisis energética. El Gobierno cifra su coste en unos 12.000 millones de euros, mientras que la Airef calcula que elevarán el déficit en alrededor de 9.000 millones. También influyen los efectos de los desastres climáticos y la emergencia migratoria en Ceuta. Sin el impacto de estas medidas de protección, el déficit se reduciría al 1,9% del PIB. A estas partidas se suman otras presiones de carácter estructural, como el gasto en pensiones y defensa y el encarecimiento de los intereses de la deuda. Aunque la retirada de las medidas temporales permitiría reducir el déficit al 2,6% el próximo año, a partir de 2028 volvería a situarse cerca del 3%. En cuanto a la deuda pública, la Airef prevé que continúe descendiendo gracias al dinamismo de la actividad económica. El organismo ha revisado una décima al alza sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, hasta el 2,6% y el 2,2%, respectivamente. Esta mejora responde al comportamiento más favorable de los indicadores económicos durante el último trimestre, especialmente de la demanda interna. El consumo de los hogares está impulsando esta evolución, apoyado en un mercado laboral que también se ha visto favorecido por el aumento de la población. Sin embargo, la fortaleza de la economía coincide con una aceleración de los precios. La inflación alcanzó el 4,9% en octubre, pese a las medidas adoptadas para contener el encarecimiento de la energía. De cara a los próximos años, la Airef anticipa una moderación progresiva del crecimiento, que se situaría en el 1,7% tanto en 2030 como en 2031. Esta desaceleración se producirá en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y las incertidumbres de los mercados financieros, especialmente las relacionadas con las elevadas inversiones en tecnología. Olóndriz ha advertido de que será necesario seguir de cerca la evolución de ambos factores.

LEER MÁS

(El Economista, 05-11-2026) | Fiscal

La patronal iberoamericana presiona a los países para que bajen la presión fiscal

Las organizaciones empresariales iberoamericanas aprovecharon el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano para reclamar a los gobiernos de la región una reducción de la presión fiscal sobre las empresas, con el propósito de reforzar su competitividad. Durante la jornada se aprobaron dos documentos: una declaración conjunta dirigida a los responsables políticos, con sus principales reivindicaciones, y otra declaración empresarial que recoge diez compromisos del sector privado para impulsar el desarrollo de Iberoamérica. En la Declaración de Madrid, correspondiente a la XXXIV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, las patronales solicitan a los gobiernos que impulsen iniciativas de colaboración para elaborar, a partir de datos e indicadores homogéneos, un cuadro regional de competitividad. Este instrumento permitiría comparar y evaluar factores determinantes para la actividad empresarial, como la fiscalidad, la regulación, el coste y el acceso a la financiación, las infraestructuras, la logística, la energía, la productividad, la innovación y la agilización de los trámites aduaneros. La seguridad jurídica ocupa también un lugar prioritario entre las demandas empresariales. Las organizaciones reclaman a los gobiernos que establezcan marcos normativos transparentes, estables y aplicados con criterios de imparcialidad. Asimismo, consideran imprescindible reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, ya que la incertidumbre jurídica dificulta las decisiones de inversión y la generación de empleo formal, dos elementos fundamentales para sostener el crecimiento económico y las políticas sociales. En este contexto, las patronales advierten de que la corrupción, la delincuencia organizada y la inseguridad perjudican la confianza empresarial, desincentivan las inversiones y aumentan los costes de las compañías. También reivindican un mayor reconocimiento institucional del sector privado y garantías para preservar su autonomía, la libertad de asociación y su capacidad para expresar críticas y proponer alternativas a las políticas públicas. Otra de las cuestiones destacadas es la elevada informalidad laboral, un problema estructural que continúa afectando a buena parte de los países iberoamericanos. Para combatirla, los empresarios proponen alcanzar acuerdos nacionales que reduzcan las cargas administrativas y los costes regulatorios. También plantean que cualquier nueva disposición en materia laboral vaya acompañada de una evaluación previa de sus posibles efectos sobre la productividad y el empleo. Por otra parte, el presidente de la CEOE y hasta ahora presidente pro tempore del Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB), Antonio Garamendi, presentó durante la clausura el documento titulado Declaración empresarial por el futuro de Iberoamérica, que recoge diez compromisos del tejido empresarial con la región. Entre sus principales objetivos figuran profundizar en la integración económica iberoamericana, estimular la inversión productiva y los intercambios comerciales entre países, facilitar la expansión internacional de las empresas y favorecer la creación de empleo formal y de calidad. Para avanzar en estas prioridades, las organizaciones consideran necesario disponer de instituciones estables, seguridad jurídica, procedimientos administrativos más sencillos y un marco regulatorio previsible que proporcione confianza a los operadores económicos. Asimismo, reclaman que la representación empresarial tenga una participación permanente en las Cumbres Iberoamericanas y que se establezcan mecanismos de seguimiento que permitan comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados. En el acto de clausura, el rey Felipe VI también destacó la importancia de preservar la confianza como uno de los principales activos para afrontar un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El monarca advirtió de que, aunque constituye un elemento esencial para las relaciones económicas e institucionales, también es especialmente vulnerable y puede deteriorarse con facilidad. Asimismo, defendió la necesidad de estrechar las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe y felicitó a los participantes por los compromisos alcanzados durante el encuentro. No obstante, insistió en que su importancia dependerá de su aplicación efectiva y no de su formulación sobre el papel, subrayando que los acuerdos deben servir como verdadero punto de partida para actuaciones concretas y no como una meta en sí mismos.

LEER MÁS

(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El paro sube en 43.128 personas en octubre y la Seguridad Social gana 186.612 afiliados

El paro registrado aumentó en octubre en 43.128 personas, un 1,81% más que en septiembre, y elevó el número total de desempleados inscritos en las oficinas de empleo hasta los 2.422.633. Este incremento devuelve el desempleo por encima de los 2,4 millones de personas, una cifra que se había logrado rebajar hace seis meses. El repunte se explica principalmente por el sector servicios, que concentró cerca de 27.000 nuevos parados como consecuencia del final de la temporada turística de verano. Al mismo tiempo, la Seguridad Social incorporó 186.612 afiliados, un 0,83% más, y alcanzó un nuevo máximo histórico de 22.624.165 ocupados. Pese al incremento mensual, el volumen de desempleados se mantiene en su nivel más bajo para un mes de octubre desde 2007, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con octubre del año pasado, el paro ha descendido en 21.133 personas. No obstante, la subida registrada en el último mes es la más elevada para un octubre desde 2020, cuando se contabilizaron 49.558 desempleados más. Desde 1996, el paro únicamente ha disminuido en este mes en dos ocasiones, en 2021 y 2022, mientras que ha aumentado en los otros 29 ejercicios. En octubre de 2025, el incremento fue de 22.101 personas. El desempleo aumentó en las 17 comunidades autónomas. Los mayores repuntes correspondieron a Cataluña, con 8.174 parados más; la Comunidad Valenciana, con 6.716, y Castilla y León, con 4.404. Por actividades económicas, los servicios registraron el mayor incremento, con 26.853 desempleados adicionales (1,58%). También aumentó el paro en la industria, con 1.911 personas (1,06%), y en la agricultura, con 1.547 (2,21%). La construcción apenas experimentó variaciones, al sumar 102 desempleados (0,06%). Por su parte, el colectivo de personas sin empleo anterior incorporó 12.715 nuevos inscritos, un 4,87% más. Entre los menores de 25 años, el desempleo creció en 15.832 personas respecto a septiembre, un 8,37%, hasta alcanzar los 204.973 jóvenes. En el mercado laboral, la afiliación media a la Seguridad Social avanzó en 186.612 cotizantes durante octubre, lo que supone un crecimiento mensual del 0,83% y sitúa el total en 22.624.165 trabajadores, un nuevo récord. Este comportamiento responde principalmente al impulso de la educación, coincidiendo con el desarrollo completo del curso académico, y al aumento del empleo entre la población extranjera, relacionado con el proceso extraordinario de regularización. Los trabajadores extranjeros representan ya el 16,4% del conjunto de afiliados y el sistema se aproxima por primera vez a los 3,7 millones de cotizantes de otros países. Según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 490.586 afiliados extranjeros en situación de alta están vinculados al procedimiento extraordinario de regularización. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor porcentaje de trabajadores incorporados a través de este proceso, con un 27,6%, seguida de Venezuela, con un 15,7%. El Régimen General sumó 170.852 afiliados en octubre, un 0,9% más que el mes anterior, y alcanzó los 19.059.332 ocupados de media. En términos interanuales, este régimen registra 704.996 cotizantes adicionales, lo que representa un avance del 3,84%. La mayor contribución al crecimiento mensual procedió de la educación, que incorporó 165.994 trabajadores con el inicio pleno del curso escolar. A continuación se situaron la construcción, con 18.597 afiliados más, y las actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento, que añadieron 17.705 cotizantes. Por el contrario, algunas ramas de actividad experimentaron retrocesos en el empleo. La hostelería perdió 44.974 afiliados, mientras que las actividades sanitarias registraron 28.639 bajas y las administrativas, 12.324. También disminuyó la ocupación en el suministro de agua y la gestión de residuos, con 4.964 cotizantes menos; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 4.080; el comercio, con 2.955, y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 1.071 afiliados menos. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró octubre con 3.501.598 cotizantes, después de incorporar 17.952 trabajadores por cuenta propia durante el mes. En comparación con octubre de 2025, el incremento alcanza los 79.163 autónomos. La evolución fue positiva en la mayoría de las actividades, especialmente en educación, que sumó 5.013 trabajadores; construcción, con 3.970 más, y actividades profesionales y científicas, con otros 3.222 cotizantes. Por comunidades autónomas, la afiliación media aumentó en once territorios y disminuyó en los seis restantes. Madrid encabezó los avances, con 58.128 ocupados adicionales, seguida de Andalucía, con 46.405, y la Comunidad Valenciana, con 40.873. En el lado contrario, Baleares registró el mayor descenso, con 31.610 afiliados menos, seguida de La Rioja, con 2.112, y Castilla-La Mancha, con 1.207. En cuanto a los mecanismos de regulación temporal del empleo, al cierre de octubre había 10.392 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.180 estaban incluidos en procedimientos por fuerza mayor, 7.178 en expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) y 1.034 en el Mecanismo RED específico para el sector de la automoción. Los últimos datos disponibles sobre protección por desempleo, correspondientes a septiembre, reflejan que 1.763.649 personas percibían alguna prestación, lo que supone una tasa de cobertura del 80,82%, la más elevada para ese mes desde que existen registros. La cuantía media mensual por beneficiario se situó en 1.233,9 euros, 13,6 euros más que en septiembre de 2025, equivalente a un incremento interanual del 1,1%. Por último, durante octubre se formalizaron 1.491.069 contratos, un 1,3% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. De ese total, 645.173 fueron indefinidos, el 43,27% del conjunto, con un aumento interanual del 0,3%. Dentro de esta modalidad se contabilizaron 257.400 contratos a jornada completa, un 1,4% más; 178.962 a tiempo parcial, con un crecimiento del 6,2%, y 208.811 fijos discontinuos, un 2,2% menos. Los contratos temporales ascendieron a 845.896, lo que representa el 56,73% de la contratación registrada en octubre.

LEER MÁS

(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El Supremo refuerza la exención de cotización en el pago de las dietas

El Tribunal Supremo ha extendido a todas las empresas, independientemente del sector en el que desarrollen su actividad, el criterio que permite excluir de la base de cotización a la Seguridad Social las dietas por manutención sin necesidad de presentar facturas o justificantes de los gastos. Para ello, es necesario acreditar que se ha producido un desplazamiento por motivos laborales y que las cantidades abonadas no superan los límites establecidos por la normativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido esta doctrina al estimar el recurso de casación interpuesto por Auren Legal, bajo la dirección del socio Alberto Gilarranz y con la participación de Noelia Ayala y Juan Chozas, ambos of counsels de la firma. La sentencia deja sin efecto las liquidaciones exigidas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como las resoluciones administrativas y los pronunciamientos judiciales anteriores que las habían ratificado. Asimismo, ordena devolver a la empresa los importes satisfechos, junto con los intereses de demora correspondientes. La importancia de este pronunciamiento radica en que extiende a una compañía dedicada a instalaciones y mantenimiento una interpretación que hasta ahora se había aplicado a empresas del sector del transporte. El Supremo se apoya en resoluciones anteriores en las que ya había establecido que no era necesario presentar justificantes individuales de los gastos de manutención cuando las dietas se encontraban dentro de los límites legales. El tribunal precisa que la aplicación de este criterio no está vinculada a la actividad económica de la empresa. Basta con demostrar que el trabajador ha realizado un desplazamiento por razones laborales, sin que sea obligatorio acreditar documentalmente cada gasto concreto de manutención, siempre que las cantidades percibidas respeten los máximos fijados en el reglamento del IRPF. La resolución también señala que el derecho a recibir estas compensaciones no está condicionado por el tipo de contrato del trabajador, sino por la existencia de un desplazamiento temporal efectivo que implique gastos adicionales. Aunque el fallo aborda específicamente las dietas de manutención, los argumentos utilizados por el Supremo podrían tener consecuencias en la interpretación de otros conceptos asociados a los desplazamientos profesionales, como los gastos de alojamiento y estancia. En este sentido, Gilarranz considera que el alcance de la sentencia podría ir incluso más allá de lo establecido expresamente en ella.

LEER MÁS

(El País, 05-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo expresan su inquietud porque las subidas del salario mínimo no impulsen más el resto de sueldos

El grupo de expertos, integrado por académicos, representantes sindicales y miembros del Gobierno y encargado de analizar cada año la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), ya ha remitido sus conclusiones al Ministerio de Trabajo. El informe propone incrementar esta retribución un 4,9% en 2027, en línea con la evolución de los precios. Sin embargo, el documento, de 45 páginas, aborda también otras cuestiones relacionadas con los efectos de las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre el conjunto de las retribuciones, especialmente la limitada repercusión que están teniendo en los salarios situados por encima de ese umbral. El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y organizaciones empresariales para presentarles el contenido del informe y conocer sus valoraciones. Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el encuentro se ha celebrado antes de hacer públicas las conclusiones de los especialistas, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores. La decisión responde, entre otros motivos, a la necesidad de agilizar el proceso ante el reciente repunte de la inflación y el encarecimiento de los precios. Una de las principales advertencias del informe se refiere a la escasa capacidad de las subidas del SMI para trasladarse al resto de la estructura salarial. Los expertos alertan del riesgo de que trabajadores con experiencia o una cualificación media terminen percibiendo únicamente el salario mínimo, mientras que las categorías salariales inferiores de numerosos convenios colectivos quedan superadas por el mínimo legal. Este fenómeno, conocido como bunching, refleja una concentración creciente de trabajadores en una franja retributiva muy próxima al SMI, como consecuencia de los fuertes incrementos acumulados desde 2019. Los especialistas consideran que el salario mínimo debería funcionar principalmente como referencia para los trabajadores sin cualificación o experiencia, por lo que muestran su preocupación ante la posibilidad de que empleados con mayor formación o trayectoria profesional permanezcan dentro de esa misma banda salarial. Se trata de una advertencia que ya figuraba en el informe elaborado para la revisión correspondiente a 2026 y que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar los mecanismos que permiten trasladar los incrementos salariales a los distintos niveles profesionales. El documento recoge investigaciones que han analizado los efectos de las subidas del SMI aprobadas en 2017 y 2019, esta última especialmente significativa por su incremento del 21,5% en términos reales. Los resultados muestran que las mejoras retributivas no beneficiaron exclusivamente a quienes percibían directamente el salario mínimo, sino que también alcanzaron a trabajadores situados en otros tramos de la distribución salarial, incluso por encima de la mediana. No obstante, el efecto fue perdiendo intensidad a medida que aumentaba el nivel de ingresos. Los expertos atribuyen parte de este efecto de arrastre a la negociación colectiva, ya que los convenios afectados por las subidas del SMI tienden a revisar sus tablas salariales y, con ello, pueden generar incrementos en categorías superiores. Sin embargo, consideran que esta transmisión sigue siendo limitada y plantean la necesidad de analizar por qué las mejoras del salario mínimo no se extienden con mayor intensidad al conjunto de las retribuciones. Otra de las preocupaciones recogidas en el informe es que los incrementos del SMI hayan dejado obsoletos numerosos salarios mínimos establecidos en los convenios colectivos, al quedar por debajo del umbral legal. Esta evolución está provocando diferencias cada vez mayores entre los trabajadores con menores ingresos y el resto de los asalariados, cuyos sueldos dependen en mayor medida de la negociación colectiva. Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan esta tendencia: entre 2021 y 2024, el salario medio del 10% de los trabajadores con menores remuneraciones aumentó un 25,4%, frente al 14,9% de incremento registrado en el conjunto de los asalariados. En los tramos superiores, las subidas fueron más moderadas y oscilaron entre el 13,5% y el 12,9%. Ante esta situación, los especialistas insisten en que el SMI no puede convertirse en el único instrumento para mejorar las condiciones laborales y salariales. Consideran necesario reforzar otras vías, especialmente el diálogo social, la negociación colectiva y la formación, para conseguir que las mejoras retributivas alcancen también a los trabajadores con mayor experiencia y cualificación. Esta recomendación llega en un momento en el que sindicatos y patronales no cuentan con un acuerdo estatal para orientar la negociación colectiva, como el que estuvo vigente entre 2023 y 2025. La ausencia de un pacto de estas características es uno de los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales para convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Además, los salarios pactados en convenio, que crecen un 3,1%, mantienen un ritmo inferior a la inflación interanual, situada en el 4,6%, aunque la media anual se encuentra en torno al 3,2%. Pese a estas advertencias, el informe también destaca los efectos favorables que han tenido las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre la distribución de la renta. Los expertos consideran que los incrementos aplicados en España han contribuido a reducir la desigualdad salarial y a mejorar la situación económica relativa de los hogares con menores ingresos. Asimismo, señalan que la evolución positiva del empleo durante los últimos años demuestra que las subidas del SMI no han impedido la creación de puestos de trabajo, en línea con las conclusiones de diferentes investigaciones. Por último, los especialistas entienden que las perspectivas económicas permiten mantener la senda de incrementos del salario mínimo. Aunque prevén que el crecimiento de la economía española será menos intenso que en ejercicios anteriores y reconocen la elevada incertidumbre internacional, consideran que las previsiones de expansión económica siguen siendo compatibles con una nueva actualización al alza del SMI en 2027.

LEER MÁS

(El Economista, 05-11-2026) | Laboral

Ocultar la muerte de un pensionista para cobrar su pensión pasa a ser penado como delito de fraude

Ocultar deliberadamente el fallecimiento de una persona pensionista para seguir cobrando sus prestaciones constituye un delito autónomo de fraude a la Seguridad Social, tipificado en el artículo 307 ter del Código Penal. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 7 de octubre de 2026, en la que aclara que para apreciar este delito no es necesario acreditar los elementos propios de la estafa tradicional. El magistrado ponente, Martínez Arrieta, señala que este tipo penal no requiere demostrar la existencia de un engaño mediante artificios ni que se haya inducido a error a la Administración. Asimismo, precisa que la falta de controles por parte de los organismos públicos o de las entidades bancarias para verificar que el pensionista continúa vivo no elimina la responsabilidad penal de quienes se apropian indebidamente de las cantidades abonadas. La Sala fundamenta su decisión en la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2012, que incorporó el artículo 307 ter al Código Penal para regular específicamente el fraude a la Seguridad Social y diferenciarlo de la figura general de la estafa. Según el tribunal, la normativa establece expresamente que los causahabientes tienen la obligación de comunicar el fallecimiento del beneficiario y dejar de percibir la prestación, tal como recogen el Real Decreto 227/1981 y la Orden de 7 de mayo de 1981. Por tanto, el incumplimiento consciente de este deber, cuando permite mantener indebidamente el cobro de fondos públicos, reúne los requisitos necesarios para apreciar el delito. Como consecuencia de esta interpretación, el Supremo revoca las sentencias absolutorias dictadas anteriormente por la Audiencia Provincial de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El procedimiento analiza el caso de una mujer que dispuso de 61.834,46 euros ingresados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en una cuenta bancaria entre agosto de 2013 y diciembre de 2019. La cuenta estaba a nombre de su abuela, fallecida el 27 de diciembre de 1988, y de su madre, que murió el 14 de agosto de 2013. A pesar de estos fallecimientos, la pensión de viudedad continuó ingresándose mensualmente durante años debido al desconocimiento de las entidades pagadoras. La acusada se benefició de esta situación realizando reintegros de efectivo, transferencias, pagos con tarjeta y domiciliaciones bancarias, pese a conocer que los fondos procedían de una prestación que ya no correspondía percibir. Tras anular las resoluciones anteriores, el Tribunal Supremo condena a la procesada a dos años de prisión como autora de un delito agravado de fraude a la Seguridad Social, atendiendo a la cuantía de las cantidades percibidas indebidamente. Además, le impone la pérdida del derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas, así como beneficios fiscales o de la Seguridad Social, durante un periodo de tres años. En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar al INSS con 29.658 euros. Esta cantidad resulta de descontar del importe total percibido, 61.834,46 euros, los 39.176,22 euros que la entidad bancaria ya había reintegrado a las arcas públicas por los abonos realizados entre 2016 y 2019.

LEER MÁS

(Cinco Días, 05-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas de EE UU y Europa viven un ‘rally’ inesperado mientras el dólar se deprecia tras la contundente victoria demócrata

Los mercados financieros suelen reaccionar mejor ante escenarios previsibles, independientemente del signo político de quienes gobiernen. La contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, al hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, ha provocado un cambio de tendencia en Wall Street. Durante la madrugada europea, los futuros de los principales índices estadounidenses llegaron a registrar pérdidas cercanas al 2%, a medida que se conocían los primeros resultados electorales. Sin embargo, conforme se confirmó la amplitud del triunfo demócrata y Donald Trump reconoció su derrota, el nerviosismo inicial dio paso a una recuperación generalizada de las Bolsas internacionales. Los principales mercados europeos se han sumado a las subidas, con avances próximos al 1,5%, mientras que la Bolsa española ha destacado especialmente, con una revalorización del 3,4% impulsada por los valores bancarios y las compañías de energías renovables. El resultado electoral ha reducido la incertidumbre sobre el escenario político estadounidense y ha alimentado las expectativas de que el nuevo equilibrio parlamentario actúe como contrapeso a las decisiones de Trump. Sus políticas comerciales, exteriores y sus continuas discrepancias con la Reserva Federal habían generado episodios recurrentes de volatilidad. Los inversores confían ahora en que el control demócrata de las dos cámaras limite la capacidad del presidente para impulsar iniciativas controvertidas y frene un posible deterioro de las cuentas públicas. Esta perspectiva ha pesado más que los posibles efectos negativos de una regulación más estricta sobre los centros de datos y las inversiones en inteligencia artificial, uno de los principales motores de las subidas bursátiles durante los últimos años. En paralelo, los bonos del Tesoro estadounidense han registrado ligeros avances, con una reducción de sus rentabilidades, mientras que el dólar ha perdido terreno frente a otras divisas, reflejando una mayor disposición de los inversores a asumir riesgos. La recuperación del Congreso por parte de los demócratas supone un importante revés para Trump, que también ha visto cómo su partido perdía posiciones en territorios tradicionalmente republicanos, como Texas, donde Gina Hinojosa se ha convertido en la primera gobernadora hispana del Estado. El encarecimiento del coste de la vida, la persistencia de la inflación y las consecuencias económicas de la guerra con Irán han debilitado la confianza de los ciudadanos en una de las principales promesas del segundo mandato presidencial: mejorar la capacidad adquisitiva de los estadounidenses. Aunque el avance demócrata entraba dentro de las previsiones, su magnitud ha sorprendido a los mercados. No obstante, los analistas consideran que el cambio en la composición del Congreso difícilmente provocará una modificación sustancial de la política económica de la Casa Blanca durante los próximos dos años. Muchas de las medidas impulsadas por Trump en materia comercial, geopolítica y de desregulación se han articulado mediante decisiones ejecutivas, una vía que previsiblemente seguirá utilizando. Por tanto, el nuevo escenario político introduce mayores límites institucionales, pero no implica necesariamente un cambio profundo en la orientación económica de la Administración. La mejora del apetito por el riesgo se ha extendido a diferentes clases de activos. Mientras el dólar retrocede y las divisas consideradas refugio, como el yen japonés o el franco suizo, pierden atractivo, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años desciende ligeramente hasta el 4,926%. Los analistas consideran que el resultado electoral reduce las posibilidades de nuevas rebajas fiscales y limita el margen para incrementar el déficit público. Sin embargo, la evolución del dólar seguirá dependiendo principalmente de las decisiones de la Reserva Federal, el comportamiento de los precios y la fortaleza de la economía estadounidense. En Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq registran avances superiores al 2%, mientras que el S&P 500 sube un 1,7%, recuperándose de las pérdidas que había experimentado durante las primeras horas del recuento electoral. En Europa, el Dax alemán y el Cac francés avanzan alrededor del 1,5%, mientras que el Ibex 35 destaca con una subida cercana al 3%. Se trata de la mejor jornada para el mercado español desde el pasado 8 de abril, cuando Trump anunció el primer alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La banca y las compañías energéticas encabezan las compras, mientras que ACS, Repsol, Indra y Grifols se sitúan entre las pocas excepciones. Las expectativas de una mayor supervisión sobre los centros de datos y el descenso del precio del petróleo explican parte de este comportamiento. Los expertos consideran que la victoria demócrata puede generar riesgos regulatorios para el sector tecnológico, pero también abrir oportunidades para determinadas actividades europeas, especialmente la banca y las energías renovables. Una vez superada la reacción inicial, la atención de los inversores se desplaza hacia las consecuencias que puede tener el nuevo reparto de poder a medio plazo. Algunos analistas recuerdan que, históricamente, el año posterior a unas elecciones de mitad de mandato en las que el control político queda dividido entre republicanos y demócratas ha ofrecido resultados especialmente favorables para la renta variable. La combinación de este comportamiento estacional con unas perspectivas todavía sólidas de crecimiento económico mundial y unos beneficios empresariales resistentes permite mantener una visión relativamente optimista sobre los mercados bursátiles. Uno de los sectores que podría notar con mayor intensidad el cambio político es el tecnológico. La inteligencia artificial, que ha impulsado buena parte de las ganancias de Wall Street, podría enfrentarse a un marco regulatorio más exigente. Los demócratas previsiblemente tratarán de reforzar la supervisión federal sobre esta tecnología y sobre la expansión de los centros de datos. Sin embargo, las posibilidades de introducir cambios legislativos serán limitadas, puesto que necesitarán apoyos de ambos partidos en el Senado y deberán superar el posible veto presidencial. Por el momento, los inversores no contemplan una paralización brusca de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Después de las caídas iniciales, las grandes tecnológicas han recuperado parte del terreno perdido, aunque con diferencias importantes entre compañías. Amazon y Microsoft registran avances del 7% y el 5,6%, respectivamente, gracias a la diversificación de sus negocios. En cambio, las empresas más directamente vinculadas a la expansión de los centros de datos y a la infraestructura necesaria para desarrollar la IA muestran una evolución más débil. SpaceX retrocede un 3,8%, CoreWeave pierde un 3,4% y Nvidia cede un 1%. Entre los posibles cambios regulatorios figuran la retirada de determinados incentivos fiscales y unas normas urbanísticas más restrictivas para la construcción de centros de datos. El mercado de deuda estadounidense también recibe favorablemente el nuevo escenario político. Durante los últimos meses, los bonos habían soportado presiones derivadas de la persistencia de la inflación, las expectativas de tipos de interés elevados, el aumento del endeudamiento público y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal. La victoria demócrata reduce, a juicio de los analistas, el riesgo de que se aprueben nuevos estímulos fiscales sin financiación suficiente y refuerza los mecanismos de control institucional sobre los futuros nombramientos en el banco central. Aunque el resultado no soluciona los problemas presupuestarios del país, sí podría contener un deterioro adicional del déficit durante los próximos dos años. Al mismo tiempo, las negociaciones sobre el límite de deuda previstas para 2027 podrían resultar más complicadas. La guerra con Irán constituye otro de los focos de atención para los mercados. Las expectativas de que pueda abrirse una vía diplomática para resolver el conflicto han contribuido a prolongar las caídas del petróleo durante esta semana. El barril de Brent pierde un 3% y vuelve a situarse en torno a los 100 dólares. La derrota electoral de Trump podría reducir los incentivos de la Casa Blanca para intensificar la confrontación militar, especialmente si el nuevo equilibrio parlamentario limita sus competencias en materia de política exterior y defensa. No obstante, el nuevo Congreso no comenzará a ejercer sus funciones hasta enero, por lo que sigue sin estar claro qué margen tendrá el presidente para adoptar nuevas decisiones militares durante las próximas semanas. Trump ha asegurado que no contempla nuevos ataques de forma inmediata, aunque la incertidumbre persiste y los mercados siguen muy pendientes de cualquier cambio en sus declaraciones.

LEER MÁS

(Cinco Días, 05-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los demócratas arrasan en las ‘midterms’ a lomos del voto de castigo a la caótica presidencia de Trump

Dos años después de que Donald Trump recuperara la Casa Blanca y el control del Capitolio, el Partido Demócrata ha conseguido una contundente victoria en las elecciones legislativas de mitad de mandato, recuperando el dominio tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. El resultado supone un duro revés para los republicanos y un importante castigo al presidente estadounidense. La pérdida simultánea de ambas cámaras por parte del partido que ocupa el Gobierno es un acontecimiento poco habitual en la historia política del país, donde solo se había producido en seis ocasiones anteriores. El descontento de los votantes con la gestión de Trump, marcada por la inestabilidad política, las promesas incumplidas y las dificultades económicas, ha impulsado el avance demócrata mucho más allá de lo que anticipaban las encuestas. La oposición ha logrado imponerse incluso en territorios tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico ha conseguido una victoria para los demócratas en el Senado por primera vez en más de tres décadas, mientras que Gina Hinojosa se ha convertido en la primera mujer latina que gobernará este Estado. También se han producido cambios significativos en otros territorios, como Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Norte y Maine, donde los republicanos han perdido posiciones que parecían sólidas. La derrota republicana se ha extendido igualmente a las elecciones a gobernador y ha dejado otros resultados históricos. Florida y Georgia tendrán por primera vez gobernadores negros, mientras que Nuevo México contará con Deb Haaland como primera gobernadora nativa estadounidense. California, por su parte, podría recuperar un gobernador hispano por primera vez desde 1875 con Xavier Becerra. El resultado confirma la magnitud del cambio electoral y evidencia el desgaste de la formación de Trump, que también ha visto cómo algunos de sus candidatos más respaldados eran derrotados. El malestar ciudadano responde a diversos factores, entre ellos el encarecimiento del coste de la vida, el elevado precio de los carburantes, la persistencia de la inflación, la guerra con Irán, la política migratoria y los casos de corrupción que afectan a la Administración. Dos años después de regresar al poder con la promesa de mejorar rápidamente la situación económica de las familias estadounidenses, Trump no ha conseguido cumplir sus compromisos. A ello se suma que la intervención militar junto a Israel contra Irán se prolonga ya durante más de nueve meses, pese a que durante la campaña presidencial había asegurado que evitaría involucrar al país en conflictos en el extranjero. Los primeros indicios de la derrota republicana aparecieron con la victoria del senador demócrata Jon Ossoff en Georgia, un resultado que refuerza además sus posibilidades de convertirse en candidato presidencial en 2028. Posteriormente llegaron otros reveses para los candidatos respaldados por Trump, como la derrota de Michael Whatley en Carolina del Norte y la pérdida de posiciones en Kansas e Iowa. En Texas, Ken Paxton tampoco logró imponerse, pese al respaldo económico y político recibido de Elon Musk, que había destinado más de 560 millones de dólares a apoyar a los republicanos en el Estado. La jornada electoral transcurrió, en términos generales, con normalidad, a pesar de algunos incidentes puntuales y de las tensiones previas generadas por las dudas sobre la limpieza del proceso. La Administración había desplegado observadores federales en los 50 Estados y enviado comunicaciones que alimentaron la preocupación sobre una posible impugnación de los resultados. Sin embargo, no se produjeron incidentes relevantes y los responsables electorales, los tribunales y las organizaciones defensoras del derecho al voto consiguieron garantizar el desarrollo de las votaciones. La participación y el resultado final han supuesto también un respaldo al funcionamiento de las instituciones democráticas frente a los intentos de cuestionar su legitimidad. Tras reconocer la derrota, Trump ha manifestado su disposición a colaborar con los demócratas en el Congreso, aunque las perspectivas de entendimiento son reducidas. El presidente ya había advertido de que se enfrentaría a un Parlamento hostil y que utilizaría su capacidad de veto para bloquear las iniciativas de la oposición. Por su parte, los demócratas pretenden aprovechar su nueva mayoría para impulsar investigaciones sobre miembros destacados de la Administración y exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas durante los últimos dos años. El nuevo reparto de poder quedará formalmente establecido el próximo 3 de enero, cuando tomen posesión los representantes elegidos. A partir de ese momento, Trump tendrá que gobernar con un Congreso controlado por sus adversarios políticos, lo que reducirá considerablemente su margen de actuación durante los dos últimos años de mandato. Los demócratas tendrán, a su vez, el reto de exigir responsabilidades al presidente y a su equipo sin convertir su victoria en una estrategia de revancha política. El resultado electoral refleja, sobre todo, la voluntad de los ciudadanos de que mejoren sus condiciones de vida y de que la Administración dé respuesta a los problemas económicos y sociales que han marcado esta legislatura.

LEER MÁS

(Expansión, 05-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE crea Destination Europe: la súpermarca para competir en turismo a escala global

La Comisión Europea quiere reforzar la posición de Europa como destino turístico internacional mediante una estrategia conjunta que permita diversificar los mercados de origen de los visitantes de los países con mayor actividad turística y dar mayor visibilidad a territorios menos conocidos. Entre sus prioridades figura atraer viajeros procedentes de mercados de larga distancia, como Japón, India y los países del Golfo. La cooperación entre los Estados miembros constituye uno de los principios fundamentales del proyecto comunitario y Bruselas pretende trasladar ahora esta filosofía al sector turístico, en el que hasta el momento cada país ha desarrollado sus propias campañas de promoción. Para ello, el Ejecutivo europeo ha planteado crear Destination Europe, una marca común con la que presentar y promocionar la Unión Europea como un destino turístico integrado frente a otros grandes competidores internacionales. La iniciativa forma parte de la estrategia comunitaria para impulsar un turismo más sostenible. Entre las medidas previstas se encuentran la simplificación de los procedimientos y de las cargas administrativas, así como el establecimiento de mecanismos de actuación para las zonas turísticas que sufran una elevada presión de visitantes o problemas medioambientales. La nueva identidad europea pretende contribuir al desarrollo de una actividad que representa aproximadamente el 10% del PIB de la UE, según las estimaciones de la Comisión. El proyecto también contempla fomentar la colaboración entre distintas regiones para diseñar itinerarios turísticos que abarquen varios destinos y aprovechen iniciativas como las Rutas Culturales de DiscoverEU y el Sello de Patrimonio Europeo. Con ello, Bruselas pretende incentivar estancias más prolongadas y favorecer que los visitantes internacionales conozcan lugares que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Europa mantiene su liderazgo mundial en turismo, con cerca de 600 millones de llegadas internacionales en 2025, alrededor del 40% del total global. Además, tres de los cinco países más visitados del mundo pertenecen al continente, con Francia y España entre los principales destinos. Sin embargo, la Comisión considera que todavía existe margen para mejorar la distribución de los flujos turísticos y reducir la dependencia de determinados mercados emisores. El Ejecutivo comunitario entiende que los países y regiones europeos, incluso aquellos con una posición consolidada en el sector, encuentran dificultades para competir individualmente con grandes destinos internacionales que cuentan con importantes recursos y una imagen de marca unificada. Esta desventaja resulta especialmente significativa a la hora de captar turistas de mercados lejanos, como los del Golfo, India, Japón y Asia Central. Según han explicado el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, la promoción conjunta se apoyará también en la organización de Diálogos y Foros Turísticos de la UE con regiones estratégicas y en el desarrollo de un nuevo marco de cooperación con ONU Turismo. Fitto ha señalado que la finalidad es ayudar a los territorios a convertir su potencial turístico en crecimiento sostenible, empleo de mayor calidad, empresas más competitivas y mejores servicios. No obstante, ha precisado que esta estrategia europea no pretende sustituir los planes de promoción y desarrollo turístico que corresponden a los Estados miembros y a sus respectivas regiones. Por último, la Comisión Europea prevé presentar antes de finalizar 2026 una propuesta para revisar y actualizar la normativa del IVA aplicable a las actividades de viajes y turismo. Por el momento, no ha concretado los cambios que pretende introducir ni ha establecido objetivos cuantificables para evaluar el alcance de esta reforma.

LEER MÁS

(Expansión, 04-11-2026) | Fiscal

El lastre del papeleo fiscal en la Unión Europea: 8.600 millones

Un total de 23 de las principales organizaciones empresariales, financieras y profesionales de la Unión Europea han reclamado conjuntamente a los gobiernos comunitarios que eliminen la complejidad fiscal innecesaria. Las entidades firmantes, entre las que se encuentran BusinessEurope, AmCham EU, AFME, Eurochambres y SMEunited, consideran que el exceso de trámites y la fragmentación de las normas tributarias están restando competitividad a la economía europea y absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversiones productivas, creación de empleo e innovación. Según las estimaciones recogidas en la declaración, los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones fiscales alcanzan los 8.600 millones de euros anuales. Las organizaciones advierten de que esta carga administrativa supone un obstáculo para las empresas europeas en un momento en el que Estados Unidos y China avanzan en ámbitos como la tecnología, la productividad y la innovación. A su juicio, el tejido empresarial del continente sigue condicionado por un marco normativo excesivamente complejo y fragmentado. Las críticas se dirigen especialmente al Paquete de Simplificación Fiscal presentado por la Comisión Europea, que consideran una oportunidad decisiva para reducir las cargas que soportan las compañías. Bruselas se ha marcado como objetivo disminuir los costes administrativos un 25% para las grandes empresas y un 35% para las pequeñas y medianas. Sin embargo, las asociaciones empresariales temen que estas metas no se alcancen si los Estados miembros rebajan la ambición de la reforma durante su negociación. Entre los problemas que señalan figura el sistema de retenciones fiscales en origen dentro del mercado único, que obliga a las empresas a pagar determinados impuestos para después solicitar su devolución, un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso años y que genera importantes costes administrativos. También cuestionan que las compañías tengan que aportar repetidamente información y certificados que ya obran en poder de las propias administraciones tributarias. Las organizaciones firmantes han advertido a los ministros de Economía y Finanzas de la UE de que el proceso de negociación no debe desvirtuar las medidas propuestas por la Comisión. Consideran que las exigencias de recaudación y los mecanismos de control del fraude no pueden convertirse en argumentos para mantener o recuperar obstáculos burocráticos. Por ello, reclaman que cualquier acuerdo final permita avanzar hacia un sistema más sencillo que el actual y conserve los objetivos iniciales del paquete legislativo. La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de distintos ámbitos, desde el sector bancario y los inversores de capital privado hasta las asociaciones de pequeñas empresas, los profesionales de la contabilidad y los asesores fiscales. Todos coinciden en que simplificar las obligaciones tributarias no significa reducir la lucha contra el fraude, sino mejorar el funcionamiento del mercado único y facilitar la actividad empresarial. Esta reivindicación tiene especial relevancia para España, donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y soportan, además de las exigencias comunitarias, una importante carga burocrática derivada de la normativa estatal y autonómica.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF