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(Expansión, 05-06-2026) | Fiscal

Bruselas insta a España a eliminar el castigo fiscal a los caseros no residentes

La Comisión Europea ha remitido una nueva carta a España en la que reclama al Gobierno que corrija la "discriminación" fiscal que afecta a los no residentes y equipare las reducciones fiscales aplicables al alquiler de viviendas en el IRNR. Se trata de un nuevo episodio en el prolongado conflicto sobre la tributación de los ingresos obtenidos por no residentes a través del alquiler de inmuebles. Bruselas comunicó este jueves a España que debe poner fin al trato desigual que sufren estos contribuyentes al no poder acceder a las reducciones fiscales previstas para el arrendamiento de viviendas. La actuación de la Comisión llega tras la denuncia presentada hace más de un año por el abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence. Según explicó a EXPANSIÓN, la desigualdad se origina porque las bonificaciones por alquiler están recogidas en la normativa del IRPF y no en la del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), tributo que se aplica a quienes viven fuera de España. Hacienda rechaza aplicar esas ventajas fiscales al considerar que el artículo 24.1 de la ley del IRNR establece que los rendimientos obtenidos por no residentes sin establecimiento permanente en España se calculan siguiendo las normas del IRPF, pero "sin que sean aplicables las reducciones". Del Campo trasladó esta cuestión a la Comisión Europea en marzo de 2025 al considerar que las diferencias tributarias derivadas de esta regulación son muy relevantes, desproporcionadas y contrarias al Derecho de la Unión Europea. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, coincide en que el distinto tratamiento fiscal entre propietarios residentes y no residentes supone una limitación a la libre circulación de capitales. Además, recuerda que ya había advertido a España sobre esta cuestión anteriormente, con una primera carta formal remitida en marzo de 2019, sin que desde entonces se haya modificado la normativa para eliminar esa diferencia de trato. Desde entonces, incluso se han incorporado nuevas reducciones fiscales para los arrendadores, que pueden alcanzar hasta el 90% de la base imponible de las rentas del alquiler. Sin embargo, estas ventajas siguen reservadas únicamente a quienes residen en España, lo que, según Bruselas, mantiene la discriminación hacia los no residentes. Por ello, la Comisión ha enviado ahora una carta de emplazamiento complementaria y concede a España un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas. Si no lo hace, el Ejecutivo comunitario podría emitir un dictamen motivado y avanzar en el procedimiento de infracción, que eventualmente podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una eventual sentencia abriría la puerta a que la justicia española obligara a equiparar las reducciones fiscales. La posibilidad de aplicar estas bonificaciones supondría un importante ahorro para los no residentes, que actualmente tributan al 24% o al 19%, dependiendo de si son ciudadanos de la UE o no. Por ejemplo, un arrendador extracomunitario que obtenga 15.000 euros anuales por el alquiler de una vivienda pasaría de pagar 3.600 euros a solo 360 euros si pudiera acogerse a la reducción del 90%, o a 1.440 euros si aplicara una rebaja del 60%. La cuestión también está siendo analizada en la Audiencia Nacional, aunque Del Campo advierte de que la resolución todavía tardará varios meses. Al mismo tiempo, los tribunales estudian otros aspectos relacionados con la tributación de las rentas del alquiler obtenidas por propietarios no residentes. Entre ellos, el Tribunal Supremo analiza el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que permitió deducir determinados gastos vinculados a la vivienda. También se encuentra en discusión la diferencia de tipos impositivos en el IRNR entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios, gravados al 19% y al 25%, respectivamente, una cuestión que también podría acabar siendo resuelta por el Supremo. Las futuras sentencias y la creciente presión de Bruselas suponen además un aviso indirecto a la política de vivienda impulsada por el Gobierno. En especial, a la propuesta de crear un Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles para no residentes en la Unión Europea. La iniciativa, incluida en una proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mayo, contempla aplicar un gravamen del 100% a los ciudadanos extracomunitarios que compren viviendas de segunda mano en España. La eventual puesta en marcha de este impuesto representaría un fuerte impacto para los inversores no residentes en la UE, en un contexto marcado por la escasez de vivienda en alquiler y el aumento de la demanda. Diversos sectores atribuyen esta situación a medidas intervencionistas aprobadas en los últimos años, como los límites al precio del alquiler o la moratoria de desahucios, que han llevado a numerosos propietarios a retirar viviendas del mercado en busca de alternativas de inversión más rentables y seguras.

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(Expansión, 05-06-2026) | Fiscal

Cataluña y Andalucía acaparan el 40% de una financiación autonómica récord

La Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía concentrarán cerca de 30.000 millones de euros cada una del reparto de fondos autonómicos aprobado por el Gobierno, frente a los algo más de 22.000 millones que recibirá Madrid o los cerca de 15.000 millones asignados a la Comunidad Valenciana. La imposibilidad de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2026, tanto por falta de tiempo como de apoyos políticos una vez llegado junio, llevó al Consejo de Ministros a aprobar el martes el reparto de los recursos autonómicos correspondientes al ejercicio actual, unas partidas que debían haberse incluido en las nuevas cuentas públicas. La decisión desbloquea más de 10.000 millones adicionales y aumenta la financiación destinada a todas las comunidades de régimen común, aunque Cataluña y Andalucía destacan al absorber por sí solas el 40% del total distribuido, según los datos recopilados por EXPANSIÓN. El Real Decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta de 2026 contempla el reparto de 157.731 millones de euros entre las autonomías. La cifra supone un aumento del 7% respecto a los fondos de 2025 y representa una inyección extra de 10.319 millones. Cataluña es la comunidad que recibe la mayor cantidad, con 30.227 millones de euros, equivalentes al 19,2% del total, pese a representar el 17,6% de la población, según el INE. Muy cerca aparece Andalucía, con 29.343 millones, el 18,6% del reparto y un peso demográfico del 18,8%. A continuación se sitúan Madrid, con 22.061 millones, el 14% del total y el 15,4% de la población; la Comunidad Valenciana, con 14.993 millones y el 9,5% del reparto, pese a concentrar el 11,9% de los habitantes; y Galicia, con 10.909 millones. El resto de comunidades queda por debajo de los 10.000 millones. Si se analiza el crecimiento respecto al año anterior, Cantabria es la comunidad más beneficiada, con un incremento del 8,1%. Le siguen Madrid y Canarias, ambas con una subida del 7,6%, por encima de la media nacional del 7%. En el extremo contrario aparecen Baleares y Asturias, cuyos aumentos rondan el 6%. Además de las entregas a cuenta, las autonomías recibirán la liquidación definitiva de la recaudación tributaria de 2024, un ajuste que siempre se realiza con dos años de desfase. Gracias a ello, la cifra total de recursos a distribuir ascenderá a 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en 2025. Considerando el importe global, Cataluña vuelve a encabezar la clasificación con 32.914 millones, el 19,3% del total. Andalucía ocupa la segunda posición con 30.678 millones, seguida de Madrid, con 23.207 millones, y la Comunidad Valenciana, con 17.418 millones. Con esta financiación récord, el ministro de Hacienda, Arcadi España, pretende facilitar las negociaciones para reformar el sistema de financiación autonómica, un proceso que prevé retomar próximamente mediante reuniones bilaterales con cada comunidad. Sin embargo, el principal punto de conflicto continúa siendo el reparto de los 21.000 millones adicionales que el Estado transferiría a las regiones, ya que favorecerían especialmente a Cataluña y a las autonomías infrafinanciadas, como Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que ha generado malestar en otros territorios. De forma paralela, el Gobierno también ha aprobado esta semana el reparto de 29.247 millones de euros en entregas a cuenta para las entidades locales, un 8,8% más que el año anterior, lo que supone 2.354 millones adicionales. Los ayuntamientos catalanes serán los que más recursos reciban, con 5.699 millones, equivalentes al 19,49% del total. Tras ellos figuran los municipios andaluces, con 5.295 millones, y los madrileños, con 3.939 millones.

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(La Vanguardia, 05-06-2026) | Fiscal

El Boletín Oficial del Estado publica la Orden para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027

El BOE publica hoy la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, dando así comienzo formal al proceso presupuestario del Gobierno. El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. El ministro avanzó además que el Ejecutivo actualizará a lo largo de junio el cuadro macroeconómico, un paso previo clave en la preparación de las nuevas cuentas públicas. Según explicó, los presupuestos tendrán un marcado carácter social y mantendrán el compromiso con la responsabilidad fiscal, con el objetivo de cerrar la legislatura situando la deuda pública por debajo del 100% del PIB. En línea con lo expresado el día anterior por el presidente del Gobierno en el Cercle d'Economia, Arcadi España destacó que la vivienda será uno de los pilares fundamentales de los presupuestos de 2027. El titular de Hacienda también subrayó la intención del Ejecutivo de alcanzar acuerdos con las distintas fuerzas parlamentarias para lograr la aprobación de las nuevas cuentas en las Cortes Generales. La última vez que el Ministerio de Hacienda aprobó una Orden de elaboración de presupuestos fue en septiembre del año pasado, cuando todavía María Jesús Montero dirigía el departamento y se trabajaba en unas cuentas para 2026. Finalmente, el Gobierno renunció a presentar aquel proyecto. Posteriormente, en diciembre, el Congreso rechazó en dos ocasiones los objetivos de estabilidad y deuda para el periodo 2026-2028, con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, dejando en suspenso la posibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2026. En aquel contexto, Junts advirtió al Ejecutivo de que el incumplimiento de los compromisos con Cataluña tendría consecuencias políticas. Durante su comparecencia, Arcadi España defendió que las comunidades autónomas necesitan contar con financiación suficiente para sostener los servicios públicos y recordó los incrementos progresivos en la cesión de impuestos como el IRPF y el IVA, así como la reducción de las diferencias de financiación entre territorios. El ministro también recordó que Hacienda ha convocado recientemente a las comunidades autónomas para negociar el nuevo sistema de financiación. Sin entrar en las polémicas surgidas por la negativa de algunas autonomías, como Extremadura, Galicia y Andalucía, a acudir a determinadas reuniones, pidió que no se rechace el diálogo. Asimismo, aseguró que el proceso continuará con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y reiteró la intención del Gobierno de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica a partir del 1 de enero de 2027. Según indicó, el objetivo es reforzar el modelo territorial y garantizar una mayor equidad entre comunidades. En paralelo, las autonomías recibirán este año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7% más que el ejercicio anterior. Si se suma la liquidación correspondiente a 2024, cifrada en 13.506 millones, el volumen total de recursos ascenderá a 170.300 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico y un incremento del 7,7%. Desde Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera restó credibilidad al anuncio presupuestario y lo calificó como una maniobra de precampaña destinada a distraer a la ciudadanía. También insistió en que Cataluña continúa soportando un déficit fiscal y recordó que la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico sigue pendiente desde hace cinco años. La portavoz republicana reclamó además el traspaso de competencias de Rodalies, al considerar que el servicio atraviesa una situación muy grave, y reclamó más recursos para ámbitos como la justicia o la seguridad, especialmente para los Mossos d'Esquadra. Vallugera criticó igualmente que el sistema fiscal continúe sustentándose en estructuras heredadas de los años ochenta, que considera insuficientes para responder a las necesidades actuales de la población, y pidió derogar varias normas impulsadas durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. La diputada de ERC también recordó que el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras contempla que la gestión de la recaudación del IRPF termine asumiéndose en Cataluña. Desde el Partido Popular, Pedro Puy mostró dudas sobre la viabilidad de los nuevos presupuestos y reprochó al Gobierno haber anunciado en varias ocasiones el inicio de la tramitación sin llegar a culminarla. También señaló que el actual ministro ha mantenido las mismas líneas de actuación que su antecesora, María Jesús Montero. El dirigente popular criticó que la legislatura avance sin nuevas cuentas públicas pese a los importantes retos internacionales surgidos en los últimos años, entre ellos las tensiones comerciales impulsadas por la política arancelaria del expresidente estadounidense Donald Trump. Respecto al diálogo reclamado por Hacienda, Puy defendió que debe producirse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y recordó que distintas comunidades autónomas ya se han pronunciado en ese sentido. También citó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien habría expresado sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Por último, el diputado popular cuestionó que las subidas fiscales puedan aplicarse de manera automática vinculadas a la inflación mientras, al mismo tiempo, se plantean ajustes económicos relacionados con medidas como el Salario Mínimo Interprofesional.

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(El Economista, 05-06-2026) | Fiscal

El hachazo fiscal a los planes de pensiones hunde su peso en el ahorro a mínimos de 24 años

El ahorro que las familias españolas destinan a productos financieros ha aumentado de manera sostenida en los últimos años. Al cierre de 2025, el volumen total de ahorro financiero alcanzó los 3,44 billones de euros, un 9,3% más que el año anterior, según datos del Banco de España recopilados por Inverco. Se trata del mayor incremento anual registrado en toda la serie histórica. Este crecimiento se explica tanto por la buena evolución de los mercados como por los 95.000 millones de euros que los hogares españoles destinaron a este tipo de activos. La mayor parte de ese nuevo ahorro se dirigió hacia fondos de inversión, depósitos bancarios y efectivo. En cambio, los planes de pensiones privados apenas captaron recursos en un momento especialmente delicado para el sistema público, que afronta crecientes tensiones por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones. El peso de los planes privados dentro del conjunto del ahorro financiero de las familias continúa disminuyendo y ya se sitúa en su nivel más bajo de los últimos 24 años. Mientras los españoles destinaron 95.000 millones a productos financieros durante el pasado ejercicio, los planes de pensiones privados registraron más retiradas que aportaciones. El resultado fue un saldo neto negativo de 369 millones de euros por quinto año consecutivo en el conjunto del sistema, integrado por planes individuales, de empleo y asociados. De estas tres modalidades, solo los planes de empleo lograron captar dinero nuevo, especialmente a través de los planes simplificados. Los planes individuales, contratados voluntariamente por particulares para complementar su futura pensión pública, siguen siendo el segmento más debilitado. La situación cambió notablemente desde que el Gobierno redujo de forma drástica el límite de aportación a estos productos en 2021. Primero pasó de 8.000 a 2.000 euros anuales y posteriormente se rebajó hasta 1.500 euros. Desde entonces, las salidas de dinero superan cada año a las nuevas aportaciones. Según estimaciones de Inverco, el endurecimiento de los límites y el empeoramiento de la fiscalidad de los planes individuales han provocado que más de 12.500 millones de euros dejaran de destinarse al ahorro a largo plazo entre 2021 y 2025. La combinación de retiradas constantes y el crecimiento de otros activos financieros ha reducido progresivamente la relevancia de los planes de pensiones privados dentro del patrimonio financiero de las familias. A finales del pasado año, estos productos representaban únicamente el 4,02% del total de activos financieros, el porcentaje más bajo registrado al cierre de un ejercicio desde 2001. Antes de estos cambios fiscales, los planes de pensiones mantenían durante años un peso superior al 4,5% del ahorro financiero familiar. El máximo desde el año 2000 se alcanzó en 2009, cuando llegaron a representar el 4,74% del total, en un contexto en el que el ahorro financiero de los hogares todavía no alcanzaba los dos billones de euros. Que ahora estén cerca de caer por debajo del 4% resulta especialmente significativo debido al limitado desarrollo del ahorro privado para la jubilación en España. Según un estudio de Cobas Pensiones, el 78% de los ciudadanos depende exclusivamente de la pensión pública durante la jubilación. Además, solo el 12% de los trabajadores cuenta con un plan de empleo y apenas el 18% dispone de un plan individual. Estos datos evidencian la fuerte dependencia del sistema público de pensiones. La posibilidad de que los planes privados representen menos del 4% del ahorro financiero ya no parece lejana. Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan esa tendencia: el sistema volvió a registrar prestaciones netas negativas, impulsadas principalmente por las retiradas en los planes individuales, que ascendieron a 568 millones de euros. Como consecuencia, el patrimonio total de los planes de pensiones se redujo hasta los 135.851 millones de euros al cierre de marzo, un 1,5% menos que en diciembre. Todo ello en un periodo marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones derivadas de la guerra en Irán. Aun así, otros productos de ahorro, especialmente los fondos de inversión, continúan captando nuevas aportaciones, lo que les permite seguir aumentando el volumen de activos gestionados.

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(El Economista, 05-06-2026) | Fiscal

Las gasolineras alertan de que el diésel subirá 22 céntimos por litro si no se prorroga la rebaja del IVA

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha solicitado al Gobierno que prolongue, al menos hasta después del verano, la rebaja fiscal aplicada a los carburantes desde el pasado 22 de marzo. La organización advierte de que su retirada en plena campaña de desplazamientos estivales tendría un efecto inmediato sobre la economía de las familias, el transporte por carretera y la competitividad del sector turístico. La patronal ha trasladado esta petición al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en relación con las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado como respuesta al encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Medio y de las tensiones en el estrecho de Ormuz. Dicho paquete incluye una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea. Según CEEES, estas medidas han tenido un impacto directo en los precios desde su aplicación. La organización estima que la gasolina se ha abaratado un 15,7% y el gasóleo un 17,3% desde el 22 de marzo. Con datos a 4 de junio, sitúa el precio medio en 1,532 euros por litro para la gasolina y 1,627 euros para el diésel, frente a los 1,823 y 1,849 euros que, según sus cálculos, se registrarían sin la reducción fiscal. La patronal advierte de que, si no se prorrogan las medidas, estas decaerán el 30 de junio. En ese caso, calcula que a partir del 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la operación salida del verano, los precios subirían alrededor de 29 céntimos por litro en el caso de la gasolina y 22 céntimos en el del gasóleo. A juicio de la organización, un incremento de esa magnitud afectaría de forma directa al consumo de los hogares durante las vacaciones, perjudicaría al turismo y supondría una carga adicional para transportistas y trabajadores autónomos. Además, sostiene que el encarecimiento se trasladaría rápidamente al conjunto de la cadena de suministro y podría contribuir a presiones inflacionistas en un contexto internacional aún incierto. La solicitud llega tras el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha analizado el comportamiento de los precios tras la aplicación de la rebaja. Según recuerda CEEES, el organismo concluye que las estaciones de servicio han trasladado la reducción fiscal al consumidor de forma generalizada y que sus márgenes han sido incluso inferiores a lo previsto, con descensos de casi un céntimo en gasolina y 4,40 céntimos en gasóleo.

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(El País, 05-06-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria gestionará el Punto Neutro de Embargos, una herramienta que comparte información entre Administración central, CCAA y ayuntamientos

El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo centralizado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recaudación ejecutiva del sector público y evitar que los deudores de una administración cobren pagos de otra sin que se actúe sobre sus obligaciones pendientes. El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves en el portal de audiencia e información pública el borrador de un real decreto que regula el denominado Punto Neutro de Embargos, una herramienta que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que permitirá a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos compartir información sobre deudas y pagos. El sistema busca detectar si una persona o empresa que vaya a recibir un pago público tiene deudas con cualquier otra administración. Para ello, se establecerá un cruce diario de datos entre los listados de deudores y las propuestas de pago previstas por las distintas entidades públicas. Cada madrugada, entre las 00:00 y las 03:59, la plataforma consolidará la información recibida y la comparará con los pagos previstos. A partir de las 04:00 y hasta las 23:59, esa base de datos permanecerá fija durante el día. Cuando se produzca una coincidencia entre deudor y perceptor de un pago, el sistema activará un procedimiento automático de retención. En ese caso, la administración que deba efectuar el pago lo retendrá de forma provisional durante un máximo de tres días hábiles. En ese plazo, la administración acreedora deberá emitir y remitir la correspondiente diligencia de embargo a través de la plataforma. Si no se formaliza la orden dentro de ese periodo, el pago se liberará automáticamente. El diseño del sistema incluye el uso de procesos automatizados basados en algoritmos desarrollados por el Ministerio de Hacienda. Según el borrador, estos algoritmos se limitan a aplicar reglas matemáticas para seleccionar la forma más adecuada de ejecutar el embargo, procurando minimizar el impacto sobre el contribuyente y cubrir la deuda de la manera menos gravosa posible. En todo caso, se excluye el uso de inteligencia artificial o sistemas de análisis predictivo, y se establece que las decisiones finales y la firma de los embargos corresponderán siempre a las autoridades competentes de cada administración. No obstante, la norma contempla varias excepciones para proteger ingresos considerados esenciales. Quedan fuera del sistema los salarios de empleados públicos, las pensiones de clases pasivas y las prestaciones de la Seguridad Social. Tampoco se incluirán devoluciones de impuestos ni otros ingresos indebidos, entre otros supuestos, de modo que el mecanismo se centrará en pagos públicos que no tengan carácter de sustento básico inmediato. La implantación del Punto Neutro de Embargos no será inmediata. El real decreto prevé un periodo de adaptación de 12 meses desde su publicación en el BOE y una incorporación progresiva de las administraciones. En una primera fase se integrarán la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los municipios de más de 75.000 habitantes. El resto de entidades locales y organismos dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema.

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(El Periódico, 05-06-2026) | Laboral

Los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar

Los jóvenes españoles muestran una visión mucho menos idealizada de la meritocracia que la que tuvieron generaciones anteriores. Aunque siguen valorando el esfuerzo personal, lo hacen con más escepticismo. El 67% considera que el éxito está ligado a la perseverancia y el 63,4% cree que, incluso sin aptitudes iniciales, es posible alcanzar objetivos mediante el trabajo y la dedicación. Sin embargo, seis de cada diez jóvenes opinan que existen factores externos que pueden frenar el progreso de una persona pese a su esfuerzo. Entre las percepciones más extendidas destaca la idea de que los contactos y el apoyo económico familiar tienen más peso que el mérito individual, lo que genera desigualdades de origen: quienes cuentan con redes familiares o sociales parten con ventaja frente a quienes carecen de ellas. Estas son algunas de las conclusiones del barómetro "Retos y aprendizajes, posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales", elaborado por FAD Juventud con el respaldo de Banco Santander y Telefónica. El informe, presentado este jueves en Madrid, se basa en una encuesta realizada a 1.200 jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en España. El estudio refleja también que el concepto de éxito ha cambiado para las nuevas generaciones. Más allá del salario o la promoción profesional, los jóvenes valoran especialmente trabajar en algo que les motive, poder compatibilizar la vida personal y laboral y alcanzar cierta estabilidad. En plena celebración de las pruebas de acceso a la universidad -que en Catalunya tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de junio-, el informe cobra especial relevancia al evidenciar hasta qué punto la situación económica condiciona las decisiones académicas. El principal factor a la hora de elegir estudios o trayectoria profesional es la necesidad de obtener ingresos a corto plazo, una preocupación señalada por el 64,7% de los encuestados. Esto implica que muchos jóvenes se ven obligados a incorporarse pronto al mercado laboral o a optar por itinerarios que ofrezcan una salida económica más rápida, aunque no respondan a sus intereses personales. El informe señala que una parte importante de la juventud prioriza las opciones más viables frente a las que realmente desearían seguir. Muchos asumen que deben adaptarse a las demandas del mercado laboral y escoger profesiones con más oportunidades, aunque no coincidan con sus vocaciones. De este modo, se detecta una cierta resignación: asegurar estabilidad primero y dejar para más adelante aquello que realmente les gustaría hacer. La percepción sobre el riesgo también varía según la edad. Los jóvenes de 18 y 19 años son quienes muestran una mayor disposición a asumir riesgos para avanzar profesionalmente. En cambio, entre los 20 y los 24 años gana peso la búsqueda de seguridad y estabilidad, mientras aumenta la preocupación por disponer de ingresos inmediatos. Muchos de los estudiantes que afrontan actualmente la selectividad reconocen además no tener claro qué quieren estudiar. Según el informe de FAD Juventud, los jóvenes sienten que deben tomar decisiones importantes demasiado pronto y sin disponer de la información o madurez suficientes. Esta presión se intensifica cuando perciben que equivocarse puede tener consecuencias importantes o que desconocen las alternativas disponibles. En ese proceso de decisión, la familia aparece como uno de los apoyos más constantes, aunque también como una fuente de presión. Los autores del estudio destacan que los jóvenes comprenden la intención protectora de padres y madres, pero al mismo tiempo sienten la exigencia de responder a sus expectativas y de aprovechar la inversión realizada en su educación. La encuesta también confirma que la Formación Profesional goza cada vez de mejor consideración por sus posibilidades de inserción laboral. Aun así, muchos jóvenes creen que sigue existiendo el estigma de considerarla una vía destinada a quienes no acceden a la universidad. Por su parte, la universidad continúa asociándose a una fuerte presión social, aunque los encuestados consideran que obtener un título universitario ya no garantiza encontrar empleo ni trabajar en aquello que realmente desean.

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(El Economista, 05-06-2026) | Laboral

El Gobierno obliga a los trabajadores de baja a comunicarse con la Seguridad Social vía online

El Gobierno obligará a las personas que se encuentren de baja por incapacidad temporal o permanente a comunicarse de manera electrónica con la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha aprobado una nueva orden publicada el pasado 1 de junio en el BOE que establece que, a partir del próximo 1 de septiembre, estos ciudadanos deberán recibir notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos. La norma argumenta que las personas afectadas, al formar parte del ámbito laboral o profesional donde el uso de dispositivos digitales está ampliamente extendido, disponen de los conocimientos y herramientas necesarios para relacionarse con la Administración por esta vía telemática. El texto recuerda además que en 2020 ya se impuso esta obligación a determinados beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social. En aquel momento, la medida afectó a quienes solicitaban o percibían ayudas por nacimiento y cuidado de menores, así como prestaciones por riesgo durante el embarazo o la lactancia. Entonces, la Administración justificó la decisión señalando que se trataba de un colectivo de entre 25 y 40 años habituado al uso de herramientas digitales. Pese a ello, la nueva regulación contempla algunas excepciones. La Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos, como cuando la persona acuda presencialmente a un centro de atención; cuando sea necesario realizar la comunicación mediante entrega directa de un empleado público para garantizar su eficacia; cuando la urgencia del trámite no sea compatible con los procedimientos electrónicos; o cuando la Administración no disponga de datos de contacto digitales del ciudadano. Además, los centros de atención de la Seguridad Social podrán ofrecer asistencia y orientación a quienes necesiten ayuda para utilizar los canales electrónicos.

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(El Economista, 05-06-2026) | Laboral

El SMI supera el salario más bajo del 45% de los convenios sectoriales publicados en 2026

Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en una de las señas más reconocibles de la política económica del Gobierno. El incremento desde los 735 euros mensuales de 2018 hasta los actuales 1.221 euros ha mejorado la capacidad adquisitiva de muchos trabajadores, aunque también ha alterado las negociaciones colectivas entre sindicatos y patronal, ya que algunos convenios quedan desfasados pocos días después de firmarse cuando el salario mínimo fijado por el Ministerio de Trabajo supera las cantidades pactadas para las categorías más bajas. Según un análisis elaborado por UGT y consultado por elEconomista.es, el SMI ya supera el salario base establecido para los puestos de menor categoría en el 45% de los convenios sectoriales publicados entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año. En total, 43 de los 84 convenios publicados en el BOE durante ese periodo se ven afectados por esta situación, siempre que no se tengan en cuenta los complementos salariales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las empresas deben garantizar al menos el importe del SMI a los trabajadores con jornada completa, aunque esa cantidad puede alcanzarse sumando salario base y complementos. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta interpretación y pactaron con el Ministerio de Trabajo, en la última subida del SMI, introducir cambios para impedir que las empresas compensen o absorban determinados pluses salariales con el objetivo de evitar incrementos reales de sueldo. Con este estudio, UGT pretende evidenciar que existe un número significativo de convenios cuyos salarios base se sitúan por debajo del mínimo legal vigente. Además, el sindicato insiste en la necesidad de retomar las negociaciones con CEOE y Cepyme para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el objetivo de establecer criterios salariales que eviten el "solapamiento" de categorías, una situación en la que trabajadores con distintos niveles de responsabilidad terminan percibiendo el mismo salario final: el SMI. El Gobierno cerró el acuerdo con CCOO y UGT para elevar el salario mínimo el pasado 16 de febrero y lo publicó en el BOE dos días después. La subida, del 3,1%, dejó obsoletos algunos convenios recientemente firmados, como el de jardinería, publicado el 20 de enero, que fijaba un salario de 1.184 euros mensuales -el SMI de 2025- para categorías como peón y aprendiz sin antigüedad. Tras la actualización, las empresas del sector tuvieron que elevar esas nóminas hasta los 1.221 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En la mayoría de los convenios, los complementos salariales por productividad, puesto de trabajo o pluses de convenio ya permitían alcanzar el salario mínimo, por lo que la subida no supuso un coste adicional inmediato para muchas empresas. Aun así, más de 45 sectores han experimentado un "aplanamiento" de las tablas salariales, un fenómeno que puede desincentivar que los trabajadores acepten puestos con mayores responsabilidades o exigencias si la diferencia retributiva acaba siendo mínima. Las organizaciones empresariales, especialmente Cepyme, llevan años alertando de este efecto. Argumentan que el SMI fijado a nivel estatal ha llegado a representar más del 70% del salario medio en regiones como Extremadura o Canarias, así como del salario medio abonado por muchas pequeñas y medianas empresas. Desde el ámbito empresarial, las fuertes subidas impulsadas por el Ministerio de Yolanda Díaz se han interpretado como una interferencia en la negociación colectiva, al dejar sin efecto parte de los acuerdos alcanzados entre empresas y sindicatos. Esta situación también afecta a los convenios de empresa. De los 25 acuerdos colectivos de este tipo publicados durante los cuatro primeros meses del año, nueve incluían salarios base inferiores al SMI en sus categorías más bajas, lo que representa un 36% del total. Como ocurre en los convenios sectoriales, no siempre implica un mayor coste para la empresa si el salario final ya alcanzaba los 1.221 euros gracias a los complementos, aunque sí obliga a revisar las tablas salariales cuando no es así. Fuentes sindicales señalan que el porcentaje de convenios afectados ha aumentado progresivamente a medida que lo ha hecho el salario mínimo. Explican que muchos acuerdos salariales suelen pactarse en línea con el IPC, mientras que las subidas aprobadas por el Gobierno suelen situarse por encima de esa referencia, haciendo que el SMI termine imponiéndose sobre parte de los salarios pactados. Algunos convenios ya incluyen cláusulas de actualización automática en caso de que el salario mínimo supere las cantidades fijadas en las tablas, como sucede con el VII Convenio colectivo estatal del sector de aparcamientos y garajes, publicado recientemente en el BOE. El acuerdo alcanzado en febrero entre el Gobierno y los sindicatos también contemplaba modificar la regulación del SMI para evitar que ciertos complementos salariales puedan ser absorbidos o compensados. Los sindicatos consideran injusto que trabajadores que reciben pluses por peligrosidad u otras condiciones especiales dejen de percibirlos de forma diferenciada. El Ejecutivo tenía previsto introducir esta reforma a través de la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, pero los sindicatos aseguran que no han recibido novedades sobre el texto desde hace meses. Mientras tanto, CEOE ya ha advertido de que recurrirá la medida ante los tribunales si finalmente sale adelante. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa tratando de sacar adelante el real decreto para reformar el registro horario, después de que el Consejo de Estado emitiera observaciones negativas apoyadas en informes del Ministerio de Economía.

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(Cinco Días, 05-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro coloca 5.565 millones en deuda a tipos más altos salvo en el bono a 15 años

El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.565 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado y lo ha hecho a tipos más altos en todas las referencias, salvo en el caso de las obligaciones del Estado a 15 años, donde se ha moderado la rentabilidad ofrecida a los inversores. En conjunto, la demanda en la segunda subasta de junio, tras la celebrada el pasado martes, ha superado los 13.200 millones de euros, más del doble de la emisión final. La semana se salda con 12.000 millones de deuda nueva en el mercado, después de los 6.481 millones registrados en la venta el martes pasado de letras a corto plazo. También Andalucía y Castilla y León han acudido al mercado en este arranque de junio. En la subasta de este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.840,6 millones de euros en bonos del Estado a tres años a un tipo de interés marginal del 2,775%, por encima del 2,680% de la subasta anterior, con una demanda que casi ha triplicado lo adjudicado. El Tesoro ha captado además 1.581,7 millones de euros en obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y dos meses, con una demanda que ha superado los 4.300 millones de euros, a un tipo marginal del 2,949%, también por encima del 2,917% de la subasta previa de este papel. En el caso de la obligaciones del Estado a 15 años ligadas a la inflación de la eurozona, el organismo ha adjudicado 592,5 millones de euros, casi la mitad de lo solicitado por los inversores, y lo ha hecho a un tipo de interés marginal del 1,577%, superando el 1,502% de la subasta anterior. Por último, el Tesoro ha colocado 1.550 millones de euros en obligaciones del Estado a 15 años, la mitad de lo demandado, con un interés marginal del 3,817%, por debajo del 3,851% de la subasta anterior de esta referencia. El Tesoro regresará a los mercados el próximo 9 de junio, con una subasta de letras a tres y nueve meses, y cerrará las emisiones de este mes el día 18, cuando volverá a subastar bonos y obligaciones del Estado. El organismo espera unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía. En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026. De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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