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(El Economista, 13-04-2026) | Fiscal

El gasto del Estado crece el doble que la recaudación fiscal

El periodo comprendido entre 2019 y 2025 ya se considera histórico en España por la evolución de los ingresos tributarios. Sin embargo, aunque la recaudación haya alcanzado cifras récord, el gasto no financiero de la Administración del Estado ha crecido aún más en términos relativos, duplicando su incremento durante esos mismos años, que coinciden con las legislaturas de Pedro Sánchez desde su llegada al poder tras la moción de censura. En concreto, los datos actualizados de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que el gasto presupuestario efectivamente ejecutado alcanzó en 2025 los 197.890 millones de euros, más del doble que los 96.848 millones registrados en 2019. Este aumento contrasta con el crecimiento de los ingresos fiscales, que en ese mismo periodo se incrementaron un 51%, pasando de cerca de 213.000 millones a más de 325.000 millones, según cifras del Ministerio de Hacienda. Para realizar una comparación más precisa, se han considerado únicamente los gastos no financieros del Estado, es decir, aquellos directamente vinculados a su funcionamiento y a las decisiones del Gobierno en los últimos años. Quedan fuera partidas como el pago de la deuda pública, la financiación de comunidades autónomas o las relaciones financieras con la Unión Europea. El fuerte aumento del gasto llama la atención de los expertos, especialmente teniendo en cuenta que durante este periodo el Ejecutivo solo logró aprobar tres Presupuestos Generales del Estado, bajo la gestión de la entonces ministra María Jesús Montero. Además, el gasto real podría ser aún mayor si se incluyeran mecanismos adicionales utilizados para incrementar el desembolso al margen de las cuentas oficiales y del control parlamentario, especialmente en relación con los presupuestos de 2023, que siguen vigentes. En paralelo, los ingresos fiscales también han crecido impulsados por factores como la falta de actualización de los tramos del IRPF a la inflación, lo que ha contribuido a que este impuesto aumente su recaudación, incluso en comparación con el año anterior. Si se amplía la perspectiva al conjunto de las Administraciones públicas -incluyendo Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales-, el gasto total alcanza niveles récord, superando los 725.000 millones de euros en 2024, con un incremento del 25% desde 2020, según la clasificación oficial Cofog. Este crecimiento del gasto está empezando a generar tensiones en las cuentas públicas, hasta el punto de que España podría tener dificultades para cumplir en 2026 con los compromisos presupuestarios adquiridos con la Unión Europea, pese al buen comportamiento de los ingresos. Por otro lado, el aumento del gasto no se ha traducido necesariamente en una mejora de los servicios públicos, ya que la inversión directa ha disminuido. De hecho, en 2024 la formación bruta de capital fijo registró su primera caída interanual desde comienzos de la década pasada, según datos de la IGAE. Aquella etapa coincidió con un contexto económico muy distinto, marcado por la crisis de deuda europea, que obligó a España a aplicar fuertes ajustes para reducir el déficit y la deuda pública.

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(La Vanguardia, 13-04-2026) | Fiscal

¿Cómo puedo saber cuándo me devolverán el dinero de la declaración de la Renta?

Con la campaña de la Renta ya en marcha, muchos contribuyentes que esperan una devolución se preguntan cuándo recibirán el ingreso y de qué forma pueden comprobar el estado de su declaración. La Agencia Tributaria pone a disposición distintas herramientas para ello y establece, además, un plazo máximo para efectuar las devoluciones. La campaña se desarrolla habitualmente entre abril y finales de junio. Desde el inicio ya es posible presentar la declaración por internet; posteriormente se habilita la atención telefónica y, más adelante, la presencial con cita previa. El plazo ordinario concluye el 30 de junio, aunque la Agencia Tributaria continúa gestionando devoluciones después de esa fecha. Las primeras devoluciones suelen abonarse pocos días tras el inicio de la campaña, pero no todas se tramitan al mismo ritmo ni se pagan simultáneamente. La declaración puede presentarse por diferentes canales: sede electrónica, aplicación móvil o asistencia telefónica y presencial con cita previa. Para acceder es necesario identificarse mediante certificado digital, sistema Cl@ve o número de referencia. Cuando el resultado es "a devolver", es la propia Agencia Tributaria la que inicia el procedimiento para reembolsar el importe correspondiente. No existe una fecha fija de pago. Hacienda va efectuando las devoluciones conforme revisa las declaraciones. Aquellas más sencillas, sin incidencias ni comprobaciones adicionales, suelen resolverse antes, mientras que las que incluyen deducciones complejas o requieren verificación pueden demorarse más. Por ello, dos personas que presenten la declaración el mismo día pueden recibir el ingreso en momentos distintos. El seguimiento del estado de la devolución puede realizarse de forma sencilla a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del apartado de Renta, previa identificación. También está disponible esta información en la aplicación oficial para dispositivos móviles, que muestra los mismos datos. En ambos casos se indica la fase exacta de la tramitación y si el pago ya ha sido ordenado. La consulta puede realizarse en cualquier momento y se actualiza automáticamente cuando hay cambios. Durante el proceso pueden aparecer distintos estados: "en trámite", cuando la declaración ha sido recibida y está siendo revisada; "en comprobación", si se están verificando datos; "tramitada", cuando la revisión ha finalizado; "emitida", si la devolución ya ha sido ordenada; y "realizada", cuando el importe ha sido transferido a la cuenta bancaria. Aunque la denominación puede variar ligeramente, una vez aparece el último estado, el ingreso suele hacerse efectivo en pocos días, dependiendo de la entidad bancaria. Según la Ley del IRPF, la Agencia Tributaria dispone de un plazo máximo de seis meses para realizar la devolución. Este periodo se cuenta desde el final del plazo de presentación voluntaria (1 de julio) si la declaración se presentó dentro de plazo, o desde la fecha de presentación si se hizo fuera de él. En la práctica, muchas devoluciones se abonan antes del verano, especialmente las de declaraciones tempranas y sin incidencias. No obstante, otras pueden demorarse si requieren comprobaciones adicionales. Si se supera el plazo legal de seis meses sin que se haya efectuado el pago, la Administración debe abonar automáticamente intereses de demora, sin necesidad de que el contribuyente los reclame. Estos intereses se calculan desde el día siguiente al vencimiento del plazo hasta la fecha en que se ordena el pago. Un retraso no implica necesariamente un problema, ya que puede deberse a revisiones habituales o comprobaciones de datos. Aun así, es recomendable consultar periódicamente el estado de la devolución para detectar posibles incidencias. En algunos casos, la Agencia Tributaria puede solicitar información adicional mediante un requerimiento, que se notifica a través de la sede electrónica o por correo postal, por lo que es importante revisar las comunicaciones y responder dentro del plazo indicado. También es aconsejable verificar que el número de cuenta bancaria sea correcto y que los datos personales estén actualizados, ya que cualquier error puede retrasar el ingreso. En definitiva, consultar el estado de la devolución permite conocer la situación del proceso en cada momento. Aunque la mayoría de los contribuyentes recibe el dinero sin necesidad de realizar gestiones adicionales, esta revisión ayuda a anticipar plazos y detectar posibles incidencias.

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(Expansión, 13-04-2026) | Laboral

Para el 68% de los profesionales, los contactos personales son la única forma para cambiar de empleo, y un 76% está en su puesto sólo por dinero

El bienestar en el trabajo, la influencia de las redes sociales y profesionales para encontrar empleo o la supuesta transparencia en los procesos de selección son algunos de los elementos que muchas organizaciones utilizan para proyectar una imagen atractiva y captar talento. Sin embargo, esa visión idealizada dista bastante de la realidad. Un estudio de Robert Walters, basado en la opinión de 77.000 profesionales cualificados de su base de datos, revela lo que realmente ocurre en el mercado laboral español y desmonta cinco grandes creencias empresariales, evidenciando una clara desconexión entre compañías y empleados. Muchas empresas aún no son conscientes de que, si no reaccionan, pueden enfrentarse a una pérdida de talento que afecte seriamente a su estabilidad. Guillermo Julio, responsable del informe, advierte de que algunas organizaciones subestiman el impacto de la salida de empleados, hasta que descubren demasiado tarde la falta de conocimiento interno o la dificultad para cubrir esos puestos. Uno de los principales mitos es que priorizar el bienestar y el propósito reduce la importancia del salario. Sin embargo, el 76% de los profesionales afirma que trabaja principalmente por dinero, y más de la mitad de quienes se consideraban satisfechos dejaron su empleo por motivos económicos. Esto demuestra que el llamado "salario emocional" no es suficiente para retener talento. De hecho, solo dos de cada diez personas disfrutan de estabilidad financiera, y la mayoría necesita aumentar sus ingresos mensuales para sentirse tranquila. Además, una gran parte apenas logra ahorrar. También se evidencia una desconexión entre los salarios y el coste de vida: solo el 28% percibe una mejora económica en los últimos años, mientras que muchos consideran insuficientes las subidas salariales frente a la inflación, o incluso inexistentes. Otro mito es la idea de que cambiar frecuentemente de empleo refleja inestabilidad. Hoy en día, la movilidad laboral está normalizada e incluso valorada: la mayoría de los profesionales considera que permanecer entre uno y cinco años en un puesto es lo ideal, y cambiar de empresa se percibe como una forma de mejorar la empleabilidad. Asimismo, el informe cuestiona la supuesta meritocracia en los procesos de selección. La mayoría de los trabajadores cree que los contactos personales siguen siendo la vía más efectiva para conseguir empleo. Esta percepción genera desconfianza, hasta el punto de que muchos candidatos admiten ocultar información o no ser completamente sinceros en entrevistas por miedo a ser descartados. El estigma del desempleo también persiste. Los profesionales consideran poco eficaces los servicios públicos de empleo y perciben que buscar trabajo estando en paro supone una gran desventaja. Además, existe una clara discriminación por edad: más de la mitad afirma haberla sufrido, especialmente a partir de los 45 años. Esto provoca que muchos trabajadores sénior adopten posturas más conservadoras por miedo a perder su empleo y no encontrar otro, lo que limita la innovación dentro de las empresas. Por último, el informe desmonta la idea de que las empresas adaptan sus condiciones a las necesidades de los empleados. La realidad muestra que quienes no tienen vivienda en propiedad sufren mayor presión económica, lo que influye en sus decisiones laborales. Muchos cambian de trabajo para poder afrontar el alquiler o ahorrar para una vivienda, lo que reduce su fidelidad a la empresa. El estudio concluye que, si las organizaciones no tienen en cuenta factores clave como la situación económica y personal de sus empleados, difícilmente podrán desarrollar estrategias eficaces para retener el talento.

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(Expansión, 13-04-2026) | Laboral

Los autónomos societarios pagarán al menos 448 euros de cuota al mes aun con ingresos mínimos

El aumento de las bases mínimas de cotización, aplicado con carácter retroactivo, supone un incremento de unos 135 euros mensuales en las cuotas que deben abonar determinados trabajadores autónomos, como los socios de cooperativas, los familiares colaboradores y quienes no declaran ingresos. Desde la organización ATA critican que esta medida rompe la progresividad prevista en el sistema de cotización según rendimientos reales. En concreto, estos colectivos deberán pagar en 2026 una cuota mínima de 485 euros al mes, lo que supone unos 1.620 euros más al año en comparación con el ejercicio anterior. Este cambio se produce tras la actualización de la base mínima de cotización recogida en la orden publicada en el BOE el 31 de marzo, que eleva dicha base desde los 1.000 euros de 2025 hasta los 1.424 euros actuales. Este ajuste afecta a cerca de un millón de autónomos. Con esta modificación, el primer tramo de ingresos para este grupo se sitúa entre 0 y 2.760 euros mensuales. Dentro de ese rango, la base de cotización mínima es de 1.424 euros y la máxima de 2.760 euros, lo que implica cuotas que oscilan aproximadamente entre 448 y 869 euros. Más de la mitad de estos autónomos -especialmente aquellos con ingresos cercanos o inferiores a los 1.000 euros- serán los más perjudicados por la subida. A medida que aumentan los ingresos, también lo hacen las bases y cuotas correspondientes, con distintos tramos que elevan progresivamente las cantidades a pagar, llegando en los niveles más altos a cuotas superiores a los 1.600 euros mensuales. Desde el Ministerio de Seguridad Social defienden que esta subida ya estaba contemplada en la reforma del sistema de cotización aprobada en 2022, cuyo objetivo es que, de aquí a 2032, las cuotas de todos los autónomos se ajusten a sus ingresos reales. Según el Gobierno, la norma establecía que, a partir de 2026, la base mínima de estos colectivos no podía situarse por debajo de la del Régimen General. No obstante, esa misma reforma preveía una aplicación progresiva de estas subidas, que debía haberse llevado a cabo de forma gradual a través de los Presupuestos Generales del Estado. La falta de nuevas cuentas públicas desde 2023 provocó que la base se mantuviera congelada en 1.000 euros hasta ahora, lo que ha derivado en un incremento brusco en 2026. Además, este ajuste se produce en un contexto en el que las cuotas del resto de autónomos no han subido, al no haberse alcanzado un acuerdo para el periodo 2026-2028. Esta situación ha generado un fuerte malestar en el colectivo, que considera la medida excesiva. Desde ATA denuncian que muchos autónomos tendrán que asumir este aumento desde enero, aunque el pago efectivo pueda retrasarse hasta finales de 2027 o principios de 2028. También critican que no se han cumplido otros compromisos de la reforma, como la revisión del sistema, la corrección de posibles fallos o la mejora de la protección social. En definitiva, las asociaciones de autónomos consideran que la subida se ha aplicado de forma desigual y sin respetar el calendario previsto, lo que ha intensificado las críticas hacia el Gobierno.

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(El País, 13-04-2026) | Laboral

Aumenta el desinterés por promocionar en el trabajo debido a la mayor dedicación y presión y al escaso incentivo económico

Cada vez más trabajadores, especialmente a partir de los 35 años, optan por no perseguir ascensos dentro de sus empresas. Según una encuesta de InfoJobs, seis de cada diez empleados han dejado de plantearse progresar profesionalmente. Un 19% evita asumir nuevas responsabilidades y un 38% afirma no tener interés ni en promocionar ni en recibir reconocimiento. Para Mónica Pérez Callejo, directora de Estudios de InfoJobs, esto refleja un cambio en la idea de éxito profesional: ahora se prioriza que el trabajo no perjudique la calidad de vida ni interfiera con el ámbito personal. Además, el incremento salarial asociado a los ascensos no resulta suficientemente atractivo. Aunque las subidas han beneficiado más a los sueldos bajos, los niveles intermedios y altos no han experimentado mejoras significativas. Esto ha provocado una pérdida de poder adquisitivo frente al aumento del coste de la vida, lo que desincentiva el esfuerzo adicional que implica promocionar. A ello se suma el impacto de la tecnología, que ha incrementado la presión al intensificar el control y la evaluación constante del rendimiento. Esta tendencia también se refleja en el informe Talent Trends 2025 de Michael Page, donde el 55% de los trabajadores afirma que rechazaría un ascenso si este afectara a su bienestar. Domenec Gilabert, director general de Page Group, considera que este cambio ha llegado para quedarse, al menos en los próximos años. A su juicio, las empresas deben replantear su modelo de promoción, basándolo en tres pilares: conciliación y flexibilidad, transparencia en la comunicación y adaptación a las nuevas tecnologías. En este sentido, destaca que muchas compañías aún no han integrado adecuadamente herramientas tecnológicas en su funcionamiento, pese a que una parte importante de los empleados ya las utiliza. También subraya la importancia del componente económico: el incremento salarial medio por ascenso ronda el 8,7%, una cifra que considera insuficiente. Recomienda que este aumento sea, como mínimo, del 10%, y que alcance el 20% en el caso de pasar a puestos de mayor responsabilidad. Más allá del salario, algunos expertos apuntan a un cambio más profundo en la relación entre empleados y trabajo. Álvaro Lleo, profesor de la Universidad de Navarra, señala que muchos trabajadores no encuentran sentido ni propósito en lo que hacen. De hecho, estudios como la Encuesta Global de Deloitte 2025 muestran que la gran mayoría de jóvenes -tanto de la generación Z como millennials- consideran fundamental que su trabajo tenga un propósito para sentirse satisfechos. Lleo advierte de que muchas empresas no logran transmitir el impacto real de su actividad en la sociedad, lo que contribuye a esta desconexión. Como ejemplo positivo, menciona a la empresa danesa ISS, que logró mejorar la motivación de sus empleados al hacerles conscientes del valor de su trabajo en la vida de los clientes. También destaca a compañías como Clínica Baviera, Laboratorios Ferrer o Grupo Iberostar por su capacidad para comunicar su propósito. En definitiva, cuando las empresas consiguen trasladar ese sentido de contribución, evitan que los empleados adopten una actitud meramente cumplidora. Según los expertos, recuperar ese vínculo es clave para reactivar el interés por crecer dentro de la organización, en un contexto donde los trabajadores son cada vez más exigentes con el impacto y la coherencia de su entorno laboral.

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(El Economista, 13-04-2026) | Laboral

En los dos primeros meses de 2026, las empresas españolas extinguieron 141.157 contratos por no superar el periodo de prueba

Según los datos de la Seguridad Social, este tipo de bajas ha aumentado un 171% respecto al mismo periodo de 2021. El crecimiento es aún más acusado en los contratos indefinidos, donde se ha producido un incremento del 1.218%, es decir, se han multiplicado por trece desde los apenas 7.902 casos registrados hace cinco años. Así, se han alcanzado 103.779 bajas en el peor inicio de año de toda la serie histórica. Cuando un trabajador causa baja por no superar el periodo de prueba por decisión del empleador -lo que se denomina desistimiento empresarial- no se considera un despido. Esta situación no está regulada como tal en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que no genera derecho a indemnización ni obliga a la empresa a justificar la causa. En consecuencia, las opciones del trabajador para impugnarlo son muy limitadas, salvo en casos claros de discriminación, vulneración de derechos o si se ha superado el tiempo legal de prueba. Este tipo de finalización del contrato se entiende como una circunstancia excepcional cuyo objetivo es comprobar si el trabajador cumple con las exigencias del puesto. Por ello, su duración está acotada: generalmente entre dos y seis meses, dependiendo del nivel de cualificación y la categoría profesional, y de un mes en contratos temporales de menos de seis meses. Sin embargo, las cifras actuales dibujan una realidad distinta. Aunque 2021 fue un año atípico debido a la pandemia, si se compara con 2019 el aumento sigue siendo significativo: un 45% en total y un 242% en los contratos indefinidos. Más allá del crecimiento, lo más relevante es el cambio en su uso. Antes de la reforma laboral, la mayoría de estas bajas correspondían a contratos temporales. En 2021, solo el 5% afectaba a trabajadores indefinidos (y el 30% en 2009), en parte porque el empleo temporal concentraba la gran mayoría de los contratos, aunque representaba una proporción menor del empleo total. Aun así, el número de bajas durante el periodo de prueba llegó a igualar en ocasiones al de despidos, lo que llevó a algunos analistas a considerar que las empresas utilizaban esta figura para evitar el pago de indemnizaciones en contratos temporales. Tras la reforma laboral, la situación ha cambiado de forma notable. Los contratos indefinidos han pasado a representar alrededor del 40% del total, y con ello también ha aumentado el uso del periodo de prueba en este tipo de contratos. Sin embargo, el incremento ha sido mucho más intenso de lo que cabría esperar. De hecho, las bajas en periodo de prueba en contratos indefinidos se han acercado considerablemente al número de despidos de trabajadores fijos, especialmente en determinadas épocas del año como el verano. Esta evolución ha generado sospechas de que algunas empresas podrían estar utilizando esta vía para eludir las restricciones a la contratación temporal introducidas por la reforma. Ante esta situación, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado actuaciones de la Inspección de Trabajo para frenar lo que denomina "indefinidos de usar y tirar". No obstante, los datos indican que estas medidas no han tenido el efecto esperado. En 2025, las bajas por no superar el periodo de prueba superaron por primera vez el millón, y todo apunta a que esta cifra volverá a rebasarse según los registros de inicio de año.

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(El Economista, 13-04-2026) | Laboral

El TJUE decidirá mañana si el Estado tiene que hacer fijos a 800.000 interinos

Se acerca una resolución clave para los trabajadores interinos y empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales de forma abusiva en la Administración. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer mañana su decisión, en la que deberá aclarar si el Estado y las distintas administraciones -autonómicas y locales- están obligados a convertir en fijos a cerca de 800.000 empleados en esta situación. Cabe recordar que el TJUE ya se pronunció en febrero y junio de 2024 en el sentido de que estas relaciones laborales debían transformarse en indefinidas. Consideró entonces que esta medida serviría como sanción frente al uso abusivo de la temporalidad, dado que en España no existen mecanismos eficaces para evitar estas prácticas ni compensaciones económicas suficientes para los afectados. Además, el tribunal europeo instó a revisar o dejar sin efecto la doctrina del Tribunal Supremo si esta se basa en una interpretación de la Constitución que entre en conflicto con la normativa europea, especialmente en lo relativo a prevenir el abuso de contratos temporales sucesivos. Por su parte, el Supremo español sostiene que convertir automáticamente en fijos a estos trabajadores vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Por ello, tras la primera sentencia europea de 2024, planteó una nueva consulta al TJUE para que precisara su postura. En concreto, el alto tribunal español solicita aclarar si la normativa europea -en particular la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre contratación temporal- es incompatible con la doctrina nacional que niega la condición de fijo a estos trabajadores en base a los principios constitucionales. Dicha cláusula establece que los Estados deben adoptar medidas para evitar abusos en la contratación temporal, como limitar la duración de los contratos o el número de renovaciones, y justificar adecuadamente su uso. Asimismo, el Supremo plantea si, en caso de que la normativa española sea contraria a la europea, bastaría con indemnizar a los trabajadores al finalizar su contrato como medida sancionadora. En este contexto, el Abogado General de la UE, Rimvydas Norkus, ya avanzó en abril su opinión, señalando que incluso la indemnización más alta prevista en España -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- no sería suficiente para compensar el perjuicio sufrido por estos empleados. No obstante, también apuntó que el TJUE no obliga necesariamente a convertir en fijos a estos trabajadores, siempre que existan sanciones efectivas que disuadan a la Administración de seguir recurriendo a este tipo de prácticas.

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(El Economista, 13-04-2026) | Laboral

Las huelgas se cuadruplican en 2026 por el bloqueo en la negociación de convenios

Tras la crisis inflacionaria provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, las relaciones entre empresas y trabajadores se desarrollaron en un entorno relativamente estable, favorecido por el acuerdo alcanzado entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, que contemplaba incrementos salariales de al menos el 3% anual. Sin embargo, la expiración de este pacto -conocido como AENC- ha dado paso a un aumento notable de la conflictividad laboral, reflejado en el fuerte incremento de las convocatorias de huelga. En los tres primeros meses del año se han registrado 29 avisos de huelga ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), lo que supone cuadruplicar las cifras del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron solo siete, es decir, un crecimiento del 300%. Además, el número de trabajadores afectados también ha aumentado, alcanzando los 152.543, un 30% más, en gran parte debido a las dificultades en la negociación de los convenios colectivos. Durante los últimos años, tanto sindicatos como empresarios habían destacado el papel de este acuerdo marco nacional, que servía como guía para las negociaciones en distintos sectores y territorios, contribuyendo a mantener la estabilidad en el ámbito privado. No obstante, el primer trimestre de 2026 ha transcurrido sin avances para su renovación. Las tensiones se han trasladado a las mesas de negociación. Según los datos disponibles hasta el 23 de marzo, los principales motivos de conflicto son las discrepancias en la negociación, los incumplimientos normativos y las cuestiones salariales. En el caso de huelgas de ámbito estatal, es obligatorio solicitar previamente una mediación en el SIMA, organismo creado por patronal y sindicatos para resolver conflictos fuera de los tribunales. En este proceso, los representantes de los trabajadores exponen los motivos de la protesta e intentan alcanzar un acuerdo en un plazo de 72 horas. Si no hay consenso, pueden formalizar la convocatoria de huelga. Este bloqueo también se refleja en el descenso de convenios colectivos registrados. Aunque los primeros meses del año suelen ser menos representativos, en febrero solo se habían firmado 28 acuerdos, frente a los 36 del año anterior y los 42 de 2024 en las mismas fechas, lo que evidencia una desaceleración en la negociación colectiva. Desde la patronal se apunta a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas como uno de los factores que ha complicado el diálogo. Esta iniciativa, impulsada por Yolanda Díaz con el respaldo de los sindicatos, fue interpretada por las organizaciones empresariales como una ruptura del consenso previo, ya que este asunto no formaba parte del acuerdo anterior. Por su parte, CCOO y UGT presentaron en enero sus propuestas para un nuevo acuerdo hasta 2028, aunque denuncian no haber recibido respuesta. Tanto fuentes empresariales como sindicales reconocen que ha habido contactos informales, aunque los avances se han visto frenados por diferencias de fondo. Desde el ámbito sindical se considera que la patronal mantiene una postura de rechazo generalizado, con un componente político, y se da por hecho que la negociación formal se retrasará hasta la segunda mitad del año. A ello se suma la incertidumbre generada por el conflicto en Irán, que vuelve a poner en duda la evolución de los precios y complica la definición de futuras subidas salariales. Recientemente, la organización empresarial liderada por Antonio Garamendi ha mantenido reuniones internas para valorar la posibilidad de retomar las negociaciones en un contexto económico y político complejo. Aun así, algunas fuentes consideran que existe margen para alcanzar un nuevo acuerdo que no solo aborde los salarios, sino también otros ámbitos, como ya ocurrió con el firmado en 2023. El anterior AENC, que expiró en diciembre, sirvió de base para avances en el diálogo social, como la implantación de protocolos LGTBI o el uso de mutuas para gestionar bajas comunes. De cara al futuro, tanto sindicatos como empresarios aspiran a ampliar este marco. En particular, las organizaciones sindicales quieren incluir cuestiones relacionadas con la transformación digital y ecológica, así como reforzar el control sobre el uso de la inteligencia artificial en el entorno laboral.

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(Cinco Días, 13-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo bloqueo de Ormuz dispara el petróleo un 7% y supera los 100 dólares

Las expectativas de que los mercados continúen con su recuperación empiezan a debilitarse. Poco después de que Estados Unidos e Irán dieran por suspendidas sus conversaciones por falta de acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a sorprender con uno de sus anuncios inesperados: aseguró que impedirá el paso de cualquier buque que intente atravesar el estrecho de Ormuz. El fin de las negociaciones amenaza con generar nuevas turbulencias en los mercados y aumentar el interés por activos considerados seguros. Tras el breve alivio que supuso el alto el fuego del miércoles, el precio del petróleo vuelve a tensionarse. Después de caer un 12,7% en la semana, el barril de brent -referencia en Europa- repunta más de un 7% al inicio de la sesión y vuelve a situarse en torno a los 100 dólares, lo que enfría la posibilidad de que las bolsas regresen rápidamente a los niveles previos al conflicto. Al cierre del viernes, el Ibex 35 se encontraba aproximadamente un 1,5% por debajo de esos niveles, mientras que el S&P 500 apenas registraba una diferencia cercana al 1%. A pesar del respiro reciente, el petróleo sigue cotizando alrededor de un 30% por encima de los precios anteriores a la guerra, lo que mantiene la presión inflacionista y supone un riesgo para el crecimiento económico. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya ha advertido de que no se producirá un retorno sencillo a la situación anterior, y el organismo publicará próximamente nuevas previsiones que incorporarán el impacto del conflicto. Aunque el tráfico en el estrecho de Ormuz aún no había recuperado completamente su actividad habitual, Irán permitía el paso de barcos a cambio de importantes tarifas, favoreciendo especialmente a países aliados como China. Al mismo tiempo, Estados Unidos había tolerado ciertas exportaciones de crudo iraní e incluso suavizado sanciones para evitar tensiones mayores. Una ruptura de este frágil equilibrio podría afectar gravemente al mercado energético, reavivar los temores a problemas de suministro y elevar también el precio del gas, intensificando de nuevo la inflación. En las últimas semanas, los inversores han comprobado cómo la evolución de las bolsas, la deuda y las divisas depende en gran medida del comportamiento del petróleo: cuando el crudo sube con fuerza, los mercados financieros tienden a caer, y cuando baja, recuperan algo de estabilidad. Aunque hacer previsiones sigue siendo complicado, tanto los analistas como la reciente evolución de los mercados apuntaban a que, tarde o temprano, podría alcanzarse algún tipo de acuerdo. Por ello, los gestores recomiendan prudencia y evitar reaccionar de forma impulsiva ante los titulares. Según expertos de Macroyield, Estados Unidos mantiene incentivos importantes para cerrar un acuerdo. Trump, que durante el mandato de Joe Biden criticó el aumento de la inflación, se enfrenta ahora al encarecimiento de los combustibles. Aunque el país es exportador neto de energía, no está exento de los efectos de las tensiones en la oferta. De hecho, el impacto del conflicto ya empieza a notarse en la economía: en marzo, la inflación interanual subió al 3,3%, su nivel más alto en dos años, aunque la inflación subyacente creció menos de lo previsto. Los analistas advierten de que el aumento de precios afecta especialmente a los consumidores estadounidenses y podría tener consecuencias políticas para Trump, cuya popularidad podría verse resentida en un contexto marcado por las próximas elecciones de mitad de mandato y por ciertas tensiones dentro de su propia base de apoyo. El principal riesgo es que una inflación persistente obligue a los hogares a reducir el consumo y a las empresas a frenar sus inversiones, lo que derivaría en un menor crecimiento económico y peores resultados empresariales, un escenario negativo para los mercados bursátiles. Una caída del precio del petróleo se consideraba clave para consolidar la recuperación, como ocurrió anteriormente tras una tregua comercial que impulsó las bolsas globales. Sin embargo, la experiencia reciente indica que los inversores ajustarán rápidamente sus posiciones en función de la credibilidad de las nuevas amenazas. Si estas se perciben como reales, podría producirse una caída en la renta variable y un aumento en la rentabilidad de la deuda, impulsados por mayores expectativas de inflación y tipos de interés. Por ahora, algunos analistas, como los de ING, consideran que la Reserva Federal no tendría motivos inmediatos para modificar los tipos de interés, confiando en que la inflación sea temporal, dado el menor dinamismo de la demanda y la menor capacidad de las empresas para trasladar subidas de precios en comparación con 2022.

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(Expansión, 13-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez busca anclar la relación comercial con China

El presidente del Gobierno se desplaza a China en un contexto marcado por las crecientes fricciones con Estados Unidos, agravadas por el conflicto en Irán, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para las empresas españolas, captar inversiones y reducir un desequilibrio comercial que ronda los 40.000 millones de euros. En un escenario internacional cada vez más tenso -con diferencias entre Europa y Estados Unidos por cuestiones como la política arancelaria o la guerra en Ucrania- España dirige su atención hacia Asia. En este contexto, Pedro Sánchez emprende su cuarto viaje al país asiático, el primero con carácter de visita oficial, con la intención de reforzar los lazos económicos con China. Su agenda, que se extiende hasta el miércoles, incluye encuentros con autoridades, empresarios e inversores, centrados especialmente en ámbitos como la tecnología, la industria y el sector agroalimentario. Según fuentes del Ejecutivo, los principales objetivos son consolidar las relaciones comerciales con China en el nuevo contexto global, atraer capital al mercado español y empezar a corregir el importante déficit comercial existente. Aunque Sánchez ya había destacado anteriormente la relevancia de China como socio estratégico, esta visita adquiere un mayor rango diplomático. Incluye incluso la presencia de su esposa, Begoña Gómez, invitada por las autoridades chinas, y un banquete oficial ofrecido por el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Tras su llegada a Pekín, el presidente inicia su agenda con una intervención en la Universidad Tsinghua y visitas a instituciones científicas y tecnológicas, como la Academia China de las Ciencias y la sede de Xiaomi, donde se reunirá con su fundador. El núcleo político del viaje tendrá lugar al día siguiente, con un encuentro bilateral entre Sánchez y Xi Jinping, seguido de un almuerzo oficial. Además, se incorporará a la delegación el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y se celebrarán reuniones con altos cargos del país, como el presidente del comité permanente de la Asamblea Popular Nacional y el primer ministro. Está previsto que durante estos encuentros se firmen acuerdos en ámbitos como la educación, la tecnología y los intercambios culturales. Uno de los puntos clave del viaje será la búsqueda de inversión china. El Gobierno destaca el crecimiento reciente de estas inversiones en España, pero aspira a incrementarlas mediante proyectos que impulsen el empleo, refuercen el tejido productivo y favorezcan la innovación. La agenda también incluye reuniones con grandes empresas chinas, especialmente en sectores estratégicos como el automóvil, la energía o las infraestructuras, así como con compañías españolas ya presentes en el país asiático, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado chino y abrir nuevas oportunidades, especialmente para el sector agrario y tecnológico. Asimismo, el Ejecutivo español defenderá los intereses europeos en cuestiones como las importaciones subvencionadas o las dificultades de acceso al mercado chino, así como la protección de la propiedad intelectual. En términos comerciales, el desequilibrio entre ambos países es notable: España exportó a China cerca de 8.000 millones de euros en 2025, frente a más de 50.000 millones en importaciones, lo que genera un déficit superior a los 42.000 millones. Reducir esta brecha es uno de los principales objetivos que persigue el presidente con este viaje.

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