La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que las personas que opten por acumular las horas de lactancia en un permiso retribuido -equivalente a unas tres semanas o 15 días laborables- deberán tributar en el IRPF por los ingresos que perciban durante ese periodo. Esta interpretación se recoge en una consulta vinculante emitida el pasado 9 de julio, en respuesta a un contribuyente que había disfrutado del permiso en la modalidad de jornadas completas.
En su respuesta, la DGT recuerda que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 3 de octubre de 2018, declaró que la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social está exenta del pago del IRPF. Posteriormente, para adaptar la normativa a dicha doctrina, en 2018 se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir como rentas exentas las prestaciones públicas por maternidad y paternidad.
No obstante, el organismo matiza que la exención se aplica únicamente a prestaciones públicas abonadas por la Seguridad Social, y no a los permisos retribuidos financiados directamente por la empresa. Por tanto, la DGT concluye que la retribución percibida durante el permiso de lactancia acumulado "no está cubierta por la exención" prevista en la ley del IRPF, y debe declararse como rendimiento del trabajo.
El permiso de lactancia puede disfrutarse una vez finalizado el permiso de maternidad, hasta que el hijo o hija cumpla nueve meses. El trabajador o trabajadora tiene derecho a una hora de ausencia diaria, que puede dividir en dos medias horas al inicio y al final de la jornada, o concentrar en un solo tramo. También es posible acumular esas horas en jornadas completas, opción en la que la empresa sigue pagando el salario, pero los importes percibidos estarán sujetos a tributación en el IRPF.
El Ministerio de Trabajo ha convocado a las organizaciones empresariales y a los sindicatos con el objetivo de diseñar un mecanismo que desincentive a las empresas de recurrir a despidos improcedentes y que, al mismo tiempo, garantice una compensación adecuada para los trabajadores afectados.
El 20 de octubre será la fecha clave para el inicio de las negociaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre la reforma del despido, según confirmó ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. La iniciativa se percibe como un posible nuevo foco de tensión con las empresas, que consideran que se trata de un intento de impulsar "una nueva reforma laboral". No obstante, Díaz insiste en que la mesa de diálogo no busca incrementar las indemnizaciones por despido dentro del actual sistema tasado, sino incorporar aspectos cualitativos que mejoren la protección al trabajador.
"Será la primera reforma del despido que cumpla con la legalidad europea y que no suponga una pérdida de derechos para los trabajadores españoles", afirmó la vicepresidenta durante un desayuno informativo en el que anunció el inicio formal de las conversaciones.
El objetivo del Gobierno es adaptar la normativa española a la Carta Social Europea, que establece que el despido debe tener un efecto disuasorio para la empresa y, además, compensar el daño ocasionado al trabajador. Para ello, el Ejecutivo se apoya en varios dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales, que respaldaron las denuncias de UGT y CCOO, al considerar que la legislación española actual no cumple con dichos principios.
Estos informes concluyen que las indemnizaciones previstas en la ley para los despidos improcedentes son insuficientes y no cumplen una función disuasoria; incluso pueden incentivar los ajustes de plantilla por resultar más rentables para las empresas. Por este motivo, instan a España a garantizar una compensación "adecuada" conforme al artículo 24 de la Carta Social Europea.
El impulso de esta reforma se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha rechazado la posibilidad de conceder indemnizaciones adicionales a las fijadas por ley (33 días por año trabajado). Los sindicatos ya han anunciado que recurrirán este fallo ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado tanto la decisión de abrir este debate como el anuncio de nuevas medidas laborales realizadas de forma unilateral por Yolanda Díaz, como la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar o la creación de uno específico para cuidados paliativos, a las que calificó de "ocurrencias". Garamendi celebró la sentencia del Supremo, destacando que el sistema actual -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- proporciona seguridad jurídica tanto a empleadores como a empleados.
Desde la patronal, se interpreta este movimiento como parte de una estrategia electoralista del Gobierno. "Se trata de una nueva reforma laboral", advirtió Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, recordando que en la reforma laboral de 2021, pactada con los agentes sociales, se decidió no modificar el marco de los despidos. Amor subrayó que la preocupación de los empresarios no está en el despido, sino en la falta de mano de obra, mientras que los trabajadores afrontan una situación con casi tres millones de demandantes de empleo.
En la misma línea, desde Cepyme se ha advertido de que este no es el momento de introducir más rigidez en el mercado laboral, sobre todo ante la previsión de desaceleración económica. Su presidenta, Ángela de Miguel, señaló que imponer limitaciones puede obligar a muchas empresas a realizar ajustes de plantilla para sobrevivir: "Cuando se introducen rigideces, las empresas se rompen; en cambio, con flexibilidad pueden adaptarse mejor a las circunstancias adversas".
El Gobierno ha decidido eliminar, mediante una nueva norma, la posibilidad de que las empresas compensen las subidas del salario mínimo con complementos, pluses o variables salariales. Además, el Ministerio de Trabajo da carácter permanente por ley a la Comisión Asesora de Expertos, que será el órgano encargado de recomendar cada año las revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI).
El borrador del Real Decreto que regulará la subida del SMI para 2026 introduce un cambio de gran alcance en el sistema de actualización anual. Entre sus principales novedades figura la facultad del Gobierno de revisar el salario mínimo cada seis meses, en caso de que el aumento aprobado a comienzos de año quede por debajo del avance real de la inflación. Es decir, si el IPC crece más de lo previsto, el Ejecutivo podrá aplicar una revisión adicional a mitad de año.
Este borrador, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, transpone la Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. En su articulado se establece que "el Gobierno fijará anualmente, previa consulta con sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, el salario mínimo interprofesional aplicable a todas las actividades, sin distinción de sexo ni edad".
La principal novedad es la introducción de una revisión semestral automática en caso de desviaciones del índice de precios al consumo. Además, el texto obliga a solicitar un informe previo a la Comisión Asesora antes de aprobar tanto la subida inicial como cualquier revisión intermedia.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la prohibición expresa de compensar las subidas del SMI con pluses o complementos retributivos, una práctica que en algunos casos permitía a las empresas evitar el impacto real de la revalorización salarial.
El texto precisa que "la fijación del salario mínimo diario o mensual no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios cuando estos, en su conjunto anual, sean superiores al SMI". Es decir, solo se considerará cumplida la obligación si el salario total anual del trabajador iguala o supera el mínimo legal para una jornada completa, sin incluir los complementos salariales.
Entre los conceptos excluidos de la compensación se encuentran los pluses ligados a las condiciones del trabajo -como nocturnidad, peligrosidad, penosidad, toxicidad, turnicidad o disponibilidad-, los complementos personales derivados de antigüedad o formación, y los incentivos vinculados a rendimiento o productividad, como comisiones o primas. También quedan fuera aquellos complementos cuya no compensación esté expresamente recogida en los convenios colectivos.
Esta medida responde a una de las principales demandas de los sindicatos UGT y CCOO, que habían condicionado su apoyo a la subida del SMI de 2026 a la eliminación de esta posibilidad de compensación. Por ello, el Ministerio de Trabajo ha incorporado la prohibición como un gesto para garantizar el respaldo sindical, antes incluso de determinar la cuantía concreta de la nueva revalorización.
Los trabajadores públicos interinos y el personal laboral temporal o indefinido no fijo siguen sin tener clara la posibilidad de convertirse en empleados fijos tras años encadenando contratos temporales. Así lo reflejan las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea, cuyas recomendaciones suelen ser seguidas por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En su dictamen, el jurista deja en manos del Tribunal Supremo español la decisión final sobre el futuro de este colectivo, aunque reconoce que España carece de medidas efectivas para sancionar y evitar el abuso de la temporalidad en la Administración.
El Abogado General, Rimvydas Norkus, admite que la fijeza en el empleo público español debe obtenerse a través de un proceso selectivo u oposición, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, abre la puerta a que el Supremo determine la conversión en fijos de aquellos empleados que hayan sufrido abuso de contratos temporales, al considerar que la normativa española no dispone de sanciones ni mecanismos disuasorios suficientes para frenar esta práctica.
Esta decisión es crucial, ya que lo que establezca el Supremo servirá de referencia obligada para todas las futuras sentencias en España. Actualmente, existen numerosos casos paralizados en distintos tribunales a la espera de esta resolución. Hasta ahora, el Supremo se ha mostrado contrario a declarar fijos automáticamente a los empleados en situación de abuso de temporalidad.
En sus conclusiones, Norkus propone que el TJUE confirme que el Acuerdo Marco europeo sobre trabajo de duración determinada no se opone a que España limite el acceso a la fijeza por oposición, siempre que existan otras medidas efectivas para prevenir los abusos. Pero aclara que no parece que dichas medidas existan en el ordenamiento español. De ahí que quede abierta la posibilidad de que el Supremo reconozca la fijeza en determinados casos, como una vía para compensar la falta de sanciones reales.
El Abogado General recuerda además que el TJUE nunca ha exigido a los Estados miembros otorgar la condición de funcionario o trabajador fijo en el sector público sin superar los procesos selectivos establecidos. No obstante, advierte de que si un país no aplica sanciones efectivas frente al abuso de contratos temporales, podría ser necesario recurrir a la conversión en fijos como medida compensatoria.
Estas conclusiones responden a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español, que preguntó si la actual interpretación judicial española -que niega la fijeza a los empleados públicos indefinidos no fijos- es compatible con el Derecho europeo. El Alto Tribunal también pidió aclarar si la indemnización económica que se concede cuando estos trabajadores pierden su puesto -tras cubrirse la plaza mediante oposición- puede considerarse una sanción suficiente para evitar el abuso de la temporalidad.
En esencia, el dictamen de Norkus no impone la conversión automática en fijos, pero cuestiona la falta de medidas efectivas en España para prevenir y sancionar los abusos. Esto deja abierta la posibilidad de que el Tribunal Supremo español tenga que redefinir su postura sobre el futuro de cientos de miles de empleados públicos temporales.
El Ministerio de Trabajo ha publicado este jueves, en el apartado de audiencia e información pública de su página web, el borrador del real decreto con el que pretende reformar el sistema de registro horario en las empresas. Esta modificación formaba parte originalmente del proyecto de ley para reducir la jornada laboral, pero tras el fracaso de esa iniciativa en el Congreso, el Gobierno busca ahora sacarla adelante mediante un desarrollo reglamentario, sin necesidad de trámite parlamentario.
A partir de la próxima medianoche, ciudadanos y organizaciones podrán enviar sus observaciones o sugerencias al texto, que establece que el registro diario de jornada deberá incluir como mínimo la hora y el minuto exactos en los que el trabajador comienza y finaliza su jornada, así como el número preciso de horas ordinarias, extraordinarias y complementarias realizadas cada día.
El documento también especifica que esta comunicación deberá realizarse de manera libre, personal, directa e inmediata por parte del trabajador. En el caso de las horas extraordinarias, deberá añadirse cómo se compensan, ya sea mediante pago o con tiempo de descanso equivalente. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que esta reforma "supondrá una reducción real y efectiva del tiempo de trabajo" en la práctica.
El nuevo sistema deberá reflejar además si el empleado trabaja a tiempo parcial o completo, si su labor se realiza de forma presencial o a distancia, y registrar con precisión los horarios de inicio y fin de cada pausa, incluso las que no se consideran tiempo efectivo de trabajo, como las pausas para fumar o tomar café. También deberán anotarse los periodos de espera o disponibilidad en los que el trabajador esté a disposición de la empresa pero sin desempeñar tareas efectivas.
Asimismo, cuando un trabajador interrumpa su derecho a la desconexión digital fuera de su horario laboral, tendrá que dejar constancia del momento exacto en el que esa interrupción se produce.
El decreto también exige que todas las modificaciones realizadas sobre el registro queden documentadas, incluyendo la identificación, autorización y autoría de cada cambio. En caso de discrepancias entre la empresa y el empleado sobre dichas modificaciones, deberá informarse a la representación legal de los trabajadores. Si no se llega a un acuerdo, la empresa registrará la modificación y el trabajador podrá dejar constancia formal de su desacuerdo.
Todas las empresas, sin importar su tamaño ni sector, estarán obligadas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores mediante sistemas digitales. El borrador del real decreto que el Ministerio de Trabajo ha sometido este jueves a consulta pública elimina definitivamente la posibilidad de llevar el control horario en papel, un método todavía muy común en las pequeñas empresas.
Con esta medida, el Gobierno busca aumentar la fiabilidad del registro horario y prevenir los excesos de jornada laboral. La nueva normativa también obligará a las compañías a anotar todas las pausas que realicen los empleados durante su jornada. Estas novedades entrarán en vigor en las próximas semanas, una vez finalice el periodo de consulta y el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros.
El Ministerio apenas ha previsto un breve periodo de adaptación: las empresas dispondrán de 20 días desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para implementar los programas informáticos necesarios y comenzar a registrar digitalmente la jornada laboral.
Con esta reforma, Trabajo cumple su objetivo de permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder de forma remota y en tiempo real a los registros de jornada, lo que facilitará comprobar si se están produciendo excesos de horas trabajadas en una empresa.
"El sistema de registro deberá permitir el acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cualquier momento y de forma inmediata, tanto de manera remota como presencial en los centros de trabajo", señala el texto sometido a consulta.
Esta posibilidad de acceso remoto ha generado críticas entre las organizaciones empresariales, que acusan a la ministra Yolanda Díaz de querer instaurar una especie de "vigilancia permanente" sobre las empresas. También existen dudas sobre si la Inspección de Trabajo contará con recursos tecnológicos y personal suficiente para gestionar esta supervisión.
Cabe recordar que la reforma del registro horario estaba inicialmente prevista dentro del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero tras el rechazo del Congreso, la vicepresidenta segunda ha decidido rescatar esta parte del plan mediante una vía reglamentaria alternativa.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento planea ampliar los permisos por fallecimiento hasta diez días y crear un nuevo permiso específico para el cuidado de familiares en situación de paliativos. "Nadie puede reincorporarse al trabajo dos días después de perder a un padre, una madre, un hijo o un amigo", argumentó Díaz, extendiendo esa reflexión también a quienes deben atender a un familiar gravemente enfermo. La ministra explicó que la propuesta ya ha sido debatida y consensuada con la parte socialista del Gobierno, aunque todavía no se ha fijado una fecha para su aprobación, que requerirá de un Real Decreto Ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores y su posterior validación en el Parlamento.
En la actualidad, el Estatuto solo contempla dos días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cuatro si se requiere desplazamiento). Este año se amplió el permiso por hospitalización a cinco días, pero no se modificó el de duelo.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Díaz sostuvo que la productividad laboral también depende del bienestar emocional de los trabajadores: "En España se obliga a la gente a trabajar en circunstancias difíciles. Nadie puede rendir bien tras perder a un ser querido o cuando tiene a su hija en cuidados paliativos". Por ello, adelantó que su ministerio ya tiene redactado un borrador de Real Decreto Ley para extender los permisos de duelo hasta los diez días, aunque aún se está definiendo qué grado de parentesco cubrirá la medida, ya que el de afinidad "puede ser motivo de debate".
La ministra pidió además a los empresarios que acojan esta medida con empatía, recordando que "diez días no es mucho" y que otros países europeos ofrecen permisos más amplios. En Portugal, por ejemplo, el permiso por fallecimiento de un cónyuge o hijo es de 20 días, mientras que en el caso de padres o suegros es de cinco, y para abuelos, nietos o hermanos, dos días.
En su intervención, Díaz también se refirió a otros temas laborales, como la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo año. Recordó que España está obligada a situar el SMI en el 60% del salario medio y señaló que la cifra final dependerá de si se tiene en cuenta la tributación. "Prefiero un acuerdo con un SMI algo menor a que no haya acuerdo y se imponga uno más alto", admitió, en referencia a las tensiones con la CEOE y el Ministerio de Hacienda.
Respecto al registro horario, una norma reactivada tras el bloqueo de la ley de reducción de jornada, Díaz insistió en que las empresas deben "estar del lado de la legalidad" y cuestionó las resistencias patronales: "¿A qué temen si se trata solo de tener registros fiables?". Recordó que millones de horas extras no se pagan en España, y que su control permitiría reducir esta práctica irregular.
En cuanto al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la ministra criticó duramente a los partidos que lo rechazaron: "Las tres derechas tumbaron una norma que beneficiaba a 12,5 millones de trabajadores y a las pymes y autónomos, que son el corazón de nuestra economía. Fue una decisión ideológica, no práctica".
Finalmente, a pocos meses del nuevo ciclo electoral, con elecciones previstas en Castilla y León y Andalucía, Díaz también habló como líder de Sumar, reivindicando que su formación ha sido la impulsora de "los grandes avances sociales" del Gobierno. "A veces me preguntan en qué se diferencia Sumar del PSOE, y yo les respondo: en casi todo", concluyó.
El Ministerio de Trabajo está preparando una reforma del registro horario con la que pretende reforzar el control sobre los incumplimientos en materia de tiempo de trabajo. Sin embargo, la vigilancia en este ámbito ya se ha intensificado en los últimos años, tal y como reflejan los datos más recientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Solo en 2024, las actuaciones derivaron en sanciones por más de 15 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,5% respecto al año anterior.
Según la memoria anual del organismo dependiente de Yolanda Díaz, durante 2024 se llevaron a cabo 35.500 inspecciones relacionadas con el tiempo de trabajo -un 7,68% más que en 2023-. Estas actuaciones se centraron en comprobar el cumplimiento de la duración máxima de la jornada laboral, las horas extraordinarias, los descansos, las vacaciones y, especialmente, el registro horario, que ahora el Ministerio pretende reformar. Como resultado, se emitieron 9.500 requerimientos a empresas y se detectaron 11.945 infracciones, con multas propuestas por un total de 15,2 millones de euros.
Desde 2016, año en que se dictó una instrucción específica para reforzar el control del tiempo de trabajo, la Inspección ha aumentado notablemente su actividad en esta materia. En 2024, estas inspecciones representaron el 21,8% de las actuaciones en prevención de riesgos laborales, el 26,5% de los requerimientos emitidos y casi el 48% de las infracciones detectadas.
Una parte importante de estas actuaciones se enfocó en vigilar las horas extraordinarias. En esta campaña se descubrieron 986 infracciones, con sanciones por 2,02 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2023. Además, desde la implantación del registro obligatorio de jornada en 2019, la Inspección revisa de forma específica el cumplimiento de esta norma. En 2024 se realizaron más de 9.000 actuaciones en este ámbito, con multas cercanas a los tres millones de euros, un 2,5% menos que el año anterior.
También se llevó a cabo un plan de choque contra el fraude en los contratos a tiempo parcial, centrado en detectar horas trabajadas no declaradas. Gracias a esta iniciativa, se amplió la jornada laboral de 29.000 trabajadores cuyos horarios reales superaban lo estipulado en sus contratos. Las actuaciones ordinarias permitieron regularizar la situación de otros 12.900 empleados. La Inspección subraya que estos fraudes se detectaron en casi todos los sectores económicos.
Con la reforma del registro horario, Yolanda Díaz busca aumentar la capacidad de control de la Inspección para detectar todas las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en España se realizan cada semana casi tres millones de horas extra sin remunerar.
Más allá de la aprobación definitiva del texto -actualmente en fase de audiencia pública-, el Plan de la Inspección de Trabajo 2025-2028 ya establece como prioridad la vigilancia del cumplimiento del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias. El documento, adelantado por elEconomista.es, indica que se elaborarán nuevos protocolos y herramientas para detectar irregularidades y mejorar la eficacia de las actuaciones inspectoras.
El plan estratégico también llama la atención sobre el creciente número de denuncias por impago de salarios recibidas en el buzón de la Inspección. En 2024, las actuaciones relacionadas con la verificación del pago de nóminas representaron el 19,7% de la actividad en materia de relaciones laborales. Desde 2019 existe una campaña específica de control salarial, dentro de la cual se realizaron 25.500 inspecciones el año pasado, con multas que superaron los 10 millones de euros. A estas se suman otros 10,5 millones en sanciones derivadas de actuaciones ordinarias relacionadas con salarios, recibos y finiquitos.
Los auditores de la Unión Europea advierten que continúan existiendo fallos en el control de los fondos Next Generation por parte del Gobierno español y consideran incumplida una de las reformas de pensiones previamente aprobadas por Bruselas. Las advertencias de las instituciones europeas a España en relación con la gestión de estos fondos se acumulan. Mientras la Comisión Europea insta al país a acelerar la ejecución de los compromisos pendientes antes de que finalice el plazo para acceder al dinero asignado, el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado que persisten deficiencias en el sistema de supervisión de las ayudas, carencias en la justificación de los desembolsos solicitados e incluso el incumplimiento de uno de los hitos vinculados a la reforma de las pensiones que había sido validado por la Comisión.
Así lo recoge el Informe Anual sobre la Ejecución del Presupuesto de la UE de 2024, publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo. En él se incluyen auditorías sobre los fondos Next Generation, donde se detectan "irregularidades", algunas atribuidas directamente a España, con un impacto financiero creciente.
El aspecto más crítico del documento es la conclusión de que España habría incumplido uno de los compromisos relativos a la reforma del sistema de pensiones, pese a haber recibido el visto bueno de Bruselas. Este hecho pone en duda parte de los 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto pago de los fondos Next Generation, realizado en julio de 2024. El incumplimiento estaría relacionado con el hito 408 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que preveía la "adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", alargando dicho periodo. Esta medida fue una de las principales exigencias de la Unión Europea a España a cambio del plan de ayudas para la recuperación económica tras la pandemia de la Covid-19. El objetivo era reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema, haciendo que la pensión reflejara mejor la trayectoria laboral del trabajador en un mercado con interrupciones y lagunas cada vez más frecuentes.
El Tribunal de Cuentas Europeo señala que este objetivo se dio por cumplido con la entrada en vigor, el 1 de abril de 2023, del Real Decreto-ley que amplía los derechos de los pensionistas, reduce la brecha de género y establece un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. No obstante, los auditores puntualizan que el nuevo periodo de cálculo -que pasará de los últimos 25 años de cotización a los 27 mejores de los últimos 29- no se aplicará hasta 2026. "Consideramos que, para que el hito se cumpla satisfactoriamente, las disposiciones legales deben ser aplicables, es decir, deben haber entrado en vigor y no solo haberse aprobado o publicado", advierte el Tribunal. Además, critica la desviación temporal del compromiso, contraria al carácter "extraordinario y urgente" con que el Gobierno justificó su aprobación mediante Real Decreto-ley.
"Dado que los elementos relevantes de la normativa no habían entrado en vigor un año después del pago, concluimos que el hito no se había cumplido de forma satisfactoria", sentencia el Tribunal, que también reprocha a Bruselas la facilidad con que autorizó el desembolso vinculado a este objetivo. En este y en otros doce casos similares en distintos países, los auditores denuncian que "la Comisión no realizó las comprobaciones necesarias para verificar la fiabilidad de los datos y las evidencias presentadas". El informe también exige responsabilidades a los Estados miembros. "Detectamos deficiencias en las declaraciones de gestión" de cinco países, entre ellos España, que no aportaron pruebas suficientes del cumplimiento de los hitos y objetivos exigidos para recibir los fondos europeos, señalan los auditores.
Por último, el Tribunal concluye que "la trazabilidad de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no es sistemática en todos los Estados miembros", incluida España. Tras analizar las principales economías europeas, los auditores constataron que los sistemas de control en España y Francia "no garantizan la recopilación sistemática de datos sobre los gastos realizados por los perceptores finales de los fondos". Además, España comunicó los importes presupuestados en lugar de los efectivamente desembolsados al informar sobre los 100 mayores beneficiarios, contraviniendo los criterios de la Comisión Europea.
La solidez de la economía española continúa despertando interés a nivel internacional. Según las actas de la reunión de septiembre del Banco Central Europeo (BCE), gran parte de la resistencia económica que muestra la zona euro se debe principalmente a España. "Aunque la economía del área del euro fue más resiliente de lo esperado en el segundo trimestre, esto se debió en gran medida al desempeño excepcional de su cuarta mayor economía", señala el documento.
Aunque el texto no menciona expresamente a España, la referencia es evidente, ya que Alemania, Francia e Italia son las tres economías más grandes del bloque. En contraste, el BCE describe una situación menos positiva para otros países, evitando nombrarlos directamente para no generar fricciones: "Otras economías no tuvieron un buen desempeño, algo que también se reflejó en la ralentización de sus mercados laborales".
En el segundo trimestre, el PIB español creció un 3,1% interanual, superando las previsiones iniciales. Además, la tasa de paro se redujo al 10,29%, el nivel más bajo desde 2008, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Estos buenos resultados han llamado la atención de medios internacionales, como el Financial Times, que ha destacado el contraste entre los sólidos indicadores de España y la debilidad de algunas de sus economías vecinas.
Las actas también revelan que la decisión del BCE de mantener los tipos de interés sin cambios por segunda vez consecutiva fue unánime. Aunque se debatió la posibilidad de un recorte, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre comercial inclinaron la decisión hacia una postura prudente. "Aunque una reducción de tipos podría proteger mejor el objetivo de inflación en distintos escenarios, la aparición de riesgos al alza justificó mantener la tasa actual", recoge el texto.
El consenso en la votación no evitó un intenso debate entre los sectores "paloma" y "halcón" del consejo, con visiones enfrentadas sobre la evolución de la inflación. Los partidarios de una bajada de tipos argumentaron que los riesgos inflacionarios se moderarán a medio plazo, citando factores como la fortaleza del euro, que abarata las importaciones energéticas, y la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense reduzca los tipos varias veces.
También subrayaron que las tensiones comerciales tienen un efecto desinflacionista, ya que el desvío de productos chinos hacia Europa -debido a las restricciones de EE. UU.- podría reducir los precios. A esto sumaron otros riesgos bajistas para la inflación, como un posible aumento del desempleo, una menor demanda externa, una desaceleración en EE. UU., o una corrección abrupta de los mercados financieros, muchos de los cuales se encuentran en máximos históricos.
Entre las voces más contundentes estuvo la de Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, quien advirtió que "las elevadas valoraciones de ciertos activos incrementan el riesgo de caídas bruscas si cambia el actual sentimiento de optimismo en los mercados".
Por su parte, los halcones sostienen que los riesgos inflacionarios van al alza, recordando que el descenso de la inflación se debe sobre todo a los precios de la energía y a la fortaleza del euro, factores volátiles. Además, consideran que los importadores podrían no trasladar por completo la bajada de costes a los consumidores, aprovechando la fuerte demanda interna para recuperar márgenes empresariales.
También apuntan a la revisión al alza del crecimiento anunciada por Christine Lagarde, del 0,9% al 1,2%, como señal de que es improbable que la inflación caiga por debajo del objetivo del 2%. A esto se suman los nuevos aranceles y las tensiones geopolíticas, que podrían presionar aún más los precios. "Las políticas migratorias y la expansión fiscal en EE. UU. podrían aumentar las presiones inflacionarias, y la zona euro no sería inmune a sus efectos", advierten las actas.
El debate incluyó numerosas referencias a la política comercial estadounidense, con la percepción de que los riesgos para la oferta mundial se han reducido, aunque persisten dudas sobre la aplicación del acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. El BCE considera que dicho pacto será clave para impulsar el crecimiento y evitar posibles represalias comerciales que podrían avivar nuevamente la inflación.
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