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(El Economista, 26-02-2026) | Fiscal

La rebaja de tipos a pymes y la reducción por reforzar capital, novedades en el Impuesto de Sociedades

El nuevo modelo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, que comenzará a aplicarse el próximo 1 de julio, incorpora cambios relevantes. Entre ellos destacan la reducción de los tipos impositivos para pymes y microempresas, nuevos incentivos para fortalecer los fondos propios y aumentar el empleo, y la obligación -por primera vez- de identificar a todos los socios que forman parte de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Sobre estas entidades, la Inspección ha intensificado el control para evitar la generación de deducciones fiscales indebidas o infladas. El Ministerio de Hacienda ha sometido el modelo a información pública hasta el 17 de marzo. Las empresas con ingresos inferiores a 10 millones de euros en 2025 podrán tributar al 24%, frente al 25% general aplicado el ejercicio anterior. Además, este tipo se reducirá progresivamente hasta 2029: será del 23% en 2026, del 22% en 2027, del 21% en 2028 y quedará fijado en el 20% a partir de 2029. En el caso de las microempresas -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21% y el resto al 22%, frente al 23% anterior. También aquí se prevén rebajas graduales: en la declaración de 2026 (a presentar en 2027), el tipo será del 19% para los primeros 50.000 euros y del 21% para el exceso; desde 2027, se aplicará un 17% a ese primer tramo y un 20% al resto. Asimismo, se establece por primera vez un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación anual de hasta 20 millones de euros. Otra novedad relevante es la mejora de los incentivos para las compañías que refuercen su capital, especialmente si además amplían plantilla. Las empresas que incrementen sus fondos propios podrán reducir su base imponible en un 20% del aumento, siempre que mantengan ese refuerzo durante tres años y doten una reserva equivalente. Esta reducción se elevará al 23% si el empleo crece entre un 2% y un 5%; al 26,5% si el aumento es de entre un 5% y un 10%; y al 30% si supera el 10%, con el compromiso de mantenerlo tres años. En cualquier caso, estas reducciones no podrán superar el 20% de la base imponible -ni el 15% en el caso de microempresas-. Hacienda también obliga por primera vez a detallar en la declaración quiénes son los socios de las AIE, información que hasta ahora era opcional. Con ello, la Administración busca reforzar el control sobre la correcta aplicación de las deducciones fiscales por parte de los partícipes. El nuevo modelo contempla además incentivos para amortizar libremente inversiones en instalaciones de autoconsumo eléctrico o térmico, así como la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Sin embargo, estas medidas dependen del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno a comienzos de febrero, cuya convalidación parlamentaria está en riesgo, ya que podría ser rechazado en el Congreso por la oposición. Pese a ello, el Ejecutivo dispone de margen hasta julio para reactivar la medida. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, señaló recientemente en una jornada organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección que, en caso de no convalidarse el decreto, podrían adoptarse "medidas interpretativas" para ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes. Como precedente, recordó lo ocurrido en enero de 2025, cuando el Congreso rechazó un decreto que fijaba los límites de facturación para que los autónomos pudieran tributar por el sistema de estimación objetiva (módulos). En aquel caso, Hacienda mantuvo los umbrales vigentes al inicio del año, interpretando que seguían siendo aplicables durante todo el ejercicio.

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(El Economista, 26-02-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional dejará de resolver los recursos contra las resoluciones del TEAC en materia de IVA

La Audiencia Nacional ha introducido un controvertido giro interpretativo. El Juzgado Central dejará de admitir y, por tanto, de pronunciarse sobre los recursos presentados por contribuyentes o por la Agencia Tributaria contra resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en materia de IVA. Así lo acordó la Sala de lo Contencioso-Administrativo en un auto dictado el pasado 4 de febrero, en el que concluye que carece de competencia para abordar estos asuntos. El tribunal explica que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 distribuyó las competencias en función del tipo de tributo. Según esa norma, la Audiencia Nacional debía resolver los recursos relacionados con impuestos estatales, mientras que los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) asumirían los litigios vinculados a tributos cedidos a las comunidades autónomas, como el IRPF, el IVA, los Impuestos Especiales, Patrimonio o Sucesiones y Donaciones. Posteriormente, la ley de financiación autonómica de 2009 estableció la cesión parcial del IVA a las comunidades, que pasan a recibir el 50% de la recaudación, aunque no se encargan ni de su gestión ni de su cobro. La regulación del impuesto sigue correspondiendo al Estado y, además, está armonizada en el ámbito de la Unión Europea. No obstante, la Audiencia subraya que la ley procesal de 1998 no distingue entre los distintos tipos de cesión o participación en los ingresos. Por ello, el auto sostiene que, aunque la normativa del impuesto sea estatal, el control judicial de los recursos debe recaer en los TSJ, al tratarse de un tributo parcialmente cedido. El tribunal admite que la Ley Orgánica del Poder Judicial, también aprobada en 1998, no contempla expresamente este reparto competencial. Sin embargo, considera que una norma procesal puede complementar a una ley orgánica en determinados aspectos siempre que esta última no lo prohíba de forma expresa.

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(El Economista, 26-02-2026) | Fiscal

Hacienda lanzará la Base Unificada de Conocimiento, una plataforma "online" para consultar criterios tributarios

El Ministerio de Hacienda, junto con la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos (DGT) y los Tribunales Económico-Administrativos, está desarrollando de manera coordinada una Base Unificada de Conocimiento (BUC) que reunirá todos los criterios interpretativos en materia fiscal. Esta plataforma integrará la normativa vigente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los informes de la Agencia Tributaria, las consultas vinculantes de la DGT, las resoluciones de los tribunales económico-administrativos y, en una fase posterior, también las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa. La directora general de Tributos, María José Garde, anunció el martes -durante su participación en una jornada sobre novedades fiscales para 2026 organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)- que se espera que la herramienta esté en funcionamiento antes de que finalice el año. Según explicó, el objetivo es concentrar todo el cuerpo interpretativo elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda para que resulte útil tanto a la Administración como a los contribuyentes. La base contará con dos niveles de acceso: uno interno para funcionarios y otro abierto al público. Los empleados públicos dispondrán de acceso completo, lo que les permitirá incluso identificar a los contribuyentes vinculados a determinadas consultas o resoluciones. En cambio, el público general podrá consultar la normativa fiscal, los criterios vigentes y la información interpretativa disponible. La finalidad, señaló Garde, es agilizar el trabajo administrativo y facilitar la labor de asesores y empresas, además de reducir el volumen de consultas. De este modo, cuando exista una doctrina clara o reiterada sobre un asunto, el contribuyente podrá acudir directamente a esa interpretación y obtener una respuesta satisfactoria sin necesidad de formular nuevas consultas.

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(El Confidencial, 26-02-2026) | Fiscal

Durante los primeros años de carrera laboral, los jóvenes pagan en impuestos más del 40% de lo que ganan

En los últimos años se ha extendido entre los jóvenes la sensación de que existe un trato desigual entre generaciones, motivado por las dificultades económicas que afrontan. Tres elementos pesan especialmente sobre ellos: sueldos reducidos, un coste de la vida elevado y un aumento de impuestos y cotizaciones destinado a sostener el Estado del Bienestar. Como consecuencia, muchos no logran reunir ingresos suficientes para impulsar su propio proyecto de vida. Un estudio reciente indica que la juventud debe esperar, de media, hasta los 38 años para alcanzar un nivel de ingresos comparable al de los jubilados. Quienes hoy rondan los 40 años obtienen unos ingresos brutos anuales ligeramente superiores a los 33.000 euros. Sin embargo, de esa cantidad destinan más de 12.000 euros al pago de impuestos y cotizaciones sociales, lo que reduce sus ingresos netos a unos 20.800 euros por persona, una cifra similar a la media de quienes tienen 66 años o más. Si esta situación se mantiene, un joven que se incorpore ahora al mercado laboral con 25 años no igualará los ingresos medios de los mayores hasta aproximadamente 2040. Es decir, necesitará alrededor de 14 años de trayectoria profesional para cerrar esa brecha con quienes ya están retirados. Así lo recoge un informe elaborado por Fedea y Fundación Mapfre. En los primeros años de vida laboral, los salarios son especialmente bajos. A los 25 años, el ingreso bruto medio apenas alcanza los 14.000 euros anuales, por debajo incluso del salario mínimo. Muchos jóvenes ni siquiera trabajan a esa edad y quienes lo hacen suelen percibir remuneraciones reducidas. Con el paso de los años, los ingresos crecen con rapidez gracias a la experiencia y a una mayor tasa de empleo. A los 30 años, el salario bruto medio supera ya los 22.000 euros. No obstante, en esa etapa aumenta también la presión fiscal: entre impuestos directos, indirectos como el IVA, y cotizaciones sociales, el desembolso medio ronda los 10.000 euros anuales. Los jóvenes constituyen uno de los grupos que más contribuyen al sostenimiento de las finanzas públicas. Hasta los 29 años, la suma de impuestos y cotizaciones representa algo más del 40% de sus ingresos. A partir de los 30, este porcentaje desciende ligeramente gracias a una mayor capacidad de ahorro -la renta no consumida no está sujeta al IVA-, situándose en torno al 38% a los 40 años y reduciéndose paulatinamente hasta el 35% hacia los 60. Así, a los 29 años un joven puede ingresar unos 24.000 euros brutos, de los cuales aproximadamente 10.000 se destinan a tributos y cotizaciones. El resultado son 14.000 euros netos, una cantidad claramente insuficiente para independizarse con holgura. La carga fiscal disminuye de manera notable a partir de los 65 años. Por un lado, se deja de cotizar al jubilarse; por otro, el IRPF resulta algo más favorable para los mayores. Además, su mayor capacidad de ahorro reduce el peso de los impuestos indirectos sobre el consumo. Desde los 66 años, la pensión de jubilación pasa a ser la principal fuente de ingresos. En los primeros años tras retirarse, las prestaciones públicas rozan de media los 18.000 euros anuales. A ello se suman unos 7.000 euros procedentes de rentas del capital y alrededor de 5.800 euros de ingresos laborales de quienes continúan trabajando más allá de la edad legal. De este modo, a los 67 años los ingresos netos medios se aproximan a los 24.000 euros anuales. No obstante, en generaciones anteriores al baby boom las pensiones fueron más reducidas -en parte por menores cotizaciones, especialmente entre las mujeres- y también lo fueron sus rentas de capital. Hacia los 85 años, la renta neta media desciende por debajo de los 19.000 euros, en parte porque las mujeres, con menor esperanza de vida masculina, pasan a ser mayoría en ese tramo de edad y suelen haber tenido carreras laborales más cortas. Pese a todo, los jóvenes necesitan acercarse a los 40 años para igualar los ingresos de quienes superan los 66. Una demora que implica aplazar o renunciar a numerosos planes personales y familiares.

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(La Vanguardia, 26-02-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria intensifica el control sobre transferencias familiares, cruza datos bancarios y notariales y aplica recargos, intereses y sanciones

Entregar dinero a un hijo, contribuir a la entrada de una vivienda o prestarle apoyo ante un gasto inesperado puede parecer algo habitual. No obstante, si esa aportación no se declara y la Agencia Tributaria la detecta, las consecuencias pueden ser costosas. Cuando una donación no se comunica al fisco y sale a la luz, tanto quien da como quien recibe deben regularizar su situación y afrontar impuestos, intereses y posibles sanciones que encarecen notablemente la operación. Así lo explica María José Gómez García, presidenta de la sección de Derecho Fiscal y Financiero del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Según detalla, si lo que se entrega es un bien, el donante puede tener que tributar en el IRPF por una ganancia patrimonial. Y si no puede justificar el origen del dinero o del bien transmitido, la Administración podría considerarlo una ganancia no justificada. Por su parte, quien recibe el dinero o el bien debe liquidar el correspondiente Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Es decir, la carga fiscal no recae únicamente sobre quien percibe la ayuda. También puede afectar a quien la concede, especialmente si no acredita de dónde proceden los fondos. Albert Domingo, miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Catalunya y notario en Vilassar de Mar, señala que cuando Hacienda identifica una transferencia sospechosa inicia un procedimiento de regularización. En ese proceso reclama los tributos pendientes, suma intereses de demora y puede imponer sanciones gestionadas por la administración tributaria autonómica, que oscilan entre el 50% y el 150% de la cantidad no ingresada, según la gravedad de la infracción. El impacto económico depende en gran medida de cuándo se actúe. Regularizar voluntariamente antes de que Hacienda inicie una comprobación reduce el coste. En estos casos se aplican recargos crecientes en función del retraso, generalmente inferiores a las sanciones formales. Si han transcurrido menos de doce meses, el recargo es del 1% más un 1% adicional por cada mes de demora. A partir del año, el recargo asciende al 15% y se añaden intereses. En cambio, si es la Administración la que detecta la irregularidad, el expediente puede agravarse. Las multas parten del 50% y pueden alcanzar el 150% cuando existe ocultación o fraude. La detección no suele producirse al azar. La Agencia Tributaria cruza datos de cuentas bancarias, transferencias relevantes, compraventas de inmuebles o vehículos de cierto valor y documentación notarial. También compara las declaraciones de padres e hijos para verificar si los movimientos económicos encajan con los ingresos declarados. Las entidades financieras, además, informan de determinadas operaciones significativas, lo que facilita que una transferencia llamativa quede registrada en los sistemas de control, aunque sea entre familiares. Distinguir entre un regalo y un préstamo es fundamental. Si existe obligación de devolución, se trata de un préstamo entre particulares que debe formalizarse adecuadamente y declararse. Si no hay compromiso de retorno, Hacienda lo considerará una donación y exigirá liquidar el impuesto correspondiente. El plazo general para presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es de 30 días desde la recepción del dinero o del bien. No cumplirlo activa automáticamente los recargos. En Cataluña, este impuesto presenta particularidades, ya que la comunidad tiene competencias normativas dentro del marco estatal. Esto le permite establecer reducciones y bonificaciones propias que pueden rebajar la factura fiscal respecto a otras regiones, especialmente en donaciones entre padres e hijos o en supuestos vinculados a la empresa familiar. Sin embargo, el régimen básico de sanciones depende del Estado, por lo que multas, recargos e intereses siguen criterios similares en todo el país. Los expertos coinciden en que planificar la operación y declararla correctamente evita problemas mayores. Aunque muchas donaciones pueden acogerse a beneficios fiscales, la obligación de comunicar la operación persiste. De lo contrario, una transferencia que no encaje con los ingresos declarados puede terminar resultando mucho más cara que la cantidad que se pretendía entregar.

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(Expansión, 26-02-2026) | Laboral

La banca española reduce 110.000 empleos desde la crisis de 2008

Desde la crisis financiera de 2008, la banca española ha reducido su plantilla en torno a un 40%, lo que equivale a perder tantos puestos de trabajo como los que tiene Mercadona, el mayor empleador del país con unos 110.000 trabajadores. Actualmente, las entidades integradas en las patronales AEB y CECA suman unos 164.000 empleados, sin contar las numerosas cajas rurales repartidas por España. Entre los grandes bancos, solo Bankinter e ING han logrado aumentar su plantilla neta durante este periodo. Aunque en los últimos tiempos no se han producido grandes expedientes de regulación de empleo (ERE), el sector ha seguido reduciendo personal mediante planes de prejubilación. Entre las mayores empresas españolas por número de empleados, el único banco presente es CaixaBank, que ocupa la décima posición con 42.644 trabajadores tras absorber a Bankia en 2021. El ranking lo encabezan compañías como Mercadona, El Corte Inglés, ACS, ONCE y Mondragón Corporación Cooperativa. A corto plazo no se prevén nuevas fusiones bancarias, por lo que tampoco se esperan ERE masivos, aunque sí continuará el goteo de salidas por prejubilación. Banco Sabadell ha puesto en marcha recientemente un plan dirigido previsiblemente a trabajadores mayores de 58 años que reducirá su plantilla en unas 300 personas, mientras que Unicaja Banco prepara otro programa para alrededor de 100 empleados. En conjunto, las plantillas siguen disminuyendo, aunque los bancos también están contratando perfiles muy específicos, sobre todo expertos en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y disciplinas técnicas como matemáticas, física o ingeniería. En entidades como BBVA y CaixaBank, las nuevas incorporaciones han compensado en los últimos años parte de las salidas. El sector es consciente de que afronta un profundo cambio tecnológico impulsado por la inteligencia artificial generativa, por lo que está reforzando sus equipos digitales para competir con las grandes tecnológicas y mantener sus áreas de negocio tradicionales. En el último año, CaixaBank ha incorporado a unos 500 ingenieros y mantiene abierto un programa para contratar hasta 3.000 profesionales técnicos menores de 35 años. BBVA y Banco Santander desarrollan iniciativas similares para atraer talento joven y reducir progresivamente el envejecimiento de sus plantillas y los elevados costes salariales heredados. Aunque la inteligencia artificial podría provocar recortes de empleo, se prevé que su impacto se note sobre todo a medio plazo y que pueda alcanzar alrededor del 15% de los puestos, dado que la actividad bancaria es especialmente intensiva en datos. Según explicó el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, la IA transformará el sector con una profundidad comparable a la revolución tecnológica anterior. En este contexto, BBVA firmó en diciembre una alianza estratégica con OpenAI que le permitirá acceder de forma preferente a expertos y a los modelos más avanzados de la compañía, además de colaborar directamente con sus equipos de ingeniería e investigación. Paralelamente, la entidad desplegará ChatGPT Enterprise entre sus más de 120.000 empleados en todo el mundo.

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(Expansión, 26-02-2026) | Laboral

Las nuevas pensiones de jubilación ya rozan los 2.000 euros mensuales

La nómina de las pensiones contributivas aumenta un 6%, mientras que los precios lo hacen un 2,3%. Las nuevas jubilaciones ya superan los 1.800 euros mensuales de media en catorce pagas, y las procedentes del régimen general alcanzan los 1.982 euros. Desde que las pensiones se revalorizan conforme a la inflación, el gasto mensual de la Seguridad Social no ha dejado de crecer. A este aumento se suma el llamado efecto sustitución: las nuevas prestaciones que se incorporan al sistema son más elevadas que las que dejan de abonarse. Como consecuencia, el coste total crece a un ritmo casi tres veces superior al de los precios e incluso por encima de la subida aprobada por el Gobierno. Tras la revalorización del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas en 2026, el desembolso mensual supera con holgura los 14.000 millones de euros -14.272 millones en febrero-. No obstante, el incremento interanual del gasto, del 6%, supera tanto el ajuste aplicado como la evolución del IPC, que promedió el 2,7% el año pasado y se sitúa en el 2,3% en enero de 2026. Esta divergencia se mantiene desde que el actual Gobierno volvió a ligar las pensiones al IPC. En 2019, por ejemplo, el gasto creció un 4,7% frente a una inflación del 0,7%. En 2020, con los precios cayendo un 0,3% durante la pandemia, el coste aumentó un 2,3%. En 2021 subieron un 3% los precios y un 3,2% las pensiones; en 2022, con un IPC medio del 8,4%, el gasto avanzó un 10,7%. En 2024 la diferencia superó los cuatro puntos (7% frente a 2,8%); en 2025 se redujo a 3,3 puntos (6% frente a 2,7%); y en lo que va de 2026 vuelve a ampliarse hasta casi 3,8 puntos. La razón principal es la diferencia entre las pensiones que salen del sistema y las que se incorporan. Las nuevas son casi un 20% más altas porque corresponden a trabajadores con carreras de cotización más completas y bases reguladoras superiores. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), de los 12.600 millones de euros adicionales que se pagarán este año, unos 5.300 millones se deben a este efecto sustitución. Algunos datos lo ilustran: en enero, las nuevas pensiones de jubilación se situaron en 1.865 euros mensuales de media en catorce pagas, mientras que las del régimen general alcanzaron los 1.982 euros. Esta última cifra es un 15% superior a la media de las pensiones vigentes de esa categoría, y los 1.865 euros superan en un 19% la media global de jubilación considerando todos los regímenes. Por su parte, las pensiones de Clases Pasivas del Estado -que corresponden principalmente a militares y a funcionarios de la Administración General, Justicia, Cortes y otros órganos- son aún más elevadas: 2.386 euros mensuales. Estas prestaciones, percibidas por 707.230 beneficiarios, superan en un 38% la media del régimen general y en un 19% las nuevas jubilaciones de asalariados. El gasto asociado a este colectivo asciende a 1.758 millones de euros.

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(El Economista, 26-02-2026) | Laboral

El récord de bajas por enfermedad resta siete décimas anuales al PIB desde 2021

El aumento histórico de las bajas por enfermedad se ha convertido en uno de los principales problemas para las empresas en España. En los últimos meses, distintos estudios han intentado calcular su coste para empleadores y administraciones públicas, pero aún persiste la gran incógnita: cómo afecta este fenómeno -sin precedentes- a la productividad y al crecimiento económico del país. Un nuevo análisis estima que, desde la pandemia, las ausencias por incapacidad temporal han aumentado un 43% por encima de lo esperado, lo que habría restado, de media, siete décimas al PIB anual entre 2021 y 2025. Este impacto resulta significativo si se considera que, aunque España ha crecido más que otros países, su economía muestra señales de desaceleración: en 2025 el PIB aumentó un 2,8%, siete décimas menos que en 2024. Esa diferencia equivale a unos 12.000 millones de euros en un solo año y cerca de 60.000 millones acumulados desde 2021. El profesor Diego Dueñas, de la Universidad de Alcalá, ha elaborado un estudio con un enfoque distinto al habitual: el problema no radica tanto en el coste total de las bajas, sino en cómo se han desviado de la tendencia previa a 2019. Si hubieran evolucionado como se preveía según los años anteriores, a finales de 2025 habría unos 724.981 trabajadores de baja cada semana, en línea con el aumento del empleo. Sin embargo, la cifra real supera los 1,04 millones, un récord histórico y un 43% más de lo esperado. Este desfase no puede atribuirse únicamente a la pandemia. Ya a finales de 2020 las bajas superaban en un 31,5% lo previsto, y en 2021 en un 36%. Tras la crisis sanitaria, lejos de corregirse, la diferencia ha seguido ampliándose. El investigador advierte de que el cálculo se basa en una tendencia hipotética y puede tener cierto margen de error, pero subraya que la brecha es considerable, pues representa alrededor del 30% de los trabajadores ausentes por incapacidad temporal. El estudio también destaca el aumento de personas ocupadas que declaran no haber trabajado ninguna hora en la semana analizada. Estas ausencias pueden deberse a vacaciones, permisos, nacimiento de hijos, ERTE, huelgas, accidentes o enfermedad. Según la EPA, quienes no trabajaron por estar de baja ya representan el 4,64% de los ocupados. La diferencia entre las horas que no se trabajan por bajas y las que se habrían perdido según la tendencia esperada implica una caída de la productividad por hora y, en consecuencia, del PIB. Las conclusiones apuntan a que entre 2021 y 2025 se ha perdido cada año, de media, un 0,69% del PIB. Aplicado al PIB de 2025, esto supone unos 11.790 millones anuales, es decir, cerca de 59.000 millones en cinco años debido al aumento de las incapacidades temporales. Aunque no cuantificaba directamente la merma de productividad, un informe reciente de la AIReF también señalaba efectos negativos: aunque el coste directo recae sobre todo en las empresas, la frecuencia y duración de las bajas perjudican la organización del trabajo, la productividad y el gasto público asociado. Por su parte, el estudio de la patronal catalana Pimec indica que entre 2013 y 2024 las horas perdidas por incapacidad temporal aumentaron un 112,9%, mientras que el PIB solo creció un 25,1% y la productividad por trabajador prácticamente se estancó, con un descenso del 1,8%. El análisis confirma además que no solo hay más personas de baja, sino que las bajas duran más. Los datos sobre la evolución de la población activa muestran una mayor probabilidad de que un trabajador continúe de baja entre dos trimestres consecutivos, fenómeno que el experto denomina "efecto atrapamiento". Al mismo tiempo, se aprecia una ligera disminución en el ritmo de reincorporación al trabajo.

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(El Economista, 26-02-2026) | Laboral

Hay más altas para cobrar el paro de fijos discontinuos que de despedidos

La reforma laboral acordada entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos a finales de 2021 se perfila como el principal legado de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para el empleo en España, tras anunciar que no encabezará la candidatura unitaria a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. No obstante, una de las principales críticas a esta norma se centra en cómo afecta a las estadísticas de paro el colectivo de trabajadores con contrato fijo discontinuo cuando pasan a periodos de inactividad a la espera de ser llamados por su empresa. Este no es, sin embargo, el único cambio que ha alterado las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo. El Ministerio de Trabajo evita detallar cuántos de estos trabajadores inactivos se registran en los servicios públicos de empleo para cobrar prestaciones sin computar como parados. Aun así, los datos oficiales muestran que en 2025 se concedieron 802.952 prestaciones contributivas por esta causa, una cifra récord que incluso supera a las 780.632 originadas por despidos. Este fenómeno se repite desde 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma, y no incluye los subsidios posteriores a la prestación contributiva. Aunque el contrato fijo discontinuo es indefinido, las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registran estas prestaciones como derivadas de la "finalización de una relación temporal", junto con la expiración de contratos administrativos o temporales. Aun así, el fin de contratos temporales continúa siendo la principal vía de acceso a la prestación, con 1,55 millones de casos, aunque esta cifra ha caído un 28,6% desde 2021. Durante ese mismo periodo, las prestaciones por despido han aumentado un 57,3%, y las vinculadas a la inactividad de los fijos discontinuos un 67,8%. En 2025 ambas descendieron ligeramente -un 4,2% y un 2,7%, respectivamente- lo que sugiere cierta estabilización, mientras que las derivadas de contratos temporales repuntaron un 3,1%. El incremento más acusado se observa entre quienes no superan el periodo de prueba: desde 2022 estas altas han crecido un 82,5% y en 2025 alcanzaron un nuevo máximo histórico de 134.554 tras aumentar otro 2,7%. Este colectivo suele acumular cotizaciones muy cortas -inferiores a seis meses-, lo que limita su acceso a la prestación. Más de la mitad (55,1%) de las prestaciones concedidas a fijos discontinuos son reanudaciones de ayudas previamente suspendidas, un comportamiento más parecido al de los trabajadores temporales (72,8%) que al de los despedidos, donde solo representan el 16,9%. Esto refleja la alternancia entre periodos de actividad e inactividad propios de estos contratos, aunque exista garantía de reincorporación. En el caso de quienes pierden el empleo durante el periodo de prueba, las reanudaciones alcanzan el 66,2%, lo que indica una situación todavía más precaria. Para acceder a la prestación contributiva es necesario haber cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. Esto implica que quienes encadenan contratos breves, ceses en periodo de prueba o trabajos discontinuos suelen percibir el paro durante menos tiempo. Además, cuando un fijo discontinuo vuelve a su puesto, la prestación se interrumpe. Debido a la menor duración de estas ayudas, los despedidos siguen siendo el grupo con mayor número medio de beneficiarios mensuales: han aumentado un 25,8% desde 2021 y un 41,2% desde 2019, hasta situarse en torno a 356.000 personas. Por el contrario, los procedentes de contratos temporales expirados se han reducido un 46,2% desde 2021, pasando de más de 334.000 a unos 178.000, una caída comparable solo a la registrada durante la Gran Recesión, aunque ahora se debe a un cambio estructural hacia el empleo indefinido. En cuanto a los fijos discontinuos, pese a superar las 800.000 altas anuales, el promedio mensual de beneficiarios se sitúa en 128.908 personas, un 33% más que en 2021. Conviene recordar que ese año aún estaban vigentes las medidas extraordinarias por la pandemia, que permitían a muchos de estos trabajadores -habitualmente ligados a sectores estacionales como el turismo- no consumir prestaciones, de forma similar a los afectados por ERTE. Si se compara con 2019, el aumento alcanza el 123%.

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(Expansión, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor apunta a la segunda bajada consecutiva y estabiliza las hipotecas

Si no hay cambios inesperados, el euríbor a doce meses repetirá en febrero la ligera caída que ya registró en enero. El índice hipotecario corrige lentamente parte del ciclo de cinco incrementos mensuales consecutivos que lo llevó al 2,26% en diciembre. A falta de las dos últimas sesiones del mes, su media provisional se sitúa en torno al 2,22%. El euríbor atraviesa ahora una etapa de marcada estabilidad. Quedan atrás las intensas subidas de 2023, cuando abandonó el terreno negativo y, en poco más de un año, superó el 4%, así como las bajadas posteriores que lo devolvieron por debajo del 3%. En el actual contexto de normalización de la política monetaria en la eurozona, las oscilaciones son reducidas. Los analistas no anticipan movimientos significativos a corto plazo, pendientes de la reunión que celebrará el Banco Central Europeo (BCE) el 19 de marzo. En un escenario marcado por el repunte de la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos, la institución presidida por Christine Lagarde sostiene que aún dispone de herramientas para proteger la economía europea ante una eventual guerra comercial. Esta calma del euríbor se traslada tanto a los hogares como al mercado hipotecario. Quienes revisan su préstamo con periodicidad anual siguen viendo descensos en la cuota -aunque en las revisiones semestrales ocurre lo contrario desde hace meses- y esta tendencia podría mantenerse al menos hasta abril si el índice continúa en niveles similares. Por su parte, los bancos han frenado en febrero la subida de precios que aplicaron a las hipotecas a finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando ajustaron al alza los tipos en distintas modalidades para preservar márgenes y endurecieron ligeramente las condiciones. Aun así, las ofertas actuales continúan siendo competitivas. La estabilidad en los costes se refleja en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que entre junio y diciembre del año pasado el tipo medio de las hipotecas se movió en un rango muy estrecho, entre el 2,87% y el 2,97%. En consecuencia, los compradores disponen de una amplia oferta de financiación con precios estables. La pausa del euríbor en el inicio de 2026 sitúa a la banca en una posición favorable para mantener el ritmo de concesión de préstamos. En 2025, el volumen de capital prestado creció un 32,6%, superando los 82.000 millones de euros, y fuentes del sector apuntan a que esta dinámica continúa en los primeros meses del año, impulsada por la moderación del índice hipotecario.

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