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(El País, 08-06-2026) | Fiscal

Hacienda pide a los ministerios enviar sus propuestas para los Presupuestos antes del 29 de junio

Hasta hace pocos días, los responsables económicos del Gobierno seguían defendiendo públicamente que el Ejecutivo presentaría unos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Sin embargo, en privado reconocían que la posibilidad era cada vez más remota debido al calendario y a la fragilidad de los apoyos parlamentarios. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por superada esa fase y anunció que el Ejecutivo comenzaría a trabajar ya en las cuentas públicas correspondientes a 2027. La decisión se formalizó este viernes con la publicación en el BOE de la orden ministerial de Hacienda que pone en marcha el proceso presupuestario. La orden fija las directrices que deberán seguir los distintos ministerios y organismos públicos para elaborar sus propuestas de gasto y, de forma implícita, confirma un escenario que ya se daba prácticamente por hecho: los Presupuestos aprobados en 2023 permanecerán vigentes al menos durante cuatro años consecutivos. El calendario previsto obliga a los departamentos ministeriales a remitir antes del 29 de junio sus previsiones de gasto y los informes sobre impacto transversal. Todo este procedimiento se desarrollará además en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica. Según recoge el documento, las futuras cuentas para 2027 buscarán reforzar el Estado del bienestar mediante medidas orientadas a fortalecer la atención primaria sanitaria y ampliar la oferta de vivienda asequible, especialmente enfocada a facilitar la emancipación de los jóvenes. También se plantea impulsar una política industrial verde basada en la descarbonización y en el fortalecimiento de la autonomía estratégica mediante energías renovables. La elaboración de estos Presupuestos coincidirá además con la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza económica. Hacienda incorporará por primera vez el análisis de la llamada "dimensión marrón", destinado a identificar partidas con impacto ambiental negativo, y aplicará de forma obligatoria las evaluaciones de eficiencia del gasto elaboradas por la Autoridad Fiscal bajo el principio de "cumplir o explicar". Pese al inicio formal del procedimiento, nada garantiza todavía que España vaya a disponer finalmente de nuevos Presupuestos. Ni siquiera está asegurado que el Gobierno llegue a registrar el proyecto en el Congreso. El Ejecutivo encadena ya tres ejercicios consecutivos sin presentar nuevas cuentas públicas y, en todos esos casos, también se publicó previamente una orden ministerial similar a la difundida este viernes. Durante este tiempo, el Gobierno ha argumentado distintas razones para justificar la prórroga presupuestaria, desde procesos electorales hasta las consecuencias económicas derivadas de los conflictos internacionales, como la guerra en Irán. Sin embargo, el principal obstáculo ha sido la dificultad para reunir mayorías parlamentarias estables en un clima político cada vez más polarizado. De hecho, ya en septiembre de 2025, Pedro Sánchez defendió que los Presupuestos eran "un instrumento y no un fin en sí mismo", descartando adelantar elecciones en caso de no lograr apoyos suficientes y dejando abierta la puerta a nuevas prórrogas de las cuentas de 2023. El arranque del proceso presupuestario implica no solo recopilar las peticiones de los ministerios, sino también actualizar el cuadro macroeconómico que servirá de base para calcular las previsiones de crecimiento, empleo y déficit, elementos clave para fijar el techo de gasto. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, deberá además establecer una nueva senda fiscal que determine el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas. Ese objetivo necesitará el respaldo del Congreso, algo especialmente complejo dada la actual fragmentación parlamentaria, y posteriormente tendrá que trasladarse a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuentes gubernamentales señalan que estos pasos llegarán más adelante. Por ahora, el Ejecutivo trabaja en la actualización de las previsiones económicas oficiales, que considera desfasadas. Hace apenas un mes, en el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas, el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB del 2,2% para 2026, aunque esa previsión quedó condicionada por la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones sobre los mercados energéticos. El Ministerio de Economía ya reconoció entonces que el impacto del conflicto geopolítico podría reducir el crecimiento económico hasta en ocho décimas. Además de revisar el cuadro macroeconómico, la aprobación de unos nuevos Presupuestos requiere superar varias etapas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tras aprobar los objetivos de déficit y deuda pública y fijar el límite de gasto no financiero -el conocido techo de gasto-, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto presupuestario en el Congreso antes del 30 de septiembre para permitir su tramitación parlamentaria y una eventual aprobación antes del inicio de 2027. Este jueves, durante su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda desde que asumió el cargo, Arcadi España aseguró que el Gobierno pretende negociar previamente con los grupos parlamentarios el contenido de las cuentas antes incluso de registrar el proyecto en el Congreso. Consciente de la presión de sus socios, el ministro insistió en la necesidad de dialogar antes de cerrar definitivamente el denominado "libro amarillo" presupuestario.

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(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal

El Congreso deberá convocar un pleno extra en julio para debatir los objetivos de déficit

El anuncio del presidente del Gobierno de que se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027, realizado la semana pasada ya en junio, ha obligado a acelerar una tramitación que de por sí es larga y compleja. Al mismo tiempo, confirma que el Ejecutivo ha descartado presentar las cuentas de 2026, una opción que se había mantenido en el discurso oficial hasta hace pocas semanas pero que ya no se contempla. Con ello se pone en marcha el proceso legislativo de la norma más relevante para cualquier Gobierno, aunque en este caso con retraso respecto a los plazos habituales. La primera consecuencia es que el Congreso podría tener que convocar un pleno extraordinario en julio, mes inhábil parlamentariamente, para debatir y votar los objetivos de déficit y deuda pública, asociados al techo de gasto o límite de gasto no financiero, que no se somete a votación. Ya se han iniciado algunos pasos previos. El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden del Ministerio de Hacienda que establece los plazos y normas para que los ministerios, organismos dependientes y entidades públicas empresariales remitan sus previsiones de gasto. Esta publicación, que este año se ha producido con retraso, debería haberse realizado en marzo, mientras que en ejercicios anteriores incluso llegó a retrasarse hasta después del verano. Los distintos departamentos tienen hasta el 29 de junio para enviar sus planes presupuestarios a Hacienda. A partir de esa información se elaborará el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria. La normativa establece que estos objetivos deberían haberse presentado antes de finalizar el primer semestre del año, algo que previsiblemente no se cumplirá debido a los plazos actuales. El siguiente paso es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se informará a comunidades autónomas y entidades locales de los objetivos de déficit fijados para cada nivel de administración. En 2025, estos objetivos fueron rechazados en dos ocasiones en el Congreso. El calendario, por tanto, se encuentra ajustado al límite. En función de la fecha en la que se reúna el CPFF, el Gobierno tendrá margen o no para llevar la senda fiscal al Congreso durante julio, lo que podría obligar a convocar un pleno extraordinario a través de la Diputación Permanente. Si no fuera posible, la tramitación se trasladaría a septiembre. En ese caso, el Ejecutivo tendría hasta el 30 de septiembre, fecha límite establecida por la Constitución, para presentar el proyecto de Presupuestos. Esto obligaría a concentrar la tramitación en un periodo muy reducido. Más allá de los plazos formales, el principal obstáculo del Gobierno es político. La minoría parlamentaria complica la aprobación de las cuentas, especialmente tras la falta de acuerdos en ejercicios anteriores, que ha derivado en varias prórrogas de los Presupuestos de 2023. La composición actual del Congreso hace especialmente difícil la negociación, con Junts como uno de los grupos clave para alcanzar mayorías. Según fuentes parlamentarias, la formación mantiene su posición de rechazo, en un contexto además marcado por tensiones políticas y judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo. Aun así, no se descarta que en los próximos meses se reabran negociaciones, aunque con un alto coste político en caso de acuerdo. Mientras tanto, el Ministerio de Economía tiene previsto dar a conocer esta semana el nuevo cuadro macroeconómico, primer paso técnico en la elaboración de las nuevas cuentas públicas.

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(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal

La nueva ley para mutualistas permitirá traspasar los fondos a la Seguridad Social sin tributar IRPF

La ley destinada a mejorar las pensiones de los mutualistas profesionales -entre ellos abogados, procuradores, médicos o arquitectos- afronta su última fase en el Congreso con la votación prevista en el Pleno del 11 de junio. El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 26 de mayo incorporó cambios relevantes introducidos a última hora. En el ámbito fiscal, los mutualistas que se acojan a la llamada "pasarela" para incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no tendrán que tributar en el IRPF por los fondos acumulados en sus mutualidades que se transfieran al sistema público. Estos fondos incluyen tanto las aportaciones realizadas durante años como la rentabilidad generada. Sin esta exención, dicha retirada habría estado sujeta a tributación como rendimiento. El texto añade que esta transferencia de derechos económicos no tendrá efectos fiscales en el IRPF, aunque las pensiones resultantes sí tributarán en el impuesto como cualquier otra prestación de jubilación. Otra novedad relevante es el mantenimiento del sistema alternativo de las mutualidades. Las versiones anteriores del proyecto preveían que los nuevos colegiados debieran incorporarse obligatoriamente al RETA a partir de 2028. Finalmente, se permitirá seguir eligiendo entre mutualidad o Seguridad Social, aunque el Gobierno elaborará un informe antes de finales de 2030 para evaluar la continuidad de este modelo. La norma establece que podrán acceder a la pasarela todos aquellos profesionales que no estén jubilados y que no hayan generado aún derecho a pensión en la Seguridad Social, es decir, quienes no hayan alcanzado los 15 años mínimos de cotización. Quienes ya dispongan de ese derecho podrán completar su carrera para acceder a la pensión contributiva correspondiente. En cuanto al traspaso de fondos, el texto no concreta el procedimiento de salida del capital acumulado, que queda pendiente de desarrollo reglamentario. Las mutualidades defienden una transferencia progresiva vinculada al momento de jubilación para no comprometer sus inversiones a largo plazo, pero este aspecto deberá definirse más adelante mediante normativa específica. También se deja para un reglamento posterior la conversión de los fondos acumulados en años cotizados en el sistema público. La ley establece que se tomará como referencia la base mínima del RETA correspondiente, actualizada según se determine, y se aplicará un coeficiente reductor del 0,77 para el cómputo de años. El texto incluye además medidas específicas para los profesionales que tengan 52 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026. En su caso, los meses cotizados en mutualidades se computarán como si hubieran estado de alta en el RETA a efectos de alcanzar el 100% de la pensión. Para los mutualistas que abandonaron el sistema antes de 2005 y no alcanzan los 15 años de cotización en la Seguridad Social, se habilita la posibilidad de suscribir un convenio especial que permitirá reconocer hasta cinco años de aportaciones previas en la mutualidad. En relación con las aportaciones futuras, la norma obliga a que las mutualidades garanticen prestaciones equivalentes al 100% de la pensión mínima que correspondería en el sistema público. Este objetivo se vincula a un calendario progresivo de aportaciones que alcanzará el 100% en 2028. El texto también introduce cambios en la regulación de las prestaciones sociales de las mutualidades, que deberán priorizar a colectivos vulnerables como jubilados, personas dependientes o con discapacidad, viudedad u orfandad, siempre bajo supervisión de la Dirección General de Seguros o de los organismos autonómicos competentes. La reforma surge ante las bajas pensiones que perciben muchos de estos profesionales tras décadas cotizando en sistemas alternativos, en algunos casos con aportaciones inferiores a las del régimen público. Sin esta reforma, se estima que una parte significativa de los abogados mutualistas habría accedido a pensiones inferiores a 700 euros mensuales. Según las previsiones del sector, la norma no sufrirá cambios sustanciales en su paso por el Congreso y podría quedar definitivamente aprobada tras su tramitación en el Senado durante el verano.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El Papa León XIV aboga por el "diálogo social" ante patronal y sindicatos

El papa León XIV ha reclamado que las empresas sitúen a las personas en el centro de su actividad y no consideren a los trabajadores como un elemento más dentro de sus objetivos económicos. Además, ha defendido que el empleo siga siendo una fuente de oportunidades y esperanza para la sociedad. Sus palabras coincidieron con una intervención conjunta de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, que apostaron por impulsar un nuevo contrato social capaz de responder a los desafíos planteados por la inteligencia artificial. En una imagen que evocó algunos de los principios recogidos en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el Pontífice participó este domingo en un encuentro con representantes de los ámbitos social, económico, cultural y deportivo de España. Durante el acto, celebrado en el Movistar Arena de Madrid bajo el título "Tejer Redes", insistió en la importancia de que la Iglesia mantenga un diálogo abierto con la sociedad contemporánea. Ante representantes empresariales y sindicales, León XIV destacó el valor del diálogo social en el contexto actual, marcado por la rápida expansión de la inteligencia artificial. Según señaló, este diálogo debe basarse en el encuentro, la escucha mutua, el respeto y la cooperación entre las distintas partes implicadas. El Papa sostuvo que las compañías deben reconocer la dignidad de cada persona y evitar que los empleados sean percibidos únicamente como recursos al servicio de intereses económicos. También subrayó que el trabajo debe conservar su papel como herramienta de progreso y esperanza. Dirigiéndose al ámbito académico, defendió una universidad conectada con la realidad laboral y comprometida con la búsqueda de la verdad. Asimismo, reivindicó una cultura accesible para toda la sociedad, un deporte que vaya más allá del espectáculo y del negocio, y un desarrollo tecnológico que tenga presentes las necesidades de los países más desfavorecidos. Estas reflexiones respondían a las intervenciones previas de los principales representantes de los agentes sociales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el líder de CCOO, Unai Sordo, compartieron escenario para lanzar un mensaje común sobre la necesidad de construir un nuevo marco de convivencia social adaptado al siglo XXI y a la revolución tecnológica. Garamendi defendió la importancia de preservar el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos de estabilidad, consenso y cooperación. A su juicio, las sociedades más sólidas son aquellas que logran alcanzar acuerdos duraderos. Por su parte, Unai Sordo planteó la necesidad de renovar el contrato social para construir sociedades más equitativas y con mayores niveles de bienestar y dignidad. Pepe Álvarez destacó que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una velocidad inédita y advirtió de que la cuestión fundamental es decidir si esa transformación se produce al margen de los trabajadores o contando con su participación. Ángela de Miguel, en representación de las pequeñas y medianas empresas, señaló que el avance tecnológico hace aún más necesaria la dimensión humana en las relaciones económicas y laborales. El encuentro reunió también a representantes de otros sectores de la sociedad. El actor Antonio Banderas intervino en nombre del mundo de la cultura; el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, representó al ámbito académico; mientras que las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales participaron como referentes del deporte. Además, la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén aportaron la representación del sector musical. Miles de personas asistieron al evento, entre ellas empresarios, personalidades de distintos ámbitos y responsables políticos como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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(Cinco Días, 08-06-2026) | Laboral

La justicia avala la legalidad de las indemnizaciones por edad en ERE

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Telefónica de España en enero de 2024. El tribunal considera que el sistema de compensaciones por tramos de edad no vulnera el principio de igualdad ni constituye una forma de discriminación, según la sentencia fechada el 5 de marzo y difundida por EL PAÍS/Cinco Días. La resolución desestima el recurso presentado por un ex trabajador de 57 años, que reclamaba una indemnización por daños morales tras considerar que había sufrido un trato desigual. El fallo ratifica una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, que ya había dado la razón a la empresa. El caso se enmarca en el despido colectivo acordado entre Telefónica y la representación sindical en enero de 2024. El demandante, con una antigüedad en la compañía desde 1989 y un salario de referencia cercano a los 93.400 euros anuales, se acogió voluntariamente al plan y causó baja en febrero de ese año. El diseño del ERE establecía distintas condiciones económicas en función del año de nacimiento de los empleados. Se definieron tres tramos de edad con diferentes porcentajes del salario regulador para las rentas de prejubilación. El grupo más joven percibía un 68% hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; el tramo intermedio, donde se encontraba el demandante, recibía un 62% y un 34%; y el grupo de mayor edad, un 52% y un 34%. Además, el acuerdo incluía una prima de adhesión de 10.000 euros. El trabajador alegaba que la diferencia respecto al tramo superior suponía una reducción económica equivalente a unos 467 euros mensuales en el primer periodo de prejubilación, lo que a su juicio constituía una discriminación por razón de edad contraria a la Constitución y a la legislación vigente. También sostenía que podía tratarse de una represalia por no haberse adherido a anteriores planes de bajas incentivadas. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar que las condiciones del ERE derivan de un acuerdo colectivo negociado con la representación sindical, y no de una decisión unilateral de la empresa. El tribunal entiende que la diferenciación por edad responde a criterios objetivos vinculados a la proximidad de la jubilación y al acceso al sistema público de pensiones. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal Supremo, que en una resolución de enero de 2023 avaló que las diferencias indemnizatorias en despidos colectivos pueden ser legítimas si están justificadas dentro de la negociación colectiva. Según este criterio, la posición de los trabajadores varía en función de su edad y del tiempo que les resta hasta la jubilación, lo que permite establecer mecanismos diferenciados de compensación. En el caso concreto, los magistrados concluyen que no existe un perjuicio desproporcionado para el demandante, ya que las rentas pactadas garantizan un nivel de ingresos acorde con su trayectoria profesional. Asimismo, descartan que existiera represalia empresarial, al constatar que el trabajador no se acogió voluntariamente a planes anteriores y mantuvo su salario hasta el ERE de 2024. La resolución refuerza la validez jurídica de los esquemas de prejubilación por tramos de edad en procesos de reestructuración empresarial, al considerar que pueden ajustarse a derecho cuando se negocian colectivamente. El ERE de 2024 afectó finalmente a 3.393 empleados, dentro de un plan inicial ligeramente superior. Las condiciones incluyeron rentas mensuales y una prima de salida voluntaria. Posteriormente, en 2025, la compañía acordó un nuevo proceso de ajuste que afecta a más de 4.500 trabajadores, con un esquema similar de salidas incentivadas por edad.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El pluriempleo se dispara un 35% tras la reforma laboral y afecta a 611.000 trabajadores

El número de trabajadores que necesitan compaginar dos empleos para alcanzar unos ingresos suficientes continúa aumentando en España. Aunque el Gobierno destaca la transformación del mercado laboral tras la reforma laboral de 2021, diversos expertos y estadísticas oficiales reflejan que persisten algunas situaciones asociadas a la precariedad, entre ellas el crecimiento del pluriempleo. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026, 611.600 personas tenían una segunda ocupación. Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en el último trimestre de 2025, cuando se alcanzaron los 632.600 trabajadores, sigue situándose en niveles históricamente elevados. De hecho, supone un aumento del 35% respecto al periodo previo a la reforma laboral, ya que en el primer trimestre de 2021 había 452.400 personas en situación de pluriempleo. La comparación con hace una década también refleja una tendencia ascendente. Frente a los 423.000 trabajadores que desempeñaban dos empleos entonces, actualmente hay cerca de 189.000 más, lo que representa un incremento del 44,6%. La mayor parte de quienes tienen más de un trabajo desarrollan su actividad principal como asalariados. En concreto, de los 611.600 pluriempleados contabilizados en el primer trimestre de 2026, casi el 77% trabajan por cuenta ajena como ocupación principal, mientras que algo más de 114.000 son autónomos. No obstante, la evolución más significativa se observa en la naturaleza del segundo empleo. Aunque la mayoría continúa desempeñando esa actividad adicional como asalariado, cada vez son más quienes recurren al trabajo autónomo para complementar sus ingresos. Actualmente, más de 208.000 personas tienen una segunda ocupación como trabajadores por cuenta propia, lo que supone un incremento cercano al 50% respecto al periodo anterior a la reforma laboral. Dentro de este grupo, dos de cada tres proceden de un empleo principal como asalariados, mientras que el resto ya desarrollaban una actividad autónoma como ocupación principal. El fenómeno presenta además una clara concentración sectorial. Cerca del 87% de los trabajadores con más de un empleo pertenecen al sector servicios, que reúne a más de 530.000 personas en esta situación. A considerable distancia se sitúan la industria, la construcción y la agricultura. El aumento del pluriempleo refleja las dificultades de numerosos trabajadores para cubrir sus necesidades únicamente con su salario principal. Factores como el encarecimiento de la vivienda, la inflación y el incremento general del coste de la vida han elevado la presión sobre los hogares. Un estudio reciente de InfoJobs señala que, durante 2025, el alquiler absorbió de media el 50% del salario bruto de los trabajadores en España. Este porcentaje se elevó hasta el 71% en la Comunidad de Madrid y el 70% en Cataluña. La plataforma advierte de que, pese a la mejora de la estabilidad laboral derivada de una mayor contratación indefinida, siguen existiendo elementos de temporalidad y estacionalidad que afectan a la seguridad económica de muchos trabajadores. Además, la evolución de los salarios continúa siendo insuficiente para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido por el efecto de la inflación. Otro de los aspectos que genera debate sobre la calidad del empleo tras la reforma laboral es el fuerte crecimiento de los contratos fijos discontinuos. Esta modalidad, impulsada como alternativa a la contratación temporal, ha experimentado una expansión muy significativa en los últimos cinco años. En mayo de 2026 había más de 1,1 millones de afiliados a la Seguridad Social con contratos fijos discontinuos, frente a los 376.000 registrados en mayo de 2021. Esto supone un aumento de casi el 193%, es decir, prácticamente una triplicación de esta fórmula contractual. Diversos especialistas reclaman una mayor transparencia sobre la situación real de estos trabajadores. Cuando no están llamados a prestar servicios, mantienen su contrato en vigor, pero desaparecen de las estadísticas de afiliación activa y tampoco figuran como desempleados registrados. Sin embargo, sí pueden solicitar prestaciones por desempleo durante esos periodos de inactividad. Esta circunstancia ha llevado a distintos centros de análisis a elaborar indicadores alternativos al paro registrado. Uno de ellos es el denominado "paro efectivo", que suma a los desempleados oficiales los trabajadores fijos discontinuos inactivos que pueden percibir prestaciones. Según los cálculos más recientes de Randstad Research, esta cifra alcanzó los 3,07 millones de personas en mayo, alrededor de 718.000 más que los 2,32 millones contabilizados en el paro registrado oficial.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

Seguridad Social recaudará 1.550 millones al año por la subida de cuotas a autónomos societarios y familiares

El Gobierno ha elevado en 2026 la base mínima de cotización de los autónomos societarios, los familiares colaboradores y aquellos trabajadores por cuenta propia que no declaran rendimientos, situándola en 1.424 euros mensuales frente a los 1.000 euros anteriores. Este incremento del 42% supone que los afectados deberán abonar una cuota mínima de 485 euros al mes, unos 135 euros más que en 2025, lo que representa un sobrecoste anual de aproximadamente 1.620 euros. La medida fue aprobada a finales de marzo mediante la orden de cotización correspondiente a 2026 y afecta especialmente a algo más de medio millón de autónomos cuyos ingresos se encuentran en torno a los 1.000 euros mensuales o por debajo de esa cifra. Dentro de este colectivo se incluyen tanto autónomos societarios como familiares colaboradores. Además de su impacto sobre los trabajadores afectados, la decisión tendrá una repercusión significativa en la recaudación pública. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el aumento de las cotizaciones aportará alrededor de 1.550 millones de euros adicionales al año, una cantidad equivalente a una décima del PIB. La Airef considera que esta mejora de ingresos tendrá un efecto permanente sobre las cuentas de la Seguridad Social. Sus cálculos se basan en los datos de afiliación y en las bases medias de cotización de los distintos tipos de autónomos facilitados por la propia Seguridad Social. El origen de esta subida se encuentra en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales aprobada en 2022 y puesta en marcha en 2023. Aquella normativa estableció un calendario para que todos los autónomos, independientemente de su forma jurídica, ajustaran progresivamente sus cotizaciones a sus rendimientos reales antes de 2032. En ese marco se fijó que, a partir de 2026, la base mínima de los autónomos societarios y colaboradores no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General. Sin embargo, la ley contemplaba una adaptación gradual mediante incrementos sucesivos vinculados a los Presupuestos Generales del Estado. La ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023 provocó que la base mínima permaneciera congelada en 1.000 euros durante los últimos años. Como consecuencia, el ajuste se ha concentrado ahora en un único ejercicio, generando un incremento mucho más acusado. La medida ha suscitado críticas entre las organizaciones de autónomos y diversos grupos políticos, que han intentado frenar su aplicación. Las objeciones se centran en que la subida afecta exclusivamente a un segmento concreto del colectivo, mientras que el resto de autónomos mantiene congeladas sus cuotas debido a la falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las nuevas tablas de cotización para el periodo 2026-2028. Pese a ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido la medida argumentando que responde al cumplimiento de los compromisos recogidos en la reforma pactada en 2022 con asociaciones de autónomos, sindicatos y organizaciones empresariales. La recaudación adicional derivada de esta subida forma parte de las medidas destinadas a reforzar la financiación del sistema público de pensiones. El objetivo es compensar el incremento del gasto generado por las reformas recientes, entre ellas la revalorización automática de las pensiones conforme a la evolución del IPC. En su último informe sobre sostenibilidad del sistema, la Airef concluye que la denominada regla de gasto en pensiones se cumple formalmente. Según sus estimaciones, el gasto neto en pensiones se situará de media en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3% fijado en la normativa vigente. El organismo atribuye esta mejora respecto a evaluaciones anteriores principalmente al mayor impacto esperado de las medidas de ingresos. Mientras que el gasto bruto en pensiones se mantiene estable en torno al 14,6% del PIB para el periodo analizado, la aportación de los nuevos ingresos se eleva hasta el 1,6% del PIB de media, reforzando así la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.

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(El Economista, 08-06-2026) | Laboral

Las empresas públicas suben la plantilla hasta su máximo en más de veinte años

El aumento del empleo público en España, que supera proporcionalmente al crecimiento del sector privado desde el final de la pandemia, se ha convertido en una tendencia recurrente trimestre tras trimestre. Dentro de este fenómeno, sin embargo, destaca de forma menos visible el fuerte crecimiento de las plantillas en el ámbito de las empresas públicas y entidades vinculadas a las distintas administraciones. Según advierten distintos expertos, estas entidades presentan un nivel de opacidad superior al de otros organismos públicos, lo que dificulta su seguimiento y control. En conjunto, suman cerca de 200.000 trabajadores, la cifra más elevada en más de dos décadas según la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos actualizados al primer trimestre de 2026. Aunque este volumen es reducido en comparación con los más de tres millones de empleados públicos existentes en España, su evolución es especialmente significativa. Este segmento es el que registra el mayor dinamismo dentro del conjunto del sector público. Entre 2024 y 2026, su plantilla ha crecido por encima del 20%, mientras que en el último año el incremento ha sido cercano al 11%. En contraste, el personal de la Administración General del Estado ha aumentado menos de un 7%, el de las comunidades autónomas un 3,8% y el de las entidades locales menos del 1%. La estructura de estas empresas públicas es compleja y extensa. Según los datos del Ministerio de Hacienda, existen más de 4.000 entidades vinculadas al sector público en sus diferentes niveles administrativos. De ellas, alrededor de 500 dependen de la Administración central, casi 1.300 de las comunidades autónomas y unas 2.560 de las entidades locales, donde este tipo de organismos tiene una presencia especialmente amplia. Esta proliferación no es el único aspecto que genera preocupación. Diversos análisis apuntan a las dificultades de control y fiscalización de estas entidades, algunas de las cuales no están sujetas a mecanismos de supervisión previos sobre su gasto. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha identificado más de 280 entidades sin control previo completo, a pesar de que en ellas se detectan riesgos relevantes en la gestión financiera, posibles incumplimientos normativos o errores contables que podrían afectar a la fiabilidad de sus cuentas. A ello se suma la cuestión de la eficiencia. Según el Banco de España, la deuda conjunta de las empresas públicas ha superado recientemente los 41.000 millones de euros, situándose en niveles similares a los registrados hace una década, cuando alcanzó algo más de 42.000 millones. Esta evolución reabre el debate sobre la sostenibilidad y la eficacia del conjunto del entramado empresarial público. En este contexto, los especialistas señalan que el crecimiento de estas entidades no siempre va acompañado de mejoras equivalentes en transparencia o eficiencia, lo que refuerza las dudas sobre su dimensión y su papel dentro del conjunto del sector público.

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(El Confidencial, 08-06-2026) | Laboral

La realidad de los jóvenes en España: uno de cada tres es pobre después de pagar el alquiler

Los buenos resultados que muestran los principales indicadores de la economía española contrastan con la situación cotidiana de buena parte de la población, especialmente de los jóvenes. Aunque existen sectores sociales que atraviesan una etapa de estabilidad y prosperidad, muchos menores de 35 años continúan enfrentándose a salarios reducidos, precariedad laboral y un fuerte encarecimiento de la vivienda, factores que están llevando a una situación muy delicada a uno de cada tres hogares jóvenes. Un informe elaborado por el IVIE y la Fundación BBVA aporta nuevos datos sobre esta realidad. Según el estudio, los hogares jóvenes destinan de media el 30% de su renta disponible al pago del alquiler y de suministros básicos como electricidad, agua o calefacción. Este elevado esfuerzo económico reduce de forma considerable su capacidad de consumo y prácticamente elimina sus posibilidades de ahorro. Las estadísticas oficiales sitúan en el 24,5% el porcentaje de hogares jóvenes en riesgo de pobreza. Sin embargo, el informe señala que, una vez descontados los gastos de vivienda y suministros, esa tasa se eleva hasta el 33%. Además, advierte de que esta cifra no refleja completamente la situación real, ya que deja fuera a quienes aún no han podido independizarse, un grupo cada vez más amplio. Según datos del Banco de España, cerca del 65% de los jóvenes sigue viviendo en casa de sus padres. El estudio subraya que las dificultades de acceso a la vivienda están retrasando la emancipación juvenil, cuya edad media ya alcanza los 30 años en España, frente a los 26 de promedio en la Unión Europea. Quienes han logrado independizarse tampoco escapan a las dificultades económicas. Uno de cada cinco hogares jóvenes dedica más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un nivel considerado indicador de vulnerabilidad financiera porque deja a las familias en una situación especialmente comprometida. La situación es aún más complicada entre los jóvenes que viven de alquiler a precios de mercado. En ese colectivo, el porcentaje de hogares que supera ese umbral del 40% asciende al 32%, lo que evidencia que alquilar una vivienda se ha convertido para muchos jóvenes en sinónimo de dificultades económicas constantes. Tradicionalmente, la emancipación pasaba por la compra de una vivienda mediante una hipoteca. Sin embargo, el fuerte aumento de los precios inmobiliarios y de los costes iniciales asociados a la compra obliga hoy a disponer de una entrada difícilmente asumible para quienes apenas comienzan su vida laboral. Como consecuencia, el porcentaje de hogares jóvenes propietarios de su vivienda ha caído desde el 65% registrado en 2008 hasta menos del 41% en la actualidad. El informe atribuye parte del problema a la escasez de vivienda social en alquiler. España apenas dispone de un parque público equivalente al 3,5% del total de viviendas, una de las proporciones más bajas de Europa. Incluso duplicando esa cifra, el país seguiría por debajo de la media europea, situada en el 8%. Para igualar ese nivel sería necesario construir alrededor de 900.000 viviendas sociales, un objetivo difícil de alcanzar a corto y medio plazo debido a la lentitud administrativa y a las limitaciones del sector público. Ante esta situación, el estudio plantea varias alternativas. Una de ellas consiste en que las administraciones públicas adquieran viviendas privadas para crear de forma rápida un parque público de alquiler. Otra propuesta es fomentar el denominado alquiler concertado, mediante el cual el sector público asumiría el riesgo de impago de los inquilinos a cambio de que los propietarios ofrecieran alquileres a precios más asequibles. Según el informe, esta fórmula podría ayudar a moderar la subida de precios y ofrecer mayor seguridad a los dueños de viviendas para sacar sus inmuebles al mercado. El análisis también identifica otro factor que perjudica especialmente a los jóvenes: la creciente concentración de la actividad económica y del empleo en las grandes ciudades. Las oportunidades laborales se concentran cada vez más en las grandes áreas urbanas, mientras muchas zonas rurales y ciudades pequeñas pierden atractivo económico. Esta situación obliga cada año a miles de jóvenes a trasladarse a ciudades donde el coste de la vivienda es mucho más elevado. Como resultado, incluso personas altamente cualificadas y con empleos estables terminan viviendo bajo una fuerte presión económica. El estudio destaca precisamente que muchos de estos jóvenes no aparecen en las estadísticas oficiales de pobreza porque sus salarios superan determinados umbrales, aunque en la práctica, después de pagar el alquiler, disponen de una renta muy reducida. La conclusión es que en España cada vez más jóvenes con formación y empleo estable afrontan importantes dificultades económicas debido al elevado coste de acceso a la vivienda.

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(Cinco Días, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB de la eurozona retrocedió un 0,2% en el primer trimestre tras el golpe inicial de la guerra

La economía de la zona euro sufrió una contracción del 0,2% entre enero y marzo de 2026, coincidiendo con el impacto inicial provocado por la guerra en Oriente Próximo. El dato supone un giro respecto al crecimiento del 0,2% registrado en el último trimestre de 2025 y empeora además la estimación preliminar de Eurostat, que inicialmente apuntaba a un avance del 0,1%. Se trata de la primera caída de la actividad económica de la eurozona desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y representa también el mayor descenso desde el segundo trimestre de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia y los confinamientos aplicados frente a la Covid-19. En el conjunto de la Unión Europea, Eurostat también ha revisado a la baja sus cálculos. La economía de los Veintisiete registró una caída del 0,1% en el primer trimestre del año, frente al crecimiento del 0,2% observado en el trimestre anterior y lejos de la expansión inicial de dos décimas que había estimado la oficina estadística comunitaria. Pese al deterioro trimestral, la comparación interanual mantiene cifras positivas. Entre enero y marzo de 2026, el PIB de la zona euro creció un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de la UE avanzó un 0,7%. Por países, Dinamarca lideró el crecimiento trimestral con un aumento del 1,9%, seguida de Estonia y Malta, ambas con una subida del 1,1%. En el lado contrario destacaron las fuertes caídas registradas en Irlanda, con un desplome del 12,1%, así como los retrocesos de Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%). España volvió a destacar entre las grandes economías europeas al registrar un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, duplicando el ritmo de expansión de Alemania e Italia y contrastando con la caída anotada por Francia. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos mantuvo una evolución más sólida. El PIB estadounidense avanzó un 0,4% respecto al trimestre anterior, mejorando el crecimiento del 0,1% registrado a finales de 2025. En términos interanuales, la economía norteamericana creció un 2,6%.

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