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(Expansión, 02-10-2025) | Fiscal

Hacienda blinda los bonus generados en el extranjero para los que llegan a España

La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado que los incentivos laborales generados antes de trasladarse a España no deben tributar en el país, incluso si se cobran después de fijar la residencia aquí. España dispone de un atractivo mecanismo fiscal para captar profesionales extranjeros: el régimen especial para trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham. Este marco concede notables ventajas a quienes trasladan su residencia fiscal, aunque la normativa genera con frecuencia dudas en su aplicación. Una de ellas, referida a los bonus y retribuciones variables devengadas con anterioridad al traslado, acaba de resolverse con una consulta vinculante de la DGT. El caso planteado es sencillo pero con gran repercusión: si un empleado llega a España el 1 de enero y en su primera nómina recibe un bonus vinculado al ejercicio anterior en su país de origen, ¿tiene que tributarlo en España? La respuesta oficial es negativa, lo que aporta seguridad jurídica a los contribuyentes en esta situación. La interpretación se apoya en el Reglamento del IRPF. Aunque el régimen especial establece que todos los rendimientos del trabajo se consideran obtenidos en España mientras se aplica, el artículo 114.2.a) introduce una excepción: no se incluyen aquellos ingresos que procedan de actividades realizadas antes de la llegada al país. En consecuencia, lo determinante no es cuándo se cobra el bonus, sino cuándo se generó el derecho a percibirlo. Si corresponde a un trabajo efectuado íntegramente en el extranjero, no debe declararse en el IRPF español. Ahora bien, la consulta también pone de relieve las limitaciones de este régimen. En cuanto a las deducciones de gastos, el criterio de Hacienda es más restrictivo. Bajo las reglas del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la base imponible se calcula sobre la totalidad de los ingresos, sin posibilidad de descontar costes, salvo en el caso de ciudadanos de la Unión Europea, que sí pueden deducir ciertos gastos vinculados a su actividad en España. La DGT precisa que esta excepción no puede aplicarse a quienes se acogen al régimen especial, ya que, aunque tributen como no residentes, se consideran residentes fiscales en España y, por tanto, no cumplen con el requisito de residir en otro Estado miembro. En definitiva, la resolución representa un respiro para los trabajadores desplazados, al excluir del impuesto los bonus obtenidos antes de su traslado. No obstante, también evidencia que las ventajas del régimen especial conviven con restricciones específicas que configuran un tratamiento fiscal singular.

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(Expansión, 02-10-2025) | Fiscal

Coto judicial a las notificaciones fallidas de Hacienda al ciudadano

Los tribunales españoles están adoptando una postura firme frente a una de las prácticas más perjudiciales de la Administración: los fallos en las notificaciones. Durante mucho tiempo, numerosos ciudadanos han descubierto deudas fiscales o sanciones únicamente cuando el procedimiento ejecutivo ya estaba iniciado, debido a avisos postales que nunca llegaron o publicaciones en el Boletín Oficial del Estado que casi nadie consulta. Esta situación, que generaba una clara indefensión, está siendo corregida gracias a una serie de resoluciones judiciales que insisten en la obligación de la Administración de agotar todos los medios disponibles para localizar al afectado. Un ejemplo reciente lo ofrece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. El caso refleja un problema habitual: una contribuyente, a la que se le exigía el pago de 20.483,85 euros por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, vio rechazado su recurso por haberlo presentado supuestamente "fuera de plazo". Según la Administración, se le había notificado a través del BOE tras dos intentos fallidos de comunicación. No obstante, el tribunal desmonta este argumento. Los jueces constataron que los intentos de notificación presentaban errores tan graves que los convertían en nulos de pleno derecho. El primero se envió a una dirección con el código postal equivocado e incluso con referencias inexistentes a piso y escalera en una vivienda unifamiliar, lo que hacía pensar que el aviso de Correos era defectuoso. El segundo intento se practicó en un domicilio que la contribuyente había abandonado en 2014, información que la Administración tenía a su alcance. Lo más significativo, según la sentencia, es la falta de diligencia mostrada por el órgano administrativo. En el propio expediente figuraban hasta tres opciones válidas para realizar la notificación correctamente: la dirección actual de la contribuyente registrada en el Padrón Municipal desde 2016, su domicilio fiscal oficial; la dirección indicada por ella misma en un escrito de alegaciones; y la dirección de su abogado, a quien había designado como representante y donde ya había recibido comunicaciones previas con éxito. El TSJ de Murcia lo deja claro: antes de acudir a la notificación edictal en el BOE, la Administración debe desplegar "una actividad indagatoria suficiente" para localizar al ciudadano. Al no hacerlo y optar por una vía excepcional a causa de sus propios errores, se generó una situación de indefensión que obliga a anular todo el procedimiento.

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(Expansión, 02-10-2025) | Fiscal

Pozuelo de Alarcón se consolida como municipio con mayor renta del país por quinto año, con 88.000 euros

La renta media declarada por los contribuyentes españoles en el IRPF continúa en ascenso, según refleja el último mapa fiscal elaborado por la Agencia Tributaria a partir de los datos de la estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta. En concreto, las cifras oficiales muestran que en 2023 la renta media bruta alcanzó los 31.333 euros, un 3,1% más que en 2022, cuando se situaba en 30.400 euros. Sin embargo, el informe también confirma que la brecha económica se amplió, llegando a marcar diferencias de hasta 74.000 euros entre municipios. Los datos, publicados ayer, recogen un total de 23,98 millones de declaraciones correspondientes a 7.609 localidades de régimen común (excluyendo a País Vasco y Navarra por su sistema foral), lo que permite establecer comparaciones entre municipios con más de mil habitantes. De nuevo, Pozuelo de Alarcón (Madrid) lidera la clasificación como el municipio con mayor renta media bruta por habitante, alcanzando los 88.011 euros y repitiendo por quinto año consecutivo en primera posición. Le sigue Boadilla del Monte, también en Madrid, que asciende un puesto con 70.869 euros de media. En tercer lugar aparece Sant Just Desvern (Barcelona), que entra en el podio con 67.265 euros, seguido de Sant Cugat del Vallès (66.073 euros) y Matadepera (65.536 euros). Completan el listado de las diez localidades más acomodadas Alella (62.304), Torrelodones (61.359), Aigües (60.883), Alcobendas (60.576) y Majadahonda (60.171). A partir de ese nivel, las rentas medias municipales ya descienden por debajo de los 60.000 euros. En el extremo contrario, los municipios con menor renta media declarada son Benamargosa (Málaga), con 13.831 euros; Guadahortuna (Granada), con 14.339; y Colomera (Almería), con 14.507 euros. Con ello, la distancia entre el municipio más rico y el más pobre se incrementó un 3,5% en el último año, pasando de 71.665 a 75.180 euros (diferencia entre los 88.323 de Pozuelo y los 13.658 de Huesa, en Jaén). El informe señala que los principales componentes de la renta sujeta al impuesto son los ingresos laborales y de actividades económicas. En las grandes poblaciones predominan los salarios, mientras que en los municipios más pequeños tienen mayor peso los rendimientos de actividades económicas. Hacienda subraya que, en general, la estructura de ingresos es parecida entre localidades, aunque en las de menos de mil habitantes las rentas del trabajo ceden protagonismo a las procedentes de actividades profesionales o empresariales. En cuanto a magnitudes, mientras la renta media bruta se sitúa en 31.333 euros, la mediana representa un 75,8% de esa cifra (23.757 euros). Por su parte, la renta media disponible asciende a 25.235 euros, un 2,8% más que en 2022. El análisis también constata una relación directa entre el tamaño poblacional y la renta media: cuanto mayor es la localidad, mayor tiende a ser el nivel de ingresos, salvo en los municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes, que rompen esta tendencia y muestran cifras similares a la media nacional. Por último, la estadística desglosa la evolución de cada componente de la renta. Todos registran incrementos, excepto las ganancias patrimoniales netas, que caen un 10,2%. Destacan al alza las rentas de capital mobiliario (+15,3%), seguidas de los ingresos por actividades económicas (+5,1%) y, sobre todo, de las rentas del trabajo, que crecen un 8,6% y siguen siendo el pilar principal de la renta declarada.

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(El País, 02-10-2025) | Fiscal

Trabajo abre la puerta a que el salario mínimo tribute y pide a Hacienda que exprese su posición

El Ministerio de Trabajo ha solicitado al comité de expertos que proponga una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), indicando qué cantidades permitirían alcanzar el 60% del salario medio neto en España en dos posibles escenarios: uno en el que el SMI esté exento de impuestos y otro en el que sí tribute. Esta petición representa un paso significativo desde el punto de vista político, debido al debate recurrente que enfrenta a este ministerio con Hacienda en los últimos años respecto a este tema. Dado que el SMI tiene un peso cada vez mayor entre los trabajadores, algunas voces defienden que esta renta mínima no debería estar sujeta al IRPF. El Ministerio de Trabajo ha mostrado apertura a esta posibilidad, aunque su preferencia sigue siendo que el salario mínimo continúe exento. Sin embargo, se prepara para ambos escenarios, como refleja el encargo detallado a los expertos. "La diferencia clave en esta nueva comisión es que, para cumplir estrictamente con el objetivo de que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea, hemos pedido a los expertos que calculen dos cifras: una teniendo en cuenta el sistema fiscal actual, con el SMI exento de impuestos, y otra suponiendo que dicho ingreso sí tribute", explicó este miércoles Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. "Cumpliremos con el objetivo del 60% del salario medio, tanto si está exento como si tributa", añadió. Preguntada por la postura concreta de su ministerio, Díaz afirmó que considera que el SMI no debería tributar y que la reforma fiscal debería centrarse en los ingresos más altos. No obstante, también admitió que esta decisión no depende de su departamento, sino de Hacienda, al frente del cual está María Jesús Montero. "Será Hacienda quien lo decida", concluyó. Desde el Ministerio de Trabajo aclaran que pedirán a Hacienda una definición clara sobre si el próximo año el SMI estará sujeto a impuestos o no, para poder incorporar esa decisión en las negociaciones con los agentes sociales. Una vez que los expertos emitan su recomendación, Trabajo iniciará las conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales. Esta nueva subida se sumaría a las ya realizadas durante los últimos años, especialmente durante el inicio del mandato de Pedro Sánchez. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 61%, pasando de 736 euros a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que, según cálculos del Gobierno, lo sitúa en el 60% del salario medio. La actualización del SMI se ha convertido en una medida emblemática del Gobierno, ya que no requiere del respaldo parlamentario y puede aprobarse mediante decreto. A diferencia de otras reformas, como la reducción de jornada que fracasó recientemente en el Congreso, esta iniciativa no se ve afectada por la mayoría conservadora en el Parlamento y suele salir adelante sin grandes obstáculos.

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(El Economista, 02-10-2025) | Fiscal

Andalucía amplía la deducción fiscal de 200 euros por hijo sin límite de renta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado una ampliación relevante en las deducciones autonómicas del IRPF de 200 euros por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos, al suprimir el límite de renta que existía hasta ahora. Con este cambio, la ayuda fiscal pasa a ser universal y podrán beneficiarse de ella todas las familias andaluzas, sin importar su nivel de ingresos. Según las estimaciones, la medida alcanzará a unos 13.100 contribuyentes y supondrá un impacto negativo en la recaudación de 2,6 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo andaluz considera una inversión en políticas sociales y de apoyo a la infancia. El anuncio se produjo tras la rueda de prensa celebrada en las Atarazanas de Sevilla, en el marco de un paquete de medidas fiscales que ya incluía deducciones relacionadas con el gasto veterinario para mascotas, cuotas de gimnasio, vivienda o productos para celíacos. Con esta nueva incorporación, el ahorro total para las familias andaluzas superará los 62 millones de euros, frente a los 55 millones calculados previamente. La deducción, aplicable en el ejercicio en el que se produzca el nacimiento, la adopción o el acogimiento, asciende a 200 euros por cada menor. Además, se eleva a 400 euros si el contribuyente reside en municipios afectados por la despoblación y se incrementa en 200 euros adicionales en casos de partos, adopciones o acogimientos múltiples. El cambio más significativo es la eliminación del requisito de ingresos: antes solo podían aplicarse la deducción los declarantes con rentas inferiores a 25.000 euros en modalidad individual y 30.000 en conjunta, lo que dejaba fuera a numerosas familias con gastos importantes vinculados a la crianza. Moreno ha defendido la universalización de esta medida con dos argumentos principales: por un lado, fomentar la natalidad y facilitar la conciliación frente al envejecimiento demográfico; y por otro, asegurar que todas las familias reciban un apoyo económico que contribuya a cubrir los costes iniciales derivados de tener hijos. Este paso se suma a la ampliación ya realizada en 2022, cuando se multiplicó la deducción base por cuatro y hasta por ocho en casos de categorías especiales.

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(El Periódico, 02-10-2025) | Fiscal

Cataluña aprueba ampliar la Agencia Tributaria para adaptarla a la financiación singular

La nueva Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) da un paso más hacia su despliegue con vistas a asumir la futura financiación singular. Este miércoles, el Parlament ha validado el decreto que el Govern aprobó a finales de agosto para adaptar la agencia al aumento de recaudación que deberá gestionar en los próximos años. Esto supone dotarla de más recursos y autonomía, cumpliendo con uno de los compromisos que Esquerra Republicana (ERC) acordó con el PSOE y el PSC para facilitar las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa. En respuesta a la exigencia de ERC de cumplir primero con los pactos antes de empezar a negociar los presupuestos catalanes, la aprobación del decreto se interpreta como una muestra de compromiso por parte del PSC con sus socios. "Llevamos 13 meses trabajando en este proyecto", ha destacado la consellera de Economía, Alícia Romero, que ya está preparando el nuevo marco presupuestario de cara a 2026. El decreto ha sido aprobado con el voto a favor de PSC, ERC, los Comuns y la CUP (72 diputados), mientras que Junts se ha abstenido (34 diputados) y PP, Vox y Aliança han votado en contra (27). La propuesta de Junts y Vox para tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que habría permitido introducir enmiendas, fue rechazada por la Cámara. La validación de este decreto representa un avance en la construcción de un nuevo modelo fiscal en Cataluña. En el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, ERC consiguió el compromiso de crear un sistema de financiación singular que, no obstante, requiere reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el Congreso, algo que aún no se ha producido. Mientras tanto, el pasado 14 de julio, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado acordó ampliar las competencias de la ATC para que pueda asumir un volumen mayor de recaudación. La previsión es que la agencia pase de gestionar 5.000 millones de euros anuales (en tributos propios y cedidos) a manejar hasta 30.000 millones, incluyendo el IRPF, algo inviable con los medios actuales. Con el nuevo decreto, la ATC contará con mayores capacidades legales y organizativas para afrontar este reto. "Ahora mismo no tenemos ni un solo informático y apenas 30 inspectores. Contamos con unos 850 trabajadores, pero necesitaremos muchos más, además de una infraestructura tecnológica capaz de gestionar grandes volúmenes de información", ha advertido Romero. Como ensayo, la ATC ya asumió un mayor papel en la última campaña de la renta, con récord de atención a los contribuyentes. "El objetivo es seguir reforzando el autogobierno", ha añadido. ERC y los Comuns, socios preferentes del Govern, han respaldado el decreto y han defendido el refuerzo de la autonomía fiscal, aunque desde ERC han expresado su malestar por la falta de concreción en los plazos y por lo que consideran una "negociación a la baja" con el PSOE en el marco de la Comisión Bilateral. "No hemos recibido ninguna garantía sobre el traspaso del IRPF", ha lamentado Albert Salvadó (ERC).

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(El País, 02-10-2025) | Laboral

La Seguridad Social retrasa el comité que estudiará en qué sectores se anticipará la jubilación

El Ministerio de Seguridad Social ha incumplido un plazo que había prometido oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El departamento dirigido por Elma Saiz debía haber constituido ya una comisión encargada de evaluar las solicitudes para adelantar la jubilación en profesiones con alta siniestralidad o bajas prolongadas, pero aún no lo ha hecho. El plazo máximo para cumplir con este compromiso vencía el 28 de septiembre, cuatro meses después de la publicación del real decreto correspondiente. Desde el Ejecutivo aseguran que la puesta en marcha de la comisión es "inminente" y que este retraso no afectará los plazos de respuesta para las solicitudes. Sin embargo, los sindicatos no han tardado en mostrar su malestar. El Gobierno tampoco ha cumplido con otro compromiso incluido en el decreto: la creación de un grupo de trabajo que aborde la perspectiva de género en este debate. Además, cabe recordar que inicialmente se preveía que esta nueva herramienta estaría activa en febrero, pero su publicación en el BOE no llegó hasta finales de mayo, con tres meses de demora. La opción de adelantar la edad de jubilación en trabajos especialmente duros o peligrosos ya existe mediante los llamados coeficientes reductores. Estos permiten que el tiempo trabajado en ciertas profesiones cuente más a efectos de jubilación. Actualmente, ya se aplica en sectores como la minería, la marina mercante o determinados cuerpos policiales. El Ejecutivo acordó con sindicatos y organizaciones empresariales extender este mecanismo a más ocupaciones, basándose en criterios objetivos. Según este procedimiento, los agentes sociales -ya sea de forma conjunta o por separado- pueden presentar solicitudes para determinadas profesiones en las que haya un alto nivel de siniestralidad o bajas de larga duración. Una comisión especializada analizará esas peticiones y emitirá una recomendación, aunque la decisión final recaerá en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. "No sabemos nada. Preguntamos y, como siempre, no hay respuesta", denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, también critica la demora: "La comisión ya tendría que estar constituida". Además, Estévez recuerda que también está pendiente el grupo de trabajo sobre penosidad y género, cuyo plazo para su creación venció el 17 de septiembre. "El 84% de quienes se benefician actualmente de los coeficientes reductores son hombres, y se prometió una comisión específica para estudiar ese desequilibrio. A día de hoy, no existe", afirma. La Seguridad Social admite ambas demoras, pero insiste en que esto no altera el calendario de evaluación de las solicitudes ya presentadas. Según el real decreto, el Ministerio tiene seis meses para responder desde la fecha de registro electrónico de cada petición. En el caso del sector de la construcción, que ya ha solicitado formalmente los coeficientes, la respuesta debería llegar como máximo a principios de 2025. Carlos Bravo advierte de que si no hay respuesta en el plazo de seis meses, la solicitud se considerará desestimada. Además, el decreto establece que si una petición es rechazada, ese colectivo no podrá volver a solicitar los coeficientes hasta pasados cuatro años. Por eso, insiste en que es urgente que la comisión empiece a trabajar cuanto antes y que estos retrasos no penalicen a quienes ya han iniciado el procedimiento. Aunque aún no esté funcionando el comité, las solicitudes sí pueden registrarse. Sin embargo, Bravo alerta de otra preocupación: cada petición requiere varios informes técnicos elaborados por la Administración, imprescindibles para que la futura comisión pueda evaluar adecuadamente cada caso. Y, por ahora, no consta que esos trabajos hayan comenzado. Tanto UGT como CC OO también han expresado su rechazo al diseño inicial del comité propuesto por el Ministerio en junio. Según esa propuesta, el órgano estaría formado por 10 miembros, de los cuales ocho serían representantes de la Administración, y solo dos corresponderían a los agentes sociales: uno para los sindicatos (que CC OO y UGT deberían turnarse) y otro para las patronales (a repartir entre CEOE y Cepyme). Ambos sindicatos presentaron objeciones y siguen esperando una respuesta oficial. El acuerdo que da origen a este nuevo procedimiento para jubilarse anticipadamente en profesiones penosas fue firmado el 18 de septiembre de 2024 entre el Gobierno y los agentes sociales. Desde el Ministerio se insiste en que esta vía está pensada solo para casos muy específicos, y no para sectores enteros. Además, solo se concederán coeficientes reductores si no es viable modificar o adaptar las condiciones laborales del puesto para reducir su dureza. Esta cautela responde al delicado contexto del sistema de pensiones, que se enfrenta a una creciente presión debido al aumento en el número de jubilados y al encarecimiento de las prestaciones, ahora ligadas al IPC. El reglamento también establece que el coste económico de aplicar los coeficientes debe ser neutral: es decir, debe existir una sobrecotización suficiente para compensar el adelanto de la jubilación. Este posible encarecimiento de los costes laborales ha generado reticencias entre algunas patronales, como la de la construcción, que no acompañó a CC OO y UGT en la solicitud registrada en julio. Aun así, tanto CEOE como Cepyme respaldaron la normativa general que regula este procedimiento.

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(El Economista, 02-10-2025) | Laboral

Un español tiene las mismas probabilidades de cambiar de empleo que de irse al paro

En el sector de los recursos humanos se repite con frecuencia la idea de que los españoles han perdido el miedo a cambiar de empleo, impulsados por el aumento de vacantes y de renuncias voluntarias. Sin embargo, las cifras de Eurostat dibujan un panorama muy distinto: solo un 3% de los ocupados cambia de puesto de un trimestre a otro, un porcentaje incluso inferior al 4% registrado antes de la pandemia, y equivalente al de quienes acaban en situación de desempleo. Esa mínima diferencia entre conseguir un nuevo trabajo o quedarse en paro explicaría la prudencia con la que los españoles afrontan un cambio laboral. No obstante, la tasa de movilidad en España se sitúa en la media de la UE, lo que indica que otros países son igual de cautos a la hora de buscar alternativas profesionales. Donde sí destacamos es en el riesgo de desempleo, que es el más alto de los Veintisiete. Las cifras contrastan con las de numerosos estudios elaborados por empresas de selección de personal, que hablan de más del 30% de empleados dispuestos a cambiar de trabajo. Pero estos informes suelen basarse en encuestas que reflejan intenciones o deseos, mientras que la estadística europea mide transiciones reales, registradas en la Encuesta de Fuerza Laboral, y no solo la voluntad de cambio. Es importante subrayar que esos cambios incluyen tanto renuncias voluntarias como finalizaciones de contratos temporales o despidos. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, ni Eurostat ni el INE contabilizan las dimisiones como categoría propia. En España, los datos de la Seguridad Social muestran que las bajas voluntarias se han disparado tras la reforma laboral, situándose como la tercera causa de salida de un trabajador, por detrás del fin de un contrato eventual y de la interrupción de los contratos fijos discontinuos. Precisamente, los fijos discontinuos influyen mucho en la rotación laboral, tanto por los periodos de inactividad entre campañas como porque, si no se reincorporan, su salida se registra como dimisión. Aun así, la reforma laboral ha reducido el volumen de altas y bajas, al haber menos contratos temporales y más indefinidos, lo que limita la movilidad respecto a 2019 y mantiene las cifras en niveles similares a los de la crisis financiera o la pandemia, pese al actual contexto expansivo. En la práctica, los cambios de empleo voluntarios han ganado terreno frente a los involuntarios, aunque en sectores con alta temporalidad la reforma ha tenido mayor impacto. De ahí que los datos actuales recuerden a los de 2021, todavía marcados por la pandemia, y no a los previos a la crisis sanitaria. El comportamiento varía por edad: entre los jóvenes, la tasa de cambio laboral ha descendido del 14% en 2019 al 12%, aunque siguen siendo los únicos que tienen más opciones de encontrar un nuevo trabajo que de acabar en paro (7%). Por el contrario, los mayores de 55 años apenas presentan un 1% de movilidad, mientras que el riesgo de desempleo alcanza el 2%. Esto confirma un patrón: los jóvenes tienen empleos más inestables, con más rotación pero también mayor riesgo, mientras que los trabajadores veteranos tienden a aferrarse a sus puestos, aunque eso suponga que, si lo pierden, sus posibilidades de recolocación son menores. España continúa siendo un mercado laboral caracterizado por una alta tasa de paro y un bajo número de vacantes, además de un desajuste entre la oferta de puestos y las competencias de los desempleados. En consecuencia, las oportunidades de cambiar de empleo son limitadas, y muchos profesionales optan por mantener su puesto actual, salvo en sectores con fuerte demanda. Aun así, nuestra movilidad es similar a la de países como Francia o Alemania. Lo que nos diferencia es el mayor riesgo de desempleo: mientras la media europea se sitúa en el 1%, España la supera con holgura. En cambio, economías como Países Bajos o Dinamarca registran transiciones más altas (5%) y Finlandia un 4%, pero con un riesgo de paro más bajo. Esto refleja que en esos mercados los cambios de empleo son mayoritariamente voluntarios y que las vacantes disponibles superan a las de España. En definitiva, los datos de Eurostat desmontan la narrativa de una "Gran Renuncia" en Europa. Aunque hay tensiones en el mercado laboral, la rotación real de trabajadores sigue lejos de los niveles de dos dígitos que a veces se difunden. En el caso español, la movilidad limitada convive con una alta entrada y salida de la ocupación desde el paro y la inactividad (alrededor del 5%), lo que explica la dificultad de reducir el desempleo por debajo del 10% pese al fuerte crecimiento económico.

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(Cinco Días, 02-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la zona euro sube hasta el 2,2% tras un trimestre estancada

La inflación en la eurozona ha vuelto a subir. Después de tres meses estabilizada en el 2%, que es justo la meta fijada por el Banco Central Europeo (BCE), en septiembre se ha incrementado dos décimas hasta alcanzar el 2,2%, según datos preliminares publicados este miércoles por Eurostat. Este repunte se debe, en gran parte, a que los precios de la energía ya no bajan al ritmo de meses anteriores, por lo que su efecto de contención sobre la inflación se ha reducido. Los primeros datos de varios países de la zona euro ya anticipaban esta subida tras el verano. Alemania, Francia, Italia y España -las principales economías del área- han registrado un aumento en su inflación armonizada. Aunque en otros países como Eslovenia, Grecia o Portugal el índice ha bajado, estas reducciones no han sido suficientes para contrarrestar el alza general, dado el mayor peso de las economías más grandes. El principal impulsor de este cambio ha sido el comportamiento del sector energético. En los meses anteriores, los precios de la energía bajaban con fuerza, en torno al 2% o más, lo que ayudaba a contener la inflación. Sin embargo, en septiembre la caída fue mínima, apenas del 0,4%, lo que ha repercutido directamente en el índice general. "La situación de la inflación en la eurozona no ha cambiado demasiado. El repunte se debe sobre todo al efecto base en los precios de la energía", explica Bert Colijn, economista de ING. Esta interpretación se ve reforzada por otro dato clave: la inflación subyacente -que excluye alimentos frescos, energía y otros productos volátiles- se mantiene sin cambios en el 2,3%, igual que en los últimos cinco meses. Esto refleja que reducir esta medida al objetivo del 2% está siendo más difícil de lo previsto, y por eso el BCE sigue observándola con especial atención. Colijn añade: "Las previsiones para la inflación subyacente en los próximos meses siguen siendo bastante estables. Las empresas manufactureras y de servicios no esperan grandes variaciones en sus precios de venta. Dado que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,3% en septiembre, lo más probable es que disminuya muy lentamente en los próximos trimestres". Esto, según el analista, facilitaría que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios en su próxima reunión, ya que llevan congelados en el 2% desde junio y las dos últimas decisiones han sido pausas. Otro obstáculo para que la inflación general baje al entorno del 2% es el sector servicios. En septiembre, los precios de estos productos subieron una décima, alcanzando el 3,2%. Dado que los servicios representan casi la mitad del índice de precios al consumo, su resistencia a moderarse complica la reducción de la inflación global. Para que se logre el objetivo del BCE, el resto de componentes del IPC tendría que caer mucho más, algo que, por ahora, no parece probable.

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(Cinco Días, 02-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España exigirá un colchón de capital anticíclico del 1% para 2026

A partir del 1 de octubre de 2026, la banca española tendrá que reservar hasta un 1% de sus activos en forma de colchón de capital anticíclico. Así lo ha confirmado este miércoles el Banco de España, siguiendo la hoja de ruta marcada el año pasado, cuando se decidió que las entidades financieras debían comenzar a constituir este fondo con el objetivo de estar preparadas para posibles periodos de debilidad económica y hacer frente a riesgos cíclicos en el sistema financiero. En julio de 2024, coincidiendo con la salida de Pablo Hernández de Cos como gobernador, el Banco de España aprobó que las entidades empezaran a aportar un 0,5% de sus activos en España en 2025. Ahora, tras comprobar que los riesgos siguen bajo control, se ha ratificado el plan de incrementar esa cifra otro 0,5% en 2026, completando así el 1% previsto. En total, se estima que los bancos deberán destinar unos 7.500 millones de euros a este fondo de seguridad. Según el regulador, los riesgos sistémicos cíclicos han permanecido en un nivel "intermedio" durante el último año. Esta decisión ha contado con el respaldo tanto del Banco Central Europeo, que no ha presentado objeciones, como de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI). No obstante, la medida ha generado críticas dentro del sector bancario. Algunas entidades consideran que este tipo de reservas no son prácticas, ya que utilizar esos fondos en una futura crisis podría ser mal visto por los mercados, lo que desincentivaría su uso. Además, los bancos lamentan que se les sigan imponiendo más exigencias regulatorias, justo cuando están presionando a Bruselas para simplificar las normas. Entre los comentarios que ha recibido el Banco de España se encuentra la queja de que se está priorizando la estabilidad financiera por encima de otros objetivos como el crecimiento económico o la competitividad. También se ha señalado que los requisitos de capital se han multiplicado por 3,5 desde 2008. Se han citado informes como los de Letta y Draghi, que insisten en la necesidad de hacer más competitiva la economía europea. Frente a estas críticas, el supervisor asegura que el impacto de este colchón adicional es "muy limitado" y defiende que se trata de la única herramienta disponible con un enfoque contracíclico, útil para garantizar que la banca pueda seguir financiando a la economía real en todas las fases del ciclo económico. En cuanto a la situación macroeconómica, el Banco de España rechaza que las tensiones derivadas de la situación geopolítica o del mercado inmobiliario justifiquen no aumentar esta reserva. Considera que la política macroprudencial actual no es particularmente estricta y que los riesgos, aunque con tendencia al alza, siguen en un nivel moderado. La decisión de avanzar con la segunda fase del colchón se basa en un análisis detallado de riesgos. En la primera parte, se examinaron 16 indicadores que abarcan aspectos macroeconómicos, financieros y bancarios. En general, la mayoría se encuentran en niveles intermedios. Sin embargo, los indicadores macrofinancieros, como la intensidad del crédito o su crecimiento entre hogares y empresas, están en una posición más débil, aunque muestran una evolución al alza. El comportamiento del PIB, el empleo, los mercados financieros y la rentabilidad del sector también se sitúan en niveles intermedios. En la segunda parte del análisis, se han tenido en cuenta factores adicionales, como el exceso de capital de los bancos sobre los mínimos regulatorios -que se estima en una media del 2,9%- y las previsiones de rentabilidad. También se valoró el repunte del crédito a hogares y empresas en los últimos meses. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), los bancos españoles tienen una ratio de solvencia media del 12,7%, bastante por debajo de la media europea del 15,98%. En comparación con países vecinos, la diferencia es aún mayor: Italia (15,95%), Francia (16,06%), Países Bajos (16,11%) y Alemania (16,43%) presentan niveles de solvencia notablemente superiores.

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