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(El País, 16-04-2026) | Fiscal

La Airef recorta el crecimiento económico y alerta de un alza de la inflación y el déficit por la guerra en Oriente Próximo

La incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y su impacto en los mercados energéticos sigue afectando a las previsiones sobre la economía española. En este contexto de elevada volatilidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha revisado sus estimaciones para 2026, advirtiendo de que los riesgos geopolíticos pueden traducirse en menor crecimiento, mayor inflación y un incremento del déficit público. El organismo ha reducido ligeramente su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,3%, una décima menos que en su anterior cálculo. Al mismo tiempo, ha elevado de forma notable la estimación de inflación, que alcanzaría el 3,2% en el conjunto del año, y sitúa el déficit público en el 2,6%, lo que supondría su primer repunte desde la salida de la crisis provocada por la pandemia. Estas previsiones forman parte del informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026, presentado por la Airef, actualmente presidida por Inés Olóndriz. El organismo advierte de que España no cumplirá los objetivos de gasto establecidos en su plan fiscal y que el déficit será superior al previsto, en gran medida por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación económica y a episodios climáticos recientes. Según Olóndriz, el margen fiscal del país es limitado, lo que obliga a vigilar de cerca esta evolución. El déficit proyectado supone un aumento respecto a 2025, cuando se situó en el 2,4% del PIB, y también supera las estimaciones anteriores de la propia Airef. Este deterioro se explica principalmente por el coste de las medidas extraordinarias adoptadas ante el contexto internacional y fenómenos como las borrascas que afectaron a varias regiones. Estas actuaciones, concentradas en la Administración central, también frenan la reducción de la deuda pública, que se mantendría cerca del 100% del PIB. El ajuste de las previsiones refleja un escenario más complejo de lo esperado. Aunque la economía española mantiene cierta solidez gracias a factores internos como el buen comportamiento del empleo, la llegada de inmigración y los fondos europeos, la evolución de los precios de la energía vuelve a ser un elemento clave de riesgo. Según la Airef, el encarecimiento energético podría restar alrededor de dos décimas al crecimiento previsto para 2026, aunque las medidas públicas adoptadas ayudarían a mitigar parcialmente este impacto. En paralelo, el aumento de la inflación es uno de los cambios más significativos del nuevo escenario, con una revisión al alza de más de un punto respecto a las previsiones iniciales. El organismo también advierte de posibles incumplimientos de las reglas fiscales europeas. En concreto, estima que el crecimiento del gasto público superará los límites acordados tanto en términos anuales como acumulados. Para 2026, calcula un aumento del gasto neto del 5,9%, frente al 3,5% comprometido, lo que supone una desviación relevante. Asimismo, señala riesgos de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración central, en la mayoría de comunidades autónomas y en algunas entidades locales. Para ajustarse a estos límites, España tendría que aplicar medidas de contención del gasto equivalentes a unos 10.000 millones de euros.

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(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria ha acatado la sentencia de la Audiencia Nacional y ha corregido la Instrucción que aprobó en marzo de 2023, en la que obligaba a los contribuyentes que quisieran aplazar o fraccionar una deuda aportando un inmueble como garantía a tasarlo mediante empresas o profesionales inscritos en el registro oficial de tasadores. El organismo ha aprobado una nueva Instrucción el 7 de abril, vigente desde el día siguiente, en la que introduce cambios y precisa que, en estos casos, recurrir a tasadores registrados pasa a ser una opción preferente, pero no obligatoria. De este modo, desaparece el carácter imprescindible que tenía este requisito anteriormente, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan acudir también a peritos independientes. No obstante, la Agencia Tributaria especifica que no se aceptarán valoraciones realizadas por agentes de la propiedad inmobiliaria. Este cambio se produce tras la actuación de los abogados Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, que defendieron a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) frente a la instrucción inicial. Según explica Alarcón, el hecho de que antes se exigiera de forma obligatoria implicaba que Hacienda podía rechazar automáticamente la solicitud si no se presentaba una tasación de un profesional registrado. En cambio, al considerarse ahora un criterio preferente, la Administración no podrá denegarla de forma automática, sino que deberá justificar su decisión. Además, al ampliarse el número de profesionales que pueden realizar la tasación, se fomenta la competencia y, previsiblemente, se reducen los costes para los contribuyentes. La Audiencia Nacional, en su sentencia del 17 de marzo de 2025, concluyó que la instrucción de 2023 limitaba indebidamente la capacidad de los contribuyentes para acreditar el valor del inmueble ofrecido como garantía. Antes, podían recurrir a distintos profesionales especializados, pero con la nueva exigencia se convertía en una obligación estricta, cuya ausencia implicaba la denegación de la solicitud. Hacienda justificó en su momento esta medida basándose en una resolución de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que regulaba los criterios para suspender la ejecución de actos recurridos y exigía que las valoraciones fueran realizadas por tasadores oficiales. Sin embargo, el tribunal determinó que esa normativa no era aplicable a los aplazamientos o fraccionamientos de deudas, ya que se refería a un ámbito distinto: la suspensión de actos administrativos impugnados. En consecuencia, la nueva Instrucción aclara que la obligación de acudir a tasadores inscritos solo se mantiene en los casos de suspensión de la ejecución de actos recurridos. En cambio, cuando se trate de valorar bienes aportados como garantía para aplazar o fraccionar deudas tributarias, el recurso a estos profesionales será únicamente recomendable, pero no obligatorio.

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(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

El FMI señala como rebeldes fiscales a Francia y Alemania y deja a España de alumno aventajado

El escenario fiscal en los países de la Unión Europea ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Durante las crisis de 2008 y 2011, los denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) eran señalados por sus graves desequilibrios presupuestarios, con elevados niveles de deuda y déficits difíciles de sostener. Sin embargo, la situación ha cambiado de forma significativa: ahora son economías como Francia y Alemania las que se perfilan como principales incumplidoras de las reglas fiscales en los próximos años, mientras que España avanza hacia un déficit cercano al 2%. De acuerdo con el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), las trayectorias fiscales de las economías avanzadas están divergiendo claramente. En el caso español, se prevé una reducción de la deuda de entre 10 y 14 puntos porcentuales hasta 2031, impulsada por un contexto favorable en crecimiento e intereses. Mientras tanto, otros países, como Alemania, están abandonando su tradicional disciplina fiscal. Las previsiones del FMI indican que España cerrará el ejercicio actual con un déficit del 2,1%, manteniéndose en niveles similares -entre el 2,1% y el 2,3%- durante los próximos años. En paralelo, la deuda pública seguirá una senda descendente desde el 100,4% del PIB registrado el año pasado, bajando al 98,2% en 2026 y situándose en torno al 90,4% al final de la década. Aunque aún lejos del objetivo del 60% fijado por la normativa europea, este nivel se considera más manejable. La principal advertencia del FMI para España se centra en la polarización política, que puede dificultar la puesta en marcha de reformas de calado y medidas de eficiencia. En contraste, Alemania verá deteriorarse sus cuentas públicas en el próximo lustro. Su deuda superará el umbral del 60% del PIB -alcanzando el 62,9% este año- y continuará aumentando hasta situarse en torno al 73,7% en 2031, lo que supone un incremento de cerca de 11 puntos porcentuales. Asimismo, su déficit rebasará el límite del 3% establecido por Bruselas, con previsiones del 3,8% este año y picos superiores al 4% en 2028 y 2029. Este giro responde a un cambio en la política económica alemana, que abandona su tradicional prudencia fiscal para priorizar inversiones, especialmente en defensa e infraestructuras. La actual gran coalición liderada por Friedrich Merz ha flexibilizado el denominado "freno de la deuda" (Schuldenbremse), permitiendo así la aprobación de un ambicioso plan de inversión de 500.000 millones de euros a diez años. Por su parte, Francia presenta una situación fiscal más delicada y prolongada en el tiempo. Desde la llegada de Emmanuel Macron al poder, el país ha acumulado desequilibrios derivados de reducciones fiscales no acompañadas de ajustes en el gasto. Aunque la reciente aprobación de los Presupuestos de 2026 ha aportado cierto alivio, el déficit seguirá siendo elevado -un 4,9% del PIB este año- y su reducción será gradual, hasta situarse en torno al 2,9% en 2031. A pesar de esta mejora progresiva del déficit, la deuda francesa continuará creciendo, pasando del 116% del PIB al 118,4% este año, superando el 120% en 2027 y manteniéndose en niveles elevados posteriormente. Este aumento está vinculado, en parte, al elevado gasto en Seguridad Social tras la reversión de la reforma de las pensiones. El FMI advierte de la necesidad de retomar medidas como el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las jubilaciones anticipadas. En conjunto, el FMI lanza un aviso a los países europeos sobre los crecientes desafíos fiscales a los que se enfrentan, especialmente por la necesidad de equilibrar el aumento del gasto en defensa, el envejecimiento de la población y las inversiones estratégicas.

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(Cinco Días, 16-04-2026) | Laboral

Bruselas plantea un día de teletrabajo para ahorrar energía

El conflicto en Irán se está prolongando y amenaza con transformar el encarecimiento del gas natural y el petróleo en una verdadera crisis energética. Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea está elaborando un plan con distintas medidas destinadas a reducir el impacto económico en hogares y empresas. El Ejecutivo comunitario prevé presentar esta propuesta el 22 de abril a los Estados miembros, con la intención de debatirla y, en su caso, aprobarla durante la reunión informal de líderes de la Unión Europea que tendrá lugar en Chipre en los días posteriores. Entre las iniciativas que han trascendido tras la filtración del borrador, destaca la posibilidad de establecer un día obligatorio de teletrabajo a la semana siempre que sea viable, el cierre de edificios públicos cuando no estén en uso y el impulso del transporte público mediante rebajas en las tarifas o incluso su gratuidad para determinados colectivos. Estas medidas aún no son definitivas y podrían modificarse, aunque siguen la línea de las recomendaciones recientes de la Agencia Internacional de la Energía. Por ahora, el abastecimiento energético en la Unión Europea está asegurado, y el principal impacto se refleja en el aumento de precios debido a la incertidumbre en los mercados. No obstante, si el conflicto se prolonga o continúan los daños en infraestructuras clave, la situación podría agravarse, motivo por el cual Bruselas apuesta por la prudencia. En un acto organizado por el Real Instituto Elcano, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, señaló que los datos de la Agencia Internacional de la Energía evidencian una pérdida significativa de capacidad de producción de gas, petróleo, combustible de aviación y ciertos productos químicos esenciales para la industria. En este contexto, Ribera subrayó la importancia de medidas orientadas a la moderación del consumo, el ahorro energético y la eficiencia, recordando que en crisis anteriores las acciones más sencillas lograron reducir notablemente el uso de combustibles fósiles. Respecto al paquete en preparación, que también contempla una mayor flexibilidad en las ayudas estatales para sectores especialmente afectados, la vicepresidenta destacó que busca equilibrar reformas estructurales -ya previstas- con actuaciones excepcionales ante situaciones de emergencia. Asimismo, la Comisión propone a los países miembros iniciativas como la distribución de ayudas directas para hogares vulnerables o la aplicación temporal de tarifas reguladas para consumidores con menor capacidad económica. En cualquier caso, estas medidas se plantean como provisionales, con la intención de mantenerlas, como máximo, hasta finales de este año para evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.

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(Expansión, 16-04-2026) | Laboral

Entra en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado

La nueva resolución entra en vigor este jueves, al día siguiente de su publicación, y establece un plazo de un mes para que la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos ajusten tanto los calendarios laborales como los sistemas de control horario a la nueva jornada anual de 1.533 horas, lo que fija la jornada ordinaria en un máximo de siete horas diarias. El Ejecutivo estima que esta medida, cuya aplicación se ha demorado durante años y estaba pendiente desde 2022, favorecerá a unos 220.000 empleados públicos. Entre ellos se incluyen trabajadores de la AGE, de la Seguridad Social, así como de organismos autónomos, agencias y otras entidades dependientes. También se aplicará al personal destinado en prisiones, centros sanitarios, educativos o en aquellos puestos con características específicas que lo requieran. Quedan excluidos de esta normativa los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, se contempla su posible adaptación en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, Sanidad o Educación, siempre conforme a las regulaciones específicas y a los procesos de negociación previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. La implantación de la jornada de 35 horas deberá ajustarse a las particularidades de cada ámbito y comunicarse a la Secretaría de Estado de Función Pública. Además, según indicó el ministro Óscar López, se garantizará en todo momento la correcta prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones. Para ello, se adoptarán las medidas organizativas necesarias que permitan compatibilizar la reducción de jornada con el mantenimiento e incluso la mejora de la calidad del servicio. En el caso de los puestos que requieren especial dedicación, la jornada semanal se reducirá de 40 a 37,5 horas, aunque podrá ampliarse de forma excepcional si lo exigen las necesidades del servicio. Las jornadas especiales en determinados sectores o centros de trabajo se adaptarán, previa negociación, para hacerlas compatibles con la nueva duración de 35 horas. Cada ministerio u organismo determinará qué puestos requieren ese régimen de especial dedicación. La organización del tiempo de trabajo podrá estructurarse en tres modalidades: Jornada de mañana: horario fijo de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, completándose el resto con horario flexible entre las 7:00 y las 9:00, y entre las 14:00 y las 18:00 (hasta las 15:30 los viernes). Jornada partida (mañana y tarde): presencia obligatoria de 9:00 a 16:30 de lunes a jueves, con pausa mínima para la comida, y de 9:00 a 14:30 los viernes. El resto se cubre con horario flexible en franjas similares a las anteriores. Jornada de tarde: horario fijo de 15:00 a 20:00, de lunes a viernes, completándose con tramos flexibles entre las 13:00 y las 15:00, y entre las 20:00 y las 22:00. Los calendarios laborales podrán establecer otros márgenes horarios según las necesidades de cada servicio, especialmente en función de los horarios de atención al público. Asimismo, se contempla una pausa de 30 minutos durante la jornada, considerada tiempo efectivo de trabajo, que deberá organizarse sin perjudicar el servicio. Generalmente, se situará entre las 10:00 y las 12:30 en turnos de mañana, y entre las 16:30 y las 19:00 en turnos de tarde. Por último, las Subsecretarías ministeriales y otros órganos competentes podrán fijar horarios distintos de apertura y cierre de edificios públicos, siempre que se comuniquen adecuadamente para su conocimiento general.

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(Expansión, 16-04-2026) | Laboral

Pendientes medio millón de funcionarios de ayuntamientos

CSIF, uno de los sindicatos que suscribieron el acuerdo marco para implantar la jornada laboral de 35 horas, reclama que esta medida se aplique de forma inmediata en todos los departamentos de la Administración del Estado y que se extienda también al conjunto del sector público, incluyendo ayuntamientos y empresas públicas. En caso contrario, advierte de que podría emprender acciones legales. Sin embargo, la resolución establece claramente que esta jornada general no se aplicará directamente a las entidades locales ni a otras administraciones, que seguirán rigiéndose, de manera supletoria, por lo dispuesto en la disposición adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) considera que esta resolución puede servir como base para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas en más de medio millón de empleados públicos de las administraciones locales. El sindicato ha iniciado acciones para coordinar a sus delegaciones con el objetivo de extender esta medida en ayuntamientos y organismos locales donde aún no se aplica o, en su caso, para que quede recogida formalmente en los convenios colectivos allí donde ya esté en funcionamiento. CCOO recuerda que más de 500.000 trabajadores públicos podrían beneficiarse de esta reducción, que hasta ahora solo se ha implantado en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras. Dado que el acuerdo alcanzado en marzo en el ámbito de la Administración General del Estado contemplaba la extensión de las 35 horas a todo el sector público, el sindicato considera que ya no existen obstáculos legales para su aplicación en ayuntamientos y otras entidades locales. En este sentido, CCOO señala que la Ley de Bases de Régimen Local establece que la jornada anual de los funcionarios locales debe ser equivalente a la de los empleados de la Administración del Estado, incluyendo las mismas condiciones de reducción de jornada. Por ello, ha propuesto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la creación de una mesa de negociación con los principales sindicatos para implantar de forma coordinada esta medida en las administraciones locales. Además, cada sección sindical de CCOO presentará solicitudes formales en sus respectivos ayuntamientos para iniciar la negociación e implantación de la jornada de 35 horas, utilizando un modelo facilitado por la organización. También subraya que esta jornada, así como los horarios en servicios con turnos -como policía local, bomberos o instalaciones públicas-, deben negociarse e incorporarse a los convenios colectivos, incluso en aquellos casos en los que ya se estuviera aplicando sin reflejo formal. Por su parte, el Ministerio de Función Pública recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ha quedado superada en este ámbito por la Ley de Presupuestos de 2018, que fijó una jornada general de 37,5 horas semanales para el sector público, aunque permite establecer otras jornadas mediante negociación colectiva. Esta normativa ya contemplaba que cada administración puede fijar una jornada distinta en sus calendarios laborales, siempre previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. En el caso de las entidades locales, la regulación estatal actúa como marco supletorio hasta que cada una apruebe su propia normativa, lo que implica que la implantación de una jornada diferente puede negociarse sin depender necesariamente de la resolución aprobada para la Administración General del Estado.

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(El País, 16-04-2026) | Laboral

España ganó 74.700 puestos de foráneos en el último mes y 230.400 en el año

El empleo entre trabajadores extranjeros en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo. El número de cotizantes de origen extranjero se sitúa en torno a los 3,15 millones, superando el récord anterior registrado meses atrás. Tras un ligero descenso durante los meses de invierno, la afiliación ha repuntado con fuerza al inicio de la primavera, coincidiendo con el arranque de la actividad turística. Este registro se produce justo antes de la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que podría beneficiar a cientos de miles de personas, aunque sus efectos tardarán en reflejarse en las estadísticas, ya que la resolución de las solicitudes llevará varios meses. En comparación con febrero, el número de afiliados extranjeros aumentó en unos 74.700, lo que supone un crecimiento del 2,4% en un solo mes, el mayor incremento registrado en marzo desde que existen datos. También en términos anuales el avance es notable, con más de 230.000 nuevos afiliados, lo que equivale a una subida cercana al 8%. Por nacionalidades, los mayores incrementos recientes corresponden a trabajadores procedentes de Marruecos y Colombia, seguidos de rumanos, venezolanos, italianos y peruanos. En el conjunto del sistema, la comunidad marroquí sigue siendo la más numerosa, por delante de la rumana y la colombiana. Desde la Seguridad Social destacan que el empleo extranjero ha crecido con gran intensidad en los últimos años, con más de 850.000 nuevos ocupados desde 2022. De hecho, cerca del 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países. Además, estos ya representan alrededor del 14,4% del total de cotizantes, lo que refleja su papel clave en el funcionamiento del mercado laboral español.

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(El Economista, 16-04-2026) | Laboral

El auge del contrato indefinido incentiva a las empresas a invertir más en la formación de sus plantillas

La formación continua en las empresas ha sido tradicionalmente una de las grandes debilidades del mercado laboral español, con niveles muy inferiores a los de otros países europeos. Además, cuando los trabajadores compaginaban empleo y estudios, en la mayoría de los casos eran ellos mismos quienes asumían el coste. Sin embargo, esta situación está empezando a cambiar: cada vez más ofertas de empleo incluyen el compromiso de facilitar la actualización profesional de los candidatos. Este giro no responde tanto a nuevos incentivos o al impacto de la inteligencia artificial, sino a un efecto inesperado de la reforma laboral de 2021, que podría contribuir a corregir una de las principales carencias de la fuerza laboral en España. Un estudio realizado por Pawel Adrjan (Indeed y Universidad de Oxford), Carlos Victoria Lanzón (Universidad Complutense) y Jonas Jessen (WZB Berlín) señala que el aumento de los contratos indefinidos y la limitación de los temporales tras la reforma han llevado a muchas empresas a replantear su estrategia. Como resultado, están ofreciendo a sus empleados oportunidades de formación dentro del propio puesto de trabajo. Esto implica que, más allá de los contratos en prácticas, las compañías están apostando por proporcionar formación continua durante toda la trayectoria profesional del trabajador dentro de la empresa, lo que también se convierte en un elemento clave para atraer talento. Los autores destacan que estudios anteriores se centraban en los trabajadores temporales, pero lo hacían a través de indicadores indirectos como la productividad o los salarios, sin analizar de forma directa la oferta de formación por parte de las empresas. Además, no se había prestado suficiente atención a las políticas destinadas a reducir la temporalidad. El análisis revela que los sectores más afectados por la reforma laboral son los que más han incrementado la publicación de ofertas que incluyen formación financiada por la empresa. A partir del estudio de más de tres millones de anuncios de empleo en Indeed entre 2018 y 2024, se observa que las ocupaciones donde más cayó la temporalidad han llegado a triplicar la oferta de formación. En concreto, esta ha aumentado en 4,3 puntos porcentuales (un 53% más en términos relativos) respecto a los sectores menos impactados, que ya partían de una mayor proporción de contratos indefinidos antes de 2022. De hecho, en los últimos años se ha producido una inversión en esta tendencia. El incremento de la formación responde tanto a un cambio en el comportamiento de las empresas ya existentes como a una mayor presencia de compañías que tradicionalmente apuestan por formar a sus empleados. Según Adrjan, ofrecer contratos indefinidos incentiva a las empresas a invertir más en capital humano, algo especialmente relevante en España, donde la formación continua sigue siendo baja en comparación con otras economías avanzadas, lo que supone un reto para la productividad en un contexto de rápida transformación tecnológica. En este sentido, la reforma laboral impulsada en 2021 por Yolanda Díaz ha conseguido de forma indirecta un objetivo que no lograron iniciativas anteriores: aumentar la formación proporcionada por las empresas a sus trabajadores. A diferencia de medidas previas -como incentivos, bonificaciones o herramientas como la cuenta formación, que buscaban fomentar el aprendizaje individual-, el modelo actual se basa cada vez más en la implicación directa de las empresas en la capacitación de sus empleados.

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(El Periódico, 16-04-2026) | Laboral

Los sindicatos trasladan su acto central del Primero de Mayo fuera de Madrid: van a Málaga

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, no acudirán este año a la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, rompiendo así con la tradición habitual. En su lugar, ambos participarán en la movilización que se celebrará en Málaga, según han confirmado los sindicatos. Esta decisión coincide con el inicio de la campaña electoral andaluza, que arranca esa misma medianoche de cara a los comicios del 17 de mayo. Aunque en un primer momento Sordo evitó confirmar la información en una rueda de prensa, poco después ambas organizaciones sindicales ratificaron su participación en la marcha andaluza. Desde los sindicatos recuerdan que no es la primera vez que el acto principal del Día del Trabajo se celebra fuera de Madrid, como ocurrió en 2011 en Valencia, en plena crisis económica. El Primero de Mayo es la principal jornada reivindicativa del año para los sindicatos, en la que fijan sus prioridades. En la edición anterior, el foco estuvo en la reducción de la jornada laboral, una propuesta que finalmente no salió adelante en el Congreso. Este año, los líderes sindicales detallarán sus reivindicaciones en una comparecencia prevista para el lunes, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional tras el conflicto en Oriente Próximo. La subida de los precios energéticos ha impulsado la inflación, que en marzo alcanzó el 3,4%, superando el crecimiento de los salarios pactados en convenio, que se situaron en el 2,92%. Esta situación ha llevado a los sindicatos a mostrarse prudentes en la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que debe sustituir al vigente hasta el año pasado. Sordo ha señalado que es preferible esperar a que se aclare el contexto económico antes de cerrar cifras con la patronal, y ha advertido de que la preocupación empresarial por el absentismo será uno de los puntos de mayor fricción. Por otro lado, CC OO ha presentado un informe sobre siniestralidad laboral en el que advierte de que la reducción del número de fallecidos el último año -735, 61 menos que el anterior- no debe interpretarse como una mejora en la prevención. Según el sindicato, este descenso se explica más por cambios en la estructura productiva y por una mayor estabilidad en el empleo que por avances reales en seguridad laboral. El informe destaca que en un 35% de los accidentes con baja no se había realizado una evaluación de riesgos, pese a ser una obligación legal desde hace décadas, lo que evidencia, a juicio del sindicato, importantes carencias en el sistema preventivo. Para abordar esta situación, los sindicatos han acordado con el Ministerio de Trabajo una reforma en materia de prevención de riesgos laborales. No obstante, critican la lentitud en su aprobación, aunque confían en que algunas medidas puedan salir adelante mediante decreto. Finalmente, el estudio señala que el único ámbito donde han aumentado los fallecimientos es el sector de la construcción, donde esta tendencia lleva dos años al alza. Los sindicatos lo vinculan al incremento de la actividad y del empleo en este sector y reclaman medidas como adelantar la jubilación de los trabajadores de mayor edad mediante coeficientes reductores.

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(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las "Big Four" ingresan un 9,2% más

Deloitte, PwC, EY y KPMG alcanzan conjuntamente más de 4.100 millones de euros de ingresos en España, según los datos utilizados en este análisis. Entre ellas, Deloitte continúa encabezando el sector con una facturación cercana a los 1.300 millones. Las conocidas como Big Four siguen creciendo en el mercado español, aunque a un ritmo inferior al promedio del sector. En el último ejercicio, estas cuatro firmas sumaron 4.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al año anterior, por debajo del crecimiento de dos dígitos (11,4%) registrado en 2024. De acuerdo con el estudio elaborado por EXPANSIÓN a partir de la información facilitada por las propias compañías, el aumento medio del sector se situó en el 10%, elevándose hasta el 12,5% si se consideran únicamente las auditoras medianas. Deloitte se mantiene como la empresa con mayores ingresos en España tras crecer un 9,4% y superar los 1.288 millones de euros, mientras que EY alcanzó los 921,6 millones, con un aumento del 8,7%. Por su parte, PwC y KPMG registraron incrementos del 8,9% y del 10%, respectivamente, aunque aplican criterios distintos a los de sus competidores al contabilizar su actividad, ya que Deloitte y EY solo incluyen los datos de las sociedades registradas en el Registro Mercantil que facturan dentro del país. En términos generales, el balance es positivo. Según el presidente del ICJCE, Víctor Alió, la auditoría ha mantenido una evolución constante en los últimos años. Destaca además que el sector sigue siendo uno de los principales generadores de empleo entre los jóvenes con formación económica y que, cada vez más, se incorporan perfiles tecnológicos. En este sentido, subraya que las firmas están evolucionando hacia modelos multidisciplinares con especializaciones que van más allá del ámbito financiero, con un creciente componente tecnológico. Por su parte, el presidente de REA Auditores, Emilio Álvarez, indica que los trabajos de auditoría crecieron un 5% en 2024, alcanzando los 72.723 encargos. De estos, el 43,69% fueron realizados por pequeñas entidades, el 39,38% por medianas y el 16,93% por grandes firmas. En su opinión, la aparición de nuevas tecnologías refuerza aún más la importancia de la labor de auditoría en la economía.

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