(Expansión, 10-09-2026) | Laboral
El Gobierno mantiene su intención de reformar el régimen del despido improcedente en España, pese a no contar actualmente con el respaldo parlamentario necesario, al rechazo de las organizaciones empresariales y a las dudas expresadas por el Tribunal Supremo sobre la necesidad de incrementar las indemnizaciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su compromiso de impulsar cambios para encarecer el despido injustificado, que considera actualmente demasiado barato.
Díaz respondió en el Congreso a una pregunta del portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, sobre si el Ejecutivo mantiene entre sus prioridades la reforma anunciada tras los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, derivados de las denuncias presentadas por UGT y CCOO. Estos pronunciamientos señalaron deficiencias en la normativa española al considerar que el sistema de indemnización por despido improcedente no garantiza suficientemente su carácter disuasorio y reparador para los trabajadores afectados.
La vicepresidenta defendió que despedir a un trabajador en España tiene un coste reducido. Según señaló, la indemnización media apenas alcanza los 8.000 euros, aunque en Euskadi se sitúa en torno a los 12.000 euros. "Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí, vamos a hacer algo", afirmó Díaz, confirmando así que el Ministerio de Trabajo pretende retomar la reforma.
El planteamiento del Gobierno, sin embargo, no pasa necesariamente por recuperar la indemnización de 45 días de salario por año trabajado que estuvo vigente antes de la reforma laboral de 2012. La alternativa que estudia Trabajo sería establecer un sistema que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador y permita determinar una compensación adecuada en función de su situación personal.
Díaz puso como ejemplo las diferencias que pueden existir entre un trabajador de 60 años, sin formación y con problemas de salud, y una persona joven con conocimientos de idiomas y mayores posibilidades de encontrar un nuevo empleo. La intención sería que estas circunstancias pudieran tener algún reflejo en la indemnización correspondiente cuando se produzca un despido improcedente.
Esta propuesta choca, no obstante, con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, que hace un año estableció que la indemnización legal por despido improcedente, fijada actualmente en 33 días de salario por año trabajado, no puede ser incrementada por los tribunales atendiendo a las circunstancias particulares de cada trabajador. El Alto Tribunal considera que un sistema de indemnización tasado garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato y concluyó que no vulnera ni el Convenio 158 de la OIT ni la Carta Social Europea.
El Supremo también consideró que la referencia a una "indemnización adecuada" contenida en estos instrumentos internacionales tiene carácter programático y no permite a los jueces modificar directamente las cuantías establecidas por la legislación española. En consecuencia, cualquier cambio en el coste del despido debería proceder de una reforma legal aprobada por el Parlamento.
La sentencia supuso además un revés para la interpretación defendida por el Ministerio de Trabajo respecto a los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales. El Tribunal Supremo sostuvo que las decisiones de este organismo no tienen carácter ejecutivo ni son vinculantes para los tribunales españoles, al no tratarse de un órgano jurisdiccional con capacidad para dictar sentencias de obligado cumplimiento. De esta manera, descartó que los jueces puedan elevar las indemnizaciones para hacerlas más disuasorias o reparadoras dentro del marco legal vigente.
A las dificultades jurídicas y parlamentarias se suma la falta de acuerdo en el diálogo social. CEOE y Cepyme abandonaron hace un año la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo para abordar esta cuestión, al considerar que una reforma del despido contravendría el acuerdo alcanzado en 2021 con motivo de la reforma laboral, que contó con el respaldo de empresarios y sindicatos. En aquella negociación, precisamente, el despido quedó fuera del contenido de la reforma para facilitar el consenso entre las partes.