(El Economista, 02-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne este jueves con las comunidades autónomas para debatir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que finalice el año. El plazo para presentar aportaciones permanece abierto hasta el 7 de octubre y se prevé una negociación compleja, después de que las autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP) emitieran un comunicado rechazando el plan y adelantaran que reclamarán al Gobierno su "desideologización".
El encuentro de hoy en la Conferencia Sectorial se produce una semana después de la reunión técnica que mantuvo el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, con la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que reiteró la voluntad de consenso del Gobierno con las comunidades autónomas.
El nuevo plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, tres veces más que el anterior. De esa cantidad, el Estado financiará el 60% y las comunidades el 40% restante. Según el reparto previsto, un 40% se destinará al incremento de vivienda pública, un 30% a programas de rehabilitación -incluyendo eficiencia energética- y otro 30% a ayudas de carácter urgente.
Entre las prioridades que el Ministerio considera irrenunciables figuran: triplicar la inversión en políticas de vivienda, garantizar la protección permanente del parque público y reforzar la transparencia de los datos para ofrecer información fiable a la ciudadanía.
El plan se articula en cinco grandes ejes: la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar eficiencia y accesibilidad; medidas específicas para facilitar la emancipación de los jóvenes; la reducción de la tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda en condiciones asequibles; y la intervención en mercados tensionados donde existen mayores dificultades de acceso.
Según el Ministerio, comunidades como País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia ya han aceptado estas tres condiciones básicas. Aun así, el consenso no está garantizado. El lunes, y con la reunión ya convocada, las autonomías del PP reiteraron su rechazo al plan, al que acusan de imponer políticas que -según advierten expertos- podrían tener efectos negativos, como la intervención del mercado, la creación de zonas tensionadas o la generalización de subvenciones que acabarían encareciendo los precios.
Asimismo, critican que el Gobierno haya elaborado el plan de forma "unilateral" y denuncian que la exigencia de cofinanciación del 40% rompe tanto con el principio de igualdad entre ciudadanos como con la autonomía de las comunidades.
Por su parte, Isabel Rodríguez ha reiterado su confianza en la cooperación con las autonomías y ha desmentido que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, como sostiene el PP. "Hace una semana tuvimos una reunión técnica donde todavía se plantearon mejoras que podemos valorar. Muchas ya han sido incorporadas. Por eso me sorprenden algunos comunicados políticos", afirmó ayer en una entrevista en Onda Cero. Aun así, la ministra también ha reconocido en varias ocasiones que espera "poco" de la disposición al acuerdo por parte del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo.