(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal
Los asesores fiscales alertan de la falta de una estrategia coordinada en la implantación de las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude y de la futura factura electrónica obligatoria. A su juicio, la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda podría quedar desfasada antes de lo previsto, ya que Spain deberá adaptar su legislación a la Directiva europea ViDA antes de 2030.
Tras dos aplazamientos, las empresas deberán cumplir con las nuevas exigencias de la Ley Antifraude a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año. Una de las principales novedades será la obligación de utilizar Verifactu, el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, mediante el cual las compañías tendrán que remitir sus facturas al Fisco para reforzar el control tributario.
Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales advierten de que estas obligaciones podrían tener una vida útil limitada. La razón es que la transposición de la Directiva ViDA obligará a revisar el reglamento actual, forzando a muchas empresas a realizar una nueva adaptación tecnológica poco después de haber invertido en adecuar sus sistemas de facturación a las exigencias actuales.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto para la transposición parcial de esta directiva europea, cuyo objetivo es modernizar el sistema del IVA comunitario y ajustarlo a un entorno cada vez más digitalizado.
Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, cuestiona la conveniencia de implantar ahora medidas como Verifactu y la factura electrónica obligatoria sin haberlas alineado previamente con el marco comunitario que será de obligado cumplimiento en 2030. Según su valoración, esta situación está provocando que España quede desacompasada respecto a otros países de la European Union, donde ya se están desarrollando normativas más adaptadas al futuro modelo europeo.
En el caso concreto de Verifactu, los asesores consideran que varios aspectos deberán revisarse. Uno de ellos es que la Ley Antifraude se centra exclusivamente en las facturas emitidas, dejando fuera de forma equivalente el tratamiento de las facturas recibidas, algo que previsiblemente cambiará con la normativa comunitaria.
También genera dudas la coexistencia de Verifactu con el Suministro Inmediato de Información (SII), ya que ambos sistemas cubren en gran medida operaciones similares. Desde la AEDAF consideran probable que, a partir de 2030, solo uno de los dos mecanismos termine manteniéndose. Por otro lado, la Ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica obligatoria, también podría verse modificada. La Directiva ViDA prevé extender la facturación electrónica a todas las operaciones intracomunitarias, una exigencia que la regulación española actual todavía no contempla.
Albert Folguera, integrante del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, critica además la dualidad del sistema español frente a modelos más centralizados como el de Italy, donde todas las facturas electrónicas se remiten directamente a la Administración tributaria sin excepciones. Ante este escenario, los asesores fiscales reclaman una hoja de ruta clara que permita ordenar la convergencia entre el sistema español de facturación y las futuras exigencias europeas. Su objetivo es avanzar hacia un modelo único y coherente desde el principio, evitando cambios regulatorios sucesivos que obliguen a empresas y autónomos a asumir nuevos costes de adaptación en pocos años.