(El País, 29-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El precio de la vivienda en España continúa subiendo de forma constante, dificultando cada vez más que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda sin tener que dedicar una parte excesiva de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. Según el informe "Convenios colectivos y derecho a la vivienda", publicado este lunes por UGT, un trabajador medio necesitaría más de 45,6 años destinando el 40% de su salario neto -límite de esfuerzo recomendado por la OCDE y superior en 10 puntos al fijado por la Ley de Vivienda- para poder pagar una vivienda. Esta cifra representa un 50% más de tiempo si se compara con el periodo que sería necesario en caso de que no se aplicaran intereses: 30,4 años.
La situación es especialmente crítica en regiones como Madrid, Cataluña o Baleares, donde el valor de una vivienda, según el índice del portal Fotocasa, equivale a entre 20 y 25 años de salario bruto completo. UGT advierte que, con estas cifras, la vivienda se ha transformado en un bien de "lujo inaccesible" para la mayoría de los trabajadores. "Hoy en día, ni alquilar ni comprar representa una opción viable para miles de personas cuyos ingresos provienen del trabajo", señala el estudio.
Respecto al mercado de alquiler, el informe denuncia que algunos asalariados se ven obligados a destinar la totalidad de su sueldo al alquiler si quieren acceder a una vivienda de tamaño básico. Esto sucede especialmente entre los trabajadores de sectores como la hostelería, el comercio o el campo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como en las categorías salariales más bajas del sector de limpieza de edificios y locales en lugares como Baleares o Málaga. De los 195 casos analizados -que estudian los salarios netos de categorías bajas, medias y altas en diversos sectores y regiones-, solo en el 15% el coste del alquiler no supera el umbral de esfuerzo recomendado. En los demás, el esfuerzo requerido es tan elevado que, según los autores, el acceso a una vivienda resulta "una ilusión".
El informe también subraya que el impacto de las hipotecas varía según el convenio y la región. En sectores como comercio, limpieza o agricultura, el gasto hipotecario supera el 40% del salario neto para trabajadores con sueldos medios en prácticamente todo el país. Incluso en sectores con mejor retribución, como la Industria del Metal, se sobrepasan los límites razonables en territorios como Baleares, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Gipuzkoa.
Ante este escenario, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha afirmado que la diferencia entre salarios y precios de la vivienda es tan grande que compromete uno de los pilares esenciales de una vida digna. El informe reclama una mejora clara de los salarios, y sostiene que no se puede hablar de derecho a la vivienda sin hablar de empleo decente. Si no se garantiza el aumento de sueldos, la estabilidad en el empleo y una negociación colectiva fuerte, advierten, el problema de la exclusión residencial seguirá creciendo.
El documento señala que, en ciertas zonas, los salarios netos deberían duplicarse para que los trabajadores puedan dejar de destinar una parte tan elevada de sus ingresos al alquiler. Por este motivo, UGT propondrá en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -que se actualizará este año- que el precio de la vivienda se utilice como un indicador clave a la hora de pactar incrementos salariales.
Durante la presentación del informe, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha añadido que también debería tomarse en cuenta la información del Observatorio de Márgenes Empresariales para fijar sueldos en los convenios colectivos, ya que estos datos reflejan con precisión la evolución de los beneficios empresariales.
Entre las medidas adicionales que reclama el sindicato están la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, incluyendo la declaración de zonas tensionadas y el control de precios del alquiler, así como la ampliación del parque de vivienda pública. UGT también propone incentivos fiscales y cambios regulatorios que fomenten el uso de viviendas vacías. Finalmente, hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, independientemente de su nivel, a coordinar esfuerzos frente a la crisis habitacional. "No se trata solo de una cuestión de negociación colectiva, sino de un problema mucho más profundo, ligado a la dignidad y a los derechos humanos. Si no se actúa, esto puede desembocar en un estallido social", concluyó Luján.