(Expansión, 04-03-2024) | Laboral
En la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes se decidió agilizar al máximo el proceso administrativo del anteproyecto de ley de reforma del subsidio por desempleo, con el objetivo de cumplir rápidamente con los plazos establecidos por la Comisión Europea. Bruselas retiene 10.000 millones de euros del plan de recuperación 2021-2026, a la espera de que el Gobierno lleve a cabo una de las reformas económicas más urgentes solicitadas a España.
En este contexto, el Consejo de Ministros está facultado para acelerar la tramitación de iniciativas legislativas cuando sea necesario para que la normativa entre en vigor dentro del plazo requerido por la legislación europea. Es importante tener en cuenta que la reforma del subsidio por desempleo también implica la adopción en la legislación española de normativas de la Unión Europea. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha aprovechado esta oportunidad para introducir cambios en la normativa, aumentando la protección de quienes reciben el subsidio para evitar que se vean obligados a aceptar cualquier oferta de trabajo para no perder la prestación.
Sin embargo, Díaz enfrentó una fuerte oposición por parte de Podemos, lo que finalmente condujo al rechazo del Congreso de los Diputados al proyecto de ley. Los diputados de Podemos argumentaron que el Gobierno intentaba recortar las pensiones futuras de quienes reciben el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, y se unieron al PP y a Vox para rechazar una reforma que Díaz quería aprobar mediante Real Decreto Ley.
Para acelerar el proceso administrativo de la reforma del subsidio, el Gobierno se ampara en la ley 5/1997, que permite la aprobación urgente de una normativa cuando se presentan circunstancias extraordinarias imprevistas. Esto implica reducir a la mitad los plazos administrativos y evita la necesidad de un nuevo concurso público para el subsidio, ya que el Ministerio de Trabajo considera que ya se llevó a cabo anteriormente. Sin embargo, aún pueden introducirse cambios en el marco de las negociaciones en curso con los agentes sociales.
Independientemente de si se llega a un acuerdo con los agentes sociales o no, el Gobierno tiene la intención de presentar cuanto antes en el Congreso de los Diputados la reforma del subsidio por desempleo. Además, se ha incluido un proyecto de Real Decreto Ley para regular la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, que incluye orientación personalizada para encontrar empleo, servicios de intermediación, asesoramiento para el autoempleo, entre otros.
Por lo tanto, el Gobierno busca presionar a sus socios para evitar que la normativa se estanque en un proceso largo en el Congreso, con el objetivo de evitar que coincida con las elecciones al Parlamento Europeo en junio, lo que dificultaría su aprobación.