(El Periódico, 10-10-2025) | Laboral
Todas las empresas, sin importar su tamaño ni sector, estarán obligadas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores mediante sistemas digitales. El borrador del real decreto que el Ministerio de Trabajo ha sometido este jueves a consulta pública elimina definitivamente la posibilidad de llevar el control horario en papel, un método todavía muy común en las pequeñas empresas.
Con esta medida, el Gobierno busca aumentar la fiabilidad del registro horario y prevenir los excesos de jornada laboral. La nueva normativa también obligará a las compañías a anotar todas las pausas que realicen los empleados durante su jornada. Estas novedades entrarán en vigor en las próximas semanas, una vez finalice el periodo de consulta y el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros.
El Ministerio apenas ha previsto un breve periodo de adaptación: las empresas dispondrán de 20 días desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para implementar los programas informáticos necesarios y comenzar a registrar digitalmente la jornada laboral.
Con esta reforma, Trabajo cumple su objetivo de permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder de forma remota y en tiempo real a los registros de jornada, lo que facilitará comprobar si se están produciendo excesos de horas trabajadas en una empresa.
"El sistema de registro deberá permitir el acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cualquier momento y de forma inmediata, tanto de manera remota como presencial en los centros de trabajo", señala el texto sometido a consulta.
Esta posibilidad de acceso remoto ha generado críticas entre las organizaciones empresariales, que acusan a la ministra Yolanda Díaz de querer instaurar una especie de "vigilancia permanente" sobre las empresas. También existen dudas sobre si la Inspección de Trabajo contará con recursos tecnológicos y personal suficiente para gestionar esta supervisión.
Cabe recordar que la reforma del registro horario estaba inicialmente prevista dentro del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero tras el rechazo del Congreso, la vicepresidenta segunda ha decidido rescatar esta parte del plan mediante una vía reglamentaria alternativa.