(El País, 16-07-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha iniciado la negociación con los agentes sociales para incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia salarial, aunque el proceso comienza con retraso, ya que el plazo fijado por la Unión Europea para realizar la transposición finalizó el pasado 7 de junio de 2026.
Durante la segunda reunión de la mesa de diálogo social, celebrada este miércoles, UGT y CCOO trasladaron al departamento dirigido por Yolanda Díaz un documento en el que muestran un profundo desacuerdo con el borrador presentado por el Gobierno. Las organizaciones sindicales consideran que la propuesta no incorpora buena parte de las obligaciones previstas en la normativa europea y cuestionan incluso el instrumento jurídico elegido para llevar a cabo la reforma.
Según los sindicatos, el texto elaborado por Trabajo omite modificaciones que requieren una norma con rango de ley y que, por tanto, deberían tramitarse en el Parlamento. En su opinión, recurrir únicamente a un real decreto impediría una transposición completa de la directiva y dejaría numerosos aspectos pendientes para una fecha indeterminada.
Las organizaciones sindicales recuerdan que el Ejecutivo ha dispuesto de tres años desde la aprobación de la directiva europea para preparar una reforma integral y consideran que el retraso supone un incumplimiento de las obligaciones asumidas por España.
Tras esta crítica general, UGT y CCOO detallan varias carencias del borrador. Entre ellas, destacan que no se establece cómo se aplicarán las nuevas obligaciones de transparencia salarial al personal del sector público, pese a que la directiva extiende su ámbito tanto a trabajadores privados como a empleados públicos.
Asimismo, consideran necesario modificar diversos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, especialmente los artículos relativos al salario y a la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, cambios que el proyecto del Ministerio no contempla.
Uno de los principales reproches se refiere a la fase previa a la contratación. Los sindicatos recuerdan que la directiva reconoce el derecho de las personas candidatas a conocer antes de ser contratadas la retribución inicial o la banda salarial del puesto ofertado, prohíbe que las empresas soliciten información sobre el salario percibido en empleos anteriores y exige que las ofertas de trabajo se redacten con criterios de neutralidad de género. A su juicio, el borrador del Ministerio no regula ninguno de estos aspectos, lo que consideran una ausencia especialmente relevante.
También discrepan de que las empresas con menos de 50 trabajadores queden exentas de determinadas obligaciones relacionadas con la transparencia en la progresión salarial. Aunque la directiva permite esa excepción, los sindicatos defienden que todas las empresas, con independencia de su tamaño, deberían asumir esos compromisos.
El documento critica igualmente la falta de mecanismos que permitan comparar públicamente las retribuciones entre empresas, la ausencia de medidas específicas para grupos empresariales con varias sociedades y el escaso protagonismo que se otorga a la negociación colectiva como instrumento para garantizar la igualdad retributiva.
Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que estudiarán las observaciones presentadas por las organizaciones sindicales y elaborarán una nueva versión del proyecto con el objetivo de acercar posiciones y lograr un acuerdo. No obstante, el respaldo de las organizaciones empresariales se considera poco probable, dado que CEOE y Cepyme mantienen importantes discrepancias con el departamento de Yolanda Díaz desde hace más de dos años.
En ese periodo, Trabajo ha alcanzado distintos acuerdos con los sindicatos, como las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional y diversas iniciativas en materia laboral. Sin embargo, otras reformas relevantes, como la reducción de la jornada laboral, no han logrado superar la tramitación parlamentaria.
En paralelo, el Ministerio continúa trabajando en otras iniciativas pendientes, entre ellas el refuerzo del registro horario como alternativa a la reducción de jornada y nuevas medidas en materia de prevención de riesgos laborales y ampliación de determinados permisos. Los sindicatos han advertido de que no suscribirán nuevos acuerdos con el Gobierno si la reforma del sistema de control horario no queda aprobada antes del próximo mes de agosto.