(La Vanguardia, 08-01-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha trasladado a sindicatos y organizaciones empresariales su propuesta de incrementar el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026, lo que situaría su cuantía en 1.221 euros al mes en catorce pagas y mantendría la exención del IRPF. Se trata de la opción que se daba por más probable y que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presentado este lunes a los agentes sociales, que aún no han fijado una posición definitiva y prevén hacerlo en los próximos días.
Hasta ahora, CC OO y UGT se habían mostrado cercanas a un acuerdo, mientras que la CEOE mantenía una postura mucho más distante. Para acercar posiciones, Trabajo ha planteado estudiar una de las demandas históricas de la patronal, la flexibilización de las reglas de desindexación en la contratación pública, aunque el principal inconveniente es que la decisión final no depende de este departamento.
La subida de 37 euros mensuales hasta alcanzar los 1.221 euros coincide con una de las dos recomendaciones formuladas por el comité de expertos que asesora al Ejecutivo en materia de SMI, que planteaba un incremento del 3,1% siempre que el salario mínimo continuara sin tributar. La propuesta llega tras el acuerdo entre Trabajo y Hacienda para mantener, un año más, la exención fiscal. Pérez Rey subrayó que la medida cuenta con el respaldo de Hacienda y, por tanto, constituye una posición conjunta del Gobierno, evitando así un nuevo choque entre ambos ministerios como el que se produjo el año pasado y que se resolvió de forma puntual mediante una ampliación de deducciones.
Una cuestión clave para los sindicatos, como es la prohibición de absorber complementos salariales con la subida del SMI, no se abordó en la reunión al tramitarse por una vía distinta. CC OO y UGT consideran este punto imprescindible para respaldar el acuerdo, mientras que la CEOE se opone frontalmente y ha advertido de que acudirá a los tribunales si se regula mediante una norma sin rango de ley, como prevé el Ministerio de Trabajo.
Por otro lado, Trabajo se comprometió a analizar con detenimiento la posibilidad de relajar la normativa de desindexación en la contratación pública, un gesto dirigido a la patronal, que lleva tiempo denunciando que las empresas con elevados costes laborales que prestan servicios a la administración deben asumir subidas salariales sin poder trasladarlas a sus contratos.
El Ministerio de Trabajo se ha mostrado tradicionalmente favorable a esta modificación y considera que la transposición de la directiva europea sobre el salario mínimo ofrece una oportunidad para abordarla. No obstante, la decisión recae fundamentalmente en Hacienda, que hasta ahora se ha opuesto a esta reforma. El único compromiso concreto expresado por Pérez Rey fue abrir negociaciones con los ministerios implicados.
Los incrementos continuados del SMI han provocado que el salario más habitual en España se sitúe ya en niveles muy próximos a este umbral. En 2023, el 7,4% de los trabajadores percibía el salario mínimo y, si se amplía el análisis a quienes cotizan hasta el 125% del SMI, el porcentaje asciende al 22,8%. Estos datos reflejan una fuerte concentración salarial en torno al mínimo legal, lo que implica el riesgo de que empleados con experiencia o cualificación media queden anclados en esa franja cuando, en condiciones normales, deberían percibir retribuciones superiores. La comisión de expertos advierte de este efecto en su informe, recordando que el SMI debería servir de referencia principalmente para trabajadores sin cualificación o sin experiencia.