(El País, 28-04-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo presentó este viernes a empresarios y sindicatos su propuesta sobre cómo debería regularse en la ley la actualización futura del salario mínimo interprofesional (SMI). El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea que el SMI sea, como mínimo, igual al 60% del salario medio neto en España.
Esta propuesta se enmarca en la nueva mesa de diálogo social abierta el pasado 31 de marzo, destinada a incorporar a la legislación española la Directiva Europea sobre salarios mínimos, un proceso que ya acumula retraso, ya que el plazo para su transposición venció el 15 de noviembre. El documento, que modificará el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberá ser aprobado en el Parlamento, en un contexto político complejo.
Además del porcentaje del 60%, el borrador establece que el Gobierno no solo deberá consultar a sindicatos y patronal antes de actualizar el SMI -como ya sucede-, sino también contar con un informe previo de la Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo. Esta comisión ya existe, pero se propone reforzar su papel y regular su composición y funciones en el propio Estatuto de los Trabajadores.
Trabajo también plantea ajustar y ampliar los criterios que actualmente se consideran para la actualización anual del SMI, como el IPC, la productividad nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Se añadirían ahora elementos como el poder adquisitivo del salario mínimo, la evolución de la productividad a largo plazo, la necesidad de garantizar una vida digna, combatir la pobreza laboral, y atender especialmente a los salarios más bajos y a la brecha de género.
En la primera reunión de marzo, los empresarios mostraron su descontento, ya que interpretaron que el Ministerio pretendía avanzar hacia una reforma laboral por partes. Aunque la nueva propuesta elimina algunos aspectos que provocaron ese rechazo inicial, las patronales siguen sin mostrar apoyo, según diversas fuentes. En especial, rechazan la idea de fijar por ley un porcentaje mínimo del 60% respecto al salario medio neto, alegando que condicionaría demasiado la negociación colectiva.
El porcentaje propuesto podría suponer un salario mínimo más elevado que el sugerido por la propia directiva europea y por las recomendaciones de la Carta Social Europea. La directiva sugiere tomar como referencia ratios como el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio bruto, mientras que el Comité Europeo de Derechos Sociales interpreta que los salarios mínimos deben ser de al menos el 60% del salario medio neto.
Fuentes sindicales calificaron la reunión de este viernes como "larga e infructuosa" y lamentaron que aún no se haya fijado la fecha del próximo encuentro. Temen que la negociación se prolongue debido a la apertura de nuevos frentes legislativos, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y a las tensiones internas en Cepyme, inmersa en su proceso electoral.
Otra novedad que puede generar rechazo entre los empresarios es la obligación de proporcionar información económica detallada en las negociaciones de convenios de empresa. Según el borrador, la parte empresarial debería facilitar documentos como balances, cuentas de resultados, memorias y modelos de contratos, equiparándolos a los informes que presentan a sus accionistas.
Asimismo, en las negociaciones de convenios sectoriales, tanto empresas como representantes de los trabajadores podrían solicitar informes sobre cifras agregadas del sector, como el volumen de negocio o los márgenes económicos, atendiendo así a una demanda histórica de los sindicatos.
Actualmente, el SMI en España está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Desde 2018, ha aumentado más de un 60%, con el apoyo constante de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), pero sin contar en los últimos años con el respaldo de la patronal.