(El País, 16-10-2026) | Laboral
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha activado los trámites para acometer un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de la celebración de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. La pretensión del departamento laboral pasa por materializar esta medida antes de los comicios, garantizando que el suelo salarial no pierda capacidad adquisitiva frente al reciente repunte del índice de precios de consumo y mantenga la equivalencia con el 60% del salario medio neto, tal como recomienda la Carta Social Europea.
Aunque el Ministerio se encuentra a la espera del dictamen encargado a la comisión de especialistas, las proyecciones sugeridas por los precedentes y las declaraciones de la vicepresidenta segunda apuntan a una subida próxima al 5%. Este cálculo tomaría como referencia el dato interanual de la inflación de septiembre, situado en el 4,9%, en un contexto donde el ritmo de avance de las retribuciones pactadas en convenio y de los costes laborales permanece por debajo de ese margen. Díaz ha solicitado al comité técnico que entregue sus recomendaciones con margen suficiente a finales de este mes, agilizando de manera notable los plazos habituales de ejercicios anteriores.
De confirmarse un repunte en el entorno del 5%, la cifra quedaría por debajo de la pretensión de las centrales sindicales CCOO y UGT, que defienden una elevación del 7%. Los representantes de los trabajadores Supeditan además futuros compromisos a la aprobación de reformas complementarias, como la prohibición de que las empresas neutralicen las subidas mediante la absorción de complementos salariales o el refuerzo en el control del registro horario.
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado un rechazo frontal tanto a las dinámicas del proceso como a la oportunidad temporal de la iniciativa en vísperas electorales. Las organizaciones empresariales se han opuesto a la mayoría de las revisiones del SMI aplicadas durante los últimos años, periodo en el cual la cuantía mínima ha pasado de los 736 euros mensuales fijados en 2018 a los 1.221 euros brutos en 14 pagas vigentes en la actualidad.
Desde el área económica del Ejecutivo, el ministro Carlos Cuerpo ha abogado por reducir la incertidumbre de los perceptores confirmando el ajuste salarial antes de que concluya el año, sin explicitar si el acuerdo definitivo verá la luz antes o después de la cita con las urnas. A diferencia de las reformas con rango de ley, la actualización del salario mínimo se instrumenta mediante real decreto, por lo que su convalidación no requiere la fiscalización de la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.