(El Economista, 03-06-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo está diseñando un nuevo plan de choque para reducir el desempleo juvenil y el paro de larga duración, con especial atención a las personas mayores de 52 años que perciben subsidios. Esta iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con las comunidades autónomas en la reciente conferencia sectorial, en la que se acordó la distribución de 2.571 millones de euros destinados a financiar políticas activas de empleo, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que tiene previsto reunir a los agentes sociales antes del 15 de julio para abordar la propuesta.
El responsable del departamento, número dos de Yolanda Díaz, señaló en una jornada organizada por la asociación de directores de relaciones laborales Adirelab en el CES, celebrada poco después de conocerse los datos de desempleo de mayo, que el Gobierno no se conforma con la mejora registrada en estos colectivos y pretende consensuar nuevas medidas con sindicatos y organizaciones empresariales, como CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Este nuevo plan dará continuidad a otros ya aplicados en ejercicios anteriores, centrados también en estos grupos.
Pérez Rey subrayó que la convocatoria a los agentes sociales se realizará en las próximas semanas, antes del 15 de julio, para acordar un plan específico tanto para el empleo juvenil como para el de larga duración. Destacó además el amplio respaldo alcanzado en la conferencia sectorial, aprobada por todas las comunidades autónomas salvo Valencia, que votó en contra por motivos ajenos al contenido del acuerdo, lo que calificó como una "anomalía política".
El Gobierno insiste en que, aunque el paro juvenil ha mejorado en los últimos años y se encuentra en mínimos históricos desde la reforma laboral, España continúa registrando una de las tasas más elevadas de Europa, solo por detrás de Rumanía, con un 24,3% según Eurostat. Esta cifra más que duplica la media general del mercado laboral.
En cuanto a los desempleados mayores de 52 años, el Ejecutivo destaca que, aunque su número ha descendido en más de 40.000 personas en lo que va de año, aún se sitúa en torno a las 900.000, lo que representa aproximadamente un tercio del total de parados. Según Pérez Rey, este colectivo seguirá siendo una prioridad en las políticas de empleo.
Tanto el Gobierno como los agentes sociales coinciden en la necesidad de mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, ante las dificultades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de los servicios autonómicos para facilitar la inserción laboral de los demandantes de trabajo. En este sentido, la patronal CEOE ha advertido de las limitaciones actuales del sistema, señalando que no logra cubrir vacantes existentes pese a los altos niveles de desempleo, lo que considera un problema estructural del mercado laboral y una señal de que los recursos invertidos no se están aprovechando de forma óptima.