(El Economista, 04-03-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha manifestado su intención de incorporar "lo antes posible" la directiva europea sobre transparencia salarial, cuyo objetivo es eliminar el secretismo en torno a los sueldos para combatir la discriminación retributiva. El plazo fijado por la Unión Europea para que los Estados adapten esta norma concluye el próximo 7 de junio, aunque no está garantizado que España llegue a tiempo. Aun así, el departamento prevé abrir de inmediato el diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales para consensuar un texto que pueda publicarse sin demora en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de los datos de paro y afiliación, en vísperas del 8 de marzo. Subrayó que se trata de una regulación clave en cuya negociación el Ejecutivo español ha participado activamente en el ámbito europeo.
La directiva 2023/970 establece que las empresas deberán facilitar a cualquier trabajador que lo solicite información sobre cómo se sitúa su salario en comparación con el de sus compañeros y corregir las diferencias que no estén sustentadas en criterios objetivos y neutros, los cuales deberán constar por escrito. Además, será obligatorio incluir la horquilla salarial en las ofertas de empleo, algo que actualmente solo aparece en alrededor del 18% de las vacantes publicadas en España.
La normativa también suprime las cláusulas contractuales que impiden a los empleados divulgar su sueldo y prohíbe preguntar a los candidatos por sus retribuciones anteriores. Con ello, Bruselas pretende reforzar la posición negociadora de los trabajadores, especialmente de las mujeres, a quienes considera más perjudicadas por prácticas salariales opacas.
Asimismo, las compañías deberán publicar periódicamente datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. La frecuencia dependerá del tamaño de la plantilla: anualmente en empresas con más de 250 empleados y cada tres años en aquellas con entre 100 y 249 trabajadores.
Según Pérez Rey, esta directiva completa el marco normativo ya existente en España en materia de planes de igualdad y transparencia retributiva, y constituye un paso decisivo para cerrar la brecha salarial de género. Aunque destacó que la diferencia se ha reducido en los últimos años, insistió en que cualquier desigualdad resulta inaceptable.
La norma no modifica directamente los convenios colectivos, pero sí limita la discrecionalidad de las empresas a la hora de ofrecer salarios distintos fuera de las referencias establecidas, obligándolas a justificar adecuadamente cualquier mejora individual. Esto podría reducir su margen para competir por talento si no fundamentan bien sus propuestas, un aspecto que podría generar reticencias en el ámbito empresarial. No obstante, el secretario de Estado no adelantó detalles concretos sobre el contenido final de la transposición.
Si la adaptación española reproduce fielmente el texto europeo, las empresas que incumplan estas obligaciones no podrán contratar con las administraciones públicas. Aunque la legislación nacional ya excluye de la contratación pública a compañías que carecen de planes de igualdad, la nueva regulación amplía el alcance a todas las medidas vinculadas al principio de "igual salario por igual trabajo", más allá de la cuestión estrictamente de género. Además, al tratarse de una directiva comunitaria, contará con respaldo europeo y será de aplicación en todos los Estados miembros.