(El Economista, 16-01-2026) | Fiscal
El Ministerio de Trabajo ha optado por ampliar los plazos para seguir negociando con el Ministerio de Hacienda una fórmula que permita compensar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los precios de los contratos públicos adjudicados a empresas privadas, lo que ha llevado a posponer la reunión prevista para este viernes. Así lo anunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien explicó que su departamento está elaborando "una propuesta de indexación" que no requeriría modificar la Ley de Desindexación, norma que actualmente impide la actualización de precios reclamada tanto por la patronal CEOE como por los sindicatos UGT y CCOO en sus conversaciones con el Ejecutivo.
Desde Trabajo señalan que continúan las reuniones técnicas para analizar posibles vías jurídicas que permitan compensar a las empresas que prestan servicios a la Administración -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- y que cuentan con un elevado número de empleados vinculados al SMI, como ocurre en sectores como la limpieza. Por su parte, fuentes de Hacienda confirman que estos trabajos están en marcha, a pesar de la negativa manifestada hace apenas una semana a introducir este ajuste como incentivo para alcanzar un acuerdo con la CEOE sobre el salario mínimo. Aunque no se muestran favorables a la medida, admiten cierta disposición a explorar alternativas.
Desde el punto de vista legal, las fuentes consultadas consideran complicado articular una solución que no pase por modificar la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, no sería la primera vez que el equipo de Díaz intenta introducir cambios mediante un desarrollo reglamentario, una estrategia que ha generado críticas tanto entre grandes despachos de abogados como entre los técnicos de la patronal. El Gobierno mantiene la discreción sobre las opciones que se están estudiando, mientras que los agentes sociales aseguran estar a la espera de conocer la propuesta concreta que Trabajo pondrá sobre la mesa en relación con el SMI.
Este jueves, la vicepresidenta insistió en que las medidas que se están valorando junto a Hacienda no contemplan reformas legales, ya que, de alcanzarse un acuerdo entre ambos ministerios, bastaría con su aprobación en el Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se sostiene que una compensación de este tipo no es viable sin modificar la normativa vigente, y el propio Ministerio de Hacienda reconoce la dificultad de hacerlo sin tocar la ley que impide la revisión de precios.
En este caso, al tratarse de una demanda impulsada por la patronal, el principal escollo no sería la aritmética parlamentaria -que podría contar incluso con el apoyo del PP o de Junts-, sino las reservas presupuestarias de Hacienda. La ministra María Jesús Montero ha reiterado en distintas ocasiones, tanto en privado como públicamente, que no considera adecuado que el sector público asuma el sobrecoste derivado de las subidas salariales en los contratos, ya que las empresas, al concurrir a una licitación, asumen el riesgo de incrementos de los costes laborales derivados de convenios o de cambios normativos.
Esta postura volvió a ponerse de manifiesto el pasado mes de diciembre, cuando Hacienda promovió un voto en el Congreso para frenar una enmienda del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En ese texto, al que tuvo acceso elEconomista.es, el equipo de Montero estimaba en 280,5 millones de euros el coste para el Estado de una revisión del 2% en los contratos vigentes, a lo que habría que añadir el impacto presupuestario para comunidades autónomas y ayuntamientos. La propuesta de Trabajo contempla una subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros, lo que elevaría aún más ese coste.
Pese a las dificultades, el Ministerio de Trabajo confía en poder acercar posturas con Hacienda y lanzar así una señal de acercamiento a la CEOE, con la que acumula meses de tensiones por distintas iniciativas, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, los cambios en prevención de riesgos o el permiso por fallecimiento. La reforma de la Ley de Desindexación fue una de las exigencias iniciales de los empresarios en las negociaciones del SMI para sumarse a un acuerdo, aunque este año optaron por una posición más pragmática y centraron su demanda en evitar la modificación de las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales al aplicar el salario mínimo.