(El Economista, 06-11-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo puso en marcha este miércoles el procedimiento para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las próximas elecciones generales, con la publicación del proyecto de real decreto para someterlo a audiencia pública. Sin embargo, la propuesta del departamento se aparta de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos, que había presentado su informe anual apenas dos días antes. Según recoge la memoria económica del proyecto, Trabajo ha elevado en cuatro décimas el incremento aconsejado, pasando del 4,9% al 5,3%, con el objetivo de compensar nuevamente la subida de los precios. De aprobarse la medida, el SMI alcanzaría los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, lo que supondría unos ingresos anuales de 18.000 euros.
La memoria justifica esta decisión tomando como referencia la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (CAASMI), que recomendó actualizar el SMI conforme al indicador adelantado del IPC interanual de octubre de 2026, situado en el 4,9%. A esa subida, el Ministerio añade otros 0,4 puntos porcentuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2026. Según sus cálculos, la inflación media entre enero y octubre fue del 3,5%, mientras que el incremento aplicado al salario mínimo en enero se limitó al 3,1%.
Con este ajuste adicional, Trabajo atiende la petición de revisión extraordinaria que venían planteando los sindicatos, especialmente UGT, ante el repunte de los precios asociado al conflicto bélico en Irán. El departamento sostiene que la corrección se ajusta al artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la posibilidad de revisar el SMI cuando las previsiones sobre la evolución de los precios no se cumplen. De este modo, la propuesta incorpora tanto la variación interanual del IPC en octubre, del 4,9%, como la diferencia entre la inflación media acumulada y la subida salarial aplicada durante el ejercicio.
La decisión supone que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa por primera vez una actualización del salario mínimo sin contar previamente con el acuerdo de los agentes sociales. Además, el Ministerio ha optado por combinar en una misma revisión la actualización ordinaria del SMI y la compensación por la pérdida de poder adquisitivo.
El informe de los expertos planteaba que una subida del 2,7% habría sido suficiente para situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, de acuerdo con el objetivo recomendado por la Carta Social Europea. No obstante, el grupo elevó su propuesta al 4,9% para evitar que los perceptores del SMI perdieran capacidad de compra. También contempló un incremento del 11% en el supuesto de que el Gobierno decidiera que estos trabajadores debían empezar a tributar por el IRPF, una posibilidad que, por el momento, parece descartada. Estas cifras no constituían una horquilla de posibles aumentos, sino recomendaciones concretas elaboradas a partir de las estadísticas salariales, que el Ministerio ha decidido no seguir íntegramente.
El Gobierno prevé aprobar la subida antes de las elecciones generales. Para ello, el Consejo de Ministros dispone de tres reuniones antes de que el Ejecutivo entre en funciones. No obstante, Trabajo ha abierto un plazo de audiencia pública hasta el próximo 16 de noviembre para que las partes interesadas puedan presentar sus observaciones al borrador. Las organizaciones empresariales y sindicales no habían podido pronunciarse previamente sobre esta propuesta en la mesa de diálogo social, ya que el Ministerio no les comunicó su intención durante la reunión celebrada este miércoles, una circunstancia que ha sido criticada por la CEOE.
El calendario apunta a que la aprobación podría producirse durante la campaña electoral. Las primeras fechas disponibles para llevar la medida al Consejo de Ministros serían el 17 de noviembre o, en su defecto, el día 24. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado la iniciativa y han reclamado que la decisión no se adopte con criterios electoralistas, sino que quede en manos del próximo Gobierno, independientemente de su orientación política. Por su parte, CCOO y UGT han valorado favorablemente el porcentaje planteado, al superar ampliamente el incremento necesario para alcanzar el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, una meta que la comisión de expertos considera cumplida desde 2023.
No obstante, los sindicatos también han reclamado que la subida vaya acompañada de un decreto que impida a las empresas absorber o eliminar los complementos salariales que perciben los trabajadores para compensar el coste que supone el aumento del salario mínimo. Esta reforma, destinada a evitar que los pluses puedan computarse para alcanzar la cuantía del SMI, ha sido aplazada por el Gobierno hasta 2027.