(El País, 01-07-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adjudicado a Deloitte Consulting la evaluación del Sistema Nacional de Empleo durante los próximos cuatro años. En concreto, el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha externalizado la supervisión de la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 por un importe de 1,45 millones de euros.
El Gobierno fundamenta esta decisión en dos razones principales. La primera responde al cumplimiento de la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023, que establece que las políticas de empleo deben someterse a una evaluación permanente, planificada y realizada por un agente externo e independiente, complementando así los análisis internos del propio Sistema Nacional de Empleo. La segunda razón es la falta de una unidad técnica especializada dentro del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que, según Trabajo, hace necesaria la contratación de apoyo externo para garantizar rigor, objetividad e imparcialidad.
El encargo a Deloitte no se limitará a medir resultados. La consultora también deberá formular propuestas de mejora para futuras políticas de empleo y formación. Entre sus tareas figura analizar cómo optimizar la asignación de recursos, mejorar los procesos de toma de decisiones, fomentar la innovación en las políticas activas de empleo y reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas ante instituciones y ciudadanía.
En la práctica, el ministerio no solo delega en Deloitte la supervisión de sus políticas de empleabilidad, sino también parte del diseño de futuras estrategias. El contrato contempla que la consultora extraiga conclusiones, identifique lecciones aprendidas y presente recomendaciones operativas que sirvan para rediseñar intervenciones futuras y mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.
Además, la firma adjudicataria deberá proporcionar asistencia técnica especializada al SEPE en la planificación, ejecución y comunicación de los procesos de evaluación, así como participar en grupos de trabajo y jornadas técnicas centradas en esta materia. El contrato exige también un responsable principal que actúe como interlocutor con el organismo público y lidere las metodologías de evaluación. No es la primera vez que Trabajo recurre a consultoras externas para esta labor. En la estrategia anterior, correspondiente al periodo 2021-2024, el contrato fue adjudicado a NTT Data por cerca de 600.000 euros para desarrollar tareas similares.
La adjudicación a Deloitte se produjo mediante concurso público. Según el Ministerio, el factor decisivo fue la oferta económica presentada, que rebajó en torno a un 40% el presupuesto inicial de licitación, fijado en 2,42 millones de euros. En el proceso también participaron otras grandes consultoras como KPMG, PwC y la división de consultoría de Indra.
La contratación presenta, no obstante, una paradoja. Deloitte fue sancionada en 2023 por la Inspección de Trabajo por irregularidades relacionadas con el control horario y jornadas laborales excesivas. Aquella actuación formó parte de una macroinspección que también afectó a otras grandes consultoras como PwC, KPMG y EY. A pesar de esas sanciones, fuentes del sector sostienen que las jornadas prolongadas continúan siendo frecuentes en estas compañías.
Aunque Trabajo ya ha recurrido en otras ocasiones a grandes consultoras para externalizar servicios, lo habitual ha sido hacerlo en ámbitos tecnológicos por falta de recursos técnicos propios. En esta ocasión, sin embargo, el contrato se centra directamente en políticas laborales, una materia estrechamente ligada a la acción del Ejecutivo.
La evaluación externa de las políticas activas de empleo también recae parcialmente en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo público especializado en el análisis del gasto. No obstante, desde el ministerio subrayan que la AIReF realiza evaluaciones a posteriori, una vez ejecutadas las políticas, mientras que Deloitte efectuará un seguimiento continuo durante su aplicación.
El Gobierno mantendrá además el papel de la AIReF en la revisión posterior de estas políticas, dentro del programa Spending Review 2022-2026, recientemente ampliado para incluir de forma específica el análisis de las políticas de empleo.
Todo este sistema de evaluación busca reforzar la capacidad del SEPE para mejorar la intermediación laboral y aumentar la eficacia de la formación orientada al empleo. Se trata de dos áreas donde los servicios públicos de empleo arrastran carencias estructurales desde hace años. De hecho, las oficinas públicas apenas intervienen en torno al 2% de los procesos de colocación entre oferta y demanda de trabajo, una cifra que evidencia las limitaciones del sistema actual.