(Expansión, 25-03-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentra inmerso en un prolongado litigio con la patronal CEOE, reclamando un total de 4,7 millones de euros en subvenciones destinadas a la formación de trabajadores. Esta disputa se divide en dos partes: por un lado, un conflicto de 3,3 millones de euros pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional, y por otro lado, una reclamación de cerca de 1,4 millones de euros que está siendo tratada por el Tribunal Supremo.
Este enfrentamiento tiene sus raíces en el año 2010, cuando el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico sobre la gestión de los fondos de formación por parte de las organizaciones empresariales y sindicales. Como resultado, el Servicio Público de Empleo Estatal demandó a CEOE y Cepyme por presunta gestión irregular de los fondos, solicitando un reembolso de doce millones de euros.
La situación se enmarca en un contexto económico difícil, marcado por la recesión provocada por la crisis financiera entre 2007 y 2013. En ese momento, muchas organizaciones empresariales enfrentaban dificultades financieras, lo que complicaba aún más el cumplimiento de las obligaciones económicas.
La disputa ha continuado a lo largo de diferentes gobiernos y ministros de Trabajo, llegando hasta la actualidad con Yolanda Díaz al frente del Ministerio. En la actualidad, el conflicto está a la espera de resolución tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.
Además de este conflicto, la CEOE, Cepyme y UGT también enfrentan otro desafío legal debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la concesión directa de fondos para la formación digital por parte del Ministerio de Educación en 2022. Esta situación ha generado una paralización de los cursos y una reducción en el número de alumnos admitidos, afectando a los planes de formación en competencias digitales financiados por fondos europeos de recuperación.