(El Economista, 01-04-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo intenta sacar adelante en el Consejo de Ministros la reforma del registro de jornada laboral lo antes posible, a pesar de las dudas planteadas por varios ministerios del PSOE. Esta medida forma parte de la fallida propuesta para reducir la jornada semanal a 37,5 horas, con la que Yolanda Díaz pretende limitar las horas extra. No obstante, su aplicación queda supeditada a la aprobación de unos requisitos técnicos que aún no se han definido y que se concretarán mediante una orden posterior.
El real decreto analizado por el Consejo de Estado establece que la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Sin embargo, las obligaciones vinculadas a los aspectos técnicos no serán exigibles hasta seis meses después. Este plazo es considerado suficiente por Trabajo, aunque desde el Ministerio de Economía se apuesta por ampliarlo hasta un año, especialmente para facilitar la adaptación de las pymes.
A principios de mes, Trabajo lanzó una consulta pública sobre la futura orden que fijará los requisitos técnicos, con la intención de avanzar en su desarrollo. Sin embargo, aún no ha concretado cuándo aprobará definitivamente este texto, en parte porque no tiene asegurado el respaldo del Consejo de Ministros tras el informe del Consejo de Estado. Esta situación prolonga la incertidumbre entre las empresas, que deberán asumir esta nueva obligación.
Las organizaciones empresariales, como CEOE o Pimec, ya advirtieron en sus alegaciones del escaso plazo inicial de adaptación, limitado a esos 20 días. El propio Consejo de Estado también cuestionó la redacción de la entrada en vigor, señalando que se pretende implantar un sistema digital que todavía no existe y basado en requisitos técnicos aún sin definir. Además, criticó que se dejen para una futura orden cuestiones clave como el control y acceso a los datos por parte de la Inspección de Trabajo o los representantes de los trabajadores.
Algunas comunidades autónomas también mostraron su desacuerdo. Por ejemplo, Galicia recordó que las normas que imponen nuevas obligaciones deberían aplicarse en fechas concretas, como el 1 de enero o el 1 de julio, en lugar de conceder plazos tan breves para su adaptación.
Al tratarse de un real decreto, no requiere aprobación parlamentaria, por lo que el texto que adopte el Consejo de Ministros será el que se publique directamente en el BOE. Aunque Trabajo ha mostrado cierta disposición a introducir ajustes menores, descarta modificar los plazos de entrada en vigor.
Desde el inicio, la patronal ha rechazado esta reforma por su impacto económico y por los posibles riesgos en materia de protección de datos. De hecho, la CEOE ya ha anunciado que recurrirá la norma si finalmente se aprueba, y ha valorado positivamente las críticas del Consejo de Estado. Los argumentos recogidos en el informe del órgano consultivo, que en algunos casos coinciden con los planteados por las organizaciones empresariales, refuerzan la posibilidad de una futura batalla judicial. En particular, el Consejo de Estado cuestiona que el contenido del decreto incluya aspectos que deberían regularse mediante una ley de mayor rango, una crítica que los empresarios llevan tiempo señalando.