(El Economista, 10-02-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer este mes un informe elaborado por un grupo de expertos que el Ejecutivo pretende utilizar como punto de partida para una futura norma destinada a garantizar la presencia de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y facilitar su participación en el capital. El estudio dedica una atención especial a las pequeñas y medianas empresas y plantea la obligación de diseñar un "plan de transición de la propiedad hacia los trabajadores" en aquellos casos en los que no esté asegurado un relevo familiar cuando los propietarios se jubilen.
El documento, firmado por una decena de académicos, propone que en las compañías con plantillas de entre 25 y 2.000 empleados al menos un 2% del capital social esté en manos de la plantilla. De aplicarse esta medida, tendría carácter general y afectaría a todas las empresas dentro de ese rango, con independencia de que tengan o no definido un plan de sucesión. A partir de ahí, el informe subraya de forma específica el impacto del envejecimiento de los propietarios en muchas pymes, especialmente en entornos rurales, y defiende la necesidad de incentivar la transmisión de las empresas a los trabajadores y desincentivar su venta a fondos de inversión.
El comité impulsado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que el respaldo público a la compra de pymes por parte de sus empleados debería situarse entre las principales prioridades de las administraciones como alternativa a la entrada de capital riesgo o inversores extranjeros. En esa línea, plantea la creación de Fondos Ciudadanos, promovidos por el Estado y las comunidades autónomas, para facilitar el acceso de los trabajadores al capital empresarial en los procesos de jubilación.
El informe justifica estas propuestas con datos que indican que alrededor de un tercio de los propietarios de pymes en Europa se retirará en la próxima década, lo que podría comprometer cerca de 600.000 empleos cada año. Este relevo generacional ya está en marcha en España y en otros países europeos, donde, según los autores, las operaciones de compra por parte de empresas más grandes, a menudo extranjeras, están ganando terreno frente a las sucesiones familiares. A su juicio, esta tendencia resulta negativa porque implica pérdida de control local y de puestos de trabajo.
Los estudios analizados en España muestran que entre el 70% y el 90% de las empresas familiares carecen de un plan formal de sucesión. El grupo de expertos ha cruzado datos de compañías con más de 20 años de antigüedad y de empresarios mayores de 60 años para estimar el impacto en un horizonte de cinco a diez años. Tras este análisis, concluyen que los modelos de propiedad de los empleados, como los Employee Stock Ownership Plans en Estados Unidos o los Employee Ownership Trusts en el Reino Unido, son una herramienta adecuada para afrontar el reto sucesorio de las pymes españolas.
Los autores también reconocen que existen obstáculos importantes para que los trabajadores puedan asumir la propiedad de las empresas, por lo que consideran imprescindible acompañar cualquier obligación legal con un paquete de medidas públicas de apoyo. Entre las propuestas figura un periodo de transición durante el cual se revise la normativa para ofrecer incentivos fiscales a las empresas que adopten este modelo. También sugieren aplicar un tipo impositivo más favorable durante un plazo de tres años para facilitar la cesión de la titularidad a los trabajadores, establecer sanciones fiscales para quienes no elaboren el plan de transición exigido y respaldar estas operaciones a través de los fondos ciudadanos impulsados por las administraciones.
El grupo de expertos apunta además a la contratación pública como una palanca para promover este cambio. Plantean que las empresas que concurran a licitaciones públicas realicen una autoevaluación sobre la participación de los trabajadores en su gobernanza y en la estructura de propiedad, de modo que este aspecto se tenga en cuenta como criterio de adjudicación. Esta medida implicaría modificar la Ley de Contratos del Sector Público, que adapta la normativa europea en este ámbito.
Por ahora, se trata de una propuesta de carácter académico orientada a reforzar la democracia en el ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo se ha limitado a anunciar su intención de abrir una mesa de diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales para abordar esta cuestión, aunque todavía no ha fijado una fecha para el inicio de las conversaciones. Durante la presentación del informe, Yolanda Díaz recordó que esta iniciativa figura tanto en el acuerdo de Gobierno con el PSOE como en el plan normativo del Ejecutivo.