(El Economista, 01-06-2026) | Laboral
El Congreso de los Diputados aprobó a comienzos de 2023 la Ley de Empleo, una norma concebida para redefinir las políticas activas de empleo y transformar el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo. Sin embargo, este proyecto continúa sin desarrollarse pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había planteado su puesta en marcha hace tres años. Tanto agentes sociales como empresas del sector de recursos humanos y responsables del propio organismo reclaman su activación y critican la falta de impulso político por parte del departamento que dirige Sumar.
La ley, impulsada por el Ejecutivo en 2022 y respaldada por el Parlamento un año después, no establecía un plazo concreto para la aprobación del real decreto necesario para materializar la reforma. El Ministerio de Trabajo se desmarcó además del horizonte de seis meses que había mencionado inicialmente la ministra en cuanto se convocaron las elecciones generales de 2023. Desde entonces, la creación de la Agencia Española de Empleo como entidad independiente del ministerio ha quedado en suspenso.
Fuentes del departamento consultadas por elEconomista.es consideran que su puesta en marcha no se producirá en el corto plazo, a pesar de que diversas carencias del SEPE señaladas por organizaciones empresariales, sindicatos y centros de estudios siguen pendientes de solución. Según estas mismas fuentes, el proyecto no llegará a concretarse durante lo que resta de legislatura.
La Ley de Empleo contemplaba esta transformación como una vía para dotar al servicio público de empleo de un marco jurídico más adecuado a sus retos organizativos, tecnológicos y de gestión. En la práctica, ello implicaba reducir la dependencia de los ministerios de Hacienda y Función Pública, mejorar la eficiencia en la atención a los demandantes de empleo y reforzar la coordinación con los servicios autonómicos, evitando una recentralización del sistema.
Mientras el cambio estructural permanece paralizado, el Ministerio de Trabajo sí ha aplicado algunas medidas incluidas en la norma, como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para orientar a los usuarios en la búsqueda de empleo o la obligación de elaborar perfiles e itinerarios personalizados para los inscritos como demandantes. No obstante, la cooperación con el sector privado continúa prácticamente estancada.
En su planteamiento inicial, el departamento de Trabajo quería que todas las empresas comunicaran a la futura Agencia Nacional de Empleo sus vacantes disponibles. Esta medida fue finalmente descartada en el texto remitido al Congreso y se limitó la obligación a aquellas compañías que utilizan el SEPE. El objetivo era mejorar el seguimiento de las ofertas de empleo en un contexto en el que muchas empresas aseguran tener dificultades para cubrir puestos, pese a la persistencia de una tasa de paro elevada en comparación con la media europea.
Distintas fuentes apuntan a que la falta de avances podría deberse, entre otros factores, a reticencias dentro del Ministerio de Hacienda, que habría actuado como principal freno en etapas anteriores. También se ha especulado con que cambios internos en este departamento podrían haber reactivado el debate sobre el proyecto, aunque sin resultados concretos hasta el momento.
A ello se suman diferencias internas en el propio Ministerio de Trabajo entre el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, en relación con la orientación del organismo. Estas discrepancias, según las mismas fuentes, reflejarían también la división política entre Sumar y el PSOE dentro del Ejecutivo.
Esta tensión habría derivado en la decisión de relevar a Gutiérrez Ardoy al frente del SEPE, un movimiento que, según distintas informaciones, se formalizará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Su ausencia en una reciente reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo ya había generado sorpresa entre patronal y sindicatos, en un encuentro en el que se aprobaron el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno y la distribución de fondos para las comunidades autónomas destinados a políticas activas de empleo.