(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral
Esta resolución se produce en un momento especialmente sensible en torno al debate sobre el despido en España. El Ministerio de Trabajo aún tiene pendiente poner en marcha la mesa de diálogo social que prometió, con el objetivo de reformar la legislación vigente sobre despidos. Sin embargo, esta iniciativa cuenta con la oposición tanto del Ministerio de Economía como de las organizaciones empresariales. La presión aumentó después de que el Consejo de Europa respaldara las reclamaciones presentadas primero por UGT y posteriormente por CC OO, considerando que la normativa española actual no se ajusta a lo establecido en la Carta Social Europea.
Durante la campaña electoral, PSOE y Sumar incluyeron en su programa el compromiso de "garantizar una mayor protección frente al despido para los trabajadores, cumpliendo con la Carta Social Europea y reforzando la justificación necesaria para la extinción de los contratos". El Comité Europeo de Derechos Sociales -órgano encargado de interpretar dicha Carta- ya se ha pronunciado en este sentido. Tal y como recordó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista: "No es una cuestión opinable que el despido en España no cumpla con la Carta Social Europea. Es una realidad constatada. El asunto no gira en torno a posturas políticas, sino a cumplir con compromisos internacionales".
El Ministerio de Trabajo ha mantenido esta postura de manera constante, motivo por el que anunció en junio de 2023 la apertura de la citada mesa de diálogo con los agentes sociales. En cambio, el Ministerio de Economía interpreta que el marco legal vigente ya satisface los requisitos de la Carta, postura que también es compartida por algunos socios parlamentarios del PSOE, como el PNV y Junts, que previsiblemente se oponen a una reforma.
Las patronales, por su parte, se muestran contrarias a reabrir el debate sobre el despido, un aspecto que quedó fuera de la reciente reforma laboral. En una entrevista concedida en julio de 2024, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, minimizó el alcance de los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales: "El Comité es consultivo y muchas de sus recomendaciones no se aplican". Además, señaló que hay otros países señalados por el CEDS que tampoco han modificado sus sistemas de indemnización.
No obstante, los sindicatos consideran fundamental avanzar en este terreno. Ante la falta de avances, advierten de que intensificarán la presión. "Si los empresarios no aceptan esa negociación, que creemos que debe liderar el Gobierno, desde CC OO emprenderemos una ofensiva judicial, una guerra de guerrillas en los tribunales para forzar un cambio en el régimen de despido", afirmó Unai Sordo, secretario general de CC OO, tras conocer la decisión del Consejo de Europa. En la misma línea se ha manifestado también el líder de UGT, Pepe Álvarez.