(Expansión, 29-09-2026) | Fiscal
El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto anticrisis para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos, con especial atención a los sectores más expuestos al encarecimiento de los carburantes. Durante los últimos días, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con organizaciones empresariales y sindicales y con representantes de la industria, el transporte, la logística, la distribución y el sector agroalimentario para concretar las nuevas medidas.
El margen presupuestario del Ejecutivo es limitado después de que los dos paquetes anticrisis aprobados en marzo y junio hayan supuesto un coste cercano a 10.000 millones de euros. Por ello, el nuevo decreto previsiblemente tendrá un alcance más selectivo. Entre las medidas que ya se dan prácticamente por confirmadas figura la ampliación hasta final de año de las ayudas al sector agroalimentario, incluidas las compensaciones fiscales por el incremento del coste del gasóleo agrícola. Las organizaciones agrarias, que habían amenazado con movilizaciones, consideran insuficiente mantener únicamente la actual bonificación de 20 céntimos por litro, que finaliza este miércoles.
El Ejecutivo también mantiene bajo vigilancia la evolución de los precios de los alimentos ante el riesgo de que el aumento de los costes energéticos termine trasladándose al conjunto de la cadena. Aunque los alimentos se encarecieron un 2,5% en agosto, por debajo del 4,3% de inflación general, el Gobierno pretende actuar especialmente sobre el sector agroalimentario y el transporte para limitar los efectos de segunda ronda. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha planteado además la posibilidad de establecer compensaciones fiscales para las explotaciones agroganaderas.
Entre las opciones que cuentan con menos posibilidades se encuentra la recuperación de la denominada excepción ibérica, que permitiría limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad. Esta medida cuenta con el respaldo de Sumar y los sindicatos, pero genera reticencias en Bruselas por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. La presión para adoptar medidas aumenta ante el encarecimiento previsto de la factura regulada del gas, que según la OCU podría superar el 50% desde el 1 de octubre si no se introducen nuevas medidas.
El nuevo paquete se sumará a otras actuaciones ya aprobadas para hacer frente a la crisis energética, entre ellas la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y el mantenimiento de la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables.