(El Economista, 15-10-2025) | Laboral
Tras culminar la reforma de las pensiones, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, trabaja ahora en los últimos ajustes del sistema. La titular del departamento mantiene negociaciones sobre la reforma de la prestación por incapacidad temporal, la actualización de la jubilación flexible y las nuevas cuotas que abonarán los autónomos entre 2026 y 2028. Además, de forma inesperada, el Ministerio presentó el pasado lunes una propuesta para ampliar el acceso a la pensión de viudedad. Según un documento remitido a los agentes sociales y al que tuvo acceso elEconomista.es, el Gobierno plantea extender esta prestación a las parejas convivientes con hijos en común.
La principal novedad es que, de aprobarse la propuesta, ya no sería necesario acreditar la existencia de una pareja de hecho mediante escritura pública ni estar casado con la persona fallecida. Bastaría con presentar un certificado de empadronamiento y demostrar una convivencia estable durante al menos dos años consecutivos. Esta modificación afectaría exclusivamente a las parejas con descendencia.
El cambio propuesto implicaría una reforma del artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. Al tratarse de una modificación legal, su aprobación requeriría el visto bueno del Congreso de los Diputados.
Asimismo, el Ministerio propone eliminar la disposición adicional cuadragésima, que regula los supuestos excepcionales, y sustituirla por una nueva disposición. Entre las modificaciones más relevantes figura que, en lugar de excluir a quienes ya perciben una pensión contributiva, se establezcan simplemente límites a la cuantía total que puedan recibir.
La reforma de la pensión de viudedad es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, recogida en su punto número 13. Dicho acuerdo pedía reorientar esta prestación hacia la protección de las personas mayores de 65 años -para quienes constituye la principal fuente de ingresos- y reforzar la de orfandad, teniendo en cuenta los años de cotización del fallecido. También sugería reformular de manera progresiva todas las prestaciones por muerte y supervivencia.
Sin embargo, la reforma de pensiones impulsada en su día por el exministro José Luis Escrivá no incorporó estos cambios. Cinco años después, Saiz retoma la iniciativa proponiendo ampliar la cobertura de la viudedad. Según los últimos datos anuales, el gasto en esta prestación alcanzó un máximo histórico de 29.404 millones de euros en 2024, debido principalmente a la revalorización de las pensiones, que supuso 11.020 millones de gasto adicional.
Pese al incremento del importe medio de las pensiones y del total de la nómina anual, el número de beneficiarios se ha mantenido prácticamente estable durante la última década, con ligeras caídas en algunos ejercicios.
Fuentes del diálogo social explican que la reunión mantenida esta semana abordó varios asuntos pendientes: la reforma de la incapacidad temporal, las nuevas cuotas de los autónomos para el periodo 2026-2028, la revisión del complemento por brecha de género y la actualización de la jubilación flexible. En este último punto, el Ministerio propone reducir la jornada mínima laboral que puede realizar un pensionista al 25%, manteniendo la máxima en el 80%, como ya se contemplaba en el borrador de Real Decreto sometido a consulta pública este verano.
Paralelamente, el Gobierno plantea aumentar los incentivos para los jubilados que decidan reincorporarse al mercado laboral. Si trabajan entre el 50% y el 80% de una jornada completa, su pensión se incrementará un 25%. En caso de que la jornada se sitúe entre el 20% y el 50%, el aumento será del 15%. En ambos supuestos, el cálculo se aplicará sobre la cuantía de la pensión reconocida antes de acceder al régimen de jubilación flexible.