(Expansión, 20-10-2026) | Laboral
El Gobierno mantiene contactos con los sindicatos que representan a los empleados públicos para estudiar la posibilidad de aprobar la subida salarial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El calendario contempla que a comienzos de 2027 se haga efectivo el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, vinculado a la evolución del IPC, así como la subida del 4,5% prevista para el próximo ejercicio.
Después de confirmar que elevará el salario mínimo interprofesional para beneficiar a 2,5 millones de trabajadores antes de las elecciones y que actualizará las pensiones de los 9,5 millones de perceptores antes de finalizar el año, el Ejecutivo también estudia adelantar la subida salarial de los funcionarios y del resto del personal público. Este colectivo agrupa a unos 3,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió recientemente a hacer todo lo posible para aplicar el incremento salarial acordado con los sindicatos a finales de noviembre de 2025. A raíz de estas declaraciones, CSIF, la principal organización sindical entre los empleados públicos, ha trasladado su intención de acelerar la aplicación de los dos aumentos previstos para los primeros meses de 2027.
El primero de ellos corresponde al incremento adicional del 0,5% sobre la subida del 1,5% aplicada en 2026. Según el acuerdo alcanzado, esta revisión debe aprobarse durante el primer trimestre del próximo año y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, siempre que la inflación media anual supere el 1,5%. Las previsiones de los principales servicios de estudios sitúan el IPC medio de este ejercicio entre el 3,6% y el 3,7%, por lo que se cumplirían las condiciones para activar este aumento complementario.
No obstante, la principal reivindicación de los representantes de los funcionarios se centra en la subida del 4,5% prevista para 2027. Este porcentaje representa casi la mitad del incremento salarial acumulado del 11% acordado para el periodo 2026-2028, que incluye también una subida pendiente del 2% para 2028. Su aplicación permitiría compensar, al menos parcialmente, el impacto del encarecimiento de los precios y contribuiría a preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Fuentes del Gobierno señalan que la senda retributiva ya fue pactada con los sindicatos y suscrita por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que no sería necesario volver a negociar sus términos. Las organizaciones sindicales, por su parte, insisten en la conveniencia de agilizar los trámites para que los incrementos puedan aplicarse dentro de los plazos establecidos.
Tradicionalmente, las subidas salariales de los funcionarios se incorporaban a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo ha tramitado las últimas actualizaciones al margen de las cuentas públicas, prorrogadas desde 2023. Ante la ausencia de nuevos presupuestos, la subida tendría que aprobarse mediante un instrumento normativo específico, ya fuera por el Gobierno actual en funciones después del 29 de noviembre o por el Ejecutivo que se constituya tras las elecciones. El objetivo es que el incremento previsto para 2027 entre en vigor en enero.
CSIF ha reclamado que el Gobierno apruebe mediante real decreto, a través de la Diputación Permanente, antes de los comicios generales del 29 de noviembre, tanto el aumento del 4,5% para 2027 como el 0,5% adicional correspondiente a 2026. CCOO también respalda esta petición de cara a la reunión de la comisión de seguimiento convocada por el Ministerio de Función Pública.
Las reivindicaciones sindicales incluyen, además, la actualización de las indemnizaciones por residencia, la equiparación de las retribuciones entre las distintas administraciones, el refuerzo de los servicios públicos y la recuperación de la estructura salarial anterior a los recortes aplicados desde 2010.
La aplicación de ambos incrementos supondría un desembolso conjunto de unos 10.000 millones de euros para las administraciones públicas. El pago del 0,5% adicional de 2026, con carácter retroactivo, tendría un coste aproximado de 1.000 millones de euros para las nóminas de los empleados públicos. A esta cantidad se sumarían otros 9.000 millones derivados de la subida del 4,5% prevista para 2027, lo que elevaría la factura total de las dos medidas hasta los 10.000 millones de euros.