(El País, 10-12-2024) | Laboral
Según datos de Eurostat difundidos este lunes, solo el 4,9% de los jubilados en España continúa trabajando tras su retiro, lo que sitúa al país entre los últimos en esta estadística dentro de los 30 analizados por el organismo europeo. Este porcentaje es considerablemente inferior a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 13%, y queda muy lejos de los países líderes como Estonia, donde el 55% de los jubilados sigue activo laboralmente. Esta cifra mide la proporción de personas que trabajan en los seis meses posteriores a recibir su primera pensión y es especialmente relevante en un contexto de presión sobre el sistema de pensiones debido al envejecimiento de la población y la baja natalidad. Aunque el Gobierno español ha introducido medidas para incentivar la compatibilidad entre empleo y pensión, el impacto de estas aún no ha sido suficiente para acercar a España a los niveles europeos.
El porcentaje español, del 4,9%, solo supera a Grecia (4,2%) y Rumanía (1,7%). En comparación, otros países con mayor población como Italia (9,4%), Francia (9,8%) y Alemania (12,8%) muestran cifras más cercanas a la media comunitaria. En el extremo opuesto, los países con mayor proporción de jubilados trabajando son Estonia (54,9%), Letonia (44,2%), Lituania (43,7%), Islandia (42,3%) y Suecia (41,7%).
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, atribuye estas diferencias en gran parte a la normativa vigente en cada país y su atractivo para que los jubilados sigan trabajando. También señala una característica específica del mercado laboral español: la tendencia a excluir a los trabajadores mayores de 55 años, lo que explica en parte que el 25,8% de los jubilados en España no estuvieran empleados en los seis meses previos a su retiro, superando la media europea del 22,4%.
Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea, considera que la legislación española dificulta la compatibilidad entre empleo y pensión, debido a un diseño normativo basado en el erróneo supuesto de que el empleo de jubilados resta oportunidades a los jóvenes. Aunque reconoce avances recientes, subraya la necesidad de flexibilizar aún más las condiciones para que los jubilados puedan trabajar de manera parcial mientras reciben su pensión. José Antonio Herce, experto en pensiones, coincide en que la compatibilidad es más sencilla en otros países y señala factores culturales y estructurales que complican esta opción en España, como el predominio de sectores donde prolongar la actividad laboral es difícil, y la falta de incentivos para las empresas.
El Gobierno tiene previsto aprobar, mediante real decreto, cambios en la regulación de la jubilación parcial y activa antes de fin de año. Estas modificaciones, que deberán ser ratificadas por el Congreso, buscan fomentar una transición más gradual entre trabajo y jubilación, similar a la de otros países europeos. Entre las medidas, se incluye la eliminación del requisito de una carrera completa de cotización para acceder a la jubilación activa, la cual será compatible con incentivos por demora, aumentando la pensión en función de los años adicionales trabajados. También se ampliará de dos a tres años la posibilidad de anticipo en la jubilación parcial, con condiciones más estrictas sobre la jornada reducida y la contratación del relevista, que deberá ser indefinida y a tiempo completo.
Desde el Ministerio de Seguridad Social destacan que los incentivos para demorar la jubilación han tenido un impacto positivo, duplicándose en los últimos años. Las jubilaciones demoradas han aumentado al 10% del total, lo que ha elevado la edad efectiva de jubilación en España a los 65,2 años.