(El Economista, 05-05-2026) | Laboral
En los últimos años, las bajas laborales por motivos médicos se han convertido en una de las principales inquietudes para las empresas. A pesar de que se han planteado distintas medidas en el marco de la negociación colectiva para reducir su impacto, el problema del absentismo sigue sin resolverse y las ausencias continúan aumentando.
Uno de los acuerdos más relevantes para mejorar la gestión de la incapacidad temporal se alcanzó en 2024. Su propósito era permitir que las comunidades autónomas, junto con las mutuas y bajo el impulso del Gobierno central, firmaran convenios para que estas entidades asumieran parte de los diagnósticos y tratamientos, especialmente en el ámbito de la traumatología. Sin embargo, la iniciativa avanza con lentitud: hasta ahora solo cinco comunidades -Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria- se han adherido, además de Ceuta y Melilla, que comparten protocolo.
Los primeros acuerdos se firmaron en el verano de 2025: Baleares en junio, Cataluña en julio y Asturias en agosto. Después, no hubo avances hasta marzo de este año, cuando se sumaron Castilla-La Mancha y Cantabria. Galicia, por su parte, está estudiando la posibilidad de incorporarse, lo que elevaría el número de regiones participantes.
Aun así, la firma de los acuerdos no implica una aplicación inmediata. Antes de que las mutuas puedan gestionar estos procesos, es necesario que los sistemas sanitarios autonómicos y las propias entidades desarrollen plataformas informáticas compatibles que permitan compartir la información clínica de los pacientes.
Por ahora, ninguna comunidad ha puesto en marcha este modelo, aunque desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) confían en que Cataluña y Baleares puedan ser las primeras en hacerlo a lo largo de este año, dado que llevan más tiempo trabajando en la adaptación de sus sistemas.
La urgencia de estas medidas responde al aumento sostenido de las bajas médicas, una preocupación creciente para la patronal. Cataluña, por ejemplo, encabeza las listas de espera en traumatología tras un incremento del 8,4% en un año, alcanzando más de 47.000 pacientes en junio de 2025. Andalucía, aunque ha reducido sus listas en un 12,5%, aún mantiene más de 42.700 personas esperando consulta. Entre las regiones con acuerdos firmados, solo Ceuta, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria han logrado reducir las listas, mientras que en Cataluña, Baleares y Melilla han aumentado de forma significativa.
La colaboración entre el sistema público y las mutuas se materializará, previsiblemente, más de tres años después de que se planteara por primera vez. Este enfoque ya se recogía en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023 por patronal y sindicatos, donde se proponía aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar la atención sanitaria y reducir los tiempos de espera en procesos traumatológicos, siempre con el consentimiento del trabajador.
Posteriormente, en septiembre de 2024, el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales formalizaron un acuerdo para mejorar la gestión de las bajas laborales, apostando por reforzar el papel asistencial de las mutuas para agilizar diagnósticos y tratamientos.
Más recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retomado el diálogo social sobre esta materia. El Ejecutivo planea introducir cambios legales relacionados con la incapacidad temporal, como facilitar la reincorporación progresiva al trabajo en casos de enfermedades oncológicas o permitir que trabajadores con varios empleos puedan estar de baja solo en uno de ellos.
También se está estudiando la posibilidad de que las mutuas propongan altas médicas en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, aunque la decisión final seguiría correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En cuanto a la evolución de las bajas, los datos muestran un aumento especialmente significativo entre los trabajadores más jóvenes (de 16 a 24 años), donde los procesos de más de 15 días han crecido un 59,4% entre 2018 y 2024. En los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años), destacan las recaídas, que han aumentado un 31,9%.
Por duración, los procesos de más de 15 días han crecido un 24,8%, impulsados sobre todo por los casos de entre 16 y 90 días (+11,6%). También han aumentado los procesos más largos: un 8,9% los de entre 91 y 365 días y un 5,4% los que superan el año.