(Expansión, 28-09-2026) | Fiscal
El Gobierno afronta los últimos días de septiembre con una agenda económica especialmente intensa, que anticipa buena parte de los asuntos que marcarán la actividad del Ejecutivo y del Congreso hasta final de año. Entre las cuestiones pendientes se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de parte de la deuda de las comunidades, que deberán pasar por el Parlamento, así como la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, las primeras cuentas de la actual legislatura.
Uno de los principales asuntos de la semana será la solicitud del séptimo y último desembolso de los fondos europeos. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa deberá remitir a la Comisión Europea, entre hoy y el miércoles, la petición correspondiente a los 148 hitos que todavía quedan por completar. España aspira con este trámite a recibir alrededor de 26.000 millones de euros.
La solicitud, no obstante, llegará con uno de los compromisos pendientes después de que el Congreso rechazara el pasado 16 de septiembre el real decreto-ley que regulaba la actividad de los grupos de interés y contemplaba, entre otras medidas, la creación de un registro público estatal de lobbies. Este compromiso estaba vinculado al último pago de los fondos europeos, cuya evaluación deberá realizar Bruselas antes del 31 de diciembre. El incumplimiento podría suponer una reducción de hasta 1.500 millones de euros, aunque el Ministerio de Economía considera que el impacto final podría ser inferior.
El segundo gran frente económico de la semana está relacionado con la evolución de los precios. La prolongación del conflicto en Oriente Próximo continúa presionando al alza el coste de los carburantes y ha contribuido a que la inflación alcanzara el 4,3% en agosto. El encarecimiento energético empieza además a trasladarse a otros componentes de la cesta de consumo.
Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. La decisión llega en un momento en el que el margen fiscal del Ejecutivo es limitado, una circunstancia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha señalado en sus últimos análisis.
Los sectores profesionales consultados por el Gobierno en las últimas semanas consideran que la mera prolongación de las ayudas actualmente vigentes no será suficiente para contener el aumento de los precios. Entre las propuestas planteadas figura la ampliación de las bonificaciones existentes. El sector del transporte reclama, por ejemplo, un descuento de 40 céntimos por litro de combustible hasta final de año. También se estudia recuperar determinadas ventajas fiscales en el IRPF para los agricultores por la adquisición de gasóleo profesional y fertilizantes.
El nuevo paquete se incorporará a las medidas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo para hacer frente al impacto económico del conflicto. Los dos primeros programas movilizaron unos 10.000 millones de euros y fueron convalidados por el Congreso. Según las estimaciones del Gobierno, estas actuaciones habrían reducido en aproximadamente un punto la inflación desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero.
El tercer gran asunto de la agenda económica será el nuevo decreto de vivienda. Las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se aceleraron la semana pasada después del desahucio de una mujer de 87 años de una vivienda de renta antigua en Madrid, un caso que generó una amplia repercusión pública.
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, llevará al Consejo de Ministros un texto acordado con Junts y Sumar que recupera algunas medidas rechazadas por el Congreso en abril. Entre ellas figura una nueva prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes de junio de 2028. La extensión tendría inicialmente una duración de un año y podría prolongarse durante otro ejercicio si así lo solicita el inquilino.
El decreto también podría incorporar un incremento del IVA aplicado a las viviendas destinadas al alquiler turístico, que pasaría del 10% al 21%, además de un aumento de las sanciones para los propietarios que incumplan las condiciones establecidas para los contratos de alquiler temporal.
Otra de las medidas que se negocian afecta a las empresas y fondos de inversión dedicados al alquiler residencial. El texto podría incluir restricciones para que determinados fondos no puedan efectuar desahucios y, en algunos supuestos, limitar también su capacidad para adquirir nuevas viviendas destinadas al arrendamiento. Esta propuesta forma parte de las demandas de Sumar y habría contado con el respaldo de Junts a cambio de incorporar medidas fiscales destinadas a favorecer el alquiler y el acceso a la vivienda.
Entre las propuestas planteadas por Junts figuran nuevas desgravaciones fiscales para propietarios e inquilinos, deducciones en el IRPF dirigidas a quienes adquieran una vivienda mediante una hipoteca y la creación de una cuenta de ahorro destinada a facilitar la compra de una vivienda en el futuro, con incentivos fiscales asociados.
La intensa agenda económica prevista para esta semana dejará, en cambio, pendiente otra de las medidas comprometidas por el Ministerio de Trabajo: el nuevo sistema de registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anunciado su intención de llevarlo al Consejo de Ministros antes de que terminara septiembre, en un contexto marcado por las advertencias de los sindicatos sobre una posible ruptura de las negociaciones con el Ejecutivo.