(Expansión, 08-06-2026) | Laboral
El Gobierno ha elevado en 2026 la base mínima de cotización de los autónomos societarios, los familiares colaboradores y aquellos trabajadores por cuenta propia que no declaran rendimientos, situándola en 1.424 euros mensuales frente a los 1.000 euros anteriores. Este incremento del 42% supone que los afectados deberán abonar una cuota mínima de 485 euros al mes, unos 135 euros más que en 2025, lo que representa un sobrecoste anual de aproximadamente 1.620 euros.
La medida fue aprobada a finales de marzo mediante la orden de cotización correspondiente a 2026 y afecta especialmente a algo más de medio millón de autónomos cuyos ingresos se encuentran en torno a los 1.000 euros mensuales o por debajo de esa cifra. Dentro de este colectivo se incluyen tanto autónomos societarios como familiares colaboradores.
Además de su impacto sobre los trabajadores afectados, la decisión tendrá una repercusión significativa en la recaudación pública. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el aumento de las cotizaciones aportará alrededor de 1.550 millones de euros adicionales al año, una cantidad equivalente a una décima del PIB.
La Airef considera que esta mejora de ingresos tendrá un efecto permanente sobre las cuentas de la Seguridad Social. Sus cálculos se basan en los datos de afiliación y en las bases medias de cotización de los distintos tipos de autónomos facilitados por la propia Seguridad Social.
El origen de esta subida se encuentra en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales aprobada en 2022 y puesta en marcha en 2023. Aquella normativa estableció un calendario para que todos los autónomos, independientemente de su forma jurídica, ajustaran progresivamente sus cotizaciones a sus rendimientos reales antes de 2032. En ese marco se fijó que, a partir de 2026, la base mínima de los autónomos societarios y colaboradores no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General.
Sin embargo, la ley contemplaba una adaptación gradual mediante incrementos sucesivos vinculados a los Presupuestos Generales del Estado. La ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023 provocó que la base mínima permaneciera congelada en 1.000 euros durante los últimos años. Como consecuencia, el ajuste se ha concentrado ahora en un único ejercicio, generando un incremento mucho más acusado.
La medida ha suscitado críticas entre las organizaciones de autónomos y diversos grupos políticos, que han intentado frenar su aplicación. Las objeciones se centran en que la subida afecta exclusivamente a un segmento concreto del colectivo, mientras que el resto de autónomos mantiene congeladas sus cuotas debido a la falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las nuevas tablas de cotización para el periodo 2026-2028.
Pese a ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido la medida argumentando que responde al cumplimiento de los compromisos recogidos en la reforma pactada en 2022 con asociaciones de autónomos, sindicatos y organizaciones empresariales. La recaudación adicional derivada de esta subida forma parte de las medidas destinadas a reforzar la financiación del sistema público de pensiones. El objetivo es compensar el incremento del gasto generado por las reformas recientes, entre ellas la revalorización automática de las pensiones conforme a la evolución del IPC.
En su último informe sobre sostenibilidad del sistema, la Airef concluye que la denominada regla de gasto en pensiones se cumple formalmente. Según sus estimaciones, el gasto neto en pensiones se situará de media en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3% fijado en la normativa vigente. El organismo atribuye esta mejora respecto a evaluaciones anteriores principalmente al mayor impacto esperado de las medidas de ingresos. Mientras que el gasto bruto en pensiones se mantiene estable en torno al 14,6% del PIB para el periodo analizado, la aportación de los nuevos ingresos se eleva hasta el 1,6% del PIB de media, reforzando así la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.