(El Economista, 06-06-2025) | Laboral
Cuatro meses después de haber sido aprobado, el Ministerio de Seguridad Social ha introducido modificaciones al Real Decreto que regula el análisis de las pensiones por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Estos cambios incorporan algunas de las recomendaciones emitidas por el organismo fiscal, y además solicitan un nuevo informe para 2026. Sin embargo, las modificaciones son limitadas y no incluyen la propuesta más relevante planteada por la AIReF: la revisión de la regla de gasto.
Esta regla establece que el gasto medio neto en pensiones no debe superar el 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. Cambiarla requeriría una ley formal aprobada por el Congreso, ya que un Real Decreto -como el que se ha modificado- solo puede desarrollar normas ya existentes y no tiene la capacidad de reformarlas de fondo.
La reforma de pensiones impulsada por el exministro José Luis Escrivá fue evaluada por primera vez en marzo. Si no superaba dicha evaluación, el Gobierno estaría obligado a introducir ajustes. Aunque la AIReF aprobó la reforma, manifestó su desacuerdo con el uso de la regla de gasto como criterio de referencia, ya que considera que no refleja adecuadamente la sostenibilidad del sistema y limita su labor supervisora. Por eso, recomendó sustituirla por una metodología más ajustada a los objetivos del marco fiscal europeo y nacional. En su informe también alertó de que las reformas no habían mejorado sustancialmente la sostenibilidad del sistema.
En particular, la AIReF solicitó al Ejecutivo que, al adaptar el marco fiscal nacional al europeo, se reconfigurase también la regla de gasto de pensiones, armonizándola con los plazos y metas comunitarias. Esta no es una demanda nueva: desde marzo de 2023 la institución ha advertido de las debilidades de esta regla, que depende excesivamente de los supuestos y metodologías aplicadas.
En el análisis publicado este año, la AIReF reconocía que la regla limita el crecimiento del gasto, pero señalaba que su cumplimiento puede ofrecer una imagen distorsionada de la sostenibilidad. Es un criterio sensible al momento del análisis, no abarca el conjunto del sistema y es vulnerable a revisiones estadísticas.
La crítica se profundiza al compararla con el marco europeo, que impone un límite general del 3% anual en el crecimiento del gasto primario neto entre 2025 y 2031. La regla española, en cambio, permite aumentos del 4% en el gasto en pensiones durante ese mismo periodo, lo que restringe la capacidad de gasto en otras partidas para cumplir los compromisos fiscales.
El nuevo documento del Ministerio de Seguridad Social, publicado esta semana, introduce dos cambios clave en la evaluación de la AIReF: por un lado, amplía el alcance del análisis para incluir la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo (sin tocar la regla de gasto); por otro, elimina la referencia explícita a "del sistema" en las medidas de incremento de ingresos, excluyendo las transferencias estatales, como recomienda la Comisión Europea.
Además, el decreto solicita a la AIReF la elaboración de un informe adicional antes del 1 de junio de 2025, para reflejar los impactos de los recientes cambios macroeconómicos y evaluar con más datos las reformas aplicadas, como la laboral. Este nuevo análisis será complementario al que el organismo ya realiza cada tres años.
Según fuentes del Ministerio, esta medida responde a un esfuerzo de "transparencia" y no constituye una nueva evaluación formal, por lo que no implicaría la obligación de aplicar ajustes si el resultado fuera negativo. El propósito, añaden, es seguir las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea, y reforzar la credibilidad del sistema de pensiones. Este informe, dicen, permitirá incorporar datos más recientes sobre crecimiento, empleo y los efectos de las reformas estructurales.