(La Vanguardia, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Después de asegurar la celebración de la Conferencia de Presidentes al aceptar los temas propuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Pedro Sánchez ha decidido dar un paso adelante y presentar sus propias iniciativas con el objetivo de acercar posturas respecto al problema del acceso a la vivienda. A través de una carta enviada este jueves a los presidentes autonómicos -a la que ha tenido acceso este medio-, el presidente del Gobierno plantea alcanzar un pacto durante la reunión de este viernes en Barcelona para triplicar la inversión pública en vivienda, condicionando ese incremento a la aplicación indefinida del régimen de protección oficial para las viviendas subvencionadas.
El llamado nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030 implicaría aumentar la inversión de los actuales 2.300 millones a 7.000 millones de euros. De esa cantidad, el Gobierno central se compromete a aportar el 60% (4.000 millones), siempre que las comunidades autónomas contribuyan con al menos 2.700 millones. Los recursos irían destinados principalmente a la construcción y rehabilitación de vivienda pública, tanto en propiedad como en alquiler.
Sánchez recalca en la carta que la política de vivienda es una responsabilidad compartida y recuerda que las comunidades autónomas han recibido del Estado un 47% más de fondos entre 2019 y 2025 en comparación con el periodo 2012-2018. Además, propone que todas las viviendas financiadas con fondos públicos mantengan su condición de protegidas de forma permanente, garantizando así una oferta estable de viviendas asequibles para compra o alquiler.
Otro de los compromisos que plantea el Gobierno en materia de corresponsabilidad tiene que ver con la transparencia en el mercado de la vivienda. En su escrito, Sánchez lanza duras críticas contra portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, a los que acusa de acaparar la información y ofrecer datos poco fiables.
"Hoy en día no existe una base de datos pública y precisa que permita conocer los precios reales de compraventa y alquiler de inmuebles en cada ciudad", argumenta el presidente. Según él, esta falta de información dificulta tanto el diseño de políticas públicas eficaces como la capacidad de negociación de los ciudadanos. Por ello, propone que las comunidades compartan todos los datos disponibles para crear una base estatal integrada y accesible a través de un portal web público. "No podemos seguir tomando decisiones a ciegas", concluye en ese apartado.
En la parte final de la carta, Sánchez invita a los presidentes autonómicos a analizar sus propuestas, centradas en "mayor inversión pública, menos especulación y más transparencia", con el objetivo de debatirlas de forma "serena y constructiva" este viernes, y alcanzar un consenso antes del verano. Asegura que los ciudadanos no eligen a sus representantes para enzarzarse en disputas partidistas, sino para trabajar conjuntamente en la solución de sus problemas. Y remata: "El problema de la vivienda es clave, y debemos estar a la altura".
Desde el Gobierno reconocían este martes que la reunión de la Conferencia de Presidentes corría el riesgo de quedar en un mero trámite, tras varios días de tensiones y amenazas por parte de las comunidades del PP de impugnar legalmente la convocatoria o incluso ausentarse si no se incluían todos los puntos que habían exigido. Finalmente, el Ejecutivo accedió a todas sus peticiones para garantizar la celebración del encuentro. "Aunque no se alcancen acuerdos concretos, el simple hecho de reunirse ya tiene valor", señalaban fuentes gubernamentales.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpretó esta situación como una victoria de su partido. "Ha quedado demostrado para qué sirve el peso institucional del PP", afirmó el martes por la tarde en un acto en Logroño. "Sirve para frenar que el presidente del Gobierno imponga su agenda", añadió. En su intervención, también criticó duramente a Sánchez por evitar hablar de casos como el de la militante socialista Leire Díez, aludiendo a una presunta operación para obstaculizar investigaciones de la Guardia Civil, y acusó al Ejecutivo de estar más centrado en los tribunales que en atender a los ciudadanos.
Los populares consiguieron incluir en el orden del día temas como la retirada del proyecto de ley para la condonación de deuda, medidas contra la ocupación ilegal y los inquilinos morosos, un nuevo plan energético con fuentes de respaldo, más inversión en infraestructuras clave para evitar "el caos ferroviario", y la eliminación de los proyectos de ley que afectan al Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. También exigieron que se reitere que el control de fronteras y la gestión migratoria son competencias exclusivas del Estado. Aunque inicialmente el Gobierno consideró que estos últimos asuntos excedían el ámbito de la Conferencia, finalmente cedió para garantizar la asistencia de todos los presidentes autonómicos.