(El Periódico, 17-02-2026) | Laboral
El Ejecutivo pretendía recuperar este año la imagen de consenso del diálogo social alcanzado en 2020, cuando las patronales CEOE y Cepyme respaldaron una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,6%, hasta 13.300 euros brutos anuales. Sin embargo, las organizaciones empresariales mantienen un rechazo frontal a negociar con el Gobierno durante esta legislatura, especialmente en las medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo. La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo también desincentiva a la patronal a ceder en acuerdos, ante la previsión de que muchas reformas no prosperen por falta de apoyos, como ya ocurrió con la reducción de la jornada laboral.
En medio de un clima de tensión permanente entre Trabajo y la patronal, varios ministerios intentaron durante meses persuadir a los empresarios para aceptar un incremento del SMI del 3,1% en 2026, hasta 17.094 euros anuales (1.221 euros en 14 pagas), pero sin éxito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó públicamente la ausencia de la CEOE en la firma del acuerdo con los sindicatos, señalando que esa ausencia refleja quién se beneficia del crecimiento económico.
Sánchez sostuvo que la patronal sí celebra los máximos del Ibex y los récords de beneficios empresariales, pero se desmarca cuando se trata de elevar el salario mínimo. Por ello, instó a los empresarios a asumir su responsabilidad, negociar con los sindicatos y avanzar hacia subidas salariales generalizadas, en línea con las reclamaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de las organizaciones sindicales. Además, diferenció entre los dirigentes de la CEOE y aquellos empresarios que sí consideran a sus trabajadores como su principal activo y mejoran sus sueldos.
Para facilitar el acuerdo, el Gobierno ofreció a la patronal una rebaja en el Impuesto de Sociedades que compensara el alza del SMI, pero las condiciones no resultaron atractivas. Las organizaciones empresariales reclamaban modificar la ley que impide trasladar automáticamente estos aumentos a los contratos públicos en vigor, algo que el Ministerio de Hacienda rechazó por el elevado impacto presupuestario que supondría.
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO insisten en reformar las reglas de compensación y absorción para evitar que las empresas neutralicen las subidas del SMI reduciendo complementos salariales. Trabajo pretende incluir esta modificación en el decreto que adaptará la directiva europea sobre salarios mínimos, aunque su alcance podría verse limitado por su carácter reglamentario y por la doctrina del Tribunal Supremo.
Al acto de firma acudieron numerosos miembros del Ejecutivo y figuras vinculadas al PSOE, pese a que la subida de este año es la más moderada desde 2021, cuando el incremento fue del 1,6% en plena salida de la pandemia y al inicio de la crisis inflacionaria. Entre los asistentes destacaron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 66%, pasando de 736 euros mensuales a los 1.221 euros previstos, lo que sitúa a España entre los países europeos con SMI más elevados en términos reales. Este incremento acumulado contrasta con el crecimiento del 14,7% registrado entre 2012 y 2018.
En cuanto a la tributación, el Ministerio de Hacienda prevé aplicar nuevamente una bonificación para que quienes perciben el SMI recuperen en la declaración de la renta las retenciones practicadas por el IRPF durante el año. Hasta 2024 se optó por elevar el umbral exento de tributación para igualarlo al salario mínimo, pero esa medida reducía los ingresos fiscales de todos los salarios. La nueva fórmula, en cambio, beneficia únicamente a quienes cobran el SMI y evita que pierdan alrededor del 81% del aumento previsto para 2026.