(Expansión, 07-05-2026) | Laboral
El Gobierno socialista aprobó a finales de julio de 2018 su primera oferta pública de empleo. Desde entonces, y tras nueve convocatorias, el número total de plazas ofertadas alcanza ya las 299.194. Paralelamente, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026, el empleo público en España ha aumentado en 544.700 trabajadores.
Pedro Sánchez cumplirá el próximo 2 de junio ocho años como presidente del Gobierno. Durante este periodo, sus ejecutivos han impulsado nueve ofertas de empleo público que suman cerca de 300.000 plazas destinadas tanto a la Administración General del Estado como a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se trata de una cifra sin precedentes que coincide con niveles históricos de ocupación en el sector público, que superó en el primer trimestre de 2026 los 3,6 millones de empleados entre administraciones y empresas públicas.
La creación de puestos de trabajo en el ámbito público ha sido uno de los pilares que han sostenido la fortaleza del mercado laboral en los últimos años. De hecho, el ritmo de convocatorias impulsado por el Gobierno de Sánchez ha sido muy superior al registrado durante la etapa de Mariano Rajoy. Entre 2012 y 2017, los distintos gobiernos del PP aprobaron seis ofertas de empleo público con un total de 63.970 plazas. En cambio, el Ejecutivo socialista, con nueve convocatorias, ha incrementado esa cifra en un 333%, hasta rozar las 300.000 plazas acumuladas.
La primera oferta del Gobierno de Sánchez se lanzó apenas dos meses después de llegar a La Moncloa, en julio de 2018, con 23.062 plazas, unas 2.100 más que la convocatoria de 2017, la última aprobada por el Ejecutivo de Rajoy. Desde entonces, las cifras han ido creciendo de forma continuada hasta alcanzar el récord de 40.146 plazas en 2024. En promedio, los gobiernos socialistas han aprobado alrededor de 33.243 plazas anuales.
No obstante, durante todos estos años ha seguido vigente la denominada tasa de reposición, un mecanismo que limita el número de nuevos funcionarios que pueden incorporarse en función de las vacantes generadas el año anterior por jubilaciones, fallecimientos u otras bajas. Este porcentaje suele situarse entre el 110% y el 120% y se fija en los Presupuestos Generales del Estado.
La tasa de reposición tuvo un impacto especialmente relevante tras la crisis económica de 2008 y hasta 2016, cuando se estableció en el 100% para los servicios esenciales. Antes de eso, el porcentaje era incluso inferior al número de vacantes producidas, con el objetivo de contener el gasto público en un contexto de crisis financiera y fuerte destrucción de empleo.
Los sindicatos de empleados públicos, entre ellos CSIF, llevan años denunciando que esta limitación también ha contribuido a elevar la temporalidad en el sector público. Actualmente, la tasa ronda el 30%, muy por encima del 12% aproximado del sector privado tras la última reforma laboral. Según estas organizaciones, la falta de nuevas plazas obliga a recurrir de forma continuada a personal interino y a encadenar contratos temporales para mantener cubiertos determinados servicios.
Pese a ello, la oferta pública de empleo para 2026 introduce algunas excepciones a estas limitaciones, especialmente en perfiles vinculados a las nuevas tecnologías. De las 37.017 plazas previstas para la Administración General del Estado y los cuerpos de seguridad, unas 1.700 estarán destinadas a áreas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, lo que supone un incremento del 42% respecto a la convocatoria anterior.
Todo este impulso en las ofertas públicas de empleo coincide con un máximo histórico de trabajadores en el sector público español. Según la Encuesta de Población Activa del INE, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026 se han incorporado 544.700 empleados en la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. En total, el empleo público alcanza ya los 3,66 millones de personas, lo que representa cerca del 16% de todos los ocupados del país.