(El Economista, 15-04-2024) | Laboral
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado el proceso de desarrollo del nuevo marco regulatorio que permitirá la compatibilidad entre el cobro de la pensión y la salida gradual del mercado laboral. El departamento liderado por Elma Saiz ha presentado un primer borrador que ha generado descontento entre patronal y sindicatos, especialmente por la propuesta de reformar la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria, particularmente los del sector automotriz.
El texto plantea recortes en las pensiones al aplicar coeficientes reductores por la jubilación anticipada, además de afectar al cálculo de la base reguladora. La propuesta del Ministerio orienta esta modalidad hacia una menor flexibilidad, particularmente en el sector manufacturero, que tiene su propia normativa en cuanto a jubilación anticipada.
Las modificaciones propuestas incluyen la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, así como la falta de recalculo de la pensión al alcanzar la jubilación plena, lo que no considera toda la base de cotización del trabajador y afecta negativamente a la base reguladora calculada para la futura prestación, tal como ocurría antes de 2011.
Además, la reforma propone que los trabajadores no puedan acceder a esta modalidad antes de los 62 años, en lugar de los 61 años como era anteriormente, limitando también las opciones de reducción de jornada a un máximo del 50% durante las anticipaciones de 36 meses.
El Gobierno también contempla la posibilidad de que a partir de los 62 años, las profesiones penosas, duras o tóxicas puedan acogerse a un nuevo abanico de jubilaciones anticipadas que se están preparando. Las fuentes sindicales muestran su rechazo a esta propuesta, calificándola como un "ataque frontal" que carece de sensibilidad para mantener y rejuvenecer las plantillas, especialmente en el sector manufacturero como las fábricas de automóviles.
El objetivo principal de esta reforma de las pensiones es generalizar la salida progresiva del mercado laboral, mejorar la continuidad laboral y la calidad de vida laboral en los años previos a la jubilación, y evitar la pérdida prematura de la fuerza laboral. Sin embargo, los miembros del diálogo social perciben este primer borrador como un intento de desincentivar la jubilación anticipada mediante un endurecimiento de las condiciones, lo que, según expertos consultados, resta flexibilidad a este colectivo.