(El Periódico, 25-04-2025) | Laboral
Desde comienzos de la década de 1980, España ha experimentado una disminución gradual en las horas de trabajo estipuladas en los convenios colectivos. Mientras que en 1983 la jornada media superaba las 40 horas semanales, en 2022 se redujo a 38,2 horas. Esta evolución ha sido posible gracias a la negociación colectiva, un mecanismo fundamental que ha permitido adaptar la duración de la jornada a las necesidades específicas de cada sector sin poner en riesgo la viabilidad empresarial.
No obstante, la jornada media actual todavía excede el objetivo de reducción propuesto de 37,5 horas semanales, lo que implicaría una disminución adicional del 2,8%. Este cambio afectaría a aproximadamente el 76,1% de los asalariados que están bajo el paraguas de un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de personas.
¿Por qué no todas las empresas han reducido su jornada laboral? Aunque la tendencia general ha sido de reducción progresiva, existen marcadas diferencias entre sectores. Actividades como la hostelería, el comercio, la agricultura y ganadería, y el sector inmobiliario siguen registrando jornadas pactadas superiores a las 39 horas semanales en más del 90% de sus plantillas.
Este desfase se debe, en gran parte, a factores organizativos y productivos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del tejido empresarial español, suelen tener menores niveles de productividad y una capacidad limitada para reorganizar sus recursos humanos o afrontar costes adicionales derivados de la reducción de jornada.
Según un informe de CEPYME sobre el impacto de esta medida en las pymes, imponer una reducción generalizada a 37,5 horas semanales sin haber sido previamente negociada en los convenios podría suponer un coste directo de 13.900 millones de euros anuales, debido a las horas no trabajadas pero sí remuneradas.
A este coste directo se añadiría otro impacto indirecto de unos 33.800 millones de euros, relacionado con el valor añadido bruto que se dejaría de generar por la disminución de la actividad productiva. En conjunto, el coste económico total ascendería a unos 47.700 millones de euros anuales, lo que resulta especialmente preocupante en un contexto en el que la productividad lleva más de una década estancada.
En 2024, la productividad por trabajador en España sigue siendo similar a la de 2012, lo que revela un problema estructural de fondo. Mientras que las grandes empresas superan los 90.000 euros de valor añadido bruto por empleado, las microempresas apenas alcanzan los 34.000 euros.
También la rentabilidad empresarial es un factor clave. Las pymes españolas se encuentran entre las menos rentables de Europa, con un margen del 8,8% sobre ventas, solo por encima de Francia, según datos de CEPYME. Además, el impacto de una reducción de jornada no sería igual en todos los sectores. Según el informe, cinco áreas verían afectada la jornada del 90% o más de sus trabajadores: inmobiliarias (99,5%), hostelería (99%), agroganadería (96,8%), comercio (96,7%) e información y comunicaciones (90,3%).
Estos sectores no solo concentran millones de empleos, sino que también son intensivos en mano de obra y presentan niveles de productividad más bajos que el promedio. Por tanto, una reducción brusca de la jornada sin medidas de apoyo podría poner en riesgo su sostenibilidad.
Ante esta situación, CEPYME recomienda que cualquier reducción del tiempo de trabajo se vincule al contexto productivo de las empresas. La organización subraya que estas medidas deben estar acompañadas de mejoras en eficiencia y en innovación tecnológica, especialmente en las pymes. Además, recalca la importancia de seguir apostando por la negociación colectiva como vía preferente para implementar estos cambios, garantizando así tanto la estabilidad laboral como la continuidad empresarial.