(El Economista, 07-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Una sentencia de gran relevancia para pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos, ha surgido debido a la mala comercialización de los créditos avalados por el ICO durante la pandemia. El Juzgado número 29 de Primera Instancia de Barcelona ha establecido, por primera vez, que la responsabilidad del cliente en estos préstamos se limita al 20% del capital concedido, en lugar del 100%, si hubo un malentendido al momento de la firma del contrato. En el caso particular del litigio, una pyme se vio involucrada y, ante una deuda de 258.000 euros, solo será responsable por el 20% de dicho monto.
Según abogados consultados, al inicio de la concesión de estos préstamos, los bancos informaron a los clientes que el Estado cubriría el 80% del aval del préstamo en caso de incumplimiento, mientras que el cliente sería responsable del 20% restante. Sin embargo, con el tiempo, muchos autónomos y empresas no pudieron hacer frente al pago, y los bancos ejecutaron el aval del 100%. El ICO interviene únicamente cuando el aval al deudor es insuficiente para cubrir el impago.
La sentencia, dictada el pasado 2 de octubre, a cargo de la magistrada Carolina Fons, destaca que la cliente tenía la creencia de que, al tratarse de un contrato especial debido al Covid, solo estaba garantizando el 20% del préstamo. Además, señala que no hubo negociación directa con el banco ni se proporcionó la documentación antes de la firma del contrato. En este contexto, la magistrada concluye que hubo un vicio en el consentimiento debido a la creencia errónea sobre los términos del contrato.
El socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, quien lideró la defensa, sugiere que durante la pandemia, la publicidad de los créditos ICO resaltaba el aval del Estado por el 80%. Por lo tanto, es comprensible que la cliente pensara que el Estado avalaba el 80% y ella el 20%.
Navas también anticipa que habrá una serie de sentencias similares en toda España, ya que muchos pequeños empresarios se enfrentan a dificultades para pagar estos créditos, confiando en que el Estado se haría cargo, al menos en parte, en caso de incumplimiento.
Esta sentencia representa un precedente importante y se espera que el número de demandas por mala comercialización de los ICO aumente considerablemente. Durante la pandemia, los bancos cerraron más de 1,2 millones de contratos ICO por un total de 140.700 millones de financiación, de los cuales 107.200 millones estaban avalados por el Estado. La mayoría de los clientes, 674.922, eran autónomos, y el resto, en su mayoría, pymes. Hasta la fecha de junio del año pasado, el ICO había pagado a los bancos 545 millones de euros por 48.000 créditos fallidos.