(El Periódico, 11-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha dado su aprobación al anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa que limitará de forma muy estricta la gestión privada de hospitales y centros sanitarios de titularidad pública.
El Gobierno ha situado ahora el foco en la Sanidad con una propuesta legislativa destinada a frenar la participación del sector privado en la gestión de la red pública. La norma pretende dejar sin efecto la regulación aprobada en 1997, durante el mandato de José María Aznar, que abrió la puerta a la entrada de empresas privadas en la administración de hospitales públicos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la medida como una respuesta a una demanda social sostenida durante años y aseguró que servirá para proteger el sistema nacional de salud frente a dinámicas especulativas y privatizadoras. Según explicó, la futura ley reducirá la colaboración privada a situaciones muy concretas y excepcionales.
En esos casos, deberán cumplirse tres requisitos: acreditar que la gestión directa pública no es viable, garantizar la sostenibilidad económica y la eficiencia del proyecto, y asegurar que la prestación bajo gestión privada respeta estándares de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
El texto también modifica el artículo 67 de la Ley General de Sanidad de 1986 e introduce cambios en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en los procesos de adjudicación. La ministra sostuvo que la iniciativa no cuestiona fórmulas de colaboración que puedan resultar positivas, sino aquellas que, a su juicio, han desviado recursos públicos hacia intereses empresariales.
Si finalmente supera su tramitación parlamentaria -algo que no se prevé sencillo-, la norma supondrá en la práctica un freno muy amplio a la externalización de la gestión de centros sanitarios públicos. Las comunidades autónomas que opten por fórmulas de colaboración público-privada deberán someterse a un mecanismo de evaluación obligatoria y justificar mediante un informe la necesidad de recurrir al sector privado. Ese documento será posteriormente analizado por un comité de expertos.
La ley no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a contratos, concesiones o conciertos ya vigentes. No obstante, facilitará que, una vez concluidos esos acuerdos, las administraciones puedan recuperar la gestión directa de los servicios. Esta gestión podrá ejercerse a través de la propia administración sanitaria, de entidades públicas estatales, autonómicas o locales, o mediante consorcios formados exclusivamente por administraciones o entes públicos. El Ministerio de Sanidad ofrecerá apoyo técnico, a través de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, a aquellas administraciones que quieran revertir servicios previamente externalizados.
La presentación de esta iniciativa se produce en un contexto político complejo para los partidos que integran el Gobierno de coalición, especialmente para el PSOE, tras los últimos resultados electorales en Aragón y las polémicas que afectan a la formación. En este escenario, el Ejecutivo ha intensificado el anuncio de nuevas medidas, como procesos extraordinarios de regularización de migrantes, ayudas a autónomos y pymes para la adquisición de vehículos eléctricos o confrontaciones públicas con grandes empresarios tecnológicos, en un intento de reorientar el debate político.