(Expansión, 10-06-2025) | Laboral
El Gobierno ha propuesto un nuevo plan orientado a facilitar el regreso progresivo al trabajo de personas que hayan estado de baja médica durante más de 180 días. La medida contempla que estos trabajadores puedan reincorporarse inicialmente con una jornada reducida al 50%, percibiendo durante un mes tanto la mitad de su salario como el 50% de la prestación por incapacidad, con el objetivo de facilitar una transición gradual.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca frenar el notable incremento en el gasto público derivado del aumento de las bajas laborales, que ha supuesto una importante carga económica para el sistema. Solo en 2023, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal ascendió a 16.487 millones de euros, lo que representa un incremento del 73% respecto a 2019, año anterior a la pandemia. Esta cifra obligó a destinar cerca de 5.000 millones de euros adicionales respecto al presupuesto inicial previsto.
En este contexto, el Ejecutivo ha abierto una mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, en la que se están discutiendo fórmulas para contener el aumento del gasto asociado tanto a las incapacidades temporales como permanentes. Una de las primeras propuestas trasladadas a los agentes sociales, y a la que ha accedido el diario Expansión, se centra en agilizar el retorno al empleo en casos de bajas prolongadas, y contempla dar un papel más relevante a las mutuas colaboradoras.
La propuesta se articula en torno a tres líneas de actuación: reducir la duración de las bajas, mejorar su gestión y facilitar el retorno progresivo al puesto de trabajo. En relación con los procesos por contingencias comunes de menos de un año de duración, se propone que las mutuas puedan plantear al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una propuesta de alta por incapacidad permanente, que este evaluará para decidir si procede abrir un expediente.
En los casos que superen los 365 días, si se trata de contingencias comunes, tanto las mutuas como los servicios públicos de salud podrán plantear el alta médica por mejoría o curación. En el caso de contingencias profesionales, las mutuas también podrán emitir altas médicas directamente, así como sugerir el inicio de un expediente de incapacidad permanente, tal como hacen durante el primer año de baja.
Respecto a la reincorporación tras bajas de larga duración (más de 180 días), se plantea una fórmula progresiva que se aplicaría durante un máximo de 30 días. Afectaría tanto a trabajadores a jornada completa como a aquellos con jornada parcial superior al 80%, permitiendo que trabajen solo media jornada y perciban, además de su salario proporcional, el 50% de la prestación por la parte no trabajada.
Asimismo, el plan contempla la posibilidad de que trabajadores con varias ocupaciones, ya sea por pluriempleo o pluriactividad, puedan continuar desarrollando aquella tarea para la que no estén impedidos médicamente. Esto será posible cuando, en el momento de la baja, se haya emitido un parte médico solo para una de las actividades, o cuando posteriormente se emita un alta para una de ellas, aunque la baja inicial afectara a todas.
En cuanto a la mejora en la gestión, se propone establecer un formato unificado de informe médico tanto para los servicios públicos como para las mutuas, con el objetivo de fundamentar adecuadamente las solicitudes de incapacidad permanente. Esta medida pretende agilizar los trámites sin limitar el derecho de los ciudadanos a solicitar dicha prestación, y facilitar una identificación más rápida y precisa de la patología que motiva el proceso.
Finalmente, se sugiere fijar un plazo máximo para solicitar la determinación de contingencia a partir del hecho causante, con una retroactividad máxima de tres meses para el abono del subsidio en caso de modificación. Esta medida, que implicaría una reforma del Real Decreto 1430/2009, busca aumentar la seguridad jurídica y evitar que se presenten solicitudes demasiado tarde, cuando ya han cambiado las circunstancias clave para su correcta valoración, como el empleador o el médico tratante. Además, se persigue una resolución más ágil de los posibles conflictos sobre la naturaleza del proceso.