(El Economista,25-03-2026) | Fiscal
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha puesto en marcha un nuevo organismo que integrará a expertos del ámbito académico, jurídico y fiscal con el objetivo de denunciar lo que consideran una actuación desproporcionada de la Agencia Tributaria en su relación con los contribuyentes.
Según la asociación, el aumento de la presión fiscal, mediante mecanismos que en su opinión resultan difíciles de compatibilizar con los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática, ha motivado la creación del denominado Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente. Este órgano nace con la finalidad de supervisar la actuación de la Administración tributaria, en palabras de la propia organización, "vigilar a quienes ejercen la vigilancia".
Durante su presentación, Aedaf explicó que el Observatorio no estará formado únicamente por asesores fiscales, sino que también contará con profesionales procedentes del mundo universitario, del ámbito judicial y del sector privado. Su labor consistirá en analizar situaciones que consideren especialmente sensibles y elaborar, al cierre de cada ejercicio, un informe con conclusiones y propuestas concretas. Aunque se define como una iniciativa de carácter independiente y ajena a posicionamientos políticos, gran parte de las intervenciones giraron en torno a críticas a la actuación de la Administración tributaria.
Como primer paso, el nuevo organismo ha presentado una propuesta de Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente, que recoge un total de 82 derechos estructurados en cinco grandes bloques: principios básicos en materia tributaria, derechos vinculados a la elaboración de normas fiscales, garantías en la relación jurídica con la Administración, derechos en los procedimientos tributarios y, finalmente, derechos relacionados con la tutela judicial y el control de la Administración por parte de los tribunales.
Desde la coordinación del Observatorio se subraya que esta iniciativa responde a la existencia de un problema relevante en materia de garantías que afecta al conjunto de los ciudadanos. Uno de los ámbitos en los que el organismo pondrá especial atención es el uso de herramientas tecnológicas por parte de la Administración tributaria. En este sentido, propone que los contribuyentes tengan derecho a saber si en la toma de decisiones se han empleado sistemas avanzados o inteligencia artificial. Además, considera que, en esos casos, debería garantizarse la transparencia -incluida la posibilidad de conocer el funcionamiento de los algoritmos- y la intervención final de una persona en el proceso.
Asimismo, los asesores fiscales advierten sobre determinadas prácticas de control, como el análisis de redes sociales, que, según sostienen, podrían no ajustarse plenamente a la normativa europea de protección de datos. Incluso señalan la existencia de casos en los que la Administración habría utilizado perfiles ficticios para monitorizar la actividad digital de los contribuyentes. Aunque reconocen que Hacienda puede acceder a información pública, recuerdan que su uso debe estar justificado, ser proporcional y responder a una base legal adecuada.
Por último, la asociación insistió en la importancia de reforzar la educación financiera desde edades tempranas, incorporándola al sistema educativo, con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y obligaciones en materia tributaria.