(La Vanguardia, 20-03-2026) | Fiscal
España ha logrado cumplir el objetivo de déficit fijado para 2025, situado en el 2,5% del PIB. Así lo anunció este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en Los Desayunos, un nuevo espacio informativo impulsado por RTVE y EFE. Según destacó, este resultado es relevante porque proporciona cierto margen de actuación ante situaciones imprevistas, como la reciente guerra en Irán, que amenaza con desencadenar una crisis energética. De hecho, el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el fin de aprobar medidas que amortigüen el encarecimiento de los carburantes.
Montero subrayó que alcanzar este objetivo ha sido especialmente significativo si se tiene en cuenta que durante la pandemia el déficit llegó a situarse en torno al 10% del PIB. Además, defendió que la reducción no se ha basado en recortes del gasto ni en fuertes subidas de impuestos, como ocurrió -según señaló- durante la crisis financiera bajo gobiernos del Partido Popular. En su lugar, aseguró que se ha ampliado la base impositiva y reforzado la progresividad del sistema, reduciendo la carga fiscal para las rentas más bajas y aumentándola para grandes empresas y patrimonios. El dato definitivo del déficit se conocerá a finales de mes, cuando se remita a Bruselas.
La mejora del saldo público ha sido posible gracias a la recuperación económica tras la pandemia, que impulsó la recaudación, en parte también favorecida por el repunte de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania. En 2024, el déficit se situó en el 2,8% del PIB, muy por debajo de los niveles alcanzados en 2020. Si se incluyen los gastos extraordinarios derivados de la dana de octubre -que la Comisión Europea permitió excluir-, la cifra ascendía al 3,2%. Cumplir el objetivo de 2025 supone, por tanto, una reducción adicional de al menos siete décimas.
No obstante, este margen no implica necesariamente mayor flexibilidad presupuestaria. La propia ministra recordó que las reglas fiscales europeas ya no están suspendidas, como ocurrió durante la pandemia. Además, el nuevo marco comunitario pone el foco en el crecimiento del gasto público -ajustado por ciertos factores como los intereses de la deuda-, y las previsiones apuntan a que España tendrá que aplicar ajustes a partir de 2027 para cumplir con los compromisos adquiridos.
En este contexto, y ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Próximo y su impacto económico, se prevé que el Gobierno apruebe un paquete de medidas más moderado que el adoptado en 2022 frente a la crisis inflacionaria, cuando se impulsó una amplia rebaja de impuestos energéticos. Montero no ha adelantado los detalles del plan que presentará el presidente Pedro Sánchez, aunque sí indicó que combinará medidas estructurales en el ámbito energético con otras destinadas a reducir el impacto del encarecimiento de los combustibles.
Asimismo, confirmó que el Ejecutivo continúa negociando con los distintos grupos parlamentarios el contenido del decreto de ayudas, que incluirá únicamente aquellas iniciativas que cuenten con suficiente respaldo. Esta postura reduce la probabilidad de incorporar medidas en materia de vivienda, como los límites al alquiler que defienden algunos partidos, pero que otros rechazan y cuyos apoyos son necesarios para sacar adelante la norma. Según Montero, las conversaciones siguen abiertas tanto con los agentes sociales como con las formaciones políticas para garantizar la aprobación del decreto.