(Expansión, 22-03-2024) | Fiscal
El Gobierno está preparando un conjunto de leyes relacionadas con impuestos para avanzar en las medidas fiscales planeadas para 2024, después de optar por no impulsar un proyecto presupuestario debido a la agitación política causada por las elecciones anticipadas en Cataluña.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que una única normativa abarcará la reducción del impuesto sobre la renta (IRPF) para ajustarlo al aumento del salario mínimo, la consolidación de nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas, y la introducción de incentivos fiscales para la electrificación en este último impuesto. Estas medidas, que quedaron en el aire con la prórroga presupuestaria, están siendo buscadas por el Gobierno para obtener el respaldo parlamentario y convertirlas en ley.
Cuando el Consejo de Ministros aprobó en febrero un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), Hacienda se comprometió a acompañarlo con un cambio legal para eximir del pago del IRPF a quienes ganen por debajo de ese umbral. Sin embargo, al no haber nuevos Presupuestos, quedaba en duda el aumento del mínimo exento, lo que podría revertir la reducción de retenciones en la declaración de la Renta de 2025. Esta rebaja fiscal, estimada entre 1.500 y 1.600 millones de euros, se tramitará también mediante una ley.
Además, el Gobierno aprovechará esta normativa para cumplir con el acuerdo con el PNV, introduciendo incentivos fiscales a las inversiones en electrificación y convirtiendo en impuestos permanentes los gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca. Estas medidas, que han aportado 2.900 millones, son necesarias para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Montero descartó subidas fiscales adicionales este año, más allá de la transposición de la directiva europea que regula el tipo mínimo global del 15% para multinacionales. La prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos se evaluará en junio según el margen fiscal disponible, con el objetivo de no superar el 3% de déficit permitido para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales. En cuanto a otros aspectos, Montero aseguró que la falta de Presupuestos no afectará al aumento de sueldo de los funcionarios ni a la financiación de autonomías y ayuntamientos, ni tampoco limitará el acceso a los fondos europeos.