(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal
El Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo decreto sobre vivienda con el objetivo de reforzar una de las áreas prioritarias de su agenda política y lograr un amplio respaldo parlamentario. El Ejecutivo pretende diseñar un paquete de medidas de carácter transversal que permita conciliar las demandas de los distintos grupos que apoyan habitualmente la mayoría de investidura y evitar así que se repitan los vetos que frustraron iniciativas anteriores.
En este contexto, Junts per Catalunya ha aprovechado su papel decisivo en la negociación para plantear varias exigencias, entre ellas la incorporación de incentivos fiscales en el IRPF relacionados con la vivienda. Según diversas fuentes próximas a las conversaciones, el Gobierno estudia incluir una deducción con un importe máximo cercano a los 1.800 euros, aunque todavía no se ha concretado cómo quedarán configurados los distintos tramos ni las cuantías aplicables a propietarios y arrendadores.
Asimismo, el Ejecutivo analiza la posibilidad de recuperar una deducción vinculada a la adquisición de la vivienda habitual, eliminada con carácter general en 2013. Esta medida permitía desgravar el 15% de las cantidades destinadas a la compra de la residencia habitual, incluidas las cuotas hipotecarias, sobre una base máxima anual de 9.040 euros aproximadamente, lo que suponía un ahorro fiscal de hasta 1.356 euros. Aunque esta ventaja desapareció para las nuevas adquisiciones, continúa aplicándose de forma transitoria a quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013.
Las conversaciones se centran ahora en la posibilidad de implantar un incentivo similar, aunque todavía no se ha decidido si mantendrá los mismos porcentajes y límites económicos o si se establecerán nuevas condiciones de acceso, así como el número de inmuebles que podrían acogerse a este beneficio fiscal.
El respaldo de Junts resulta determinante para la aprobación del futuro decreto, ya que fue el voto contrario de esta formación el que impidió que prosperara la anterior iniciativa del Gobierno, que incluía la ampliación obligatoria de dos años de los contratos de alquiler. Por este motivo, el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones con el partido liderado por Carles Puigdemont, al tiempo que busca el apoyo de otras formaciones como ERC, EH Bildu y Podemos para garantizar una mayoría suficiente en el Congreso.
El Gobierno ya ha avanzado algunas de las medidas que previsiblemente formarán parte del nuevo texto. Entre ellas figuran el aumento del IVA aplicable a las viviendas de uso turístico hasta el 21%, la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de arrendamiento y nuevas actuaciones destinadas a reforzar la actividad de la empresa pública de vivienda Casa 47.
La futura norma se estructurará en dos grandes bloques. El primero estará orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante actuaciones destinadas a contener el precio de los alquileres, proporcionar mayor estabilidad a los contratos, combatir posibles prácticas fraudulentas en el mercado del arrendamiento e impulsar la incorporación de viviendas asequibles al mercado.
El segundo bloque incluirá otras medidas de carácter fiscal y de apoyo a la compra de vivienda, algunas de ellas impulsadas durante la negociación con Junts. Entre las principales demandas de esta formación destacan la creación de nuevas deducciones en el IRPF para el alquiler y la adquisición de vivienda habitual mediante financiación hipotecaria.
Desde Junts insisten en que mantienen la misma posición que expresaron durante el debate del anterior decreto y advierten de que no respaldarán una propuesta que reproduzca el contenido rechazado meses atrás sin incorporar los cambios que consideran imprescindibles.