(Expansión, 28-09-2026) | Fiscal
La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado alcanza ya los mil días desde que vencieron las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2023. Durante este periodo, el Gobierno ha tenido que recurrir de forma creciente a modificaciones presupuestarias, ampliaciones de crédito y transferencias de recursos entre ministerios para adaptar unas cuentas que ya no responden plenamente a las necesidades económicas y políticas actuales. En conjunto, estos movimientos superan los 330.000 millones de euros.
La situación supone un periodo excepcionalmente prolongado de prórroga presupuestaria y se produce en una etapa marcada por importantes cambios en las necesidades de gasto público. Entre ellos se encuentran la gestión de los fondos europeos, el incremento de la demanda sobre los servicios públicos como consecuencia del crecimiento de la población, la presión derivada del mercado de la vivienda y el aumento del gasto en Defensa provocado por el contexto internacional y las guerras de Ucrania y Oriente Próximo.
El Gobierno ha defendido durante estos años que la ausencia de unas nuevas cuentas no le ha impedido desarrollar su programa y mantener el funcionamiento de la Administración. Sin embargo, la prórroga obliga a introducir modificaciones sobre las partidas inicialmente aprobadas para responder a circunstancias que no estaban contempladas en los Presupuestos de 2023.
Los datos de la Intervención de la Administración General del Estado muestran que este recurso a los ajustes presupuestarios se ha intensificado. Entre enero y julio de este año se realizaron modificaciones por cerca de 118.000 millones de euros, una cantidad que prácticamente alcanza la registrada durante todo 2025 y que supera la correspondiente a 2024, primer ejercicio completo bajo prórroga. Si se suman los tres ejercicios, el volumen de modificaciones y transferencias supera los 330.000 millones.
El mantenimiento de las cuentas prorrogadas también ha sido posible gracias al aumento de los ingresos públicos y al recurso al endeudamiento. La recaudación tributaria de la Agencia Tributaria superó el año pasado los 325.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 272.000 millones obtenidos en 2023. La diferencia se sitúa en torno a 53.000 millones. La evolución continúa este año, ya que entre enero y julio los ingresos procedentes de los impuestos superaron los 200.000 millones, un 10,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los fondos europeos han constituido otra fuente de financiación utilizada para atender determinadas necesidades de gasto en ausencia de nuevos Presupuestos. El Tribunal de Cuentas señaló que en 2024 se emplearon 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos que habían quedado disponibles para financiar el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, sostuvo posteriormente que esta actuación no implicaba la comisión de actuaciones ilegales. No obstante, el Congreso rechazó recientemente la Cuenta General del Estado en un contexto de críticas por la gestión presupuestaria de los fondos Next Generation EU. El último desembolso de este mecanismo deberá ser evaluado por la Comisión Europea a partir de octubre, antes de que pueda efectuarse el pago previsto hasta finales de diciembre.
La prolongación de la prórroga comienza, además, a limitar el margen de actuación del Ejecutivo en materia fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió en julio de que España debía realizar un ajuste de unos 10.000 millones de euros durante este año para cumplir los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea. El organismo señaló que el gasto primario neto estaba creciendo a un ritmo del 6,4%, frente al límite del 3,5% acordado con Bruselas.
El margen para aplicar este ajuste se ha reducido también por el coste de las medidas adoptadas como respuesta al conflicto de Oriente Próximo. Según los cálculos del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, estas actuaciones han supuesto alrededor de 10.000 millones de euros, mientras el Ejecutivo prepara nuevas medidas para afrontar el impacto sobre los costes provocado por la guerra de Irán.
En este contexto, la Airef ha reclamado que Hacienda cumpla su compromiso de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha defendido que la prórroga no debería prolongarse indefinidamente y que la propia presentación de unas nuevas cuentas tendría relevancia, aunque finalmente no lograran obtener el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.
El principal obstáculo para que el Ejecutivo pueda poner fin a la actual situación sigue siendo su limitada capacidad para reunir apoyos suficientes en el Congreso. Mientras no se alcance un acuerdo parlamentario, el Gobierno continuará gestionando unas cuentas diseñadas para una realidad económica y política diferente, recurriendo a modificaciones presupuestarias para adaptar el gasto a las nuevas necesidades.